Foto del Mes: Playa Wizard, Isla Bastimentos

Foto: ACD Panama. Dic. 2007

Así de fácil vendemos nuestras islas a extranjeros

Islas panameñas flecharon al empresario Michael Klein

La meta del estadounidense era inscribir las Islas Secas en una fundación, para así lograr su conservación a perpetuidad. La belleza natural del lugar lo atrajo desde el primer momento que llegó allí.

Santiago Cumbrera

PA-DIGITAL

Se enamoró de la flora y fauna de Panamá en un abrir y cerrar de ojos.

En Islas Secas, ubicadas al sur de Veraguas, encontró lo que siempre soñó: ?un lugar paradisíaco de exuberante vegetación" para construir un alojamiento ecológico que fuera, por lo menos, autosostenible.

Se trata del estadounidense Michael Klein, quien desapareció junto a su hija y una amiga de ésta, cuando viajaban en una avioneta hacia Volcán, Chiriquí, el domingo pasado.

Klein, un luchador por la preservación del medio ambiente, es propietario de 16 islas inhabitadas de origen volcánico que, en su conjunto, conforman Islas Secas.

Este hombre de negocios conoció esta zona del país por un accidente del destino, como dijo a la revista electrónica "En Exclusiva", que lo entrevistó en el 2005.

Su hermana -conociendo su atracción por la naturaleza- lo invitó a vacacionar en Islas Secas luego de quedar fascinada con el lugar.

Klein fue recibido cordialmente por las ballenas jorobadas que con sus acrobacias aéreas terminaron de atraerlo.

Este exitoso empresario descubrió que Islas Secas estaba a la venta en el Registro Público de David, Chiriquí, cuando indagaba sobre un lote que su hermana estaba considerando comprar.

En declaraciones a la revista "En Exclusiva", Klein reveló que cuando se dirigió a la ciudad para tomar un avión de regreso a Estados Unidos, fue recibido sorpresivamente en el aeropuerto de Albrook por el entonces dueño de Islas Secas, a quien le informaron sobre la presencia de un norteamericano ?impresionado con sus islas?.

Este señor lo llevó al aeropuerto de Tocumen para hablarle de las islas y, en el trayecto de 45 minutos, logró convencerlo de comprar el pequeño archipiélago.

Entre ambos redactaron, a mano, un acuerdo de compra-venta, el cual firmaron al llegar a su destino.

"Cuando me monté al avión con los documentos en mano es cuando realmente me di cuenta de lo que acababa de ocurrir: "Islas Secas era mío"?, contó Klein a la revista, reviviendo la aventura.

Equipadas con paneles solares (que alimentan su calentador, sus luces, su nevera y abanicos), las pequeñas cabañas son para personas de alto nivel económico.

Aunque el hotel puede albergar 14 adultos (los niños no están bienvenidos, a menos que se alquile la mayoría o la totalidad de las habitaciones).

Este bajo número de invitados son atendidos por 20 personas que laboran en el Resort.

22 metros de playa es lo único que nos pertenece

Gobernación trata de evitar estafas.

Alertan a inversionistas sobre compra de tierras

ESPECIAL PARA LA PRENSA/Alcibiades Cortés.

AVISO. La Gobernación hizo la advertencia.

Alcibiades Cortés
PEDASÍ, Los Santos

El gobernador de la provincia de Los Santos, Héctor Cárdenas, alertó ayer a los inversionistas que tengan interés de ubicarse en el área costera de la provincia, que antes de comprar deben averiguar primero el estatus de los predios que van a adquirir para evitarse problemas legales después.

Cárdenas indicó que los interesados en comprar en esta área deben cerciorarse en la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, las alcaldías y el Registro Público antes de adquirir estos lotes que están ubicados en la zona de 22 metros (servidumbre), porque esta área es propiedad del Estado que ningún particular puede vender, como ha ocurrido en otros casos.

El gobernador afirmó que también se ha dado la devastación de mangles y de dunas en el litoral por partes de personas que se ubican en esta zona, que luego de prepararla se la venden de forma ilegal a inversionistas extranjeros.

Desde el año 1999, cuando la zona toma interés, también han aparecido cercas de 22 metros levantadas ilegalmente en la zona costera por parte de aparente estafadores que preparan el terreno para luego venderlo de forma fraudulenta a los inversionistas extranjeros.

Las playas que en la actualidad están siendo más codiciadas por inversionistas extranjeros son: Oria, Venado, Lachón, Lagarto, Punta el Tigre, Destiladeros, Mariabé, El Rincón, El Toro, Las Comadres y La Garita, entre otras, que se caracterizan por contar con hermosos escenarios naturales.

Por otro lado, el pasado 11 de diciembre los magistrados del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Las Tablas, declararon no viable la acción de amparo de garantías constitucionales en contra de la resolución No. 15-07 de la Gobernación de Los Santos que ordena el desalojo de 17 personas en la playa de Oria, distrito de Pedasí.

La resolución lleva las firmas de los magistrados Ismael González, Manuel Batista y Roberto González y del secretario Luis Castillero, que declara no viable el amparo impuesto por Augusto López contra la mencionada resolución expedida por la Gobernación de la provincia de Los Santos.

Las personas que fueron objeto del desalojo ordenado por las autoridades tienen mucho tiempo de habitar estas tierras y en su mayoría se dedicaba a la agricultura.

Manglares del Golfo de Chiriquí

Foto: Christian Panama (www.flickr.com)

La amenaza del turismo residencial

ELIMINACIÓN DE INCENTIVOS.

La amenaza del turismo residencial

Luis Castillo Espinosa

Turismo residencial es un término ampliamente utilizado, pero de un significado ambiguo que no define correctamente el fenómeno de los jubilados que eligen a Panamá como su destino para retirarse. Este fenómeno tiene como uno de sus orígenes la Ley 9 de 24 de junio de 1987, que establece beneficios para atraer a los jubilados extranjeros, entre ellos: la exoneración del pago de impuestos para la importación de artículos de uso doméstico, muebles o utensilios hasta por 10 mil dólares y la exoneración del pago de impuestos para la importación de un vehículo cada dos años y otros beneficios que exceden en mucho a las legislaciones de los países vecinos.

Estas prebendas son un atentado a la dignidad de los jubilados panameños. Mientras ellos rezan para que la Caja de Seguro Social tenga los fondos para pagarles, los jubilados extranjeros reciben innecesarios y exagerados beneficios.

Por otro lado, la forma en que algunas agencias de bienes raíces promocionan a Panamá en el exterior es humillante para nuestra dignidad como nación: “El llamado a venir y aprovechar el paquete de beneficios más asombroso del mundo entero, en un país en donde existe una rareza panameña: el contratar a una empleada que viva en tu casa y a la que solo le tienes que pagar 120 dólares mensuales”.

Es cierto que se genera una gran actividad de construcción y que el sector de bienes raíces tiene una vitalidad nunca antes vista en el país; pero si vemos más allá de las ramas cubiertas con hojas de billetes verdes que cubren nuestros rostros, el horizonte presenta desafíos insospechados para nuestra población más vulnerable.

Los jubilados extranjeros son, en su mayoría, una población envejecida que no viene a aportar mucho a la vida nacional. Los jubilados vienen a pasar los últimos años de su vida, aislados del resto del país en lugares paradisíacos como Boquete y Bocas del Toro, entre otros.

Una mentira que escucho constantemente es que en esos lugares hay empleo total, pero si usted los visita se dará cuenta de que los únicos trabajos que abundan son los de empleadas y jardineros. ¿Y es eso lo que queremos para Panamá? ¿Es nuestra visión de desarrollo que nuestra población sea sirviente de los extranjeros?

El principal efecto de esta ola de jubilados extranjeros, ha sido la exagerada valoración de la tierra. Por ejemplo, antes en Bocas del Toro un lugareño podía ahorrar mil 500 dólares para comprar un pedacito de tierra y construir su vivienda. Ahora ese mismo pedacito de tierra le puede llegar a costar hasta 200 mil dólares, y no estoy exagerando. ¿Qué produce esto? El desplazamiento de nuestra población de estas áreas y su reemplazo por una población envejecida y poco productiva; sin mencionar el daño ecológico que produce el “desarrollo”. Lo más peligroso de este exagerado aumento del valor de la tierra es que muchos productores agropecuarios están comenzando a evaluar si resulta mejor seguir produciendo café, arroz, leche y maíz o vender sus tierras a extranjeros y dedicarse a otra cosa. No estamos lejos de ver convertidos nuestros productivos cafetales en cabañas de retiro y nuestros campos de arroz, en campos de golf.

Como resultado de esta acción, en los próximos años aumentará la escasez de estos productos básicos en la dieta del panameño, por lo que se deberá importarlos y, con ello, se reducirá nuestra independencia alimentaria. ¿En qué sentido? Al hacernos más dependientes de los vaivenes de los mercados internacionales y de las potencias económicas.

Otro fatal efecto del mal llamado turismo residencial es el salvaje encarecimiento de la vida en las áreas a las que llegan los extranjeros, lo que, poco a poco, producirá la “natural” emigración de los nacionales.

Ya es hora de modificar esta ley y eliminar algunos de los incentivos para los jubilados extranjeros. ¿Por qué? Porque, precisamente, el turismo residencial es una de las actividades que menos incentivos necesita, dados los beneficios naturales que Panamá ofrece. Eliminar algunos beneficios no detendrá la avalancha de jubilados, pero quizás la desacelere hasta el ritmo en que el país la pueda absorber sin afectar la calidad de vida de los panameños. Sé que muchos abogados y corredores de bienes raíces estarán en desacuerdo con este planteamiento, pero deben pensar en las grandes mayorías y no solo en los bolsillos de unos cuantos.

El autor es ingeniero

Categories: Turismo
Tagged: Turismo Residencial

Pescadores defienden costas de David

PRIMER PLANO

Pescadores rechazan extracción de arena

CHIRIQUÍ. Los pescadores artesanales del corregimiento de Pedregal amenazan con tomar medidas de presión, si el Municipio de David aprueba la extracción de arena marina cerca de la isla Pipón, lo cual perjudicaría la vida marina de este sector.

El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, Osvaldo Grenald, señaló que hoy miércoles se presentarán ante el Consejo Municipal para protestar en contra de la extracción de arena marina que está solicitando el consorcio San José para venderla en Panamá.

Sandra A. Rivera

Derechos posesorios sobre islas y costas

Derechos posesorios sobre islas y costas

Octubre 22, 2007

INSEGURIDAD.
Y dale con el derecho posesorio
Pedro M. Vallarino Cox

De lo único que podemos estar seguros con el derecho posesorio (DP) es de su gran inseguridad jurídica. Si el 70% del territorio nacional tiene esta forma de tenencia, ya nos podemos imaginar la desazón y el temor de una inmensa cantidad de ciudadanos, máxime en estos momentos cuando el desarrollo turístico y el boom inmobiliario han disparado los precios (y los apetitos) especialmente en todas las zonas costeras del país.

El DP era algo con lo que tradicionalmente nos habíamos acostumbrado a convivir debido a la incapacidad crónica del Estado para titular a todo el mundo, careciendo entonces de un sistema catastro-registro actualizado y funcional. Para compensar esa debilidad, diversas administraciones trataron de darle algún reconocimiento legal al DP: a través del Código Civil; luego lo insertaron en el Código Agrario; y posteriormente mediante la Ley 63 de 1973 se crea la oficina de Catastro y se le asigna la función de dar títulos “en terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación”. En el año 2003 cuando comenzaron a soplar vientos del boom turístico y se despertaron apetitos incontrolados por poseer tierras con potencial, apareció la Resolución No. 062 del MEF que trató de normar, mediante un largo y engorroso proceso, la transformación de DP en títulos de propiedad. Era un reconocimiento tácito del DP por parte del Estado. En el 2005, y tras una ejemplar lucha ciudadana en contra de un anteproyecto de ley que pretendía regular la concesión y venta de islas, y la concesión de costas, al menos se logró que se incluyera un parágrafo donde se obligaba al Estado a respetar los DP existentes en las islas y costas panameñas. Nació entonces la controvertida Ley 2 del 2006, único instrumento legal que aparentemente protege cualquier tipo de derecho posesorio, a pesar de que reconocidos constitucionalistas han insistido que a través de varios artículos de nuestra Carta Magna se insinúa la existencia plena de esa figura aunque no con ese mismo nombre.

Cuando parecía que las aguas estaban retornando a su nivel y que a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) se estaban adelantando exitosamente las transformaciones de DP en títulos de propiedad, apareció la Resolución MEF-090 de julio 20/2007 mediante la cual se elimina de un solo tajo la Resolución 062 mencionada arriba. ¿Con qué fin? El MEF aduce lanecesidad de acabar con tanta tramitología que imponía la Resolución 062, pero al mismo tiempo nos advierte de que el Estado necesita recuperar su derecho a disponer de los bienes de la nación como lo estime conveniente. Pero, ¿qué se entiende por “bienes de la nación”? ¿Entre tales bienes estarán incluidos solamente los “terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación” o también se incluirán todos los terrenos que no están titulados actualmente, es decir, el 70% del país que esta bajo la figura del DP? ¿O será que el MEF califica como “terrenos baldíos” dicho 70% del territorio nacional? Si la respuesta es afirmativa, entonces podemos decir como nuestros abuelos: ¡se sienten pasos de animal grande!
Muchos se preguntan qué es lo que tiene tan incómodo al ejecutivo con este tema del DP, especialmente al MEF y al IPAT. Algunos dicen que es la proliferación de especuladores, otros dicen que es el hecho de las enormes ganancias que están obteniendo los particulares y que al Estado solo le toca el 10%. Y los demás opinan que lo que el gobierno desea es aplastar el DP y tener un poder decisorio total sobre cómo y quiénes desarrollarán las islas y costas del país. Lo cierto del caso es que existe una creciente incertidumbre y malestar entre todos los que ostentan DP, quienes vienen articulando interesantes cuestionamientos: ¿Qué es un “especulador con tierras” y qué dice la ley al respecto? Si el derecho posesorio es realmente un derecho, ¿puede el Estado desconocerlo o ponerle limitaciones? ¿Cuál es la verdadera fuerza jurídica del parágrafo del artículo 1 de la ley 2 del 2006? ¿Cuál es la razón para no haber reemplazado de inmediato la normativa consignada en la Resolución 062? ¿Cómo afecta la Resolución 090 a los programas de regularización que adelanta Pronat en estos momentos? El debate queda abierto y pienso que el país (abogados, constitucionalistas, funcionarios, etc.) está en mora para definir de una vez por todas todo lo concerniente a los derechos posesorios.

El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo Turístico del Caribe
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El derecho posesorio nació como una figura social y no como una figura especulativa. Los especuladores se han valido de esta figura para tomarse el país y a la vez vendérselo a los extranjeros y en este gran negociado no queda dinero, ni en los lugareños que deben buscar donde acomodarse, ni en el Estado. Negocio redondo!

El interés colectivo y del ambiente y del país no está siendo protegido en todo esto.
Vendepatrias, aunque se rasguen como Tartufo las vestiduras en el Parlamento!

Buscarle el lado positivo a la ley 2 que permite la titulación de espacios costeros e insulares hasta donde rompe la ola de nuestros oceános es un robo al país, máxime cuando no serán los panameños quienes detentarán estos títulos.

Extraído de Burica Press

Some Panama squatters losing homes in Bocas del Toro Islands

Some Panama squatters losing homes

Developers are pushing long-established coastal squatters from their picturesque homes.

Posted on Mon, Oct. 15, 2007

BY BENJAMIN SHORS

Special to The Miami Herald

HOLLY PICKETT/FOR THE MIAMI HERALD

Rosendo Garcia Molina, right, stands in the ruins of his former home, which was destroyed in a fire in Bocas del Toro, Panama. Molina, who was in a land dispute over potential development, believes the fire was set intentionally.

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ISLA CARENERO, PANAMA --

In the late 1980s, Nicasio Jiménez built two listing shacks with mangrove beams, a roof of scavenged tin, and rough floor planks that allowed Caribbean breezes and biting flies to flit through the cracks.

Jiménez, a 61-year-old retired banana pruner who earned $1 an hour, did not own the waterfront land. Like hundreds of other low-income people living in Bocas del Toro, a stunning archipelago once relegated to some of Panama's poorest residents, he instead relied on ''squatter rights'' written into the country's law.

Now, as foreign investment transforms these languid islands, Jiménez' family faces eviction from a Naples developer who claims he bought the property from a third party.

''Before, nobody wanted this land,'' said Feliciano Santos, Jiménez's 36-year-old son-in-law. ``You didn't need documents. This was a garbage disposal area. We are the ones who cut our feet and got dirty working the land.''

For centuries, this Caribbean island has been a beautiful place to be dirt poor. But in recent years, a booming real estate market has brought American entrepreneurs into direct conflict with Afro-Caribbean and indigenous Indians who occupy these once-isolated isles.

Now, developers have targeted an emerging demographic: retirees from America and Europe.

Although American expatriates have been a part of the funky vibe in Bocas since the 1990s, they remained a relatively minor note in the Caribbean town. But as development in Panama City boomed -- construction permits last year topped $1 billion -- investors pushed into more remote reaches of the country.

Now, critics say, the size of the new developments threaten to displace hundreds of low-income island residents, many of whom live on prime oceanfront real estate.

In the past year, the conflict has spiraled. Armed private security guards patrol disputed beaches. A powerful union of construction workers has leveled charges of ''colonialism'' against several developers. Homes have mysteriously burned and been torn to the ground.

''There is this tremendous lust for the coastline,'' said Osvaldo Jordan, executive director of the Alliance for Conservation and Development, a Panamanian nonprofit based in Panama City. ``Developers and speculators will use any means necessary to get the land from the people.''

THE ISLAND LAW

In an attempt to restore order last year, President Martín Torrijos signed the Island Law, which provides incentives for investors to develop large residential communities for foreigners, while also attempting to preserve the rights of locals who have lived and farmed the land for decades.

Specifically, the law sought to attract developments with home prices above $300,000 -- a fortune in a country with a median income of $5,000.

On the day of the law's signing, developers unveiled plans for more than $700 million in new projects in Bocas del Toro -- evidence, critics say, that the law will only further disenfranchise the island's poor.

'The government has said, `Let's open ourselves to the highest bidders,' '' said Linda Barrera, a former law clerk with the International Environmental Law Project at Lewis and Clark Law School in Portland, Ore., and a Panamanian citizen. ``A small indigenous family may not have the resources that the developers have to establish the title. It's an expensive process.''

As Panamanian officials attempt to sift through the competing land claims, activists for the poor have criticized the government's lack of transparency, and local offices have been plagued with accusations of bribery.

The land dispute has spilled into the American legal system, where the owners of the Red Frog Beach project sued two Texas men and a Delaware corporation in a dispute over a 25-acre beach. Both groups have plans to develop the beach, which serves as a critical nesting area for several species of sea turtles.

LEGAL BATTLE

Attorneys for Red Frog -- a $400 million development with plans for 900 condos and villas, two marinas, a hotel and spa -- allege that a competing group, Cinco Cruces de Oro Holdings, bribed the local sheriff, which led to the jailing of a dozen Red Frog employees. Cinco Cruces denied any wrongdoing.

''Very strange and awful things have been happening here,'' said Michelle Slough, marketing director for Red Frog in Bocas. ``But little by little, we are trying to solve the land disputes and educate the community.''

As the case makes its way through the Texas legal system, a tense situation continues on the beach. On a hot afternoon this summer, security guards for both companies rested in the shade along the sandy shore, their camps located about 200 yards apart. Some carried automatic weapons. Others slept with shotguns at their sides.

''At first, we were very enthusiastic about these projects,'' said Rutilio Milton, 50, director of a small Ngobe Indian crafts cooperative along a bay where Red Frog plans to build a 250-boat marina. ``We thought the whole community would be part of this planning. But now this is so big we are afraid we will disappear.''

Some foreigners say they are only now realizing the difficulties of living in a town that, prior to the year 2000, did not have a paved road connecting it to the rest of Panama. On the islands, air travel, healthcare and even clean drinking water can be inconsistent.

EASILY DECEIVED

''It's not too hard to blind people to how weak their investment is,'' said a British citizen who moved to the islands four years ago but asked not to be identified because she runs a small business. ``If you scratch beneath the surface, you can see the fault lines.''

Those lines are striking on Isla Carenero, where Jiménez built his tiny home with no running water or electricity.

One hundred yards down the beach, 57-year-old J. Stephen Crabtree, formerly of Naples, built three small casitas for tourists, and lined the paths of his Careening Cay Resort with native flowers. His wife, Joan, opened the Cosmic Crab Café, which sits on stilts above the waters of the Caribbean.

''I've put my life savings into making this the most beautiful place in Bocas,'' Crabtree said. ``This is ideally what the Panamanian government wants to see -- an entrepreneur bringing in money and hiring locals at a living wage.''

Crabtree said he paid more than $150,000 to buy the land from an Afro-Caribbean woman whose father once harvested mangrove trees on the property.

Jiménez and his family said they have never received any documents showing that Crabtree owns the land. Crabtree said his attorney continues to work through the legal process, even as the situation between the neighbors worsens.

PUBLIC HUMILIATION

''They have slandered me on television,'' said Crabtree, who also works as a real-estate agent in the islands. ``They put you in jail for that here.''

Panama, he insisted, should ''serve as a model for Central America'' for its efforts to protect the rights of property owners.

''If you have the documents in place, the courts are fair,'' Crabtree said, sitting with visitors on his dock above the Caribbean waters. ``The next move -- once we oust these people -- will be to clean up the bay where they have been going to the bathroom for 12 years. When I get done, the place next door is going to look just like this.''

Sigue negociado con costas en Colón

Sigue negociado con costas en Colón

Octubre 15, 2007

A orillas del marEscándalo por tierras en Portobelo

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Enrique Watts Ríos
ewatts@cwpanama.net

COLÓN. Un nuevo escándalo por la adjudicación de terrenos a borde de playa se ha destapado en Portobelo, al ser cercados unos 400 metros lineales a borde de la playa en el sector de Juan Gallegos, corregimiento de Isla Grande, sin haber pasado por las manos del Consejo Municipal de ese distrito y donde se menciona que unos de sus beneficiados es un destacado miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El área, que es un barranco en cuyo fondo existe un arrecife decoral y enormes rocas y que solo puede ser explotado rellenando laorilla de la playa, fue cedida a través de la figura del derecho posesorio a dos ciudadanos, uno extranjero y otro nacional, cuando se mantiene en vigencia disposiciones legales que autorizan a otras instancias en otorgar, mediante concesión, tierras que están a menos de 200 metros de la orilla de mar.

El hecho ha motivado que el Concejo de Portobelo convoque para el martes a los directores regionales de ANAM, MICI y PRONAT, para investigar si estas instituciones han dado permiso para la explotación de estos terrenos.

Emilia Tesis, presidenta de la comuna, reconoció que hay ciertas irregularidades en el otorgamiento de tierras que no han pasado por el Concejo, como personas que han procedido ha cercar con alambres de púas y ellos como gobierno local esperan conocer y que se aclare la situación.

Tesis dijo que las cosas deben hacerse como se establecen para que la cámara edilicia no quede involucrada en problemas que no conoce y donde son los últimos en enterarse.

La edil indicó que fueron informados de una concesión para talar 60 hectáreas en María Chiquita y que aparentemente fue otorgada por la ANAM sin conocimiento del Municipio de Portobelo.
En el caso de Juan Gallego, parte de los 400 metros lineales estaban a nombre de un poblador del área que posteriormente lo traspasa a un extranjero, mientras que el resto a un ex legislador perredista por San Miguelito.

Las tierras, que solo pueden desarrollarse rellenando los arrecifes de coral, fueron cercadas hace algunas semanas y por décadas estuvieron sin restricciones de acceso y solo se ha dejado, entre ambas, una distancia menor al medio metro de distancia.

Una fuente consultada por El Siglo manifestó que constantemente en las costas de Colón se presentan casos donde tierras que han sido vendidas a extranjeros con documentos falsos, posteriormente aparecen los dueños originales reclamando sus derechos.

La acción involucra en algunos casos a ex representantes de corregimiento que sirven de intermediario entre el comprador y los personajes que se dedican a validar la acción ilícita.

Categorías: Costas · Islas y Costas · Privatización de playas
Tag: Colón, Portobelo

Salvemos la Playa de Santa Clara

Felicitamos y damos la bienvenida a esta página que denuncia la apropiación indebida y destrucción de nuestras playas que son un bien público y de libre acceso.

Adelante amigos, con tenacidad se logrará detener a estos ladrones.

Triste Playa

Gruas en el Mar

Camiones y Rellenos

Una ley con urgencia notoria a casi dos años no se ha implementado

SIN CONTROL. El Artículo 37 de la Ley 2 del 7 de enero de 2006 –Ley insular– prevé la creación de la Sección de Propiedad Insular dentro del Registro Público para todos los títulos de esas tierras. A pesar de que pasó más de un año y medio, aún la dependencia no se creó por falta de fondos. En la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF tampoco hay un registro que indique de quién son las islas. Allí también se quejan de la falta de recursos. ¿Y si le piden unos dólares prestados a José Nelson?

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

La Prensa

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Para qué cliente de qué diputados era urgente esta ley que cedía nuestras islas y que impulsó el sr. Pedro Miguel Gonzalez en sus buenos momentos de Presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea!

Ley insular de Panamá sigue provocando robos de tierras a costeños y al país

catastro.

Preocupa Ley No. 2 en costa arriba de Colón

Carlos Barletta
cbarletta@prensa.com

La Ley No. 2 del 7 de enero de 2006 que regula las concesiones de tierras para la inversión turística en costas e islas genera inquietudes a los propietarios de tierras de Playa Colorada, costa arriba Colón, un centro de interés turístico.

Muchas de las tierras en el inventario estatal ya han sido otorgadas a residentes de diversas áreas del país a través de la reforma agraria y derechos posesorios. Sin embargo, muchas de estas jamás han sido tituladas.

Ante esto, el artículo 1 de la Ley No. 2 dice que los derechos posesorios existentes otorgados por los municipios y autoridades correspondientes no serán afectados, explica Pedro Vallarino, presidente de la Fundación para el desarrollo del Caribe (Fudetca).

El ministro de turismo, Rubén Blades, expresó interés por el desarrollo turístico de "800 hectáreas frente al mar, propiedad del Estado" en Playa Colorada, en una carta dirigida al entonces director de Catastro y Bienes Patrimoniales Benjamín Colamarco el 20 de septiembre de 2005. En esta, Blades explica el potencial turístico que poseen estas áreas, y pide reservar estas tierras hasta que "podamos verificar la posibilidad que las mismas puedan ser utilizadas para un desarrollo turístico".

Para los miembros de Fudecta que poseen tierras en Colón, estas declaraciones son preocupantes, ya que ellos compraron derechos posesorios en estas áreas de interés turístico para el Instituto Panameño del Turismo (Ipat). "Nosotros compramos estas tierras a los lugareños que las poseían desde hace décadas. Tenemos más de 10 años trabajando con las comunidades de Costa Arriba", mencionó Sonia Sandoval, integrante de Fudetca.

La preocupación se agravó el 22 de agosto cuando salió la Resolución 90 en Gaceta Oficial, la cual elimina la resolución 62 que regulaba la venta de bienes del Estado, tema que ha quedado inconcluso. El 23 de agosto de 2007 Fudetca envió una carta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin embargo, Vallarino dijo que no ha recibido respuesta.

"El propósito de la Ley No. 2, es promover el desarrollo turístico ordenado en el país", dijo Ricardo Ledezma, del Ipat. Esta ley regula el manejo de los territorios del Estado en costas e islas, ya que son de alto interés turístico.

Ledezma dijo que ellos no tienen jurisdicción sobre las tierras estatales, ya que su labor en la Ley 2 es otorgar las concesiones para desarrollos turísticos.

"Las tierras las maneja Catastro en el MEF" agregó.

Actualmente, el Programa Nacional de Tierras tiene una campaña de titulación masiva, donde los inversionistas de Colón esperan que se les reconozcan sus derechos posesorios. "Si estas son de interés turístico, las venderíamos con los respectivos permisos del Ipat", recalcó Vallarino.

Sitios arqueológicos del Archipiélago de Las Perlas

ARCHIPIÉLAGO DE LAS PERLAS

A la caza de sitios arqueológicos

Ivis Leonardo Franco C.

PANAMA AMERICA

EL ARCHIPIELAGO de Las Perlas, en el Océano Pacífico, se ha convertido para los científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), en un laboratorio de investigaciones arqueológicas.

Hasta el momento se han encontrado más de 50 yacimientos en el archipiélago, el cual es considerado uno de los conjuntos de islas más importantes de las que rodean las costas del Istmo de Panamá.

Alrededor son 90 islas y 130 islotes que conforman el Archipiélago de Las Perlas, valioso tesoro para los panameños y una gran sala de maternidad para aves y mamíferos marinos migratorios.

Arqueólogos nacionales y extranjeros, la consideran como un lugar ideal para realizar investigaciones ambientales y científicas, por lo que han decidido ir a la caza de estos yacimientos que se encuentran en el lugar.

El reconocido arqueólogo Richard Cooke, científico permanente del STRI, trabaja en estas investigaciones, a fin de dar a conocer la importancia de este patrimonio, en el que se han encontrado grandes hallazgos que datan de 550 a 700 años después de Cristo (D.C.).

Manifestó que durante las excavaciones se han encontrado cerámicas pintadas, muy parecidas a las talladas en la región de Azuero y Coclé. Estas artesanías han dado fecha de Carbono 14, lo que comprueba su antigüedad.

De acuerdo con Cooke, se presume que existieron asentamientos humanos en el Archipiélago de Las Perlas.

A pesar del poco tiempo que llevan las investigaciones, las cuales iniciaron en febrero de este año, esta hipótesis de los científicos puede ser acertada por los valiosos hallazgos, que alguna vez pertenecieron a nuestros ancestros.

También se han encontrado otro tipo de cerámicas sin pintura, la cual se desconoce su antigüedad.

PREOCUPACION
Los científicos están preocupados. Y es que a pesar de que el Archipiélago de Las Perlas ha sido por años el foco principal del desarrollo turístico de nuestro país, en el que sus hermosas playas de fina arena blanca han atraído a cientos de miles de turistas de todo el mundo, hoy esconde una triste realidad.

Por un lado el calentamiento global del planeta, la contaminación de sus aguas, los desechos tóxicos, están contribuyendo a la desaparición de los corales, mientras que los proyectos turísticos en la zona amenazan con desaparecer centenares de sitios arqueológicos.

El consorcio Viveros Development Inc. fue sancionada por la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (INAC), por la destrucción de ocho yacimientos arqueológicos, en la Isla Viveros, a un costo de 100 millones de dólares.

Y es que en el lugar, investigaciones arqueológicas revelan que se encontraron cerámicas que sugieren conexión cultural en la región de Coclé y acumulación artificial de conchas marinas.

Esta es la principal preocupación, manifestó Cooke, ya que se atenta con un patrimonio de gran importancia para la región.

En este sentido, el investigador hace un llamado de atención a las autoridades, a fin de mitigar el impacto del turismo y rescatar los sitios arqueológicos.

Los estudios arqueológicos se han llevado a cabo en las islas Bayoneta, Cañas, Casaya y Pedro González.

En este sentido, grupos ambientalistas han señalado que si no se defiende este tesoro, el sitio pasará de ser una isla con playas libres en una isla privada adornada de decenas de muelles y cientos de proyectos turísticos.

AMPLIAR En la isla se han encontrado más de 50 yacimientos arqueológicos. _Foto: EFE

AMPLIAR Los investigadores han encontrado cerámicas pintadas, muy parecidas a las talladas en la región de Azuero. _Foto: Ilustrativa de la cultura Copán

AMPLIAR

Grandes hallazgos.

Pedasí intenta proteger sus playas

LOS SANTOS.

Reglamentan las construcciones para proyectos turísticos en el Pacífico

En el acuerdo municipal queda prohibida la deforestación y movimiento de tierra en la zona.

Alcibiades Cortés
PEDASÍ, Los Santos

El Consejo Municipal de Pedasí prohibió la construcción de infraestructura dentro de una franja de 200 metros ubicada a lo largo del litoral que se extiende desde donde llega la alta marea hacia tierra firme, hasta tanto se adopte el Plan Maestro de Desarrollo Turístico (PMDT) de la región.

El concejo tomó la medida mediante acuerdo Nº 17, donde establece una comisión de trabajo compuesta por todas las autoridades de la provincia para la elaboración del PMDT, que tiene como objetivo promover las inversiones de proyectos turísticos y residenciales protegiendo la biodiversidad existente.

En el acuerdo queda prohibida la deforestación, tala, movimiento de tierra, obstaculización de caminos, construcción de edificios, en la zona dentro de los 10 metros en las dunas de arena conocidas como Pablo Barrios y en los manglares, las servidumbres, carreteras, caminos y acceso público a las playas.

Esta prohibición se extiende a la zona de los 22 metros de la línea de alta marea hacia tierra firme, a las islas y rocas marinas, excepto que la persona cuente con una concesión administrativa otorgada por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.

El concejo estableció que todo proyecto de desarrollo residencial, hotelero o similar que se vaya a realizar en ese distrito debe ser presentado por el inversionista ante la cámara edilicia para su conocimiento.

Los peticionarios de los proyectos deberán presentar copia autenticada del permiso de concesión otorgado por la autoridad competente.

Pedasí intenta proteger sus playas

LOS SANTOS.

Reglamentan las construcciones para proyectos turísticos en el Pacífico

En el acuerdo municipal queda prohibida la deforestación y movimiento de tierra en la zona.

Alcibiades Cortés
PEDASÍ, Los Santos

El Consejo Municipal de Pedasí prohibió la construcción de infraestructura dentro de una franja de 200 metros ubicada a lo largo del litoral que se extiende desde donde llega la alta marea hacia tierra firme, hasta tanto se adopte el Plan Maestro de Desarrollo Turístico (PMDT) de la región.

El concejo tomó la medida mediante acuerdo Nº 17, donde establece una comisión de trabajo compuesta por todas las autoridades de la provincia para la elaboración del PMDT, que tiene como objetivo promover las inversiones de proyectos turísticos y residenciales protegiendo la biodiversidad existente.

En el acuerdo queda prohibida la deforestación, tala, movimiento de tierra, obstaculización de caminos, construcción de edificios, en la zona dentro de los 10 metros en las dunas de arena conocidas como Pablo Barrios y en los manglares, las servidumbres, carreteras, caminos y acceso público a las playas.

Esta prohibición se extiende a la zona de los 22 metros de la línea de alta marea hacia tierra firme, a las islas y rocas marinas, excepto que la persona cuente con una concesión administrativa otorgada por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.

El concejo estableció que todo proyecto de desarrollo residencial, hotelero o similar que se vaya a realizar en ese distrito debe ser presentado por el inversionista ante la cámara edilicia para su conocimiento.

Los peticionarios de los proyectos deberán presentar copia autenticada del permiso de concesión otorgado por la autoridad competente.

Isla Viveros, presa de especuladores, pillos y trabajadores explotados

ENFRENTAMIENTOS.

Isla Viveros está sitiada

El empresario Gustavo de la Cruz, de Grupo Viveros, dice que si Suntracs no sale de la zona habrá muertos.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

ARMADOS. La Policía Nacional, el Servicio Marítimo y agentes de seguridad custodian la zona.

José Arcia
Enviado Especial
jarcia@prensa.com

Desde que empezó el enfrentamiento entre los obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y los miembros del sindicato de la empresa Maqtec –que construye un millonario proyecto en Isla Viveros– por el reclamo de mejoras laborales, los habitantes de la vecina isla de San Miguel perdieron la calma.

Ahora la zona está custodiada por miembros de la Policía Nacional, personal del Servicio Marítimo Nacional y 45 agentes de seguridad contratados por el Grupo Viveros para que vigilen el área. Con este último grupo, el Suntracs ha rivalizado en los últimos días. Tanto así, que en un documento que reposa en la Corregiduría Municipal de Balboa, el empresario Gustavo de la Cruz, representante legal del proyecto turístico, advierte que si este sindicato no sale de la zona, "puede haber de 5 a 10 muertos".

Mientras, los trabajadores en huelga –en su mayoría residentes de San Miguel– alegan que todo se suscitó porque se "violaron" sus derechos laborales. Los moradores temen y las autoridades locales también. Paula Mendieta, alcaldesa del distrito de Balboa, dice que en 70 años de vivir en la isla, esta la primera vez que se da un incidente en el que hay armas de fuego.

ISLA VIVEROS.ALCALDESA DE BALBOA TEME POR LA SEGURIDAD DE LOS ISLEÑOS.

Enfrentamiento en el Pacífico

El sindicato de Maqtec abandonó Isla Viveros, pero 45 hombres custodian el área.

La Policía Nacional y el Servicio Marítimo Nacional vigilan la isla. Los moradores tienen miedo.

La vida de los moradores de San Miguel cambió con la presencia de hombres armados en la zona. Todos los grupos presentes en el área portan armas de fuego, dicen los moradores. 888353

José Arcia
jarcia@prensa.com

Una vez se llega a Isla Viveros, agentes del Control de Multitudes de la Policía Nacional y agentes del Servicio Marítimo Nacional les solicitan los datos personales a los visitantes e incluso les preguntan el motivo de la visita. Allí se han instalado dos improvisados puestos policiales que hacen que el lugar parezca una isla penal.

Todo es a raíz del enfrentamiento entre los obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y un grupo de al menos 45 hombres, contratados por el Grupo Viveros, a través de la empresa Inmobiliaria Monsol S.A., para que vigile sus bienes en el proyecto turístico que se construye en la Isla Viveros a un costo de 100 millones de dólares.

Inicialmente, el Suntracs se había enfrentado con el sindicato de obreros de la empresa Maqtec, quienes ya no están en la isla. En su reemplazo está el personal de seguridad.

Cada grupo tiene su propio lugar en la isla, separado por el bosque. Los dos lados se unen por una carretera de barro, en un recorrido que dura 30 minutos en carro.

"Hey friend, ustedes son de la prensa, escriban allí que le vamos a soltar bala". La frase la pronunció un joven, vestido de camiseta blanca, jean azul y botas, que se encontraba en el grupo contratado por Monsol. Al paso salió Jorge Luis Góndola, que en un tono conciliador dijo "vengan, que alguien los va a atender". "Friend, aquí está la prensa ¿quién puede hablar con ellos?", se dirigió Góndola a otro grupo de personas. Luego se acerco Yusniel Temprana, quien se identificó como el encargado del proyecto.

Ambos dijeron (Temprana y Góndola) que los responsables de los enfrentamientos son los miembros del Suntracs.

"Esa gente nos empezó a soltar bala cuando hacíamos un recorrido de vigilancia", asegura Góndola.

En el otro lado de la isla se respiraba, el pasado viernes, un aire de camaradería. Los miembros del Suntracs preparaban su almuerzo, (arroz con pescado asado e iguana guisada). A unos 50 metros reposaban varios cascos amarillos tirados y una improvisada barricada. Fue allí donde se dio el último incidente que, de acuerdo con las versiones de los miembros del Suntracs, los agentes de seguridad contratados por la empresa apedrearon y dispararon a los obreros. "Nosotros salimos a defendernos", dijeron los casi 50 trabajadores que se mantienen en huelga por reclamo a sus derechos laborales.

TEMEN POR SU SEGURIDAD

A Paula Mendieta, alcaldesa del distrito de Balboa, le preocupa lo que pasa en Isla Viveros. Dijo que en sus 70 años de vivir en San Miguel, corregimiento cabecera del distrito, nunca se habían dado incidentes con armas de fuego.

La preocupación de la máxima autoridad del distrito es compartida por el resto de los pobladores. Ignacia Cáceres, dueña del restaurante Cacería, alega que por la presencia de hombres armados en la zona, le da miedo caminar sola hasta su negocio en horas de la madrugada.

Para Rolando Gudí, quien labora en el proyecto y uno de los que se mantiene en huelga, el problema termina cuando saquen al personal de seguridad de la isla. "Aquí la gente se dedica a pescar langosta y nadie está para sacar un arma", dijo.

Jorge Martínez, otro de los obreros en huelga, dijo que todo empezó porque el sindicato de la empresa nunca se preocupó por el bienestar de los trabajadores. "Por eso fue que llamamos al Suntracs, para que defendiera los derechos laborales de los obreros que trabajan en el proyecto".

Las ballenas ‘jorobadas’ hacen escala en Panamá

Las ballenas ‘jorobadas’ hacen escala en Panamá

La escena resulta familiar en estos días en las aguas templadas del Pacífico, específicamente a media distancia entre la ciudad de Panamá y la isla Contadora. Es en esta época que cientos de ballenas jorobadas se aparean en la bahía de Panamá. Los observadores de ballenas, como en este caso, a bordo de la lancha Bikini, suelen acercarse para ver el majestuoso espectáculo que ofrecen estos enormes mamíferos, que sin duda constituyen un valioso atractivo turístico para el país. La Prensa, 29 de julio de 2007

Investigan venta de playas

PRIMER PLANO

Citan a antoneros por venta de tierras

ANTÓN. El próximo martes se citará a unas 42 personas que han sido señaladas por vender tierras que están ubicadas en los predios de las playas en Antón. La información fue confirmada con la corregiduría, en donde se lleva el informe de las personas que deben presentarse al despacho del corregidor de Antón, Rodolfo Centeno. Centeno dijo que son personas del distrito de Antón las que han incurrido en esta falta.

Las ventas promovidas son de terrenos nacionales que están sobre el área playera. La citación se dio a través de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales luego de que esta instancia detectara solicitudes en donde se pide la adjudicación de estos terrenos.

Rafael Quezada

La Prensa, 21 de julio de 2007

Investigan destrucción ambiental y corrupción en Playa Barqueta

Junio 17th, 2007 ·

PROYECTO TURÍSTICO PLAYA BARQUETA, en CHIRIQUÍ.

Investigan destrucción ambiental y anomalías en cobro de impuestos

La Contraloría objetó los beneficios que otorgó el Consejo Municipal a la empresa dueña del proyecto.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

alanje. Brisas del Mar Development draga actualmente un canal que ha afectado áreas del Refugio Agrícola Playa La Barqueta, donde llegan a anidar tortugas.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El Ministerio Público investiga irregularidades en el cobro de impuestos municipales a un proyecto turístico y residencial en playa La Barqueta, distrito de Alanje, sobre el cual también pesan denuncias de destrucción de manglares y apropiación de servidumbre pública.

La empresa Brisas del Mar Development –cuyo propietario es la familia Araúz Anguizola–, que desarrolla un proyecto residencial de siete edificios, declaró en su estudio de impacto ambiental una inversión de 3 millones de dólares, pero el Municipio de Alanje solo le cobró impuestos por la mitad de ese valor, lo que fue objetado por la Contraloría.

Además de haber declarado un monto de inversión inferior, el Consejo Municipal rebajó a la empresa a 1%, el cobro del 2% de impuesto que exige la ley. Tras denuncias de anomalías, el Consejo se vio obligado a rectificar. El alcalde, Carlos Justavino, quien defiende la legalidad de lo actuado, firmó el permiso de construcción de los edificios estando de vacaciones.

AMBIENTE.EL MINISTERIO PÚBLICO BUSCA PROBAR CORRUPCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MANGLARES EN CHIRIQUÍ.

Investigación ecológica

La Barqueta, una tormenta en la playa

Tras denuncias de moradores del área, la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí inició una investigación para determinar si hubo delito ecológico en un millonario proyecto que se levanta en las costas del distrito de Alanje, en Chiriquí. La Fiscalía Anticorrupción, en tanto, investiga la participación de funcionarios en la confección de planos para beneficiar a un grupo empresarial sin cumplir con todos los procedimientos que exige la ley.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

CANAL. El permiso de limpieza para esta zanja sirvió para hacer un dragado, según la denuncia de los residentes.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Una tormenta sacude la playa La Barqueta, en el distrito de Alanje en Chiriquí. En el centro están autoridades municipales, el Gobierno Central y el empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola.

Se trata de denuncias por supuesto delito ecológico y corrupción de funcionarios, que hablan de la destrucción de manglar en área protegida y edificaciones dentro de los 22 metros de servidumbre pública.

El Ministerio Público investiga ambas denuncias a través de la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí y de la Fiscalía Anticorrupción.

Tres empresas: Brisas del Mar Development Group, A.R Siyex, y Arkansas Valley Feathers Inc., relacionadas con el empresario Araúz Anguizola, construyen un complejo residencial de siete edificios, venden lotes para residencias y desde hace cuatro años operan el hotel Las Olas.

UNA LIMPIEZA PROFUNDA

El pasado 30 de abril, la dirección regional de Chiriquí de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) autorizó al empresario Araúz realizar una limpieza de un estero que pasa detrás del refugio de Vida Silvestre La Barqueta.

La autorización de estos trabajos ha sido la génesis de la investigación que realiza la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí por el supuesto delito ecológico, atendiendo una denuncia de los moradores.

La limpieza del estero se convirtió en un trabajo de dragado de un canal de tres kilómetros de longitud, 15 metros de ancho y 10 de profundidad que ha afectado parte del manglar de un área protegida, denunciaron el representante del corregimiento de Guaramal, Octavio Manuel Sánchez, y el ciudadano Alexis Aparicio.

El fiscal segundo superior, José Antonio Henríquez, dijo que en una inspección con peritos de la Autoridad Marítima de Panamá, como parte del proceso de investigación, se determinó que los trabajos de dragado afectaron el ecosistema. Además, comprobaron que se estaba talando manglar que era rellenado con material que sacaba la pala mecánica e, incluso, con arena.

También se ha afectado el humedal de playa La Barqueta. Todo esto, sin estudio de impacto ambiental y con el aval de la dirección regional de la Anam.

Cortesía

PALA MECÁNICA.Los trabajos de ‘limpieza’ incluyeron el uso de retroexcavadoras.

Pero no todos cuentan la misma historia. El director regional de la Anam, en Chiriquí, Mario Gómez, y el abogado del empresario Juan Gabriel Araúz, Enoch Rodríguez, alegaron, por separado, que esos trabajos de limpieza se realizan como parte del proyecto ‘Remigio Rojas’ que desarrolla el Gobierno con una inversión de 58 millones de dólares.

El proyecto ‘Remigio Rojas’ consiste en la construcción de un canal que nace en las márgenes del río Chico y se extiende por unos 30 kilómetros entre pueblos y pequeñas fincas de Alanje para llevar agua dulce a los sembradíos.

Gómez dijo que después de varios estudios técnicos se comprobó que el proyecto ‘Remigio Rojas’ podría inundar el área del hotel Las Olas y del proyecto residencial Condominio Brisas del Mar. “Decidimos otorgar un permiso de limpieza a Araúz como una extensión al proyecto ‘Remigio Rojas’’, dijo Gómez.

Rodríguez, por su parte, alega que el trabajo que se realizó consistió en abrir un estero que había sido cubierto de sedimento, malezas y mangle.

Pero el director del proyecto ‘Remigio Rojas’, Jorge Arosemena, niega que esta obra esté conectada con los trabajos que realizó el empresario Araúz.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) inspeccionó el lugar y determinó que se ha afectado área de manglar. La directora regional de la Arap de Chiriquí, Jessica Chávez, dijo que en los próximos días se estará emitiendo un informe sobre el asunto.

¿SIN SERVIDUMBRE?

LA PRENSA/Víctor Arosemena

SERVIDUMBRE.El proyecto residencial es investigado por supuesta apropiación de espacio público.

Los problemas de La Barqueta no terminan en el manglar. Se extienden hasta la misma playa. Las investigaciones judiciales intentan demostrar que hubo construcciones en la servidumbre pública. Incluso, sale a relucir una denuncia por falsificación de planos.

Alexis Aparicio y Octavio Sánchez denunciaron al empresario Araúz por construir sobre los 22 metros de servidumbre pública sin concesión. La Fiscalía Anticorrupción investiga el supuesto delito contra la propiedad del Estado o contra la fe pública en contra de funcionarios que se prestaron supuestamente a la aprobación de planos ficticios.

Por este caso, la Oficina de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas en Chiriquí fue allanada por la fiscal Mercedes de Mendizábal, el pasado mes de febrero.

Dos meses más tarde, el 9 de abril, el topógrafo Ricardo Sanjur y el ingeniero civil Jorge Ureta, peritos de la Fiscalía, realizaron una inspección ocular y determinaron que los planos de uno de los proyectos de Araúz incluían 12 metros que estaban dentro de los 22 establecidos por ley como tierras inadjudicables.

Sin embargo, el director de Catastro de Chiriquí, Cristóbal Tolato, dijo que su despacho inspeccionó el lugar y corroboró que los tres proyectos que se desarrollan en el lugar cumplen con los 22 metros de servidumbre.

Enoch Rodríguez, representante de la empresa, dice no entender las denuncias y las investigaciones, máxime cuando ellos pretenden invertir un total de 100 millones de dólares que ayudarían a la economía del área.

(Con la colaboración de Sandra Alicia Rivera)

Un pueblo costanero sin salida a la playa

El alcalde de Alanje, Carlos Justavino, defiende al empresario Juan Gabriel Araúz.

Los moradores del corregimiento de Palo Alto amanecieron hace un año sin camino para llegar a la playa La Barqueta. La razón: el empresario Juan Gabriel Araúz decidió cerrar la carretera de acceso a la playa. Así lo han denunciado ante las autoridades municipales y ante los medios de comunicación los residentes del área.

Hasta la fecha no han recibido repuesta, a pesar que tienen como prueba un informe del director regional del Ministerio de Obras Públicas, Luis Fernández, que certifica que es una vía de acceso público que ha sido utilizada por equipo agrícola y personas para comunicarse de un poblado a otro.

Los moradores le solicitaron al alcalde de Alanje, Carlos Justavino, ordenar la apertura de la carretera. Pero aún no lo ha hecho.

Justavino le restó importancia a la nota de Fernández y defendió a la empresa al alegar que esa carretera no es servidumbre pública. Enoch Rodríguez, representante de Araúz, alegó que los terrenos por donde pasa la carretera son de propiedad de su cliente. “El error de Araúz fue permitir que los moradores utilizaran esa calle por muchos años”, dijo Justavino, quien espera un informe del Instituto Tommy Guardia sobre el tema para tomar la decisión.

Fuente: La Prensa, 17 de junio de 200o7.

Fuente en internet: Burica Press

Detienen proyecto que acaparaba una playa

AMBIENTE. INCUMPLIMIENTO DE eia.

Detienen proyecto turístico

La Anam argumentó que la empresa no contaba con permisos para construir un muro sobre la playa.

Los dueños se presentarán mañana ante el Consejo Municipal para dar a conocer su punto de vista.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de Colón ordenó suspender provisionalmente la construcción de un proyecto turístico que se edifica en playa Mechi, en el distrito de Portobelo, Colón.

Igual actuación tuvo el Consejo Municipal de Portobelo, que emitió una resolución en la que exigió al alcalde, Carlos Chavarría, parar la obra.

La empresa Tropical Marine, que construye el proyecto del danés Niels Sundel, se presentará mañana ante el Consejo Municipal para informar sobre su proyecto.

Mediante la Resolución No. 250605, el administrador regional de la Anam en Colón, Daniel Chen, ordenó suspender la obra, por recomendaciones de un informe técnico de la institución, en el que se informa del incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y de otras anomalías.

Según el documento, el proyecto –que consiste en un hotel y una marina con una inversión de unos 6 millones de dólares, de acuerdo con la empresa– no estaba cumpliendo con la servidumbre de ribera marina. Además, construía un muro sobre la playa, sin contar con la concesión marina que debe autorizar la Autoridad Marítima de Panamá.

Ramón Herrera, presidente del Concejo de Portobelo, dijo que los representantes firmaron una resolución exigiéndole al alcalde Chavarría suspender el proyecto hasta tanto se aclare la situación. La decisión de la Anam surge por la denuncia que presentó Silvino Simón, vecino del proyecto, por la destrucción de la playa.

La Prensa, 11 de junio de 2007.

Panamá se integra a red costera

BLOQUE. Panamá pasó a formar parte de la Red Temática Iberoamericana de Manejo Costero Integrado, organismo compuesto por nueve países, a través de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, informó la entidad universitaria.

La Prensa, 6 de junio de 2006.

Proyecto turístico construido en servidumbre pública

COSTA CARIBEÑA.PROYECTO TURÍSTICO CONSTRUÍA SOBRE LA MISMA PLAYA.

Técnicos piden frenar la obra

El informe de la Anam señala que la empresa Tropical Marina Inc. incumplió estudio ambiental.

La Anam inspeccionó la obra el pasado 9 de mayo y determinó que se incumple con la servidumbre marina.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La dirección de Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de Colón recomendó la suspensión del proyecto turístico Tropical Marine Inc, que se construye en playa Blanca, en la comunidad de Mechi de María Chiquita, en Colón.

La medida se debe a que la empresa empezó el proyecto, que consiste en la construcción de cuatro cabañas y una marina, sin contar con la aprobación de los planos de concesión de ribera y fondo marino. Tampoco tenía los planos de la construcción de las cabañas .

La información se desprende de un informe emitido el pasado 29 de mayo cuando se abrió el proceso administrativo. En este momento, las autoridades de la Anam analizan los linderos del proyecto para tomar la decisión de suspender o no los trabajos de construcción, explicó ayer Daniel Chen, administrador regional de la entidad en Colón.

El informe, elaborado tras una inspección del 9 de mayo, dice que la empresa incumple con la servidumbre de ribera marina que establece la ley (las servidumbres de playa no podrán ser inferiores a 22 metros, contados a partir de la línea de alta marea). Otra de las anomalías que se mencionan es que la empresa Tropical Marine, cuyo presidente es el danés Niels Sundel, incumplió con el Estudio de Impacto Ambiental al empezar la obra sin los permisos de los ministerios de Salud, de Vivienda y de Obras Públicas.

Este diario llamó a la oficina del representante de la empresa, Andy Dinger, pero se informó que está de viaje. En una entrevista previa para una noticia publicada el pasado 24 de mayo, Dinger alegó que contaba con todo los permisos, con excepción de la concesión de mar que otorga la Autoridad Marítima de Panamá.

La Prensa, 6 de junio de 2007.

Las Perlas, oficialmente es zona especial de manejo

Vía rápida

Archipiélago de las Perlas, zona especial

AMBIENTE. A partir de ahora, todo proyecto turístico, extracción de corales y pesca que se realice en el Archipiélago de las Perlas deberán regirse por la Ley 18 de 31 de mayo de 2007, que declara esta área como zona especial de manejo marino-costera, publicada ayer en Gaceta Oficial.

La Dirección General de Ordenación y Manejo Integral, de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, se encargará de establecer un programa de manejo integral de esa zona. Además, deberá crear la unidad de conservación y vigilancia del área especial de manejo.

José González Pinilla

Destruyen Isla Taborcillo por extracción de arena

Demandarán a empresas por extracción ilegal de arena

Mireya Rodríguez

PANAMA AMERICA --
28 de mayo de 2007

UNA DEMANDA colectiva contra las empresas que extraen arena de manera ilegal cerca de la llamada "isla de John Wayne", o Taborcillo, interpondrá el dueño y los 31 coopropietarios de la isla, indicó Martín Nikodemus, representante de Ralph Hüber, dueño del lugar.

El representante legal de la empresa, Arturo Illueca, confirmó que se estudia la posibilidad de interponer una demanda, ya que no han recibido el apoyo de las autoridades.

Durante los últimos siete años la isla ha perdido unos 22 mil metros cuadrados de terreno, por un valor aproximado de $3.3 millones.

Por su parte, el viceministro de Comercio Interior, Manuel José Paredes, indicó que no se han otorgado concesiones para la extracción de arena cerca a esa isla.

Hoy, ambas partes se reunirán para tratar el tema.

Sí hubo daño ambiental en playas de Punta Chame

Mayo 24th, 2007

castro se explica.

Espino causó daño ambiental

José Arcia
jarcia@prensa.com

Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, taló 16 mil árboles de mangle en Punta Chame. Así lo determinaron las inspecciones que ha realizado la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) como parte de las investigaciones que adelanta por la devastación de una zona costera sin Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Las inspecciones de la Anam también determinaron que otros mil 956 árboles de mangle ya habían sido tumbados mucho antes de la devastación que hizo Charro Espino. Todo está dentro de las 38 hectáreas de zona costera devastadas que cuantificó la entidad en las inspecciones.

Ligia Castro, administradora de la Anam, explicó ayer sus declaraciones ante la Asamblea Nacional sobre un permiso que le otorgó a Espino para talar pino prieto, manzanillo y rastrojo. Dijo que ese permiso era para realizar ese trabajo en otro terreno en Punta Chame, pero que no corresponde a la zona devastada que es objeto de la investigación administrativa.

“Reitero que el área devastada contenía manglar”, dijo al mostrar la imagen satelital antes de la devastación, que es parte del expediente que ya fue enviado a la fiscalía.

Esteban López, abogado de los hermanos Idania y Fernando Fontane –que reclaman el derecho posesorio de los terrenos– dijo que la Asamblea se ha inmiscuido en asuntos que no son de su competencia, al señalar que la compra de los terrenos fue legal.

Fuente: La Prensa, 24 de mayo de 2007.

Muros en las playas de Colón

PROYECTO TURÍSTICO EN MARÍA CHIQUITA.

Muro privado en la playa

La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar y ribera marina.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

pala mecánica. El pasado 16 de mayo una retroexcavadora hacía remoción de arena en Playa Blanca. 854051

José Arcia
jarcia@prensa.com

La empresa Tropical Marina Inc., cuyo presidente es el danés Niels Sundel, comenzó la construcción de un muro de concreto reforzado y la remoción de arena en Playa Blanca, en el corregimiento de María Chiquita, en Colón, antes de que la Autoridad Marítima de Panamá le otorgara una concesión de uso de mar y ribera marina que pidió en julio de 2005 para construir un proyecto turístico que incluye una marina.

La edificación de la estructura incomodó al Consejo Municipal de Portobelo, que pidió el pasado 8 de abril a la Dirección de Catastro inspeccionar la obra para ver si cumple con los requisitos. Incluso el propio presidente del Consejo Municipal, Ramón Herrera, fue al lugar para verificar la construcción y ahora está en espera de la inspección que planea Catastro.

Andy Dinger, representante de la empresa, alega que cuenta con los permisos otorgados por el alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría.

Por su parte, Chavarría alega que el permiso dado por ellos es solo para construir una cerca entre la propiedad y la calle, y no para edificar un muro.

La protesta en contra de la obra también llegó de un vecino del lugar. Silvino Simón Argudo se quejó ante la Autoridad Nacional del Ambiente por la destrucción de la playa. "Además de la playa, están destruyendo los pocos arrecifes que quedan en el lugar", dijo.

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MARÍA CHIQUITA.la anam aprobó el estudio de impacto ambiental.

El muro que partió Playa Blanca

La empresa Tropical Marina construye un muro de contención sobre la playa.La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar.

LA PRENSA/Víctor Arosemena.

AGUA SALADA. Trabajadores hasta la rodilla en agua del mar llenaban sacos de arena para construir un dique que sirva de contención para la construcción del muro.854048

José Arcia
jarcia@prensa.com

Un muro de 2.50 metros de altura y 20 centímetros de ancho con concreto reforzado se construye sobre Playa Blanca, en la comunidad Mechi, en María Chiquita de Colón sin que haya una concesión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La empresa Tropical Marine, que construye el muro como parte de la primera etapa de un proyecto turístico que incluye una marina, cuenta con un permiso del Municipio de Portobelo, pero el alcalde Carlos Chavarría alega que el aval que él otorgó es solo para construir una cerca frente a la calle y no en la playa.

Tropical Marine es presidida por el danés Niels Sundel. El proyecto originalmente consistía en cuatro cabañas, pero según uno de los representantes de la empresa, Andy Dinger, el diseño ha sido modificado y ahora construirán dos edificios para hotel con 52 habitaciones, y una marina.

"Tenemos todo aprobado, lo único que nos hace falta es que la AMP emita la resolución en donde se nos otorga la concesión". dijo Dinger.

La oficina de relaciones públicas de la AMP, por su parte, informó que en estos momentos está en trámite un permiso provisional que se otorga por un año para que el solicitante, en este caso Tropical Marina, pueda recibir los permisos de las demás instituciones. La concesión de uso de mar y ribera marina fue solicitada el 8 de julio de 2005 a la AMP.

El documento, que a juicio de Dinger valida la construcción del muro, es un permiso del Municipio de Portobelo emitido el 17 de julio de 2006 por el alcalde Chavarría y que tiene vigencia por un año. En una entrevista telefónica, Chavarría dijo a este diario que ese permiso es solo para la construcción de una cerca frontal que ya fue edificada.

El problema –se defiende Dinger– es que parte de los terrenos fue cubierta de arena de la playa y las personas consideran que es una playa pública, pero no lo es porque forma parte de una finca privada. "Nosotros estamos construyendo una servidumbre de 1.50 metro para permitirles a las personas bajar al área de mar y a la playa que está al lado del terreno, y que no será dada en concesión", dijo.

Como el terreno de la empresa está muy cerca del mar, se construye el muro para proteger los trabajos de construcción del hotel y también servirá de contención para el sótano de uno de los edificios, explicó.

Los argumentos de Dinger no convencen al presidente del Consejo Municipal de Portobelo, Ramón Herrera, quien el pasado 24 de abril hizo una inspección al lugar y pidió a la Dirección de Catastro de Colón empezar una investigación sobre la legalidad o no de ese muro.

"Ese muro se construye ilegalmente porque está impidiendo el acceso a la playa", dijo.

Osvaldo Chavarría, director de Catastro de Colón, confirmó la solicitud del Consejo y afirmó que para los próximos días tiene planeado hacer la inspección.

Lo cierto es que la empresa ya cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente para la primera etapa del proyecto. En estos momentos la Anam hace la evaluación del EIA para la segunda fase, que es la construcción de la marina.

El concejal Herrera y el director de Catastro, Chavarría, esperan a más tardar la otra semana para hacer la inspección y determinar la legalidad o no del muro.

ENFOQUE
Algunas cosas no están a la venta

Mir Rodríguez
panorama@prensa.com

OPINIÓN. Las playas y costas de Panamá valen mucho. De hecho, valen tanto que no tienen precio: la Constitución prohíbe su venta y garantiza que las costas sean de todos. Los manglares y pantanos costeros, así como las playas de arena y los arrecifes de coral son de importancia estratégica para la nación y las economías locales. Pero estos lugares están siendo usurpados y destruidos a lo largo del país, de maneras diferentes

.Los promotores de grandes proyectos y los especuladores conocen muy bien el alto valor de los terrenos costeros, y es normal que intenten privatizarlos. Por eso se supone que tenemos a las autoridades, que al tiempo que deben fomentar el desarrollo sano de nuestros activos nacionales, son responsables de protegerlos y de asegurar su carácter público. Desgraciadamente el caso de Playa Blanca, en Mechi, no es único en Panamá.

El auge inmobiliario que vivimos ha sobrepasado las normas actuales y la capacidad reguladora del Gobierno. Sumado a esto, las políticas gubernamentales van dirigidas a favorecer a empresas gigantes, en detrimento de los pobladores locales y de pequeños emprendedores, que son precisamente los únicos que pueden asegurar la conservación de nuestras costas ante la actual vorágine saqueadora.

El autor es biólogo y editor de Almanaque Azul

Fuente: La Prensa, 24 de mayo de 2007.

Denuncias de extracción masiva de arena de las playas de Panamá

Los siguientes corrientes denuncian la destrucción de una hermosa playa por el boom inmobiliario en Panamá:

Por más que he tratado de que se le dé importancia al tema de la procedencia de la arena utilizada en todos los proyectos turísticos desde Costa del Este hasta playa blanca nadie parece interesarle el tema.

La punta de punta chame está devastada por la extracción masiva de arena para todos esos rellenos de los que ustedes se están quejando.

Los residentes nos hemos quedado sin playa señores. La arena blanca de la punta no existe. Solo fango. En esa arena también habitaban cangrejitos, animalitos, etc. Y habitamos nosotros los que vamos a las playas públicas de Punta Chame. El restaurante tiene fango por delante donde antes habia arena blanca.

Las barcazas de extracción están siempre dañando la punta sin que nadie pueda hacer nada. Anam me dice que eso le compete a Autoridad de Recursos Acuáticos Marinos Costeros pero no encuentro el teléfono de ese lugar en ningún lado.

Coral de la Guardia de Caballero
Residente de la punta de Punta Chame

Comité tratando de salvar su arena de la playa para beneficio del habitat de todos

----- Mensaje reenviado ----

Buenos Dias:

Estoy notando todos los medios enfocados en el tema del tío de Martín, solo porque es el tío de Martin. Pero quisiera que le dieran también importancia al tema que se usa la arena de la playa de Punta Chame original, dañando la playa pública a benefico de la construcción de una playa privada.

Las playas para el resto del mundo han sido despojadas de su capa de arena blanca para llevarla a las contrucciones de costa del este, isla grande y ahora para estos proyectos. Esta situación no es justa para los residentes de la punta de Punta Chame.

En esa arena en la punta también habitan animales.

Coral de la Guardia de Caballero
Propietaria de casa en Punta Chame

----- Mensaje reenviado ----

Buenos dias:

Mi más cordial saludo. Antes el área del club de Punta Chame hacia la punta tenía la más hermosa arena blanca. Era como la nieve.

Ahora en cambio es un subsuelo mojado, gris y feo. La capa de arena sigue siendo lavada por la acción natural del mar tratando de equilibrar la extracción de arena que no para y no va a parar por la creciente demanda comercial.

A los propietarios solo nos queda el recuerdo de una arena blanca y hermosa. Este fin de semana descendí casi un metro al bajar a la playa cuando el nivel de la playa era plano.

Siguen las barcasas "cuaco", Takarcuna y otra más extrayendo arena aun cuando sus permisos expiraron en enero del 2006.

Coral de la Guardia de Caballero
Propietaria de casa en Punta Chame