Sigue negociado con costas en Colón
Octubre 15, 2007
Enrique Watts Ríos
ewatts@cwpanama.net
COLÓN. Un nuevo escándalo por la adjudicación de terrenos a borde de playa se ha destapado en Portobelo, al ser cercados unos 400 metros lineales a borde de la playa en el sector de Juan Gallegos, corregimiento de Isla Grande, sin haber pasado por las manos del Consejo Municipal de ese distrito y donde se menciona que unos de sus beneficiados es un destacado miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El área, que es un barranco en cuyo fondo existe un arrecife decoral y enormes rocas y que solo puede ser explotado rellenando laorilla de la playa, fue cedida a través de la figura del derecho posesorio a dos ciudadanos, uno extranjero y otro nacional, cuando se mantiene en vigencia disposiciones legales que autorizan a otras instancias en otorgar, mediante concesión, tierras que están a menos de 200 metros de la orilla de mar.
El hecho ha motivado que el Concejo de Portobelo convoque para el martes a los directores regionales de ANAM, MICI y PRONAT, para investigar si estas instituciones han dado permiso para la explotación de estos terrenos.
Emilia Tesis, presidenta de la comuna, reconoció que hay ciertas irregularidades en el otorgamiento de tierras que no han pasado por el Concejo, como personas que han procedido ha cercar con alambres de púas y ellos como gobierno local esperan conocer y que se aclare la situación.
Tesis dijo que las cosas deben hacerse como se establecen para que la cámara edilicia no quede involucrada en problemas que no conoce y donde son los últimos en enterarse.
La edil indicó que fueron informados de una concesión para talar 60 hectáreas en María Chiquita y que aparentemente fue otorgada por la ANAM sin conocimiento del Municipio de Portobelo.
En el caso de Juan Gallego, parte de los 400 metros lineales estaban a nombre de un poblador del área que posteriormente lo traspasa a un extranjero, mientras que el resto a un ex legislador perredista por San Miguelito.
Las tierras, que solo pueden desarrollarse rellenando los arrecifes de coral, fueron cercadas hace algunas semanas y por décadas estuvieron sin restricciones de acceso y solo se ha dejado, entre ambas, una distancia menor al medio metro de distancia.
Una fuente consultada por El Siglo manifestó que constantemente en las costas de Colón se presentan casos donde tierras que han sido vendidas a extranjeros con documentos falsos, posteriormente aparecen los dueños originales reclamando sus derechos.
La acción involucra en algunos casos a ex representantes de corregimiento que sirven de intermediario entre el comprador y los personajes que se dedican a validar la acción ilícita.
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Tag: Colón, Portobelo
Salvemos la Playa de Santa Clara
Adelante amigos, con tenacidad se logrará detener a estos ladrones.
Triste Playa
Gruas en el Mar
Camiones y Rellenos
6.6.07
Proyecto turístico construido en servidumbre pública
Técnicos piden frenar la obra
El informe de la Anam señala que la empresa Tropical Marina Inc. incumplió estudio ambiental.
La Anam inspeccionó la obra el pasado 9 de mayo y determinó que se incumple con la servidumbre marina.
José Arcia
jarcia@prensa.com
La dirección de Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de Colón recomendó la suspensión del proyecto turístico Tropical Marine Inc, que se construye en playa Blanca, en la comunidad de Mechi de María Chiquita, en Colón.
La medida se debe a que la empresa empezó el proyecto, que consiste en la construcción de cuatro cabañas y una marina, sin contar con la aprobación de los planos de concesión de ribera y fondo marino. Tampoco tenía los planos de la construcción de las cabañas .
La información se desprende de un informe emitido el pasado 29 de mayo cuando se abrió el proceso administrativo. En este momento, las autoridades de la Anam analizan los linderos del proyecto para tomar la decisión de suspender o no los trabajos de construcción, explicó ayer Daniel Chen, administrador regional de la entidad en Colón.
El informe, elaborado tras una inspección del 9 de mayo, dice que la empresa incumple con la servidumbre de ribera marina que establece la ley (las servidumbres de playa no podrán ser inferiores a 22 metros, contados a partir de la línea de alta marea). Otra de las anomalías que se mencionan es que la empresa Tropical Marine, cuyo presidente es el danés Niels Sundel, incumplió con el Estudio de Impacto Ambiental al empezar la obra sin los permisos de los ministerios de Salud, de Vivienda y de Obras Públicas.
Este diario llamó a la oficina del representante de la empresa, Andy Dinger, pero se informó que está de viaje. En una entrevista previa para una noticia publicada el pasado 24 de mayo, Dinger alegó que contaba con todo los permisos, con excepción de la concesión de mar que otorga la Autoridad Marítima de Panamá.
La Prensa, 6 de junio de 2007.
24.5.07
Muros en las playas de Colón
PROYECTO TURÍSTICO EN MARÍA CHIQUITA.
Muro privado en la playa
La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar y ribera marina.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| pala mecánica. El pasado 16 de mayo una retroexcavadora hacía remoción de arena en Playa Blanca. 854051 |
jarcia@prensa.com
La empresa Tropical Marina Inc., cuyo presidente es el danés Niels Sundel, comenzó la construcción de un muro de concreto reforzado y la remoción de arena en Playa Blanca, en el corregimiento de María Chiquita, en Colón, antes de que la Autoridad Marítima de Panamá le otorgara una concesión de uso de mar y ribera marina que pidió en julio de 2005 para construir un proyecto turístico que incluye una marina.
La edificación de la estructura incomodó al Consejo Municipal de Portobelo, que pidió el pasado 8 de abril a la Dirección de Catastro inspeccionar la obra para ver si cumple con los requisitos. Incluso el propio presidente del Consejo Municipal, Ramón Herrera, fue al lugar para verificar la construcción y ahora está en espera de la inspección que planea Catastro.
Andy Dinger, representante de la empresa, alega que cuenta con los permisos otorgados por el alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría.
Por su parte, Chavarría alega que el permiso dado por ellos es solo para construir una cerca entre la propiedad y la calle, y no para edificar un muro.
La protesta en contra de la obra también llegó de un vecino del lugar. Silvino Simón Argudo se quejó ante la Autoridad Nacional del Ambiente por la destrucción de la playa. "Además de la playa, están destruyendo los pocos arrecifes que quedan en el lugar", dijo.
------------------------------------MARÍA CHIQUITA.la anam aprobó el estudio de impacto ambiental.
El muro que partió Playa Blanca
La empresa Tropical Marina construye un muro de contención sobre la playa.La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena. |
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| AGUA SALADA. Trabajadores hasta la rodilla en agua del mar llenaban sacos de arena para construir un dique que sirva de contención para la construcción del muro.854048 |
jarcia@prensa.com
Un muro de 2.50 metros de altura y 20 centímetros de ancho con concreto reforzado se construye sobre Playa Blanca, en la comunidad Mechi, en María Chiquita de Colón sin que haya una concesión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La empresa Tropical Marine, que construye el muro como parte de la primera etapa de un proyecto turístico que incluye una marina, cuenta con un permiso del Municipio de Portobelo, pero el alcalde Carlos Chavarría alega que el aval que él otorgó es solo para construir una cerca frente a la calle y no en la playa.
Tropical Marine es presidida por el danés Niels Sundel. El proyecto originalmente consistía en cuatro cabañas, pero según uno de los representantes de la empresa, Andy Dinger, el diseño ha sido modificado y ahora construirán dos edificios para hotel con 52 habitaciones, y una marina.
"Tenemos todo aprobado, lo único que nos hace falta es que la AMP emita la resolución en donde se nos otorga la concesión". dijo Dinger.
La oficina de relaciones públicas de la AMP, por su parte, informó que en estos momentos está en trámite un permiso provisional que se otorga por un año para que el solicitante, en este caso Tropical Marina, pueda recibir los permisos de las demás instituciones. La concesión de uso de mar y ribera marina fue solicitada el 8 de julio de 2005 a la AMP.
El documento, que a juicio de Dinger valida la construcción del muro, es un permiso del Municipio de Portobelo emitido el 17 de julio de 2006 por el alcalde Chavarría y que tiene vigencia por un año. En una entrevista telefónica, Chavarría dijo a este diario que ese permiso es solo para la construcción de una cerca frontal que ya fue edificada.
El problema –se defiende Dinger– es que parte de los terrenos fue cubierta de arena de la playa y las personas consideran que es una playa pública, pero no lo es porque forma parte de una finca privada. "Nosotros estamos construyendo una servidumbre de 1.50 metro para permitirles a las personas bajar al área de mar y a la playa que está al lado del terreno, y que no será dada en concesión", dijo.
Como el terreno de la empresa está muy cerca del mar, se construye el muro para proteger los trabajos de construcción del hotel y también servirá de contención para el sótano de uno de los edificios, explicó.
Los argumentos de Dinger no convencen al presidente del Consejo Municipal de Portobelo, Ramón Herrera, quien el pasado 24 de abril hizo una inspección al lugar y pidió a la Dirección de Catastro de Colón empezar una investigación sobre la legalidad o no de ese muro.
"Ese muro se construye ilegalmente porque está impidiendo el acceso a la playa", dijo.
Osvaldo Chavarría, director de Catastro de Colón, confirmó la solicitud del Consejo y afirmó que para los próximos días tiene planeado hacer la inspección.
Lo cierto es que la empresa ya cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente para la primera etapa del proyecto. En estos momentos la Anam hace la evaluación del EIA para la segunda fase, que es la construcción de la marina.
El concejal Herrera y el director de Catastro, Chavarría, esperan a más tardar la otra semana para hacer la inspección y determinar la legalidad o no del muro.
ENFOQUE
Algunas cosas no están a la venta
panorama@prensa.com
OPINIÓN. Las playas y costas de Panamá valen mucho. De hecho, valen tanto que no tienen precio: la Constitución prohíbe su venta y garantiza que las costas sean de todos. Los manglares y pantanos costeros, así como las playas de arena y los arrecifes de coral son de importancia estratégica para la nación y las economías locales. Pero estos lugares están siendo usurpados y destruidos a lo largo del país, de maneras diferentes
.Los promotores de grandes proyectos y los especuladores conocen muy bien el alto valor de los terrenos costeros, y es normal que intenten privatizarlos. Por eso se supone que tenemos a las autoridades, que al tiempo que deben fomentar el desarrollo sano de nuestros activos nacionales, son responsables de protegerlos y de asegurar su carácter público. Desgraciadamente el caso de Playa Blanca, en Mechi, no es único en Panamá.
El auge inmobiliario que vivimos ha sobrepasado las normas actuales y la capacidad reguladora del Gobierno. Sumado a esto, las políticas gubernamentales van dirigidas a favorecer a empresas gigantes, en detrimento de los pobladores locales y de pequeños emprendedores, que son precisamente los únicos que pueden asegurar la conservación de nuestras costas ante la actual vorágine saqueadora.
El autor es biólogo y editor de Almanaque Azul
Fuente: La Prensa, 24 de mayo de 2007.
26.4.07
Denuncia venta ilícita de costas con manglares en San Carlos
SAN CARLOS.
Denuncian venta ilícita de terrenos
Rafael Luna Noguerarluna@prensa.com
El panameñista Luis Eduardo Camacho solicitó ayer al Ministerio Público investigar a varias autoridades del Gobierno, entre éstas al ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, y a la viceministra de Finanzas, Orcila de Constable, por la venta de un globo de terreno en el distrito de San Carlos, que según la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) era inadjudicable.
En la denuncia ciudadana presentada ante la Procuraduría, Camacho incluye además al director de Catastro, Mariano Quintero, y al director de Contrataciones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, Edilberto Ruiz.
Según el dirigente político, los terrenos, de 8 mil 811.38 metros cuadrados, fueron vendidos por 98 mil dólares a la sociedad Desarrollo Turístico San Carlos, S. A.
Explicó que el informe de la AMP, elaborado en 2005, deja claro que dicho globo de terreno nacional era de su competencia y que por tratarse de un humedal [manglares] de "importancia para la biodiversidad de la zona", no se le debía adjudicar.
De paso, dijo Camacho, la autoridad marítima notificó de su decisión a las autoridades mencionadas, pero de igual forma se autorizó la venta.
El panameñista indicó que también pedirá una investigación a la Asamblea, cuyo pleno autorizó una pesquisa similar en el caso de Punta Chame.
Corrupción en la venta de tierras costeras inadjudicables
PUNTA CHAME. explicaciones contradictorias.
MIDA defiende venta de tierras
Salazar justificó la venta a Espino. Cita una resolución de 1990, pero el monto de la transacción no coincide.
Torrijos dijo que no ha llamado a ningún funcionario y menos para que se vendan tierras a precios ridículos.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| DEVASTACIÓN. El 44% de las 26 hectáreas compradas por Espino estaban cubiertas de manglar. |
José Arcia
jarcia@prensa.com
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, justificó la venta, en menos de un centésimo el metro cuadrado, de 26 hectáreas de terreno en Punta Chame a Rodolfo Charro Espino. Dijo que todo se hizo basado en la Resolución No. 113 del 27 de marzo de 1990, que establece una tabla de precio por hectárea atendiendo al tipo de tierra y la cantidad en venta.
Sin embargo, el precio que fijó la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a cargo de Nadia Moreno, no corresponde con lo que fija la resolución. Por ejemplo, se señala que cuando son terrenos baldíos y la cantidad negociada es de 21 a 50 hectáreas, la hectárea se vende a 20 dólares.
Reforma Agraria vendió a Espino 26 hectáreas, por lo que el precio debió ser de 520 dólares y no 2 mil 80 dólares. El presidente Martín Torrijos dijo ayer que no ha llamado a ningún funcionario para ponerle precio de venta a las tierras, ni mucho menos para que se vendan a precios ridículos.
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PUNTA CHAME. EL PROYECTO CON LA CONEXIÓN PERFECTA Y SUS ANTECEDENTES.
Las compras y ventas de Espino
Charro Espino vendió en 2006 cuatro hectáreas a la cuñada de la ex presidenta Mireya Moscoso.
Berta de Moscoso vendió su propiedad a la sociedad Punta Chame, que preside Joseph Homsany Achar.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| CONTRADICCIÓN. El ministro del Mida, Guillermo Salazar, considera que el globo de terreno vendido, que aparece en esta foto, no era manglar, lo que contradice el informe del técnico Rolando Bernal, de Reforma Agraria. |
José Arcia
jarcia@prensa.com
Detrás del nombre de Corporación Playa Blanca, cuyo presidente es el tío del mandatario Martín Torrijos, Rodolfo Charro Espino, existen ventas y traspasos de tierras en las que salen a relucir hermanos de la ex presidenta Mireya Moscoso y reconocidos empresarios inmobiliarios. Incluso, los hijos y esposa de Charro Espino.
El 13 de abril de 2004, la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas le vendió a Charro Espino 29 hectáreas de zona costera en 14 mil 808 dólares.
Dos años después, Corporación Playa Blanca segrega y vende cuatro hectáreas, de las 29, a Berta Alicia Barahona de Moscoso, esposa de Bergis Moscoso, hermano de la ex presidenta, en 2 mil 900 dólares. En esa transacción Charro Espino se ganó dos centésimos por cada metro cuadrado, que suman la totalidad de 80 dólares.
TODO QUEDA EN FAMILIA
El 12 de junio de 2006, Berta Alicia Barahona vende en 30 mil dólares esa propiedad a la sociedad Punta Chame, cuyo presidente es el empresario inmobiliario Joseph Homsany Achar, quien tiene otra sociedad donde aparecen los nombres de dos hijos de Charro Espino. Se trata de Corporación Blanca Playa, donde el agente residente es Rodolfo Espino Barañano, y como suscriptor figura Carlos Espino Céspedes. Los dos son hijos de Charro Espino. Pero este último no es con su esposa Dioselina Barañano, quien aparece como secretaria y suscriptora de la Corporación Playa Blanca, empresa que le compró a Catastro 29 hectáreas; y a Reforma Agraria, 26 hectáreas.
Las primeras las adquirió en cinco centésimos (0.05) el metro cuadrado y las segundas en menos de un centésimo (0.008).
Las transacciones de Espino continuaron con el resto de las hectáreas adquiridas en Catastro. El 7 de febrero de 2007 Corporación Playa Blanca vendió en 14 mil 808 dólares (el mismo precio al que las compra, con la diferencia de cuatros hectáreas menos) a Corporación Blanca Playa, donde figuran los dos hijos de Espino y Homsany Achar.
Blanca Playa fue inscrita el 11 de agosto de 2006, seis años después que se fundara Corporación Playa Blanca.
En otras palabras, los terrenos de Catastro, que adquirió Espino, fueron vendidos a personas naturales y jurídicas, pero terminaron en sociedades relacionadas con él mismo.
JUSTIFICAN VENTA
Mientras la madeja de esta historia de conexiones, negocios y daños ambientales aún no termina de desenredarse, las autoridades intentan explicar cómo se dio la última venta a cargo de Reforma Agraria.
El presidente, Martín Torrijos, se presentó ayer al programa Debate Abierto de Medcom, donde negó el tráfico de influencias en el caso y dijo que nunca ha llamado a ningún funcionario para fijar precio de venta de tierras, “ni mucho menos para que se vendan a precios ridículos”.
En tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, convocó a una conferencia de prensa para justificar la venta a menos de un centésimo (0.008) el metro cuadrado en la zona costera.
Incluso, contradijo la opinión técnica del director Nacional de Análisis y Avalúo de la Reforma Agraria, Rolando Bernal, quien planteó en un informe que los terrenos vendidos son inundables y en gran parte están conformados por manglares. Salazar argumenta que el área no era manglar, por lo que la venta no tiene ninguna irregularidad.
Bernal en un informe fechado el 13 de julio de 2006 señaló que el terreno se caracterizaba por estar formado por playa y vciénagas marinas y que un alto porcentaje estaba constituido por manglar. Por lo tanto Reforma Agraria no tenía competencia para fijar precios.
Salazar explicó además que el precio se estableció en base a la Resolución 113 de 27 de marzo de 1990, que señala los montos por hectárea dependiendo de la cantidad negociada.
Sin embargo, ninguna de las categorías que el ministro cita en la resolución coincide con el precio en que se vendió el terreno el pasado 12 de marzo.
De hecho, una venta que le hizo Reforma Agraria a la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, de unos mil 70 metros cuadrados el 5 de septiembre de 2005, en la misma zona, estableció el precio del metro cuadrado en dos dólares. ¿Cuál es el criterio?
Ante este escándalo, que ha tocado el seno de su propia familia y de su Gobierno, Torrijos propuso ayer la creación del Instituto de Tierras para “evitar que se esté disponiendo de tierras del Estado a precios irrisorios”.
Además: Tráfico de influencias · Manglares · Islas y Costas · Costas · Corrupción · Urbanismo
4.4.07
Gobierno vendió manglar y playas inadjudicables
SAN CARLOS. LA COMUNIDAD ADVIRTIÓ QUE SE ESTABA TALANDO DE FORMA ILEGAL.
MEF vendió manglar
La venta se hizo ignorando opiniones técnicas que advertían que el área no podía adjudicarse.
El terreno fue devastado en 1995, de forma ilegal, y 10 años después se concretó la compra.
| LA PRENSA/Jorge Fernández |
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| SECUELAS. El área de manglar que fue devastada en la playa La Ensenada se estaba recuperando. Ese ecosistema, que sirvió de barrera natural contra la fuerza de las olas y era rico en biodiversidad, ya no existe. |
José Arcia
jarcia@prensa.com
La Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avaló en 2006 la venta de 8 mil 811 metros cuadrados de área de manglar a la empresa Desarrollo Turístico San Carlos en la playa La Ensenada, que entre sus representantes tiene a Gabriel Diez.
Esto a pesar de que existía una advertencia de la Autoridad Marítima de Panamá y del Consejo Municipal de que el área debía ser conservada por ser un manglar, es decir, inadjudicable.
El aviso no solo llegó de las autoridades locales y nacionales, sino también de la comunidad, que denunció la tala del manglar y la venta “ilegal” del terreno sin que el entonces director de Catastro, Benjamín Colamarco, hiciera caso.
Diez –cuya abogada es Giulia De Sanctis, presidenta de la Alianza Pro Ciudad– alega que el área no es manglar, y Colamarco dice que no recuerda con detalle esta venta.
La empresa planea anexar estas tierras a otras de su propiedad, para un desarrollo turístico que incluye un hotel.
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SAN CARLOS.SERVIDUMBRE MARÍTIMA pasó a manos privadas.
Así se vendió el manglar
En 1995 el empresario Arturo Diez devastó un área de manglar para construir un hotel.
En agosto de 2006 el área fue vendida por el Estado al hermano e hija de Arturo Diez.
| LA PRENSA/Jorge Fernández |
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| TALADO.Todavía quedan restos del manglar derribado. |
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José Arcia
jarcia@prensa.com
Ni las advertencias de autoridades municipales y gubernamentales ni muchos menos 10 años de lucha ciudadana para conservar un área de manglar, fueron suficientes para evitar que Benjamín Colamarco aprobara la venta de 8 mil 811 metros cuadrados de zona costera cuando fungía como director de Catastro el año pasado.
El inicio de la venta se remonta a noviembre de 1995 cuando el empresario Arturo Diez (q.e.p.d) entró con su maquinaria y devastó un área de manglar, adyacente a un lote de su propiedad en La Ensenada de San Carlos.
En ese momento moradores de las comunidades de Gil Ponce y La Ensenada, encabezados por Xiomara de Armijo y Gabriela Pascual, presentaron la denuncia ante el ahora desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovable (Inrenare).
Primera irregularidad
El 16 de noviembre la Dirección Regional de Panamá Oeste inspeccionó el lugar y detectó dos tractores efectuando “limpieza, rellenos y nivelación de la playa, trabajos que afectan a la playa, ya que se moviliza arena para rellenos de un cauce natural”.
Esto consta en un informe que le envió el director regional del Inrenare, Rodolfo Jaén, a su director general Rolando Guillén, el 22 de diciembre de 1995, en donde detalla todas las diligencias administrativas que había realizado la institución en contra de Arturo Diez.
El informe señala que se observaron árboles “abatidos” por los tractores y se iniciaba tala de un área de bosque residual de mangle.
Luego de la primera ins-pección, el 16 de noviembre, el Inrenare ordenó paralizar los trabajos por no contar con los permisos respectivos y citó a Ernesto Quezada, responsable de los trabajos de limpieza en el lugar, pero no se presentó. El 22 de noviembre fue citado por segunda vez y tampoco acudió.
En vista de ello, Jaén ordenó al guardabosque Rolando Zapateiro y con apoyo de la Fuerza Pública citar a Quezada por tercera vez. El 18 de diciembre Quezada se presentó al Inrenare de La Chorrera y alegó que “él es un empleado que trabaja en el área por instrucciones del ingeniero Arturo Diez Pérez y que éste le manifestó que continuara, que él [Diez] se encargaba de hacer los arreglos en Panamá”.
El miércoles 20 de diciembre de 1995, señala el informe, Arturo Diez dijo por teléfono a Jaén que él desconocía los trámites a seguir para hacer esos trabajos. Pero ese mismo día el Inrenare volvió a hacer otra inspección y encontró que el empresario “continuaba con los trabajos… y cortaba el sotobosque de una pequeña área de manglar que aún quedaba en el área”. El Inrenare multó a Arturo Diez con 5 mil dólares, sanción que más tarde fue rebajada a mil dólares.
En una nota fechada el 26 de diciembre de 1995 enviada a Jaén, Arturo Diez informó que suspendió los trabajos y ordenó devolver el equipo pesado a Panamá “hasta tanto se satisfagan los requisitos de impactos ambiental”. Arturo Diez fallece en 1997.
El tema quedó allí hasta siete años después cuando el 6 de agosto de 2004 los herederos de Arturo Diez, su hija Mónica Diez y su hermano Gabriel Diez, solicitaron la compra de un “globo de terreno baldío nacional” con una área de 8 mil 811 metros cuadrados.
El director del Catastro de ese entonces, Otoniel Hidalgo, realizó las primeras diligencias de la solicitud de compra, solicitando la opinión de las distintas entidades involucradas en el tema. En septiembre de 2004 las nuevas autoridades gubernamentales asumen el poder y Armijo y Pascual volvieron a activar su lucha para impedir que el terreno fuera vendido .
Ambas, a través de su apoderada legal , Gilma De León, interpusieron recursos de oposición a la venta ante la Dirección de Catastro, que estaba en manos de Colamarco.
Además, solicitaron una inspección a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que en octubre de 2005 certifica, mediante un informe, que en el área había “mucho rebrote y nacimiento de árboles de mangle blanco, rojo y achaparrado, además de que el área estaba anegada con agua salada producto de la entrada de las mareas”.
La AMP concluye que se declare el área de manglar como zona de preservación y que se niegue cualquier solicitud de concesión o compra por ser área inadjudicable.
El 10 de enero de 2006 este informe fue entregado a la Dirección de Catastro. El 27 de abril del mismo año Colamarco deja la Dirección de Catastro para asumir el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y el 23 de agosto de 2006 el Estado firmó el contrato de compra del área por la suma de 98 mil 26 dólares.
Autoridades y empresario
El ministro Colamarco dijo ayer que “en ningún momento vendió ese terreno porque no es de su competencia”. Tiene razón, el contrato de venta lleva la firma de la viceministra de Finanzas, Orcila Vega de Constable, quien no pudo ser contactada para esta nota. Pero lo cierto es que la aprobación de la venta es otorgada por la Dirección de Catastro.
Colamarco se apoya en el asesor legal de MOP, Edgar Aguilera, quien también trabajaba en Catastro durante su período. “Esa compra se aprobó porque existía toda la documentación que lo validaba”, dijo Aguilera.
La abogada de Gabriel Diez, Giulia De Sanctis, dijo estar sorprendida del informe de la AMP. Señaló que su cliente desconocía de ese informe.
Diez, por su parte, manifestó que todo el proceso se hizo basado en las normas existentes.
La Prensa, 4 de abril de 2007
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9.3.07
Siguen vivos los rellenos en Amador
La propuesta de Figali
Con Rubén Arosemena convaleciente, el empresario ha tenido acercamientos con el encargado de la AMP.
Figali propone a Carlos R. Moreno una adenda para legitimar los rellenos de todos sus contratos.
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
Grupo F. Internacional acudió a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) –entidad que reiteradamente le ha ordenado suspender y remover un relleno en Amador– para solicitar 40 mil metros cuadrados adicionales de fondo de mar.
La petición está contenida en una propuesta que Jean Figali, presidente de Grupo F., envió al subadministrador de la AMP, Carlos Raúl Moreno, que está al frente de la institución por enfermedad de su titular, el vicepresidente segundo Rubén Arosemena.
En octubre pasado, antes de separarse temporalmente del cargo, Arosemena ordenó a Grupo F. la inmediata suspensión de las obras y la remoción del relleno existente, hasta que "cumpliera con una serie de documentos y permisos".
Figali no atendió la orden de Arosemena; ahora que éste está fuera de la AMP, logró que Moreno, como administrador encargado, le recibiera con sus abogados. El saldo de ese encuentro se traduce en una propuesta escrita que Figali remitió a Moreno el 31 de enero.
En ella, se plantea que el Grupo acatará "inmediatamente" la solicitud de la AMP de suspender el relleno. Figali, empero, ha hecho una particular interpretación de esa orden: pretende –y así se lo comunicó a Moreno– continuar las obras frente a la vía principal de Amador, a cambio de no extender más el relleno del camellón. Esto, a fin de "evitar pérdidas económicas" al Grupo.
Figali también pidió las nuevas coordenadas, con el propósito de preparar un nuevo anteproyecto sobre la marina.
Una vez el anteproyecto sea presentado a la AMP, Figali propone a Moreno la confección de una adenda y una resolución, "autorizando las labores de relleno en todos los contratos, según las nuevas coordenadas, por dos años y mientras se aprueba y refrenda la adenda".
La otra solicitud
Figali le volvió a escribir a Moreno el 1 de marzo, para pedirle que designe a un nuevo representante de la AMP, ante la comisión inter-institucional para las áreas revertidas.
El actual representante es Carlos Ernesto González de la Lastra, secretario general de la AMP, a quien Grupo F. querelló penalmente por el supuesto abuso de autoridad.
Para el Grupo, González de la Lastra actuó "de manera arbitraria" al enviar una carta en noviembre pasado, reiterando la orden de suspensión de los trabajos de relleno, dictada por Arosemena un mes antes.
Se intentó contactar a Arosemena, pero éste todavía está convaleciente. En cuanto a González de la Lastra, en la AMP informaron de que se encuentra de vacaciones.
26.2.07
¿Playa Barqueta para quién?
Pueblo de Alanje defiende sus playas de especuladores
| Panamá, domingo 25 de febrero de 2007 |
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| CHIRIQuÍ.LA DIRECCIÓN DE CATASTRO FUE ALLANADA. Pugna en playa La BarquetaLa Fiscalía Anticorrupción comenzó una investigación para determinar si hubo irregularidades. En la playa se efectuó una inspección ocular y se realizará otra en el mes de marzo con topógrafos.
Boris Gómez Hace 40 años, cuando Constantino Aparicio era un niño, los alanjeños podían recorrer, hasta el cansancio, playa La Barqueta, que tiene 21 kilómetros de extensión. Hoy Constantino asegura que sus hijos sólo tienen una hectárea de acceso a la playa de 21 kilómetros en la que él creció. Eso se debe, asegura, a que una empresa dedicada al turismo residencial supuestamente se ha apropiado ilegalmente de bienes públicos, es decir, de terrenos que son inadjudicables por ley. El pasado jueves comenzó, por la fiscalía anticorrupción, la investigación por la denuncia presentada por el representante del corregimiento de Guarumal, Octavio Manuel Sánchez, quien asegura que en Playa Barqueta se están construyendo casas, por la empresa Las Olas Realty, afectando la zona de 22 metros después de la última línea de marea alta. Diferentes resoluciones del Ministerio de Vivienda y la legislación panameña establecen esos 22 metros como inadjudicables y que deben ser dejados como servidumbre pública. “Lo que nos dijo la fiscal, de que su misión es comprobar la verdad, nos llena de esperanza. Los panameños necesitamos autoridades que frenen de verdad la corrupción”, dijo Constantino Aparicio. Fiscal allana catastro
La fiscal anticorrupción, Mercedes de Mendizábal, realizó una inspección ocular en la playa y determinó que el próximo mes de marzo se llevará a cabo otra inspección con topógrafos. Su intención es comprobar si hubo delito contra la propiedad del Estado o contra la fe pública por funcionarios que se prestaron supuestamente a la aprobación de planos ficticios. Además allanó la oficina regional de la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas. Una fuente que pidió reserva de su nombre explicó que se llevaron siete planos de esa sede. Supuesta corrupción César Samudio, abogado que asesora al representante que presentó la querella, dijo que en la aprobación del plano hubo una serie de irregularidades, por lo que se hace necesario que la fiscalía anticorrupción investigue. “Los planos son ficticios, no se han demarcado los límites y al topógrafo Rodolfo Rodríguez se le despidió por negarse a participar en una componenda en perjuicio del Estado y de la población”, denunció Samudio. El topógrafo Rodolfo Rodríguez fue funcionario de la oficina regional de catastro por 25 años. Rodríguez confirmó a La Prensa que un mes antes de su destitución advirtió a los promotores del proyecto que en el terreno no se estaba cumpliendo con el respeto a los 22 metros. “Yo me sentí presionado y aprobé el plano con la objeción de que se estaban afectando los 22 metros de terreno y antes había sido aprobado por el Ministerio de Vivienda”, explicó. Samudio explicó que el plano antes de haber sido aprobado debió haber recibido el vistobueno de la Dirección de Catastro, lo que demuestra que el proceso se invirtió y revela que hay visos de corrupción. Samudio pidió que en las investigaciones sea llamado el topógrafo a declarar. Edidio Bonila, miembro de la Asociación Ambientalista de Chiriquí y quien asistió a la inspección ocular, manifestó que los ambientalistas van a estar de parte de la mejor utilización de los recursos naturales. “Si hay usurpación de un bien público le vamos a pedir a las autoridades que se definan pues tenemos que estar de parte del pueblo”, indicó.
Empresa asegura que ha cumplido con las leyesDurante la inspección en playa La Barqueta no se permitió el acceso a la prensa, pero el abogado de la empresa Las Olas Realty, Enoch Rodríguez, señaló que no hay ninguna normativa violada por la corporación. “Desde hace varios años César Samudio ha venido representando a distintos organismos que han hecho solicitudes a las autoridades y siempre Catastro le ha contestado que los planos cumplen con todos los requisitos”, señaló Rodríguez. Se le explicó a la fiscal que nunca se ha prohibido el paso por la playa a la población e incluso se le otorgó terrenos a las juntas comunales para el desarrollo que reviertan en actividades turísticas para la comunidad, añadió. Todos nuestros planos han sido correctamente aprobados y desde 1914, cuando los propietarios titularon, se ha cumplido con las normas nacionales, indicó. Fuente: La Prensa, 25 de febrero de 2007 Fuente secundaria: Burica Press |
18.11.06
Costas panameñas también están afectadas por aumento del nivel del mar
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Las áreas costeras sensitivas
Según el mapa que elaboró la ANAM (ver gráfico), el área noroeste y todo el archipiélago de Bocas del Toro se verían seriamente afectados a partir de 2030. Es precisamente en esta provincia donde se levanta una decena de proyectos inmobiliarios como Boca del Drago Beach, Big Creek Condor, Isla Solarte, Punta Vieja, Red Frog y Sunset Point.
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El estudio que maneja el Gobierno (en cuya elaboración también participaron el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, y la Universidad de Panamá) advierte que la parte sur de la provincia de Chiriquí es otra zona vulnerable, específicamente en la península de Burica, Alanje, David, Horconcito, Boca Chica, Las Lajas y Remedios.
En la misma situación está todo el golfo de Chiriquí: las islas Paridas, Bolaños, Secas, Venado, Mono, Sevilla, Boca Brava, Silva de Afuera y de Adentro, San José y Ladrones, entre otras.
Las costas de las provincias centrales tampoco están exentas del efecto de expansión del mar, entre ellas las del golfo de Parita, Chitré, Las Tablas y Pedasí. Coclé también ha sido identificada como una zona vulnerable: Aguadulce, Natá y Antón podrían verse afectadas.
En la provincia de Panamá, el riesgo se extiende desde Chame hasta San Carlos, incluyendo sectores de los distritos de La Chorrera y Arraiján.
Por el lado este, destacan Pacora, Chepo y Chimán, incluso los humedales protegidos del río Juan Díaz. Asimismo, la bahía de Panamá, hoy punto central de grandes desarrollos urbanísticos, ha sido mencionada por los expertos como un área sensitiva, al igual que el archipiélago de Las Perlas.
Costa abajo y el centro de la provincia de Colón se ven amenazadas, así como el archipiélago de San Blas.
Fuente: La Prensa, Panamá, domingo 3 de septiembre de 2006.
7.8.06
Carta a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia sobre inconstitucionalidad de Ley Insular (5)
Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
República de Panamá
E. S. D.
Estimados Magistrados:
Desde hace días pensábamos que podíamos escribirles, como ciudadanos y sociedad civil organizada a nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en relación a la consulta ciudadana sobre la conveniencia de declarar inconstitucional ciertos artículos de la Ley insular (Ley No. 2 del 7 de enero de 2006, “Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación del territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones”) porque violan el principio de la autonomía municipal y el régimen ecológico, al permitir que los promotores inmobiliarios y promotores turísticos, establezcan sus propias normas de ordenamiento del territorio en cualquier municipio, inhabilitando por defecto el deber municipal de ordenar su territorio y custodiar el patrimonio natural del país dentro de su circunscripción, promoviendo por ende, la anarquía en la ocupación y uso de las tierras y causando con esta política errada y anárquica la pérdida acelerada de recursos naturales y de todas las potencialidades de desarrollo integral y sostenible que se puede lograr en el país.
Mis dudas de qué cosas les podía escribir, no era por falta de argumentos, todo lo contrario, por abundancia de estos. Mi duda venía en función si valía la pena mencionarlos y enumerarlos, dado que muchos son argumentos de carácter científico, otros de carácter filosófico y otros de carácter legal y la demanda sólo aborda un aspecto muy puntual, sobre el régimen municipal y sus potestades de ordenamiento, arriba mencionado. La mayoría de nuestros planteamientos lo hemos publicado en medios diversos, pero también los hemos agrupado en el sitio de internet (www.salvemoslascostasdepanama.blogspot.com) que además funciona como sitio de denuncia y proveedor de información, análisis, críticas y todo tipo de información que orienta la opinión pública nacional e internacional y la vez sirve de fundamento para formalizar un documento histórico relacionado con esta antipatriótica ley insular.
Ante esta situación hemos decidido dos cosas: 1- solicitar el apoyo de la honorable Corte Suprema para la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por abogado José Santos, sobre esta ley insular, y 2- compartir con ustedes una visión del problema por parte de gran jurista y pro-hombre de nuestro país el Dr. Humberto Ricord, a quien, hace poco tuve el placer de conocer personalmente y percatarme de su amplio conocimiento y sabiduría y quien publicó en El Panamá América el 15 de marzo de 2005, el siguiente artículo de Opinión donde aborda el tema:
Islas, Costas y Negocios
Humberto E. Ricord (ver biografía de H.R.D)
CONSTITUCIONALISTA
Grupos adinerados de Panamá y algunos del extranjero están muy de plácemes, porque originalmente había en las Constituciones panameñas desde 1903, bienes de uso público y no podían ser objeto de apropiación privada (esta frase es muy distinta a "propiedad privada"), ya en estos últimos años han venido a ser objeto de "concesiones", que es un contradictorio régimen jurídico de la "apropiación privada", en cuya virtud la comunidad podía hacer uso de una playa o una costa, sin hacerla de su propiedad, porque la limitación estaba en que tales bienes no podían ser objeto de "apropiación privada". Pero en las últimas décadas, la fórmula de la "concesión" ha sido la vía por la cual las islas y las costas de Panamá sirven a los intereses del capital nativo o foráneo, y la frase de que no pueden ser "apropiaciones privadas", queda como letra muerta, pese a que sigue en la Carta Magna.
Se ha disparado así una feria de compraventa de islas y costas en el litoral panameño, con propósitos muy conocidos, aprovechándose de una "concesión" que, en la práctica, elimina la muribunda veda de "apropiación privada". Ni siquiera los puertos del Canal se han salvado de estos retorcimientos legalistas, que en la práctica hacen de ventas simuladas, quien sabe por cuántos largos años, al ser objeto de prórrogas dizque legítimas. Por este camino, islas y costas viene siendo objeto de una verdadera explotación, que desfigura todo el paisaje so capa del eufemismo de la "concesión", para que el capital, ya nativo, ya foráneo, se aproveche de este resucitar de la "Patria Boba", que continúa siendo Panamá, en donde fórmulas "jurídicas" que no cuestan ningún trabajo, y para enriquecimientos que consideramos oportunistas, porque de lo que se trata es de un negociado, tan "legítimo" como cualquier otro, al menos en su superficie, ya que se lleva a cabo "con todas las de la Ley".
Pero se trata de una fuente de riqueza que perjudica la economía nacional, y al mismo tiempo acaba con las bellezas naturales, porque el afán concesionario no tiene límites de ninguna clase y nada significa, sino murallas económicas contra el pueblo que está impedido de gozar normalmente de los beneficios de una bella naturaleza, que viene desapareciendo tras la "concesiones", de quienes lucran con los "pedazos de la Patria" como decía nuestro gran lirida Miró, "envueltos en girones de amor o de dolor".
No hemos debido ser tan generosos, ni tan ciegos, empeñando el territorio nacional, para una explotación que no se traduce en bienestar de nuestro pueblo, pero nuestro aparente candor de los primeros años de la República que nació en 1903, ya está abolido, mediante la licitación pública que ampara las "concesiones", porque si no es jurídico el régimen de "apropiación privada" sí ha venido a serlo el del " patrimonio en concesión", que viene a parar en poco tiempo en riqueza de los menos (incluso de extranjeros que ni nos visitan y saben hacer negocios extraproductivos).
No queda más remedio en pensar cuándo cesará esta nueva época de la Patria Boba, que ya sigue extendiendo su predominio y su patrimonio, en tanto que toda la delgada cintura nacional (nuestro territorio), pasa a manos de verdaderos "genios" de la economía, y convierte a nuestros conciudadanos en verdaderos parias, sin perspectiva y sin porvenir, y que están sufriendo últimamente los grandes aumentos del costo de la vida, e incrementando sus filas escuálidas y trágicas, a quienes hoy dedicamos este "lamento borincano".
Sin más palabras que agregar a nuestra solicitud, nos despedimos.
Atentamente
Ariel R. Rodríguez Vargas
Céd. 4-237-244
Alianza para la Conservación y el Desarrollo –ACD Panamá
Secretario de Asuntos Ambientales
Correo: ariel.rodriguez@acdpanama.org
Telefax. 223-9170