Siguen vendiendo islas de Bocas del Toro a extranjeros

BOCAS DEL TORO.

Familia denuncia la alteración de contrato de compra venta de terreno

Alcalde de la provincia investigará la actuación de corregidores que ordenan desalojos de terrenos.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/A. Pimentel

QUEJA. Corregidor de Punta Laurel ordenó destrucción de vivienda.

Ángel Santiago Pimentel
CAYO DE AGUA, Bocas del Toro

Quince personas, entre ellas nueve menores de edad, pasaron la noche a la intemperie luego de que su vivienda fuera destruida este miércoles, en cumplimiento de la orden de desalojo que dio el corregidor de Punta Laurel, Ernestino Bonilla.

Se trata de la familia Smith, residente en la comunidad de Cayo de Agua.

Wilfredo Smith, vocero de los afectados, indicó que el desalojo fue solicitado por un extranjero, oriundo de Argentina, que tramitó la compra del lote de 30 hectáreas que pertenece a la familia, pagaderos en un año.

Smith asegura que el extranjero alteró los números del contrato de compra venta, indicando que la familia le vendería 42 hectáreas en 3 mil dólares cada una, cuando lo que se había acordado era la venta de 30 hectáreas en 5 mil dólares cada una. "Como mi padre no sabe leer, aprovecharon que yo no estaba y lo hicieron firmar el contrato alterado".

Ahora la familia reclama el pago del monto original, de 150 mil dólares, que se acordó. Ayer fue imposible ubicar al extranjero para conocer su versión de los hechos, así como al corregidor que ordenó el desalojo.

Eligio Binns, alcalde del distrito de Bocas del Toro, indicó que algunos corregidores han sido "influenciados" por los compradores.

Binns encargó al asesor legal del municipio que investigue el caso de la familia Smith, a fin de determinar si en realidad el contrato fue alterado. La investigación incluirá la actuación del corregidor Bonilla. "Analizaremos la situación y si hay que imponer sanciones, lo haremos".

El alcalde admitió que anomalías como las denunciadas por la familia Smith son el pan nuestro de cada día, pero se comprometió a poner punto final a la mala práctica.

Denuncia venta ilícita de costas con manglares en San Carlos

SAN CARLOS.

Denuncian venta ilícita de terrenos

Rafael Luna Noguera
rluna@prensa.com

El panameñista Luis Eduardo Camacho solicitó ayer al Ministerio Público investigar a varias autoridades del Gobierno, entre éstas al ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, y a la viceministra de Finanzas, Orcila de Constable, por la venta de un globo de terreno en el distrito de San Carlos, que según la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) era inadjudicable.

En la denuncia ciudadana presentada ante la Procuraduría, Camacho incluye además al director de Catastro, Mariano Quintero, y al director de Contrataciones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, Edilberto Ruiz.

Según el dirigente político, los terrenos, de 8 mil 811.38 metros cuadrados, fueron vendidos por 98 mil dólares a la sociedad Desarrollo Turístico San Carlos, S. A.

Explicó que el informe de la AMP, elaborado en 2005, deja claro que dicho globo de terreno nacional era de su competencia y que por tratarse de un humedal [manglares] de "importancia para la biodiversidad de la zona", no se le debía adjudicar.

De paso, dijo Camacho, la autoridad marítima notificó de su decisión a las autoridades mencionadas, pero de igual forma se autorizó la venta.

El panameñista indicó que también pedirá una investigación a la Asamblea, cuyo pleno autorizó una pesquisa similar en el caso de Punta Chame.

Corrupción en la venta de tierras costeras inadjudicables

Abril 26, 2007

PUNTA CHAME. explicaciones contradictorias.

MIDA defiende venta de tierras

Salazar justificó la venta a Espino. Cita una resolución de 1990, pero el monto de la transacción no coincide.

Torrijos dijo que no ha llamado a ningún funcionario y menos para que se vendan tierras a precios ridículos.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

DEVASTACIÓN. El 44% de las 26 hectáreas compradas por Espino estaban cubiertas de manglar.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, justificó la venta, en menos de un centésimo el metro cuadrado, de 26 hectáreas de terreno en Punta Chame a Rodolfo Charro Espino. Dijo que todo se hizo basado en la Resolución No. 113 del 27 de marzo de 1990, que establece una tabla de precio por hectárea atendiendo al tipo de tierra y la cantidad en venta.

Sin embargo, el precio que fijó la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a cargo de Nadia Moreno, no corresponde con lo que fija la resolución. Por ejemplo, se señala que cuando son terrenos baldíos y la cantidad negociada es de 21 a 50 hectáreas, la hectárea se vende a 20 dólares.

Reforma Agraria vendió a Espino 26 hectáreas, por lo que el precio debió ser de 520 dólares y no 2 mil 80 dólares. El presidente Martín Torrijos dijo ayer que no ha llamado a ningún funcionario para ponerle precio de venta a las tierras, ni mucho menos para que se vendan a precios ridículos.

————————————-

PUNTA CHAME. EL PROYECTO CON LA CONEXIÓN PERFECTA Y SUS ANTECEDENTES.

Las compras y ventas de Espino

Charro Espino vendió en 2006 cuatro hectáreas a la cuñada de la ex presidenta Mireya Moscoso.

Berta de Moscoso vendió su propiedad a la sociedad Punta Chame, que preside Joseph Homsany Achar.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

CONTRADICCIÓN. El ministro del Mida, Guillermo Salazar, considera que el globo de terreno vendido, que aparece en esta foto, no era manglar, lo que contradice el informe del técnico Rolando Bernal, de Reforma Agraria.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Detrás del nombre de Corporación Playa Blanca, cuyo presidente es el tío del mandatario Martín Torrijos, Rodolfo Charro Espino, existen ventas y traspasos de tierras en las que salen a relucir hermanos de la ex presidenta Mireya Moscoso y reconocidos empresarios inmobiliarios. Incluso, los hijos y esposa de Charro Espino.

El 13 de abril de 2004, la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas le vendió a Charro Espino 29 hectáreas de zona costera en 14 mil 808 dólares.

Dos años después, Corporación Playa Blanca segrega y vende cuatro hectáreas, de las 29, a Berta Alicia Barahona de Moscoso, esposa de Bergis Moscoso, hermano de la ex presidenta, en 2 mil 900 dólares. En esa transacción Charro Espino se ganó dos centésimos por cada metro cuadrado, que suman la totalidad de 80 dólares.

TODO QUEDA EN FAMILIA

El 12 de junio de 2006, Berta Alicia Barahona vende en 30 mil dólares esa propiedad a la sociedad Punta Chame, cuyo presidente es el empresario inmobiliario Joseph Homsany Achar, quien tiene otra sociedad donde aparecen los nombres de dos hijos de Charro Espino. Se trata de Corporación Blanca Playa, donde el agente residente es Rodolfo Espino Barañano, y como suscriptor figura Carlos Espino Céspedes. Los dos son hijos de Charro Espino. Pero este último no es con su esposa Dioselina Barañano, quien aparece como secretaria y suscriptora de la Corporación Playa Blanca, empresa que le compró a Catastro 29 hectáreas; y a Reforma Agraria, 26 hectáreas.

Las primeras las adquirió en cinco centésimos (0.05) el metro cuadrado y las segundas en menos de un centésimo (0.008).

Las transacciones de Espino continuaron con el resto de las hectáreas adquiridas en Catastro. El 7 de febrero de 2007 Corporación Playa Blanca vendió en 14 mil 808 dólares (el mismo precio al que las compra, con la diferencia de cuatros hectáreas menos) a Corporación Blanca Playa, donde figuran los dos hijos de Espino y Homsany Achar.

Blanca Playa fue inscrita el 11 de agosto de 2006, seis años después que se fundara Corporación Playa Blanca.

En otras palabras, los terrenos de Catastro, que adquirió Espino, fueron vendidos a personas naturales y jurídicas, pero terminaron en sociedades relacionadas con él mismo.

JUSTIFICAN VENTA

Mientras la madeja de esta historia de conexiones, negocios y daños ambientales aún no termina de desenredarse, las autoridades intentan explicar cómo se dio la última venta a cargo de Reforma Agraria.

El presidente, Martín Torrijos, se presentó ayer al programa Debate Abierto de Medcom, donde negó el tráfico de influencias en el caso y dijo que nunca ha llamado a ningún funcionario para fijar precio de venta de tierras, “ni mucho menos para que se vendan a precios ridículos”.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, convocó a una conferencia de prensa para justificar la venta a menos de un centésimo (0.008) el metro cuadrado en la zona costera.

Incluso, contradijo la opinión técnica del director Nacional de Análisis y Avalúo de la Reforma Agraria, Rolando Bernal, quien planteó en un informe que los terrenos vendidos son inundables y en gran parte están conformados por manglares. Salazar argumenta que el área no era manglar, por lo que la venta no tiene ninguna irregularidad.

Bernal en un informe fechado el 13 de julio de 2006 señaló que el terreno se caracterizaba por estar formado por playa y vciénagas marinas y que un alto porcentaje estaba constituido por manglar. Por lo tanto Reforma Agraria no tenía competencia para fijar precios.

Salazar explicó además que el precio se estableció en base a la Resolución 113 de 27 de marzo de 1990, que señala los montos por hectárea dependiendo de la cantidad negociada.

Sin embargo, ninguna de las categorías que el ministro cita en la resolución coincide con el precio en que se vendió el terreno el pasado 12 de marzo.

De hecho, una venta que le hizo Reforma Agraria a la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, de unos mil 70 metros cuadrados el 5 de septiembre de 2005, en la misma zona, estableció el precio del metro cuadrado en dos dólares. ¿Cuál es el criterio?

Ante este escándalo, que ha tocado el seno de su propia familia y de su Gobierno, Torrijos propuso ayer la creación del Instituto de Tierras para “evitar que se esté disponiendo de tierras del Estado a precios irrisorios”.

Además: Tráfico de influencias · Manglares · Islas y Costas · Costas · Corrupción · Urbanismo

Delitos ambientales en las playas de Isla Bastimentos

Lo que se puede considerar como un robo de espacios públicos y enajenación de facto, muchos especuladores se han apoderado de las prístinas playas de Bocas del Toro.

Aquí una sociedad denominada Cinco Cruces se disputa con Red Frog Beach, un total de 85 hectáreas de playas denominada Playa Polo.

Polo fue un lugareño que fue seducido por el dinero de estos especuladores y vendió sus tierras a Cinco Cruces, pero Red Frog Beach siempre le quiso quitar las tierras a Polo. Ahora la pelea es entre especuladores.

Mientras tanto, Cinco Cruces ha comenzado, con un séquito de lugareños peones, el relleno de los terrenos pantanosos inmediatos a la playa en mención. Han sacado desde enero de 2007, enormes cantidades de arena para rellenar ilegalmente los humedales circundantes.

Ya la playa se nota totalmente socavada por esta acción ilegal.

Las tortugas canales que llegan al sitio no podrán llegar, ni mucho menos anidar.

Dios te libre Panamá de la acción de esta gente y de la inacción de las autoridades.

Image01.jpg	Image02.jpg	Image03.jpg	Image04.jpg
Image05.jpg	Image06.jpg	Image07.jpg	Image08.jpg
Image09.jpg	Image10.jpg	Image11.jpg	Image12.jpg
Image13.jpg	Image14.jpg	Image15.jpg	Image16.jpg
Image17.jpg	Image18.jpg	Image19.jpg

Marea negra de petróleo aún persiste en Laguna de Chiriqui Grande Bocas del Toro

La negra costa de Chiriquí Grande

LA PRENSA/Boris Gómez

En Chiriquí Grande aún reina la incertidumbre, tras el derrame de petróleo que hace más de dos meses tiñó de negro las aguas y las costas de esta zona de Bocas del Toro. Los moradores y las autoridades del lugar mantienen discrepancias en torno al accidente. Mientras funcionarios de Salud afirman que el peligro pasó, los pescadores temen faenar y dicen que sufren de enfermedades.

BOCAS DEL TORO. LOS MORADORES AMENAZARON CON REALIZAR PROTESTAS.
Tensa calma en Chiriquí Grande

El alcalde de Chiriquí Grande no descarta que haya personas tratando de aprovecharse de la situación. La corregidora de Punta Laurel desmintió que un niño haya muerto por consumir pescado contaminado.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/B. Gómez

CONTAMINACIÓN. Al visitar el área afectada se puede observar que aún hay piedras cubiertas por petróleo.

Boris Gómez CHIRIQUÍ GRANDE, Bocas del Toro

Una tensa calma se vive en Chiriquí Grande y en otras comunidades cercanas, donde hace 77 días se registró un derrame de petróleo.

La tensión se debe a que hay dos grupos organizados que no están satisfechos con la posición del Ministerio de Salud, que determinó, mediante un comunicado emitido a finales de marzo pasado, que los peces y mariscos de La Laguna de Chiriquí Grande están libres de contaminación.

Hay tal desconfianza que los indígenas responsabilizan de cualquier enfermedad al derrame, aunque los médicos le digan que el petróleo no tuvo nada que ver.

"Mi familia no sufría de asma y ahora sí la tiene y no le creo al médico", dijo Nicolás De Gracia Montezuma, un morador de la comunidad de Ballena.

Los grupos advierten que si la próxima semana no se establece un diálogo con la empresa Petroterminal de Panamá (PTP), entonces van a tomar acciones de protesta en el Puerto de Chiriquí Grande.

Javier Selles, vocero del grupo Ngöbe Pro Defensa de Chiriquí Grande, indicó que ellos no pueden creer que tan solo después de un mes ya el Gobierno haya dicho que se puede pescar sin temor a enfermarse por el consumo de los productos del mar.

"La gente de unas 54 comunidades no quiere pescar por temor a enfermarse. Nosotros nos preguntamos: ¿Cómo van a subsistir por los próximos meses o años, si pescar es inseguro?", señaló Selles.

De Gracia Montezuma indicó que él es testigo de que los manglares no han sido limpiados con la delicadeza que ameritan y las playas siguen contaminadas.

"Había 400 trabajadores y ahora hay solo 50. Muchos de ellos laboraron, al igual que yo, sin mascarillas y ahora están afectados", dijo el morador.

En tres ocasiones le hemos pedido a los directivos de la empresa que se reúnan con nosotros, y no hemos conseguido que nos atiendan, declaró De Gracia Montezuma.

¿Juega Vivo?

Locario Jaén, alcalde de Chiriquí Grande, declaró que a él también le llegan reportes de personas afectadas por molestias estomacales, pero que no tienen constancia de las enfermedades por exámenes médicos.

Jaén no descarta que haya personas tratando de aprovecharse de la situación para sacar ventaja de una posible proyección política o conseguir indemnizaciones.

"Nosotros hemos oído hablar de una demanda de 500 millones de dólares, pero la comunidad de Chiriquí Grande no conoce de la misma. El municipio quiere dialogar y aún no hemos decidido demandar", indicó Jaén.

Corren los rumores

El jueves a las 8:00 p.m. en Chiriquí Grande empezaron a correr rumores de que un menor había fallecido en Punta Laurel por la ingesta de pescado contaminado. La propia representante del corregimiento de Punta Laurel, ubicado a una hora en lancha del Puerto de Chiriquí Grande, Hilda Wright, desmintió la muerte.

Wright sin embargo dijo que los buceadores de langostas y conchas la están pasando muy mal, supuestamente por estar afectados por residuos de hidrocarburos en las profundidades.

"Dos buzos han venido a denunciar la afección en sus ojos, que se encuentran irritados como nunca antes", añadió.

Wright dijo que ella sí está de acuerdo con la demanda de 500 millones de dólares, por lo que le han pedido al abogado Silvio Guerra que los represente en el proceso.

¿Cuánto vale la naturaleza y el trabajo de 600 familias y 54 comunidades? Un empleado veterano de PTP, que pidió reserva de su nombre, opinó: "El proyecto de oleoducto costó hace 25 años 350 millones. Supongamos que ahora valga 100 millones más: ¿Cómo van a demandar a la empresa por esa cantidad?".

Los informes médicos

La doctora encargada del Centro de Salud de Chiriquí Grande, Rosaura Dean, indicó que al principio del derrame, los dolores de cabeza fueron el azote de los residentes de las comunidades aledañas.

"Recibimos en un día aproximadamente 20 casos, después se fueron presentando a razón de uno o dos por fecha, pero ninguno de los casos se ha presentado de gravedad", aseguró.

Algunos de los afectados eran trabajadores; y otros, residentes, lo que consideró normal, tomando en cuenta que hubo un elemento extraño y contaminante en el ambiente.

La versión de la empresa

"Aún el tema de la limpieza no ha terminado con la Autoridad Marítima y estamos a disposición de todas las labores que el estado nos ordene y sea necesario hacer", explicó Óscar López, gerente de proyectos de PTP.

López dijo que los análisis de suelo, agua y costa no han revelado contaminación y se está haciendo un inventario ambiental por toda la zona.

López rechazó que los manglares estén devastados. "Están afectadas 5 de las 90 hectáreas de manglares de La Laguna, pero no han sido arruinadas inclusive hay regeneración de semillas", indicó.

Las labores de limpieza se están desarrollando en el área conocida como Roca, que es una playa rocosa-arenosa. Va desde la zona conocida como Piña, a tres minutos en bote de Chiriquí Grande, hasta la de Ballena, y comprende aproximadamente 800 metros.

El daño mayor está en un área conocida como Shore Side, desde donde salió el crudo hacia los demás sectores de la bahía.

"La zona de Shore Side está cerrada por un muro de contención y estamos remediando el daño con productos, pues el crudo fue absorbido por la tierra", indicó Óscar López, gerente de Proyectos de PTP.

Unos 30 trabajadores se concentran en lavar las piedras de la playa con mangueras a presión, recoger los cilindros esponjosos y poner en sacos las piedras y las esponjas para llevarlas a una barcaza. La barcaza luego trasladará los sacos a un barco que llevará la carga contaminada a una zona de tratamiento.

"Nosotros estamos con las puertas abiertas para buscar soluciones, pero ¿a quién nos toca atender si hay más de una organización? No hay pruebas científicas de que la población esté afectada ni de que la contaminación, como dicen algunos, nos vaya a atacar por 15 años", dijo López.

El informe Velásquez

En medio de la tensión de la zona, el funcionario Emigdio Velásquez, de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), levantó un informe para entregarlo a sus superiores esta semana.

El informe de la AMP es esperado por la empresa y por la comunidad. Velásquez estuvo por más de 20 días en la zona supervisando los trabajos, y sus superiores no le permitieron dar detalles del trabajo.

La tensión sigue en el lugar

Algunos dueños de botes se niegan a llevar periodistas al recorrido. En las tiendas y restaurantes se pueden escuchar opiniones favorables y desfavorables a la PTP. Hay quienes acusan a los dirigentes de avivatos, y otros dicen que están peleando por los derechos de los desposeídos.

Chiriquí Grande parece una de esas películas del oeste en que dos vaqueros están fumando sentados sobre un barril de pólvora, frente a un bar en el que con la primera trompada se desata una batalla campal.

Fuente: La Prensa, 22 de abril de 2007.

Venta y devastación de manglares en Punta Chame

Venden y devastan manglares de Punta Chame

SIN PERMISOS. EMPRESA BUSCA DESARROLLAR PROYECTO TURÍSTICO.

Devastan Punta Chame

Un tío del presidente, Martín Torrijos, está al frente de la compañía que compró una zona de manglares.

La Reforma Agraria vendió en marzo de este año el terreno a menos de un centavo el metro cuadrado.

LA PRENSA/Maydée Romero

RELLENOS. ‘Bulldozers’ han acomodado sobre parte de lo que antes era una zona poblada de manglar una gruesa capa de arena. Esta fotografía fue tomada hace apenas 10 días, aunque testigos afirman que la maquinaria está presente desde hace varios meses.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Varias hectáreas de mangle ubicadas en Punta Chame han sido convertidas en playa sin que medie permiso alguno de las autoridades para el desarrollo de un proyecto turístico de la empresa Corporación Playa Blanca, cuyo presidente es Rodolfo Charro Espino Durán, tío del jefe del Ejecutivo, Martín Torrijos Espino.

Entre octubre y noviembre del año pasado, la empresa taló el manglar, y en enero de este año la labor se intensificó, revelaron moradores de la zona. Luego, la zona fue quemada y de inmediato empezó un relleno con arena extraída de la playa de Punta Chame. El pasado 12 de abril, este diario observó el avance del relleno.

Las obras comenzaron mientras Espino todavía tramitaba la compra del terreno –26 hectáreas en total–. El 12 de marzo de 2007, la Dirección de Reforma Agraria le vendió el terreno en 2 mil 80 dólares, es decir, a menos de un centavo el metro cuadrado.

Bolívar Zambrano, director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente, dijo que no hay registros de que la empresa haya presentado un Estudio de Impacto Ambiental para su desarrollo. Leika Martínez, directora de Recursos Marinos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, dijo que tampoco tiene una solicitud para la ejecución de estas obras.

Espino dijo que cuenta con los permisos de la Autoridad Marítima de Panamá.

———————————–

PUNTA CHAME. DEVASTACIÓN DE ZONA COSTERA.

La mejor compra del tío de Torrijos

Reforma Agraria le vendió área de costa a Rodolfo Espino Durán a menos de un centavo el metro cuadrado.

El globo de terreno vendido tenía derechos posesorios que no fueron reconocidos por Reforma Agraria.

LA PRENSA/ Maydée Romero

ALTERACIÓN. Toneladas de arena han sido usadas para rellenar, con un tractor, los terrenos que antes eran áreas de manglar y ciénagas marinas, con el fin de construir un proyecto turístico en Punta Chame.

Pulse aquí para apreciar la imagen

José Arcia
jarcia@prensa.com

Para el tío del presidente Martín Torrijos Espino, Rodolfo Charro Espino, todo era perfecto. El mar y la blancura de la arena de la playa se combinaban con el verdor del manglar en Punta Chame.

En esta área incluida en 1996 en la denominada Zona 4 Farallón para el Desarrollo Turístico de Interés Nacional, Espino visualizó lo que sería una gran inversión para él, además de una transacción que es la envidia de los corredores de bienes raíces, pero que para Fernando Fontane, dueño de los derechos posesorios del globo de terreno que Espino adquirió, no es más que el “despojo” de sus derechos.

Espino compró 26 hectáreas de tierra a menos de un centésimo el metro cuadrado, y a pesar de no tener los permisos correspondientes, este año devastó zona de manglar y comenzó a rellenar la propiedad con arena de esa zona.

CORPORACIÓN PLAYA BLANCA

El 16 de marzo de 2000, Espino inscribió en el Registro Público la empresa Corporación Playa Blanca y un año después, el 14 de septiembre de 2001, empezó el proceso de compra de un globo de 85 hectáreas de zona costera en Punta Chame. Este terreno había sido otorgado en derecho posesorio a favor de Fontane, quien, en 2000, comenzó los trámites para su titulación.

Fontane dijo que él ha trabajado parte de esas tierras por más de 16 años y en su mano tiene una certificación del antiguo Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables de 1996, hoy Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), en la que le concede permiso especial para abrir un camino, pero en la que también le ordena poner en marcha un plan para arborizarlo.

También posee una certificación del alcalde de Chame, Euclides Mayorga, en la que da fe de sus derechos posesorios.

El 29 de septiembre de 2006, Fontane decide traspasar sus derechos posesorios a su hermana Idania Fontane, proceso que fue acogido por Juan Álvarez de la Dirección Nacional de Reforma Agraria.

Un mes después Idania descubre que en el terreno de su hermano se estaba talando el manglar. “Enfurecida empecé a investigar en la Reforma Agraria qué había pasado con el proceso de mi hermano”, dijo.

Para su sorpresa, en la Dirección Nacional de Reforma Agraria no le daban respuesta. En febrero de 2007 descubre que el terreno de manglar estaba siendo rellenado con la blanca arena de la playa de Punta Chame.

“Yo vi cómo sacaban la arena de la playa para rellenar el área devastada”, dijo Idania.

Este diario llamó la semana pasada al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) para verificar si la empresa Corporación Playa Blanca contaba con permiso de extracción de arena. La respuesta llegó mediante un correo electrónico de la Oficina de Relaciones Públicas que señalaba: “de acuerdo con la dirección de Recursos Minerales del Mici, esta empresa no tiene concesión y no la ha solicitado”.

Después de varios meses de investigar sobre el estado del terreno de su hermano, en marzo Idania descubre que Espino adelantaba la adjudicación a título oneroso de las últimas 26 hectáreas y que el resto ya había sido adjudicado a la misma empresa y posteriormente traspasada a otras compañías, lo que según ella comprobó en la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a cargo de Nadia Moreno.

Al ver que la adjudicación de las últimas 26 hectáreas estaba en proceso, empezó una batalla legal para tratar de “salvar lo poco que nos quedaba”.

Mediante su apoderado legal Esteban López, del bufete Katz & López, el pasado 7 de marzo presentó un recurso de oposición al proceso de adjudicación.

Sin embargo, cinco días después, el 12 de marzo, la Reforma Agraria adjudicó a título oneroso las 26 hectáreas por la suma de 2 mil 80 dólares.

Charro Espino pagó menos de un centésimo (0.008) por cada metro cuadrado de manglar en Punta Chame, donde actualmente este se comercializa entre 25 y 50 dólares el metro cuadrado, según cálculos de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces.

Si se toma de referencia estos precios, el terreno costaría entre 6 millones 250 mil dólares y 12 millones 900 mil dólares.

INTIMIDADES DE UN PROCESO

Mientras Idania investigaba qué estaba pasando con su globo de terreno de 80 hectáreas, Espino dictaba órdenes, por escrito, a la directora de Reforma Agraria, Nadia Moreno.

En una nota fechada el 28 de diciembre de 2006 enviada a Moreno, Espino solicitó que Rolando Bernal, jefe del Departamento Nacional de Análisis y Avalúo de Reforma Agraria, no participara en la diligencia de fijación de precio de las 26 hectáreas. Además, que se tomaran “las medidas pertinentes, de manera que se culmine la diligencia de fijación de precio al área en trámite”.

La reacción de Espino se produjo luego que Bernal enviara el 13 de julio de 2006 una nota a Moreno en la que certificaba que la fijación del valor del terreno no era competencia de Reforma Agraria.

Bernal sustentó su decisión en que el terreno pedido en compra estaba formado por playas y ciénagas marinas y que son terreno inundable por alta mar. Además, decía que un alto porcentaje estaba constituido por manglares.

El 5 de marzo de 2007 se fijó el precio. (Ver facsímil)

Al parecer, a Espino tampoco le gustó la descripción topográfica que hizo Bernal del terreno. En una nota enviada el 6 de octubre de 2006 le pide a Moreno que solicite a la Dirección Regional de Panamá Oeste de la Anam una nueva inspección, alegando que la anterior fue sobre toda el área, incluyendo los 200 metros del nivel de la marea más alta.

Moreno, tres días después, el 9 de octubre, le hace la solicitud al director regional de Panamá Oeste de la Anam, Luis Vega, quien el 18 de octubre, mediante nota ARAPO- 15 39, le envía su respuesta: “Esta zona no está influenciada directamente por las mareas. Al igual que ésta [zona en venta], el resto del área de influencia ha sido fuertemente alterada desde hace varias décadas”.

En esa misma nota dice que 11.37 hectáreas, que equivale al 44% del terreno, tiene mangle.

Pero Vega deja saber que para el caso de que a futuro se haga un proyecto, se deberá realizar, previamente, una evaluación ambiental.

A la fecha no hay Estudio de Impacto Ambiental.

El pasado lunes, 16 de abril, este diario tramitó una entrevista con Moreno, en el Mida, para que explicara cada detalle de las cartas y el por qué de esa venta. La solicitud fue reiterada en tres ocasiones durante la semana y la oficina de Relaciones Públicas informó que pusieron en conocimiento de Moreno la solicitud, pero ella no respondió.

El pasado viernes, 20 de abril, se contactó a Espino, quien dijo que se le devolviera la llamada a eso de las 11:00 a.m. del día siguiente. Cuando se le volvió a llamar, pidió nuevamente que lo llamaran a las 3:00 p.m. Luego no contestó su celular.

Pero en una conversación corta, en una de esas llamadas, Espino dijo que él contaba con los permisos de la Autoridad Marítima de Panamá, la cual, incluso, le exigió sembrar 8 mil palos de mangle, y que él sembró 12 mil.

Al final, Fontane lo perdió todo y a Espino todo le salió perfecto. El Ministerio de Obras Públicas comenzó en 2006 el asfaltado de los primeros 10 kilómetros de carretera –de los 17 que hay entre la Panamericana y Punta Chame– vía que termina justo en la entrada del área devastada, y este año seguirá con el resto.

Arap investigará el proyecto

Al reconocer que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) no ha dado permiso para desarrollar un proyecto en Punta Chame, el director de la institución, Richard Pretto, dijo que se investigará qué fue lo que pasó.

“Lamentablemente el daño está hecho. Tenemos un gran problema en las zonas de manglar y nuestra primera tarea es empezar un plan de desarrollo”, dijo Pretto después de que le pidiera a su equipo técnico explicar a este diario la importancia del manglar.

Lo cierto es que Punta Chame fue una de las zonas elegidas por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe (Cathalac) para desarrollar un proyecto de reforestación de área de mangles.

La iniciativa tiene dos años durante los cuales se han repoblado 300 hectáreas de manglar en toda la zona, dijo José Berdiales, jefe del proyecto, quien se mostró sorprendido al enterarse de la devastación de varias hectáreas de manglar en esa área turística: “No es posible que mientras unos se preocupan por conservar, otros simplemente destruyen”.

Etiquetas: Humedales · Manglares · ANAM · Islas y Costas · Recursos Naturales · ARAP · Costas

Proyecto de Las Perlas es aprobado en segundo debate

Vía rápida

Proyecto de Las Perlas es aprobado

ASAMBLEA. El pleno legislativo aprobó en segundo debate el proyecto de ley que declara al Archipiélago de Las Perlas como zona especial de manejo marino costero. Se trata de la segunda vez que el proyecto es aprobado por el pleno legislativo, ya que tras un previo debate en el pleno del hemiciclo, fue devuelto a la comisión respectiva para introducirle modificaciones.

Uno de estos cambios guarda relación con la obligación de que el programa de manejo costero integral que se apruebe, concuerde "con los lineamientos y planes de desarrollo turístico sostenible".

La Prensa, 18 de abril de 2007

Derrame petrolero causó daños a arrecifes y áreas protegidas

Autoridades esperan que culminen limpieza de derrame de petróleo en Chiriquí Grande

Autoridades ambientales aseguraron que el derrame del crudo cubrió tanto áreas marinas como terrestres, por lo que la limpieza es un proceso bastante complejo.

Panamá,(EFE).- Luego de dos meses de que un derrame de crudo afectara las costas de Chiriquí Grande, las autoridades panameñas aún esperan que culmine la limpieza total para poder cuantificar los daños y tomar las medidas del caso, informó hoy una fuente oficial.

La empresa comprometida en el hecho y que sería víctima de sanciones es la estadounidense Petro Terminales de Panamá (PTP), que construyó en la década de 1970 el oleoducto que transporta crudo del Pacífico al Atlántico panameño en el occidente del país.

La nave M.T. Petrosvsk, de bandera de Liberia, derramó a inicios del mes de febrero pasado más de cinco mil barriles de petróleo mientras realizaba el bombeo del crudo, debido a un daño en una de las válvulas del sistema de carga de PTP hacia la boya de abastecimiento, en un valiosa área de la costa del Caribe panameño.

La directora del Departamento Nacional de Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Natalia Young, dijo a Efe que el derrame del crudo cubrió tanto áreas marinas como terrestres, por lo que la limpieza es un proceso bastante complejo.

"Tenemos entendido que, en términos de limpieza, en la parte marina el crudo se ha recuperado en su totalidad, pero todavía faltan áreas sensibles, un poco más complicadas", expresó.

Debido a esto, dijo la funcionaria, aún no se tiene una fecha para determinar la culminación de la limpieza, aunado al hecho de que "independientemente de que la empresa finalice, a la ANAM le corresponde monitorear para verificar que la información entregada es la correcta".

La directora de la institución ambientalista reconoció que una vez se dio el derrame las acciones fueron rápidas para el control y recuperación del crudo, pero eso no evitó que zonas mucho más sensibles, como los manglares, fueran afectadas considerablemente.

Según los informes, el área afectada cubre más de 700 hectáreas en el área marina.

Entre ellas se encuentra Cayo Zapatillas, dos islas ubicadas sobre una plataforma de coral que se encuentran dentro del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, donde anidan la tortuga carey, especie en mayor peligro de extinción, y la tortuga canal, considerada la más grande dentro del grupo de los Quelonios.

El derrame también afectó a comunidades indígenas y zonas costeras, entre ellas la Isla Tigre, Cayo de Agua, Guariviara, Mancreek, Bahía Ballena y Punta Laurel, donde se ha registrado la mortandad de peces.

Sobre la multa o sanción que se le impondría a la PTP, Young señaló que no podría adelantar ese detalle porque, "además de un poco irresponsable, pondría en peligro el proceso administrativo que se lleva".

"Lo que sí puedo asegurar es que estamos evaluando cada uno de los elementos. Tenemos mucha información sobre la magnitud de los daños, pero estamos siendo bastante cuidadosos al respecto", añadió.

No obstante, la Ley General de Ambiente de Panamá establece multas máximas de un millón de dólares, según la magnitud del daño ambiental y las medidas adoptadas por la empresa comprometida en el incidente. EFE

La Estrella de Panama, 14 de abril de 2007

Derrame sigue causando daños ambientales a costas de Bocas del Toro

Derrame de crudo sigue causando daños en el Caribe panameño

Organizaciones ecológicas de Panamá aseguran que la limpieza de las aguas no han sido del 90 por ciento como aseguran las autoridades. Foto/Archivo PANAMA (AP) - Un derrame de 5.030 barriles de crudo ocurrido hace dos meses en el Caribe panameño sigue matando animales marinos y causando enfermedades a los pobladores, denunciaron pescadores y organizaciones ambientales. También acusaron al gobierno y a la empresa Petroterminal, que ocasionó el derrame, de actuar de forma "irresponsable" y de desestimar las secuelas del accidente que ocurrió en febrero en un área costera y de manglares en Chiriquí Grande, a unos 400 kilómetros al oeste de la capital. Las autoridades "mienten cuando dicen que han limpiado el 90% del derrame. Todavía hay evidencias de la contaminación", dijo el viernes en rueda de prensa Mariano González, representante de las comunidades afectadas. La denuncia fue respaldada por la organización internacional Oilwatch y el grupo Almanaque Azul que impulsa el turismo ecológico en Panamá. El accidente se produjo por la rotura de una de las válvulas hidráulicas que abastecen los barcos en el puerto de la empresa privada Petroterminal que refina petróleo. "Hay contaminación en las playas, en los peces, en las almejas y conchas que son nuestros productos de supervivencia", afirmó González. El biólogo Mir Rodríguez de Almanaque Azul dijo que las autoridades han actuado de manera "irresponsable". "Solamente tomaron un par de peces y dijeron aquí no hay contaminación... no analizaron diversos tipos de moluscos, ni han hecho monitores", señaló. "Hemos visto animales marinos como peces y langostas muertas, eso esta pasando ahora mismo, incluso en áreas protegidas", insistió Rodríguez. Alicia González, que vive de la pesca en la localidad de La Conga, una de las 54 comunidades afectada, se quejó de que la pesca ya no es como antes. "Cuando salimos a pescar tiramos la red y cogemos pocos peces... la gente dice que esos pescados están contaminado y no los quieren comprar", comentó. "Mi suegro comió pescado y desde hace un mes tiene diarrea", señaló. Dijo que debido al derrame hay personas con enfermedades en la piel y estomacales y también con diversas manifestaciones de alergias. José González Jaramillo de la Oilwatch dijo que las comunidades afectadas han interpuesto un recurso legal acusando a la empresa Petroterminal, de capital estadounidense y panameño, de delito ecológico. Piden que se les indemnice por los daños. La Autoridad Marítima de Panamá dijo que junto a empresa Ocean Pollution Control logrado recuperar buena parte del crudo derramado, que las investigaciones continúan y que ha pedido a la empresa un plan de mitigación de daños. La Estrella de Panamá, 14 de abril de 2007.

Planes de turismo y urbanismo en Isla Pedro Gonzalez

DESARROLLO. Elaboran plan para isla Pedro González.

Grupo Eleta invierte en turismo

El grupo ha contratado a la firma internacional de arquitectos Duany Plater -Zyberk & Company (DPZ).

Se organizan sesiones de planificación y talleres para que se puedan compartir los planes turísticos de la isla.

LA PRENSA/ Bernardino Freire

PRESENTACIÓN. Andrés Duany, socio fundador de DPZ Latin America, explica los pormenores de los planes de desarrollo de isla Pedro González, el miércoles en la noche.

Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com

Grupo Eleta apuesta por el turismo y para ello ha contratado los servicios de la firma internacional de arquitectos Duany Plater -Zyberk & Company (DPZ) para que los asesore en la elaboración del plan maestro de desarrollo de una comunidad turística en la isla Pedro González, localizada en el archipiélago de Las Perlas.

Con el propósito de crear un foro que promueva un diálogo abierto entre especialistas en el tema turístico y urbano y la comunidad en general, el grupo ha organizado una serie de sesiones de planificación y talleres que se iniciaron la noche del miércoles con una presentación de Andrés Duany, socio de DPZ y reconocido como "el pionero del nuevo urbanismo".

Duany dio detalles de cómo se planifica una ciudad basado en los principios que convierten a las comunidades en lugares habitables: accesible a los peatones, conectividad, uso mixto, diverso y compacto, arquitectura y diseño urbano de calidad, estructura tradicional de barrio, transporte apropiado, sostenibilidad y calidad de vida.

En estos talleres, los residentes, diseñadores, funcionarios y representantes de organizaciones ambientales y de otros desarrolladores turísticos comparten su visión con respecto a los planes para el desarrollo turístico en la isla Pedro González.

"El grupo como propietario de una isla del archipiélago de Las Perlas, ha querido sumarse al desarrollo turístico de manera seria y responsable y para ello nos abocamos a la tarea de buscar una firma que nos asesorara sobre cómo hacer este desarrollo de forma sostenible, respetando el patrimonio natural que tenemos como país", dijo el director ejecutivo de Grupo Eleta, Guillermo Saint Malo Eleta.

------------------------------

Ojalá este proyecto no sea otro plan especulativo más que afecta a isleños y la naturaleza. Al hablar de urbanismo en una isla se prevé especulación irremediablemente.

Gobierno vendió manglar y playas inadjudicables

SAN CARLOS. LA COMUNIDAD ADVIRTIÓ QUE SE ESTABA TALANDO DE FORMA ILEGAL.

MEF vendió manglar

La venta se hizo ignorando opiniones técnicas que advertían que el área no podía adjudicarse.

El terreno fue devastado en 1995, de forma ilegal, y 10 años después se concretó la compra.

LA PRENSA/Jorge Fernández

SECUELAS. El área de manglar que fue devastada en la playa La Ensenada se estaba recuperando. Ese ecosistema, que sirvió de barrera natural contra la fuerza de las olas y era rico en biodiversidad, ya no existe.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avaló en 2006 la venta de 8 mil 811 metros cuadrados de área de manglar a la empresa Desarrollo Turístico San Carlos en la playa La Ensenada, que entre sus representantes tiene a Gabriel Diez.

Esto a pesar de que existía una advertencia de la Autoridad Marítima de Panamá y del Consejo Municipal de que el área debía ser conservada por ser un manglar, es decir, inadjudicable.

El aviso no solo llegó de las autoridades locales y nacionales, sino también de la comunidad, que denunció la tala del manglar y la venta “ilegal” del terreno sin que el entonces director de Catastro, Benjamín Colamarco, hiciera caso.

Diez –cuya abogada es Giulia De Sanctis, presidenta de la Alianza Pro Ciudad– alega que el área no es manglar, y Colamarco dice que no recuerda con detalle esta venta.

La empresa planea anexar estas tierras a otras de su propiedad, para un desarrollo turístico que incluye un hotel.

——————————-

SAN CARLOS.SERVIDUMBRE MARÍTIMA pasó a manos privadas.

Así se vendió el manglar

En 1995 el empresario Arturo Diez devastó un área de manglar para construir un hotel.

En agosto de 2006 el área fue vendida por el Estado al hermano e hija de Arturo Diez.

LA PRENSA/Jorge Fernández

TALADO.Todavía quedan restos del manglar derribado.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Ni las advertencias de autoridades municipales y gubernamentales ni muchos menos 10 años de lucha ciudadana para conservar un área de manglar, fueron suficientes para evitar que Benjamín Colamarco aprobara la venta de 8 mil 811 metros cuadrados de zona costera cuando fungía como director de Catastro el año pasado.

El inicio de la venta se remonta a noviembre de 1995 cuando el empresario Arturo Diez (q.e.p.d) entró con su maquinaria y devastó un área de manglar, adyacente a un lote de su propiedad en La Ensenada de San Carlos.

En ese momento moradores de las comunidades de Gil Ponce y La Ensenada, encabezados por Xiomara de Armijo y Gabriela Pascual, presentaron la denuncia ante el ahora desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovable (Inrenare).

Primera irregularidad

El 16 de noviembre la Dirección Regional de Panamá Oeste inspeccionó el lugar y detectó dos tractores efectuando “limpieza, rellenos y nivelación de la playa, trabajos que afectan a la playa, ya que se moviliza arena para rellenos de un cauce natural”.

Esto consta en un informe que le envió el director regional del Inrenare, Rodolfo Jaén, a su director general Rolando Guillén, el 22 de diciembre de 1995, en donde detalla todas las diligencias administrativas que había realizado la institución en contra de Arturo Diez.

El informe señala que se observaron árboles “abatidos” por los tractores y se iniciaba tala de un área de bosque residual de mangle.

Luego de la primera ins-pección, el 16 de noviembre, el Inrenare ordenó paralizar los trabajos por no contar con los permisos respectivos y citó a Ernesto Quezada, responsable de los trabajos de limpieza en el lugar, pero no se presentó. El 22 de noviembre fue citado por segunda vez y tampoco acudió.

En vista de ello, Jaén ordenó al guardabosque Rolando Zapateiro y con apoyo de la Fuerza Pública citar a Quezada por tercera vez. El 18 de diciembre Quezada se presentó al Inrenare de La Chorrera y alegó que “él es un empleado que trabaja en el área por instrucciones del ingeniero Arturo Diez Pérez y que éste le manifestó que continuara, que él [Diez] se encargaba de hacer los arreglos en Panamá”.

El miércoles 20 de diciembre de 1995, señala el informe, Arturo Diez dijo por teléfono a Jaén que él desconocía los trámites a seguir para hacer esos trabajos. Pero ese mismo día el Inrenare volvió a hacer otra inspección y encontró que el empresario “continuaba con los trabajos… y cortaba el sotobosque de una pequeña área de manglar que aún quedaba en el área”. El Inrenare multó a Arturo Diez con 5 mil dólares, sanción que más tarde fue rebajada a mil dólares.

En una nota fechada el 26 de diciembre de 1995 enviada a Jaén, Arturo Diez informó que suspendió los trabajos y ordenó devolver el equipo pesado a Panamá “hasta tanto se satisfagan los requisitos de impactos ambiental”. Arturo Diez fallece en 1997.

El tema quedó allí hasta siete años después cuando el 6 de agosto de 2004 los herederos de Arturo Diez, su hija Mónica Diez y su hermano Gabriel Diez, solicitaron la compra de un “globo de terreno baldío nacional” con una área de 8 mil 811 metros cuadrados.

El director del Catastro de ese entonces, Otoniel Hidalgo, realizó las primeras diligencias de la solicitud de compra, solicitando la opinión de las distintas entidades involucradas en el tema. En septiembre de 2004 las nuevas autoridades gubernamentales asumen el poder y Armijo y Pascual volvieron a activar su lucha para impedir que el terreno fuera vendido .

Ambas, a través de su apoderada legal , Gilma De León, interpusieron recursos de oposición a la venta ante la Dirección de Catastro, que estaba en manos de Colamarco.

Además, solicitaron una inspección a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que en octubre de 2005 certifica, mediante un informe, que en el área había “mucho rebrote y nacimiento de árboles de mangle blanco, rojo y achaparrado, además de que el área estaba anegada con agua salada producto de la entrada de las mareas”.

La AMP concluye que se declare el área de manglar como zona de preservación y que se niegue cualquier solicitud de concesión o compra por ser área inadjudicable.

El 10 de enero de 2006 este informe fue entregado a la Dirección de Catastro. El 27 de abril del mismo año Colamarco deja la Dirección de Catastro para asumir el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y el 23 de agosto de 2006 el Estado firmó el contrato de compra del área por la suma de 98 mil 26 dólares.

Autoridades y empresario

El ministro Colamarco dijo ayer que “en ningún momento vendió ese terreno porque no es de su competencia”. Tiene razón, el contrato de venta lleva la firma de la viceministra de Finanzas, Orcila Vega de Constable, quien no pudo ser contactada para esta nota. Pero lo cierto es que la aprobación de la venta es otorgada por la Dirección de Catastro.

Colamarco se apoya en el asesor legal de MOP, Edgar Aguilera, quien también trabajaba en Catastro durante su período. “Esa compra se aprobó porque existía toda la documentación que lo validaba”, dijo Aguilera.

La abogada de Gabriel Diez, Giulia De Sanctis, dijo estar sorprendida del informe de la AMP. Señaló que su cliente desconocía de ese informe.

Diez, por su parte, manifestó que todo el proceso se hizo basado en las normas existentes.

La Prensa, 4 de abril de 2007

Tags: ARAP · Vida Silvestre · Privatización de playas · Política económica · Costas · Urbanismo · Corrupcion · Ecología