Así de fácil vendemos nuestras islas a extranjeros

Islas panameñas flecharon al empresario Michael Klein

La meta del estadounidense era inscribir las Islas Secas en una fundación, para así lograr su conservación a perpetuidad. La belleza natural del lugar lo atrajo desde el primer momento que llegó allí.

Santiago Cumbrera

PA-DIGITAL

Se enamoró de la flora y fauna de Panamá en un abrir y cerrar de ojos.

En Islas Secas, ubicadas al sur de Veraguas, encontró lo que siempre soñó: ?un lugar paradisíaco de exuberante vegetación" para construir un alojamiento ecológico que fuera, por lo menos, autosostenible.

Se trata del estadounidense Michael Klein, quien desapareció junto a su hija y una amiga de ésta, cuando viajaban en una avioneta hacia Volcán, Chiriquí, el domingo pasado.

Klein, un luchador por la preservación del medio ambiente, es propietario de 16 islas inhabitadas de origen volcánico que, en su conjunto, conforman Islas Secas.

Este hombre de negocios conoció esta zona del país por un accidente del destino, como dijo a la revista electrónica "En Exclusiva", que lo entrevistó en el 2005.

Su hermana -conociendo su atracción por la naturaleza- lo invitó a vacacionar en Islas Secas luego de quedar fascinada con el lugar.

Klein fue recibido cordialmente por las ballenas jorobadas que con sus acrobacias aéreas terminaron de atraerlo.

Este exitoso empresario descubrió que Islas Secas estaba a la venta en el Registro Público de David, Chiriquí, cuando indagaba sobre un lote que su hermana estaba considerando comprar.

En declaraciones a la revista "En Exclusiva", Klein reveló que cuando se dirigió a la ciudad para tomar un avión de regreso a Estados Unidos, fue recibido sorpresivamente en el aeropuerto de Albrook por el entonces dueño de Islas Secas, a quien le informaron sobre la presencia de un norteamericano ?impresionado con sus islas?.

Este señor lo llevó al aeropuerto de Tocumen para hablarle de las islas y, en el trayecto de 45 minutos, logró convencerlo de comprar el pequeño archipiélago.

Entre ambos redactaron, a mano, un acuerdo de compra-venta, el cual firmaron al llegar a su destino.

"Cuando me monté al avión con los documentos en mano es cuando realmente me di cuenta de lo que acababa de ocurrir: "Islas Secas era mío"?, contó Klein a la revista, reviviendo la aventura.

Equipadas con paneles solares (que alimentan su calentador, sus luces, su nevera y abanicos), las pequeñas cabañas son para personas de alto nivel económico.

Aunque el hotel puede albergar 14 adultos (los niños no están bienvenidos, a menos que se alquile la mayoría o la totalidad de las habitaciones).

Este bajo número de invitados son atendidos por 20 personas que laboran en el Resort.

Sigue negociado con costas en Colón

Sigue negociado con costas en Colón

Octubre 15, 2007

A orillas del marEscándalo por tierras en Portobelo

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Enrique Watts Ríos
ewatts@cwpanama.net

COLÓN. Un nuevo escándalo por la adjudicación de terrenos a borde de playa se ha destapado en Portobelo, al ser cercados unos 400 metros lineales a borde de la playa en el sector de Juan Gallegos, corregimiento de Isla Grande, sin haber pasado por las manos del Consejo Municipal de ese distrito y donde se menciona que unos de sus beneficiados es un destacado miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El área, que es un barranco en cuyo fondo existe un arrecife decoral y enormes rocas y que solo puede ser explotado rellenando laorilla de la playa, fue cedida a través de la figura del derecho posesorio a dos ciudadanos, uno extranjero y otro nacional, cuando se mantiene en vigencia disposiciones legales que autorizan a otras instancias en otorgar, mediante concesión, tierras que están a menos de 200 metros de la orilla de mar.

El hecho ha motivado que el Concejo de Portobelo convoque para el martes a los directores regionales de ANAM, MICI y PRONAT, para investigar si estas instituciones han dado permiso para la explotación de estos terrenos.

Emilia Tesis, presidenta de la comuna, reconoció que hay ciertas irregularidades en el otorgamiento de tierras que no han pasado por el Concejo, como personas que han procedido ha cercar con alambres de púas y ellos como gobierno local esperan conocer y que se aclare la situación.

Tesis dijo que las cosas deben hacerse como se establecen para que la cámara edilicia no quede involucrada en problemas que no conoce y donde son los últimos en enterarse.

La edil indicó que fueron informados de una concesión para talar 60 hectáreas en María Chiquita y que aparentemente fue otorgada por la ANAM sin conocimiento del Municipio de Portobelo.
En el caso de Juan Gallego, parte de los 400 metros lineales estaban a nombre de un poblador del área que posteriormente lo traspasa a un extranjero, mientras que el resto a un ex legislador perredista por San Miguelito.

Las tierras, que solo pueden desarrollarse rellenando los arrecifes de coral, fueron cercadas hace algunas semanas y por décadas estuvieron sin restricciones de acceso y solo se ha dejado, entre ambas, una distancia menor al medio metro de distancia.

Una fuente consultada por El Siglo manifestó que constantemente en las costas de Colón se presentan casos donde tierras que han sido vendidas a extranjeros con documentos falsos, posteriormente aparecen los dueños originales reclamando sus derechos.

La acción involucra en algunos casos a ex representantes de corregimiento que sirven de intermediario entre el comprador y los personajes que se dedican a validar la acción ilícita.

Categorías: Costas · Islas y Costas · Privatización de playas
Tag: Colón, Portobelo

Salvemos la Playa de Santa Clara

Felicitamos y damos la bienvenida a esta página que denuncia la apropiación indebida y destrucción de nuestras playas que son un bien público y de libre acceso.

Adelante amigos, con tenacidad se logrará detener a estos ladrones.

Triste Playa

Gruas en el Mar

Camiones y Rellenos

Investigan destrucción ambiental y corrupción en Playa Barqueta

Junio 17th, 2007 ·

PROYECTO TURÍSTICO PLAYA BARQUETA, en CHIRIQUÍ.

Investigan destrucción ambiental y anomalías en cobro de impuestos

La Contraloría objetó los beneficios que otorgó el Consejo Municipal a la empresa dueña del proyecto.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

alanje. Brisas del Mar Development draga actualmente un canal que ha afectado áreas del Refugio Agrícola Playa La Barqueta, donde llegan a anidar tortugas.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El Ministerio Público investiga irregularidades en el cobro de impuestos municipales a un proyecto turístico y residencial en playa La Barqueta, distrito de Alanje, sobre el cual también pesan denuncias de destrucción de manglares y apropiación de servidumbre pública.

La empresa Brisas del Mar Development –cuyo propietario es la familia Araúz Anguizola–, que desarrolla un proyecto residencial de siete edificios, declaró en su estudio de impacto ambiental una inversión de 3 millones de dólares, pero el Municipio de Alanje solo le cobró impuestos por la mitad de ese valor, lo que fue objetado por la Contraloría.

Además de haber declarado un monto de inversión inferior, el Consejo Municipal rebajó a la empresa a 1%, el cobro del 2% de impuesto que exige la ley. Tras denuncias de anomalías, el Consejo se vio obligado a rectificar. El alcalde, Carlos Justavino, quien defiende la legalidad de lo actuado, firmó el permiso de construcción de los edificios estando de vacaciones.

AMBIENTE.EL MINISTERIO PÚBLICO BUSCA PROBAR CORRUPCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MANGLARES EN CHIRIQUÍ.

Investigación ecológica

La Barqueta, una tormenta en la playa

Tras denuncias de moradores del área, la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí inició una investigación para determinar si hubo delito ecológico en un millonario proyecto que se levanta en las costas del distrito de Alanje, en Chiriquí. La Fiscalía Anticorrupción, en tanto, investiga la participación de funcionarios en la confección de planos para beneficiar a un grupo empresarial sin cumplir con todos los procedimientos que exige la ley.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

CANAL. El permiso de limpieza para esta zanja sirvió para hacer un dragado, según la denuncia de los residentes.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Una tormenta sacude la playa La Barqueta, en el distrito de Alanje en Chiriquí. En el centro están autoridades municipales, el Gobierno Central y el empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola.

Se trata de denuncias por supuesto delito ecológico y corrupción de funcionarios, que hablan de la destrucción de manglar en área protegida y edificaciones dentro de los 22 metros de servidumbre pública.

El Ministerio Público investiga ambas denuncias a través de la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí y de la Fiscalía Anticorrupción.

Tres empresas: Brisas del Mar Development Group, A.R Siyex, y Arkansas Valley Feathers Inc., relacionadas con el empresario Araúz Anguizola, construyen un complejo residencial de siete edificios, venden lotes para residencias y desde hace cuatro años operan el hotel Las Olas.

UNA LIMPIEZA PROFUNDA

El pasado 30 de abril, la dirección regional de Chiriquí de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) autorizó al empresario Araúz realizar una limpieza de un estero que pasa detrás del refugio de Vida Silvestre La Barqueta.

La autorización de estos trabajos ha sido la génesis de la investigación que realiza la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí por el supuesto delito ecológico, atendiendo una denuncia de los moradores.

La limpieza del estero se convirtió en un trabajo de dragado de un canal de tres kilómetros de longitud, 15 metros de ancho y 10 de profundidad que ha afectado parte del manglar de un área protegida, denunciaron el representante del corregimiento de Guaramal, Octavio Manuel Sánchez, y el ciudadano Alexis Aparicio.

El fiscal segundo superior, José Antonio Henríquez, dijo que en una inspección con peritos de la Autoridad Marítima de Panamá, como parte del proceso de investigación, se determinó que los trabajos de dragado afectaron el ecosistema. Además, comprobaron que se estaba talando manglar que era rellenado con material que sacaba la pala mecánica e, incluso, con arena.

También se ha afectado el humedal de playa La Barqueta. Todo esto, sin estudio de impacto ambiental y con el aval de la dirección regional de la Anam.

Cortesía

PALA MECÁNICA.Los trabajos de ‘limpieza’ incluyeron el uso de retroexcavadoras.

Pero no todos cuentan la misma historia. El director regional de la Anam, en Chiriquí, Mario Gómez, y el abogado del empresario Juan Gabriel Araúz, Enoch Rodríguez, alegaron, por separado, que esos trabajos de limpieza se realizan como parte del proyecto ‘Remigio Rojas’ que desarrolla el Gobierno con una inversión de 58 millones de dólares.

El proyecto ‘Remigio Rojas’ consiste en la construcción de un canal que nace en las márgenes del río Chico y se extiende por unos 30 kilómetros entre pueblos y pequeñas fincas de Alanje para llevar agua dulce a los sembradíos.

Gómez dijo que después de varios estudios técnicos se comprobó que el proyecto ‘Remigio Rojas’ podría inundar el área del hotel Las Olas y del proyecto residencial Condominio Brisas del Mar. “Decidimos otorgar un permiso de limpieza a Araúz como una extensión al proyecto ‘Remigio Rojas’’, dijo Gómez.

Rodríguez, por su parte, alega que el trabajo que se realizó consistió en abrir un estero que había sido cubierto de sedimento, malezas y mangle.

Pero el director del proyecto ‘Remigio Rojas’, Jorge Arosemena, niega que esta obra esté conectada con los trabajos que realizó el empresario Araúz.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) inspeccionó el lugar y determinó que se ha afectado área de manglar. La directora regional de la Arap de Chiriquí, Jessica Chávez, dijo que en los próximos días se estará emitiendo un informe sobre el asunto.

¿SIN SERVIDUMBRE?

LA PRENSA/Víctor Arosemena

SERVIDUMBRE.El proyecto residencial es investigado por supuesta apropiación de espacio público.

Los problemas de La Barqueta no terminan en el manglar. Se extienden hasta la misma playa. Las investigaciones judiciales intentan demostrar que hubo construcciones en la servidumbre pública. Incluso, sale a relucir una denuncia por falsificación de planos.

Alexis Aparicio y Octavio Sánchez denunciaron al empresario Araúz por construir sobre los 22 metros de servidumbre pública sin concesión. La Fiscalía Anticorrupción investiga el supuesto delito contra la propiedad del Estado o contra la fe pública en contra de funcionarios que se prestaron supuestamente a la aprobación de planos ficticios.

Por este caso, la Oficina de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas en Chiriquí fue allanada por la fiscal Mercedes de Mendizábal, el pasado mes de febrero.

Dos meses más tarde, el 9 de abril, el topógrafo Ricardo Sanjur y el ingeniero civil Jorge Ureta, peritos de la Fiscalía, realizaron una inspección ocular y determinaron que los planos de uno de los proyectos de Araúz incluían 12 metros que estaban dentro de los 22 establecidos por ley como tierras inadjudicables.

Sin embargo, el director de Catastro de Chiriquí, Cristóbal Tolato, dijo que su despacho inspeccionó el lugar y corroboró que los tres proyectos que se desarrollan en el lugar cumplen con los 22 metros de servidumbre.

Enoch Rodríguez, representante de la empresa, dice no entender las denuncias y las investigaciones, máxime cuando ellos pretenden invertir un total de 100 millones de dólares que ayudarían a la economía del área.

(Con la colaboración de Sandra Alicia Rivera)

Un pueblo costanero sin salida a la playa

El alcalde de Alanje, Carlos Justavino, defiende al empresario Juan Gabriel Araúz.

Los moradores del corregimiento de Palo Alto amanecieron hace un año sin camino para llegar a la playa La Barqueta. La razón: el empresario Juan Gabriel Araúz decidió cerrar la carretera de acceso a la playa. Así lo han denunciado ante las autoridades municipales y ante los medios de comunicación los residentes del área.

Hasta la fecha no han recibido repuesta, a pesar que tienen como prueba un informe del director regional del Ministerio de Obras Públicas, Luis Fernández, que certifica que es una vía de acceso público que ha sido utilizada por equipo agrícola y personas para comunicarse de un poblado a otro.

Los moradores le solicitaron al alcalde de Alanje, Carlos Justavino, ordenar la apertura de la carretera. Pero aún no lo ha hecho.

Justavino le restó importancia a la nota de Fernández y defendió a la empresa al alegar que esa carretera no es servidumbre pública. Enoch Rodríguez, representante de Araúz, alegó que los terrenos por donde pasa la carretera son de propiedad de su cliente. “El error de Araúz fue permitir que los moradores utilizaran esa calle por muchos años”, dijo Justavino, quien espera un informe del Instituto Tommy Guardia sobre el tema para tomar la decisión.

Fuente: La Prensa, 17 de junio de 200o7.

Fuente en internet: Burica Press

Proyecto turístico construido en servidumbre pública

COSTA CARIBEÑA.PROYECTO TURÍSTICO CONSTRUÍA SOBRE LA MISMA PLAYA.

Técnicos piden frenar la obra

El informe de la Anam señala que la empresa Tropical Marina Inc. incumplió estudio ambiental.

La Anam inspeccionó la obra el pasado 9 de mayo y determinó que se incumple con la servidumbre marina.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La dirección de Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de Colón recomendó la suspensión del proyecto turístico Tropical Marine Inc, que se construye en playa Blanca, en la comunidad de Mechi de María Chiquita, en Colón.

La medida se debe a que la empresa empezó el proyecto, que consiste en la construcción de cuatro cabañas y una marina, sin contar con la aprobación de los planos de concesión de ribera y fondo marino. Tampoco tenía los planos de la construcción de las cabañas .

La información se desprende de un informe emitido el pasado 29 de mayo cuando se abrió el proceso administrativo. En este momento, las autoridades de la Anam analizan los linderos del proyecto para tomar la decisión de suspender o no los trabajos de construcción, explicó ayer Daniel Chen, administrador regional de la entidad en Colón.

El informe, elaborado tras una inspección del 9 de mayo, dice que la empresa incumple con la servidumbre de ribera marina que establece la ley (las servidumbres de playa no podrán ser inferiores a 22 metros, contados a partir de la línea de alta marea). Otra de las anomalías que se mencionan es que la empresa Tropical Marine, cuyo presidente es el danés Niels Sundel, incumplió con el Estudio de Impacto Ambiental al empezar la obra sin los permisos de los ministerios de Salud, de Vivienda y de Obras Públicas.

Este diario llamó a la oficina del representante de la empresa, Andy Dinger, pero se informó que está de viaje. En una entrevista previa para una noticia publicada el pasado 24 de mayo, Dinger alegó que contaba con todo los permisos, con excepción de la concesión de mar que otorga la Autoridad Marítima de Panamá.

La Prensa, 6 de junio de 2007.

Los nuevos dueños de Bastimentos, sus tierras, playas y bahías

Esta es una vista de los primeros avances del conjunto residencial de alto costo del Proyecto Red Frog Beach –Fase I, localizado en el sector más estrecho de la isla de Bastimentos, en el Archipiélago de Bocas del Toro.

La Fase II propuesta es cuatro veces más grande que fase I, que sólo se ha concretado en un cuarto de lo proyectado. La segunda fase llegará al mero borde del límite terrestre del Parque Nacional Marino de Isla Bastimentos. Es una enorme área, que originalmente fue devastada grandemente por la sociedad Theobald, pero aún así sobreviven en el área bosques naturales en diferentes estadios sucesionales, tecales, áreas abiertas y bosques costeros, todos de rica biodiversidad y belleza escénica. El área afectada actual y la proyectada incluye la afectación de especies raras de ranas rojas de la familia Dendrobatidae, con morfotipos únicos en el país. Iguamente afectará la Laguna de Bahía Honda, única en ecología, paisaje, configuración y riqueza biológica, pero aún así, parece que esto a nadie le preocupa en Panamá y ANAM busca con mucho esfuerzo, como permitir a como de lugar que el proyecto siga sin contratiempos. Las evidencias, aún para los más legos, es que este proyecto es de alto impacto ambiental y con repercusiones fuertes negativas en las comunidades indígenas locales tradicionales, las cuales en definitiva, no pueden más que aspirar a ser peones rehenes supeditados a una economía cara, que les causará más traumas que beneficios. En cualquier país más civilizado que Panam, este proyecto no se hubiese aprobado.

En este proyecto ha habido tráfico de influencia y corrupción. Esto no cabe duda. El que tanga dudas, sólo se debe poner a investigar lo que hasta la fecha a sucedido. Por ejemplo, se debe investigar cómo con tantos errores y faltas graves este proyecto sigue su curso. Igualmente se debe investigar por qué abogados de proyectos inmobiliarios aupaban la –ley insular. En la Asamblea Nacional, los abogados de esta compañía, hicieron mucho –lobby– para lograr que existiera la Ley 2 de 2006 que vende las islas y costas de Panamá al mejor postor. Esta ley fue escrita y pensada originalmente para Red Frog Beach y luego cada quien le introdujeron la conveniencia cada quien de sus intereses, con el resultado que todo es tan caótico y los robos de nuestro patrimonio natural se han acrecentado exponencialmente.

El presidente Martín Torrijos, ha aterrizado en un helicóptero varias veces en los linderos de este proyecto. Nadie sabe por qué, ni para qué, ni qué busca. Unos especulan que le dieron acciones; otros dicen que sólo hace visitas de cortesía para ver cómo avanza el desarrollo de Bocas del Toro; otros dicen que sólo andaba de patrullaje doméstico. En fin todo es especulación, hasta las visitas del señor Presidente. Lo que si saben los lugareños y cualquiera que asculte un poco, es que este no es un proyecto con manejo transparente y honesto de los permisos ambientales y de las inspecciones. Este tipo de proyectos hechos casi a la fuerza de voluntad del inversionista y no de los caros intereses de país, provocará que otros especuladores hagan lo mismo en nuestros archipiélagos y por tanto se magnifique y multiplique por doquier este tipo de proyectos. Ante este escenario es fácil imaginarse a los especuladores de bienes raíces surgiendo como hongos en todos los confines prístinos de nuestro territorio nacional en nombre del desarrollo y crecimiento del turismo que finalmente sólo se quedará en palabras y pocas nueces para el país y a un costo muy alto y doloroso.
Panamá está en manos de especuladores del Real State y pronto no seremos dueños de nada. De hecho, ya casi lo hemos perdido todo, dicen por doquier los panameños más informados.

Como fresa que adorna la copa, Red Frog Beach ha clausurado caminos reales en la Isla que los lugareños han utilizado por siglos para trasladarse libremente por toda la isla y para colmo acosa con guardias de seguridad armados con escopetas, a los pocos lugareños y visitantes que se arriesgan a llegar a las nuevas playas privadas de facto que ha establecido Red Frog Beach. Y en señal que el abuso puede nunca acabar, el único camino que no ha cerrado al paso y alejado de las instalaciones cuasi industriales de RFB, en Bahía Honda, ha decidido cobrarle de facto un par de dólares. Estos abusos, sólo lo puede hacer una empresa que se cree que está al margen de la ley y que se siente amparada por cómplices en aparato estatal.

Algunos líderes locales dicen en tono sarcástico: magnífico legado de venta de la nación le está dejando nuestro presidente Martín Torrijos a todos los panameños! Nosotros por nuestra parte decimos. Dónde está Rubén Blades que no pone orden y revierte esta estafa a la nación en nombre del turismo. No puede ser que todo el mundo ande sólo buscando guayabas!

Denuncia venta ilícita de costas con manglares en San Carlos

SAN CARLOS.

Denuncian venta ilícita de terrenos

Rafael Luna Noguera
rluna@prensa.com

El panameñista Luis Eduardo Camacho solicitó ayer al Ministerio Público investigar a varias autoridades del Gobierno, entre éstas al ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, y a la viceministra de Finanzas, Orcila de Constable, por la venta de un globo de terreno en el distrito de San Carlos, que según la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) era inadjudicable.

En la denuncia ciudadana presentada ante la Procuraduría, Camacho incluye además al director de Catastro, Mariano Quintero, y al director de Contrataciones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, Edilberto Ruiz.

Según el dirigente político, los terrenos, de 8 mil 811.38 metros cuadrados, fueron vendidos por 98 mil dólares a la sociedad Desarrollo Turístico San Carlos, S. A.

Explicó que el informe de la AMP, elaborado en 2005, deja claro que dicho globo de terreno nacional era de su competencia y que por tratarse de un humedal [manglares] de "importancia para la biodiversidad de la zona", no se le debía adjudicar.

De paso, dijo Camacho, la autoridad marítima notificó de su decisión a las autoridades mencionadas, pero de igual forma se autorizó la venta.

El panameñista indicó que también pedirá una investigación a la Asamblea, cuyo pleno autorizó una pesquisa similar en el caso de Punta Chame.

Corrupción en la venta de tierras costeras inadjudicables

Abril 26, 2007

PUNTA CHAME. explicaciones contradictorias.

MIDA defiende venta de tierras

Salazar justificó la venta a Espino. Cita una resolución de 1990, pero el monto de la transacción no coincide.

Torrijos dijo que no ha llamado a ningún funcionario y menos para que se vendan tierras a precios ridículos.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

DEVASTACIÓN. El 44% de las 26 hectáreas compradas por Espino estaban cubiertas de manglar.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, justificó la venta, en menos de un centésimo el metro cuadrado, de 26 hectáreas de terreno en Punta Chame a Rodolfo Charro Espino. Dijo que todo se hizo basado en la Resolución No. 113 del 27 de marzo de 1990, que establece una tabla de precio por hectárea atendiendo al tipo de tierra y la cantidad en venta.

Sin embargo, el precio que fijó la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a cargo de Nadia Moreno, no corresponde con lo que fija la resolución. Por ejemplo, se señala que cuando son terrenos baldíos y la cantidad negociada es de 21 a 50 hectáreas, la hectárea se vende a 20 dólares.

Reforma Agraria vendió a Espino 26 hectáreas, por lo que el precio debió ser de 520 dólares y no 2 mil 80 dólares. El presidente Martín Torrijos dijo ayer que no ha llamado a ningún funcionario para ponerle precio de venta a las tierras, ni mucho menos para que se vendan a precios ridículos.

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PUNTA CHAME. EL PROYECTO CON LA CONEXIÓN PERFECTA Y SUS ANTECEDENTES.

Las compras y ventas de Espino

Charro Espino vendió en 2006 cuatro hectáreas a la cuñada de la ex presidenta Mireya Moscoso.

Berta de Moscoso vendió su propiedad a la sociedad Punta Chame, que preside Joseph Homsany Achar.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

CONTRADICCIÓN. El ministro del Mida, Guillermo Salazar, considera que el globo de terreno vendido, que aparece en esta foto, no era manglar, lo que contradice el informe del técnico Rolando Bernal, de Reforma Agraria.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Detrás del nombre de Corporación Playa Blanca, cuyo presidente es el tío del mandatario Martín Torrijos, Rodolfo Charro Espino, existen ventas y traspasos de tierras en las que salen a relucir hermanos de la ex presidenta Mireya Moscoso y reconocidos empresarios inmobiliarios. Incluso, los hijos y esposa de Charro Espino.

El 13 de abril de 2004, la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas le vendió a Charro Espino 29 hectáreas de zona costera en 14 mil 808 dólares.

Dos años después, Corporación Playa Blanca segrega y vende cuatro hectáreas, de las 29, a Berta Alicia Barahona de Moscoso, esposa de Bergis Moscoso, hermano de la ex presidenta, en 2 mil 900 dólares. En esa transacción Charro Espino se ganó dos centésimos por cada metro cuadrado, que suman la totalidad de 80 dólares.

TODO QUEDA EN FAMILIA

El 12 de junio de 2006, Berta Alicia Barahona vende en 30 mil dólares esa propiedad a la sociedad Punta Chame, cuyo presidente es el empresario inmobiliario Joseph Homsany Achar, quien tiene otra sociedad donde aparecen los nombres de dos hijos de Charro Espino. Se trata de Corporación Blanca Playa, donde el agente residente es Rodolfo Espino Barañano, y como suscriptor figura Carlos Espino Céspedes. Los dos son hijos de Charro Espino. Pero este último no es con su esposa Dioselina Barañano, quien aparece como secretaria y suscriptora de la Corporación Playa Blanca, empresa que le compró a Catastro 29 hectáreas; y a Reforma Agraria, 26 hectáreas.

Las primeras las adquirió en cinco centésimos (0.05) el metro cuadrado y las segundas en menos de un centésimo (0.008).

Las transacciones de Espino continuaron con el resto de las hectáreas adquiridas en Catastro. El 7 de febrero de 2007 Corporación Playa Blanca vendió en 14 mil 808 dólares (el mismo precio al que las compra, con la diferencia de cuatros hectáreas menos) a Corporación Blanca Playa, donde figuran los dos hijos de Espino y Homsany Achar.

Blanca Playa fue inscrita el 11 de agosto de 2006, seis años después que se fundara Corporación Playa Blanca.

En otras palabras, los terrenos de Catastro, que adquirió Espino, fueron vendidos a personas naturales y jurídicas, pero terminaron en sociedades relacionadas con él mismo.

JUSTIFICAN VENTA

Mientras la madeja de esta historia de conexiones, negocios y daños ambientales aún no termina de desenredarse, las autoridades intentan explicar cómo se dio la última venta a cargo de Reforma Agraria.

El presidente, Martín Torrijos, se presentó ayer al programa Debate Abierto de Medcom, donde negó el tráfico de influencias en el caso y dijo que nunca ha llamado a ningún funcionario para fijar precio de venta de tierras, “ni mucho menos para que se vendan a precios ridículos”.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, convocó a una conferencia de prensa para justificar la venta a menos de un centésimo (0.008) el metro cuadrado en la zona costera.

Incluso, contradijo la opinión técnica del director Nacional de Análisis y Avalúo de la Reforma Agraria, Rolando Bernal, quien planteó en un informe que los terrenos vendidos son inundables y en gran parte están conformados por manglares. Salazar argumenta que el área no era manglar, por lo que la venta no tiene ninguna irregularidad.

Bernal en un informe fechado el 13 de julio de 2006 señaló que el terreno se caracterizaba por estar formado por playa y vciénagas marinas y que un alto porcentaje estaba constituido por manglar. Por lo tanto Reforma Agraria no tenía competencia para fijar precios.

Salazar explicó además que el precio se estableció en base a la Resolución 113 de 27 de marzo de 1990, que señala los montos por hectárea dependiendo de la cantidad negociada.

Sin embargo, ninguna de las categorías que el ministro cita en la resolución coincide con el precio en que se vendió el terreno el pasado 12 de marzo.

De hecho, una venta que le hizo Reforma Agraria a la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, de unos mil 70 metros cuadrados el 5 de septiembre de 2005, en la misma zona, estableció el precio del metro cuadrado en dos dólares. ¿Cuál es el criterio?

Ante este escándalo, que ha tocado el seno de su propia familia y de su Gobierno, Torrijos propuso ayer la creación del Instituto de Tierras para “evitar que se esté disponiendo de tierras del Estado a precios irrisorios”.

Además: Tráfico de influencias · Manglares · Islas y Costas · Costas · Corrupción · Urbanismo

Delitos ambientales en las playas de Isla Bastimentos

Lo que se puede considerar como un robo de espacios públicos y enajenación de facto, muchos especuladores se han apoderado de las prístinas playas de Bocas del Toro.

Aquí una sociedad denominada Cinco Cruces se disputa con Red Frog Beach, un total de 85 hectáreas de playas denominada Playa Polo.

Polo fue un lugareño que fue seducido por el dinero de estos especuladores y vendió sus tierras a Cinco Cruces, pero Red Frog Beach siempre le quiso quitar las tierras a Polo. Ahora la pelea es entre especuladores.

Mientras tanto, Cinco Cruces ha comenzado, con un séquito de lugareños peones, el relleno de los terrenos pantanosos inmediatos a la playa en mención. Han sacado desde enero de 2007, enormes cantidades de arena para rellenar ilegalmente los humedales circundantes.

Ya la playa se nota totalmente socavada por esta acción ilegal.

Las tortugas canales que llegan al sitio no podrán llegar, ni mucho menos anidar.

Dios te libre Panamá de la acción de esta gente y de la inacción de las autoridades.

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Venta y devastación de manglares en Punta Chame

Venden y devastan manglares de Punta Chame

SIN PERMISOS. EMPRESA BUSCA DESARROLLAR PROYECTO TURÍSTICO.

Devastan Punta Chame

Un tío del presidente, Martín Torrijos, está al frente de la compañía que compró una zona de manglares.

La Reforma Agraria vendió en marzo de este año el terreno a menos de un centavo el metro cuadrado.

LA PRENSA/Maydée Romero

RELLENOS. ‘Bulldozers’ han acomodado sobre parte de lo que antes era una zona poblada de manglar una gruesa capa de arena. Esta fotografía fue tomada hace apenas 10 días, aunque testigos afirman que la maquinaria está presente desde hace varios meses.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Varias hectáreas de mangle ubicadas en Punta Chame han sido convertidas en playa sin que medie permiso alguno de las autoridades para el desarrollo de un proyecto turístico de la empresa Corporación Playa Blanca, cuyo presidente es Rodolfo Charro Espino Durán, tío del jefe del Ejecutivo, Martín Torrijos Espino.

Entre octubre y noviembre del año pasado, la empresa taló el manglar, y en enero de este año la labor se intensificó, revelaron moradores de la zona. Luego, la zona fue quemada y de inmediato empezó un relleno con arena extraída de la playa de Punta Chame. El pasado 12 de abril, este diario observó el avance del relleno.

Las obras comenzaron mientras Espino todavía tramitaba la compra del terreno –26 hectáreas en total–. El 12 de marzo de 2007, la Dirección de Reforma Agraria le vendió el terreno en 2 mil 80 dólares, es decir, a menos de un centavo el metro cuadrado.

Bolívar Zambrano, director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente, dijo que no hay registros de que la empresa haya presentado un Estudio de Impacto Ambiental para su desarrollo. Leika Martínez, directora de Recursos Marinos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, dijo que tampoco tiene una solicitud para la ejecución de estas obras.

Espino dijo que cuenta con los permisos de la Autoridad Marítima de Panamá.

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PUNTA CHAME. DEVASTACIÓN DE ZONA COSTERA.

La mejor compra del tío de Torrijos

Reforma Agraria le vendió área de costa a Rodolfo Espino Durán a menos de un centavo el metro cuadrado.

El globo de terreno vendido tenía derechos posesorios que no fueron reconocidos por Reforma Agraria.

LA PRENSA/ Maydée Romero

ALTERACIÓN. Toneladas de arena han sido usadas para rellenar, con un tractor, los terrenos que antes eran áreas de manglar y ciénagas marinas, con el fin de construir un proyecto turístico en Punta Chame.

Pulse aquí para apreciar la imagen

José Arcia
jarcia@prensa.com

Para el tío del presidente Martín Torrijos Espino, Rodolfo Charro Espino, todo era perfecto. El mar y la blancura de la arena de la playa se combinaban con el verdor del manglar en Punta Chame.

En esta área incluida en 1996 en la denominada Zona 4 Farallón para el Desarrollo Turístico de Interés Nacional, Espino visualizó lo que sería una gran inversión para él, además de una transacción que es la envidia de los corredores de bienes raíces, pero que para Fernando Fontane, dueño de los derechos posesorios del globo de terreno que Espino adquirió, no es más que el “despojo” de sus derechos.

Espino compró 26 hectáreas de tierra a menos de un centésimo el metro cuadrado, y a pesar de no tener los permisos correspondientes, este año devastó zona de manglar y comenzó a rellenar la propiedad con arena de esa zona.

CORPORACIÓN PLAYA BLANCA

El 16 de marzo de 2000, Espino inscribió en el Registro Público la empresa Corporación Playa Blanca y un año después, el 14 de septiembre de 2001, empezó el proceso de compra de un globo de 85 hectáreas de zona costera en Punta Chame. Este terreno había sido otorgado en derecho posesorio a favor de Fontane, quien, en 2000, comenzó los trámites para su titulación.

Fontane dijo que él ha trabajado parte de esas tierras por más de 16 años y en su mano tiene una certificación del antiguo Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables de 1996, hoy Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), en la que le concede permiso especial para abrir un camino, pero en la que también le ordena poner en marcha un plan para arborizarlo.

También posee una certificación del alcalde de Chame, Euclides Mayorga, en la que da fe de sus derechos posesorios.

El 29 de septiembre de 2006, Fontane decide traspasar sus derechos posesorios a su hermana Idania Fontane, proceso que fue acogido por Juan Álvarez de la Dirección Nacional de Reforma Agraria.

Un mes después Idania descubre que en el terreno de su hermano se estaba talando el manglar. “Enfurecida empecé a investigar en la Reforma Agraria qué había pasado con el proceso de mi hermano”, dijo.

Para su sorpresa, en la Dirección Nacional de Reforma Agraria no le daban respuesta. En febrero de 2007 descubre que el terreno de manglar estaba siendo rellenado con la blanca arena de la playa de Punta Chame.

“Yo vi cómo sacaban la arena de la playa para rellenar el área devastada”, dijo Idania.

Este diario llamó la semana pasada al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) para verificar si la empresa Corporación Playa Blanca contaba con permiso de extracción de arena. La respuesta llegó mediante un correo electrónico de la Oficina de Relaciones Públicas que señalaba: “de acuerdo con la dirección de Recursos Minerales del Mici, esta empresa no tiene concesión y no la ha solicitado”.

Después de varios meses de investigar sobre el estado del terreno de su hermano, en marzo Idania descubre que Espino adelantaba la adjudicación a título oneroso de las últimas 26 hectáreas y que el resto ya había sido adjudicado a la misma empresa y posteriormente traspasada a otras compañías, lo que según ella comprobó en la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a cargo de Nadia Moreno.

Al ver que la adjudicación de las últimas 26 hectáreas estaba en proceso, empezó una batalla legal para tratar de “salvar lo poco que nos quedaba”.

Mediante su apoderado legal Esteban López, del bufete Katz & López, el pasado 7 de marzo presentó un recurso de oposición al proceso de adjudicación.

Sin embargo, cinco días después, el 12 de marzo, la Reforma Agraria adjudicó a título oneroso las 26 hectáreas por la suma de 2 mil 80 dólares.

Charro Espino pagó menos de un centésimo (0.008) por cada metro cuadrado de manglar en Punta Chame, donde actualmente este se comercializa entre 25 y 50 dólares el metro cuadrado, según cálculos de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces.

Si se toma de referencia estos precios, el terreno costaría entre 6 millones 250 mil dólares y 12 millones 900 mil dólares.

INTIMIDADES DE UN PROCESO

Mientras Idania investigaba qué estaba pasando con su globo de terreno de 80 hectáreas, Espino dictaba órdenes, por escrito, a la directora de Reforma Agraria, Nadia Moreno.

En una nota fechada el 28 de diciembre de 2006 enviada a Moreno, Espino solicitó que Rolando Bernal, jefe del Departamento Nacional de Análisis y Avalúo de Reforma Agraria, no participara en la diligencia de fijación de precio de las 26 hectáreas. Además, que se tomaran “las medidas pertinentes, de manera que se culmine la diligencia de fijación de precio al área en trámite”.

La reacción de Espino se produjo luego que Bernal enviara el 13 de julio de 2006 una nota a Moreno en la que certificaba que la fijación del valor del terreno no era competencia de Reforma Agraria.

Bernal sustentó su decisión en que el terreno pedido en compra estaba formado por playas y ciénagas marinas y que son terreno inundable por alta mar. Además, decía que un alto porcentaje estaba constituido por manglares.

El 5 de marzo de 2007 se fijó el precio. (Ver facsímil)

Al parecer, a Espino tampoco le gustó la descripción topográfica que hizo Bernal del terreno. En una nota enviada el 6 de octubre de 2006 le pide a Moreno que solicite a la Dirección Regional de Panamá Oeste de la Anam una nueva inspección, alegando que la anterior fue sobre toda el área, incluyendo los 200 metros del nivel de la marea más alta.

Moreno, tres días después, el 9 de octubre, le hace la solicitud al director regional de Panamá Oeste de la Anam, Luis Vega, quien el 18 de octubre, mediante nota ARAPO- 15 39, le envía su respuesta: “Esta zona no está influenciada directamente por las mareas. Al igual que ésta [zona en venta], el resto del área de influencia ha sido fuertemente alterada desde hace varias décadas”.

En esa misma nota dice que 11.37 hectáreas, que equivale al 44% del terreno, tiene mangle.

Pero Vega deja saber que para el caso de que a futuro se haga un proyecto, se deberá realizar, previamente, una evaluación ambiental.

A la fecha no hay Estudio de Impacto Ambiental.

El pasado lunes, 16 de abril, este diario tramitó una entrevista con Moreno, en el Mida, para que explicara cada detalle de las cartas y el por qué de esa venta. La solicitud fue reiterada en tres ocasiones durante la semana y la oficina de Relaciones Públicas informó que pusieron en conocimiento de Moreno la solicitud, pero ella no respondió.

El pasado viernes, 20 de abril, se contactó a Espino, quien dijo que se le devolviera la llamada a eso de las 11:00 a.m. del día siguiente. Cuando se le volvió a llamar, pidió nuevamente que lo llamaran a las 3:00 p.m. Luego no contestó su celular.

Pero en una conversación corta, en una de esas llamadas, Espino dijo que él contaba con los permisos de la Autoridad Marítima de Panamá, la cual, incluso, le exigió sembrar 8 mil palos de mangle, y que él sembró 12 mil.

Al final, Fontane lo perdió todo y a Espino todo le salió perfecto. El Ministerio de Obras Públicas comenzó en 2006 el asfaltado de los primeros 10 kilómetros de carretera –de los 17 que hay entre la Panamericana y Punta Chame– vía que termina justo en la entrada del área devastada, y este año seguirá con el resto.

Arap investigará el proyecto

Al reconocer que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) no ha dado permiso para desarrollar un proyecto en Punta Chame, el director de la institución, Richard Pretto, dijo que se investigará qué fue lo que pasó.

“Lamentablemente el daño está hecho. Tenemos un gran problema en las zonas de manglar y nuestra primera tarea es empezar un plan de desarrollo”, dijo Pretto después de que le pidiera a su equipo técnico explicar a este diario la importancia del manglar.

Lo cierto es que Punta Chame fue una de las zonas elegidas por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe (Cathalac) para desarrollar un proyecto de reforestación de área de mangles.

La iniciativa tiene dos años durante los cuales se han repoblado 300 hectáreas de manglar en toda la zona, dijo José Berdiales, jefe del proyecto, quien se mostró sorprendido al enterarse de la devastación de varias hectáreas de manglar en esa área turística: “No es posible que mientras unos se preocupan por conservar, otros simplemente destruyen”.

Etiquetas: Humedales · Manglares · ANAM · Islas y Costas · Recursos Naturales · ARAP · Costas

Gobierno vendió manglar y playas inadjudicables

SAN CARLOS. LA COMUNIDAD ADVIRTIÓ QUE SE ESTABA TALANDO DE FORMA ILEGAL.

MEF vendió manglar

La venta se hizo ignorando opiniones técnicas que advertían que el área no podía adjudicarse.

El terreno fue devastado en 1995, de forma ilegal, y 10 años después se concretó la compra.

LA PRENSA/Jorge Fernández

SECUELAS. El área de manglar que fue devastada en la playa La Ensenada se estaba recuperando. Ese ecosistema, que sirvió de barrera natural contra la fuerza de las olas y era rico en biodiversidad, ya no existe.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avaló en 2006 la venta de 8 mil 811 metros cuadrados de área de manglar a la empresa Desarrollo Turístico San Carlos en la playa La Ensenada, que entre sus representantes tiene a Gabriel Diez.

Esto a pesar de que existía una advertencia de la Autoridad Marítima de Panamá y del Consejo Municipal de que el área debía ser conservada por ser un manglar, es decir, inadjudicable.

El aviso no solo llegó de las autoridades locales y nacionales, sino también de la comunidad, que denunció la tala del manglar y la venta “ilegal” del terreno sin que el entonces director de Catastro, Benjamín Colamarco, hiciera caso.

Diez –cuya abogada es Giulia De Sanctis, presidenta de la Alianza Pro Ciudad– alega que el área no es manglar, y Colamarco dice que no recuerda con detalle esta venta.

La empresa planea anexar estas tierras a otras de su propiedad, para un desarrollo turístico que incluye un hotel.

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SAN CARLOS.SERVIDUMBRE MARÍTIMA pasó a manos privadas.

Así se vendió el manglar

En 1995 el empresario Arturo Diez devastó un área de manglar para construir un hotel.

En agosto de 2006 el área fue vendida por el Estado al hermano e hija de Arturo Diez.

LA PRENSA/Jorge Fernández

TALADO.Todavía quedan restos del manglar derribado.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Ni las advertencias de autoridades municipales y gubernamentales ni muchos menos 10 años de lucha ciudadana para conservar un área de manglar, fueron suficientes para evitar que Benjamín Colamarco aprobara la venta de 8 mil 811 metros cuadrados de zona costera cuando fungía como director de Catastro el año pasado.

El inicio de la venta se remonta a noviembre de 1995 cuando el empresario Arturo Diez (q.e.p.d) entró con su maquinaria y devastó un área de manglar, adyacente a un lote de su propiedad en La Ensenada de San Carlos.

En ese momento moradores de las comunidades de Gil Ponce y La Ensenada, encabezados por Xiomara de Armijo y Gabriela Pascual, presentaron la denuncia ante el ahora desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovable (Inrenare).

Primera irregularidad

El 16 de noviembre la Dirección Regional de Panamá Oeste inspeccionó el lugar y detectó dos tractores efectuando “limpieza, rellenos y nivelación de la playa, trabajos que afectan a la playa, ya que se moviliza arena para rellenos de un cauce natural”.

Esto consta en un informe que le envió el director regional del Inrenare, Rodolfo Jaén, a su director general Rolando Guillén, el 22 de diciembre de 1995, en donde detalla todas las diligencias administrativas que había realizado la institución en contra de Arturo Diez.

El informe señala que se observaron árboles “abatidos” por los tractores y se iniciaba tala de un área de bosque residual de mangle.

Luego de la primera ins-pección, el 16 de noviembre, el Inrenare ordenó paralizar los trabajos por no contar con los permisos respectivos y citó a Ernesto Quezada, responsable de los trabajos de limpieza en el lugar, pero no se presentó. El 22 de noviembre fue citado por segunda vez y tampoco acudió.

En vista de ello, Jaén ordenó al guardabosque Rolando Zapateiro y con apoyo de la Fuerza Pública citar a Quezada por tercera vez. El 18 de diciembre Quezada se presentó al Inrenare de La Chorrera y alegó que “él es un empleado que trabaja en el área por instrucciones del ingeniero Arturo Diez Pérez y que éste le manifestó que continuara, que él [Diez] se encargaba de hacer los arreglos en Panamá”.

El miércoles 20 de diciembre de 1995, señala el informe, Arturo Diez dijo por teléfono a Jaén que él desconocía los trámites a seguir para hacer esos trabajos. Pero ese mismo día el Inrenare volvió a hacer otra inspección y encontró que el empresario “continuaba con los trabajos… y cortaba el sotobosque de una pequeña área de manglar que aún quedaba en el área”. El Inrenare multó a Arturo Diez con 5 mil dólares, sanción que más tarde fue rebajada a mil dólares.

En una nota fechada el 26 de diciembre de 1995 enviada a Jaén, Arturo Diez informó que suspendió los trabajos y ordenó devolver el equipo pesado a Panamá “hasta tanto se satisfagan los requisitos de impactos ambiental”. Arturo Diez fallece en 1997.

El tema quedó allí hasta siete años después cuando el 6 de agosto de 2004 los herederos de Arturo Diez, su hija Mónica Diez y su hermano Gabriel Diez, solicitaron la compra de un “globo de terreno baldío nacional” con una área de 8 mil 811 metros cuadrados.

El director del Catastro de ese entonces, Otoniel Hidalgo, realizó las primeras diligencias de la solicitud de compra, solicitando la opinión de las distintas entidades involucradas en el tema. En septiembre de 2004 las nuevas autoridades gubernamentales asumen el poder y Armijo y Pascual volvieron a activar su lucha para impedir que el terreno fuera vendido .

Ambas, a través de su apoderada legal , Gilma De León, interpusieron recursos de oposición a la venta ante la Dirección de Catastro, que estaba en manos de Colamarco.

Además, solicitaron una inspección a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que en octubre de 2005 certifica, mediante un informe, que en el área había “mucho rebrote y nacimiento de árboles de mangle blanco, rojo y achaparrado, además de que el área estaba anegada con agua salada producto de la entrada de las mareas”.

La AMP concluye que se declare el área de manglar como zona de preservación y que se niegue cualquier solicitud de concesión o compra por ser área inadjudicable.

El 10 de enero de 2006 este informe fue entregado a la Dirección de Catastro. El 27 de abril del mismo año Colamarco deja la Dirección de Catastro para asumir el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y el 23 de agosto de 2006 el Estado firmó el contrato de compra del área por la suma de 98 mil 26 dólares.

Autoridades y empresario

El ministro Colamarco dijo ayer que “en ningún momento vendió ese terreno porque no es de su competencia”. Tiene razón, el contrato de venta lleva la firma de la viceministra de Finanzas, Orcila Vega de Constable, quien no pudo ser contactada para esta nota. Pero lo cierto es que la aprobación de la venta es otorgada por la Dirección de Catastro.

Colamarco se apoya en el asesor legal de MOP, Edgar Aguilera, quien también trabajaba en Catastro durante su período. “Esa compra se aprobó porque existía toda la documentación que lo validaba”, dijo Aguilera.

La abogada de Gabriel Diez, Giulia De Sanctis, dijo estar sorprendida del informe de la AMP. Señaló que su cliente desconocía de ese informe.

Diez, por su parte, manifestó que todo el proceso se hizo basado en las normas existentes.

La Prensa, 4 de abril de 2007

Tags: ARAP · Vida Silvestre · Privatización de playas · Política económica · Costas · Urbanismo · Corrupcion · Ecología

¿Y cómo ANAM regula la venta de tierras en islas?

Si la respuesta a la pregunta formulada es cierta, algo se ha logrado dentro de tantas noticias y políticas erradas que hemos tenido estos dos últimos años.

Esto es parte de una entrevista a Ligia Castro, Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá

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LC: Cuando se trata de tierras estatales se otorga una concesión. Mediante Consejo de Gabinete, se tomó la decisión de que no se venderían tierras estatales. En el caso de las islas privadas, los dueños pueden vender los terrenos siempre y cuando tengan títulos de propiedad, pero deben tener en cuenta la normativa ambiental. En ese sentido, hay un esfuerzo colegiado entre la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Paname-ño de Turismo (IPAT) y la ANAM para regular la actividad. No obstante, se especula con la ley de costo a través de la web, cuando se venden terrenos por esta vía.

Las personas del sector privado que tengan un terreno, puede vender, todo depende del uso que se le dé y para ello debe existir un estudio de impacto ambiental. Es allí donde nosotros actuamos. Todo tiene que estar de acuerdo a la ley.

Fuente: La Estrella de Panamá Digital

Unas 20 islas panameñas se ofertan al mejor postor

SÍ SE PUEDE VENDER EL LITORAL

La administración de Martín Torrijos y colaboradores es una magnífica vendedora de nuestro patrimonio. La noticia de El Panamá América del día 13 de diciembre titulada “unas 20 islas se ofertan al mejor postor”, es el resultado de una magnífica ley que lo único que ha producido desde su promulgación son beneficios jugosos al país y a su gente, pues se trata de la venta, enajenación o concesión casi perpetua (90 años prorrogables!) de recursos inútiles como son las islas y costas, que lo mejor que el gobierno hizo fue venderlas a los mejores especuladores nacionales e internacionales para que las urbanizarán ante la escasez de viviendas de interés social.

Gracias Martín Torrijos y a los libertarios de Panamá por arrebatarnos las islas a todos los panameños a través de la Ley 2 del 7 de enero de 2006. También gracias a Benjamín Colamarco, Alejandro Ferrer y Ubaldino Real. Gracias Balbina Herrera y Ligia Castro por no decir nada en el tema de urbanismo y ambiente. Gracias diputados de la República, por arrebatarnos las islas y costas de Panamá y entregárselas a los especuladores y testaferros.

Gracias a la nacionalista Comisión de Hacienda y negocios conexos de la Asamblea Nacional del año 2005, especialmente al diputado, Pedro M. González, por lograr un excelente mercadeo y negocio de nuestras islas en el Archipiélago de Bocas del Toro y el resto de los archipiélagos del país para el desarrollo de residencias de lujos con las paradisíacas playas en islas y tierra firme para privilegiados, exonerados de impuestos y otros tributos. Gracias de paso, por haber llevado muy bien la batuta de la aprobación a tambor batiente de esta ley. Admiramos vuestra astucia y velocidad de acción

Gracias especialmente al Excelentísimo Señor Presidente de la República, por ser el mejor intermediario para lograr que nuestros ilustres diputados discutieran con urgencia notoria la venta de nuestro patrimonio insular y costero. La coordinación y colaboración del ejecutivo-legislativo fue perfecta como ordena la Constitución Nacional. Gracias a don Elías Castillo, Presidente de la Asamblea Nacional y a todos los diputados de gobierno y oposición que apoyaron esta magnífica iniciativa. Los discursos aprobatorios eran excelsos. Ambos grupos políticos son maravillosos. Gracias por incentivar la endeble economía con más ventajas, prebendas y privilegios a los extranjeros e "inversionistas" que a los nacionales en los territorios costeros e insulares.

También queremos agradecer que la Asamblea Nacional, sabiamente ignoró y borró de las actas de las discusiones en primer debate, la participación y posición de los ambientalistas necios que no querían que desarrollaran urbanizaciones, centros comerciales, piscinas, campos de golf, aeropuertos, muelles, etc, en nuestras islas y en servidumbre pública de nuestras costas. También fue magnífico que ignoraran las posiciones de los indígenas y lugareños de Bocas del Toro y otros confines que objetaron fuertemente las bondades de esta ley. Las demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, no prosperarán porque nuestros magistrados, por sus excelsas virtudes, comprenderán que a pesar de ser violatorio de este viejo precepto constitucional que salvaguardaba a los panameños la titularidad común sobre los litorales e islas, ellos propugnarán porque este dilema lo resuelva en primera instancia la Procuraduría de la Administración, que como todos sabemos, obrará a favor de los intereses inmobiliarios y del sabio jefe del Palacio de las Garzas.

Gracias también a Rubén Blades por promover el turismo residencial en islas, o sea, se abrió la opción expedita de vender fincas y casas con título de propiedad, que antes de la ley no se podía. Esta estrategia desbordará en riquezas el país, sólo que a cambio no seremos libres en el uso y usufructo de nuestros privilegiados litorales, costas y montañas. Pero eso que importa, lo importante es celebrar la valentía y sabiduría de nuestros gobernantes en atreverse como nunca antes en la historia republicana a vender este patrimonio natural al mejor postor.

Gracias por convertir a los costeños e isleños y al resto de los panameños en extraños en nuestra propia tierra. Hoy ya no tenemos acceso libre a muchas playas e islas de nuestro Panamá. Es lo mejor que nos ha pasado. Nuevamente dejamos de ser libres en nuestra propia tierra. Qué importa, si al fin y al cabo siempre hemos sido esclavos de alguien y todo sea por el desarrollo integral que promueve nuestro gobierno para todos los ciudadanos. Adiós Playa el Flor y Kobbe, Isla Viveros, Isla Paridas, Isla Secas, Isla del Rey, Isla de Bastimentos, playas de San Carlos, playas del Golfo de Montijo, Burica, Bocas del Toro, Portobelo y Santa Isabel. Adiós playas e islas, por fin serán libres de intrusos panameños que quieren deleitarse gratuitamente de las playas y las aguas cálidas de nuestro litoral.

Señor Presidente, Dios y la Patria le agradecerán por ser tan sabio y vende patria.

Finalmente sólo nos queda decir, igual a como dijo un día Rufino Cuervo a finales del siglo XIX: “el que quiere conocer a Panamá que venga porque se acaba”. Yo ahora modifico la frase y digo: El que quiera comprar un pedazo barato de Panamá, que venga porque se acaba.
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Panamá, 12 de diciembre de 2006. Corregido y mejorado el 21 de de diciembre de 2006.
BiodiversidadPanamá
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Xenia De León
El PANAMA AMERICA
12 de diciembre de 2006

Isla secas, Golfo de Chiriquí.

UNAS 20 islas panameñas con un valor individual que va de 395 mil a 4 millones de dólares están a la venta en un sitio de Internet.

El sitio anuncia a Panamá como un país en donde el mercado de venta de islas no está bien regulado, y están "raramente" en plena propiedad.

Como un gancho para la venta, se indica que los "americanos" han estado haciendo del país su segunda residencia.

Las islas a vender están ubicadas en el archipiélago de Las Perlas, en la provincia de Bocas del Toro, en Colón, en Chiriquí y en la provincia de Darién.

LEGISLACION
La venta de islas en el país está amparada por la Ley No.2 de 7 de enero de 2006, conocida como la ley insular.

Esta legislación permite concesiones de hasta 90 años sobre terrenos estatales.

También permite la construcción de urbanizaciones, hoteles y pistas de aterrizaje hasta en un 50% del terreno de una isla, siempre y cuando esta no sea un área protegida.

LAS MAS CARA
La isla más cara que se está vendiendo es isla Montuosa, ubicada cerca de la isla de Coiba, y cuyo precio es de 4 millones de dólares.

Sobre esta isla se dice que tiene 112 hectáreas, y que cuenta con árboles antiguos que solamente se encuentran en otra isla cerca de El Salvador.

Se agrega que tiene " biodiversidad imperturbada y un sitio sagrado del entierro prehistórico antiguo". Otras islas de igual valor son isla Mamey, de Paulina y de Sordo.

Por su parte, isla de Puerco, en el archipiélago de Las Perlas, y Los Uveros, cerca de María Chiquita, en la provincia de Colón, se ofertan en 2 millones de dólares.

A PETICION
En el extenso menú de islas a la venta, la isla de Santo y San Pedro, ubicadas en Darién y en Chiriquí, respectivamente, no tienen precio, y en su lugar se indica que el mismo está "a petición".