24.10.07

Pescadores defienden costas de David

PRIMER PLANO

Pescadores rechazan extracción de arena

CHIRIQUÍ. Los pescadores artesanales del corregimiento de Pedregal amenazan con tomar medidas de presión, si el Municipio de David aprueba la extracción de arena marina cerca de la isla Pipón, lo cual perjudicaría la vida marina de este sector.

El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, Osvaldo Grenald, señaló que hoy miércoles se presentarán ante el Consejo Municipal para protestar en contra de la extracción de arena marina que está solicitando el consorcio San José para venderla en Panamá.

Sandra A. Rivera

22.10.07

Derechos posesorios sobre islas y costas

Derechos posesorios sobre islas y costas

Octubre 22, 2007

INSEGURIDAD.
Y dale con el derecho posesorio
Pedro M. Vallarino Cox

De lo único que podemos estar seguros con el derecho posesorio (DP) es de su gran inseguridad jurídica. Si el 70% del territorio nacional tiene esta forma de tenencia, ya nos podemos imaginar la desazón y el temor de una inmensa cantidad de ciudadanos, máxime en estos momentos cuando el desarrollo turístico y el boom inmobiliario han disparado los precios (y los apetitos) especialmente en todas las zonas costeras del país.

El DP era algo con lo que tradicionalmente nos habíamos acostumbrado a convivir debido a la incapacidad crónica del Estado para titular a todo el mundo, careciendo entonces de un sistema catastro-registro actualizado y funcional. Para compensar esa debilidad, diversas administraciones trataron de darle algún reconocimiento legal al DP: a través del Código Civil; luego lo insertaron en el Código Agrario; y posteriormente mediante la Ley 63 de 1973 se crea la oficina de Catastro y se le asigna la función de dar títulos “en terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación”. En el año 2003 cuando comenzaron a soplar vientos del boom turístico y se despertaron apetitos incontrolados por poseer tierras con potencial, apareció la Resolución No. 062 del MEF que trató de normar, mediante un largo y engorroso proceso, la transformación de DP en títulos de propiedad. Era un reconocimiento tácito del DP por parte del Estado. En el 2005, y tras una ejemplar lucha ciudadana en contra de un anteproyecto de ley que pretendía regular la concesión y venta de islas, y la concesión de costas, al menos se logró que se incluyera un parágrafo donde se obligaba al Estado a respetar los DP existentes en las islas y costas panameñas. Nació entonces la controvertida Ley 2 del 2006, único instrumento legal que aparentemente protege cualquier tipo de derecho posesorio, a pesar de que reconocidos constitucionalistas han insistido que a través de varios artículos de nuestra Carta Magna se insinúa la existencia plena de esa figura aunque no con ese mismo nombre.

Cuando parecía que las aguas estaban retornando a su nivel y que a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) se estaban adelantando exitosamente las transformaciones de DP en títulos de propiedad, apareció la Resolución MEF-090 de julio 20/2007 mediante la cual se elimina de un solo tajo la Resolución 062 mencionada arriba. ¿Con qué fin? El MEF aduce lanecesidad de acabar con tanta tramitología que imponía la Resolución 062, pero al mismo tiempo nos advierte de que el Estado necesita recuperar su derecho a disponer de los bienes de la nación como lo estime conveniente. Pero, ¿qué se entiende por “bienes de la nación”? ¿Entre tales bienes estarán incluidos solamente los “terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación” o también se incluirán todos los terrenos que no están titulados actualmente, es decir, el 70% del país que esta bajo la figura del DP? ¿O será que el MEF califica como “terrenos baldíos” dicho 70% del territorio nacional? Si la respuesta es afirmativa, entonces podemos decir como nuestros abuelos: ¡se sienten pasos de animal grande!
Muchos se preguntan qué es lo que tiene tan incómodo al ejecutivo con este tema del DP, especialmente al MEF y al IPAT. Algunos dicen que es la proliferación de especuladores, otros dicen que es el hecho de las enormes ganancias que están obteniendo los particulares y que al Estado solo le toca el 10%. Y los demás opinan que lo que el gobierno desea es aplastar el DP y tener un poder decisorio total sobre cómo y quiénes desarrollarán las islas y costas del país. Lo cierto del caso es que existe una creciente incertidumbre y malestar entre todos los que ostentan DP, quienes vienen articulando interesantes cuestionamientos: ¿Qué es un “especulador con tierras” y qué dice la ley al respecto? Si el derecho posesorio es realmente un derecho, ¿puede el Estado desconocerlo o ponerle limitaciones? ¿Cuál es la verdadera fuerza jurídica del parágrafo del artículo 1 de la ley 2 del 2006? ¿Cuál es la razón para no haber reemplazado de inmediato la normativa consignada en la Resolución 062? ¿Cómo afecta la Resolución 090 a los programas de regularización que adelanta Pronat en estos momentos? El debate queda abierto y pienso que el país (abogados, constitucionalistas, funcionarios, etc.) está en mora para definir de una vez por todas todo lo concerniente a los derechos posesorios.

El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo Turístico del Caribe
—————–

El derecho posesorio nació como una figura social y no como una figura especulativa. Los especuladores se han valido de esta figura para tomarse el país y a la vez vendérselo a los extranjeros y en este gran negociado no queda dinero, ni en los lugareños que deben buscar donde acomodarse, ni en el Estado. Negocio redondo!

El interés colectivo y del ambiente y del país no está siendo protegido en todo esto.
Vendepatrias, aunque se rasguen como Tartufo las vestiduras en el Parlamento!

Buscarle el lado positivo a la ley 2 que permite la titulación de espacios costeros e insulares hasta donde rompe la ola de nuestros oceános es un robo al país, máxime cuando no serán los panameños quienes detentarán estos títulos.

Extraído de Burica Press

15.10.07

Some Panama squatters losing homes in Bocas del Toro Islands

Some Panama squatters losing homes

Developers are pushing long-established coastal squatters from their picturesque homes.

Special to The Miami Herald

Rosendo Garcia Molina, right, stands in the ruins of his former home, which was destroyed in a fire in Bocas del Toro, Panama. Molina, who was in a land dispute over potential development, believes the fire was set intentionally.
HOLLY PICKETT/FOR THE MIAMI HERALD
Rosendo Garcia Molina, right, stands in the ruins of his former home, which was destroyed in a fire in Bocas del Toro, Panama. Molina, who was in a land dispute over potential development, believes the fire was set intentionally.

In the late 1980s, Nicasio Jiménez built two listing shacks with mangrove beams, a roof of scavenged tin, and rough floor planks that allowed Caribbean breezes and biting flies to flit through the cracks.

Jiménez, a 61-year-old retired banana pruner who earned $1 an hour, did not own the waterfront land. Like hundreds of other low-income people living in Bocas del Toro, a stunning archipelago once relegated to some of Panama's poorest residents, he instead relied on ''squatter rights'' written into the country's law.

Now, as foreign investment transforms these languid islands, Jiménez' family faces eviction from a Naples developer who claims he bought the property from a third party.

''Before, nobody wanted this land,'' said Feliciano Santos, Jiménez's 36-year-old son-in-law. ``You didn't need documents. This was a garbage disposal area. We are the ones who cut our feet and got dirty working the land.''

For centuries, this Caribbean island has been a beautiful place to be dirt poor. But in recent years, a booming real estate market has brought American entrepreneurs into direct conflict with Afro-Caribbean and indigenous Indians who occupy these once-isolated isles.

Now, developers have targeted an emerging demographic: retirees from America and Europe.

Although American expatriates have been a part of the funky vibe in Bocas since the 1990s, they remained a relatively minor note in the Caribbean town. But as development in Panama City boomed -- construction permits last year topped $1 billion -- investors pushed into more remote reaches of the country.

Now, critics say, the size of the new developments threaten to displace hundreds of low-income island residents, many of whom live on prime oceanfront real estate.

In the past year, the conflict has spiraled. Armed private security guards patrol disputed beaches. A powerful union of construction workers has leveled charges of ''colonialism'' against several developers. Homes have mysteriously burned and been torn to the ground.

''There is this tremendous lust for the coastline,'' said Osvaldo Jordan, executive director of the Alliance for Conservation and Development, a Panamanian nonprofit based in Panama City. ``Developers and speculators will use any means necessary to get the land from the people.''

THE ISLAND LAW

In an attempt to restore order last year, President Martín Torrijos signed the Island Law, which provides incentives for investors to develop large residential communities for foreigners, while also attempting to preserve the rights of locals who have lived and farmed the land for decades.

Specifically, the law sought to attract developments with home prices above $300,000 -- a fortune in a country with a median income of $5,000.

On the day of the law's signing, developers unveiled plans for more than $700 million in new projects in Bocas del Toro -- evidence, critics say, that the law will only further disenfranchise the island's poor.

'The government has said, `Let's open ourselves to the highest bidders,' '' said Linda Barrera, a former law clerk with the International Environmental Law Project at Lewis and Clark Law School in Portland, Ore., and a Panamanian citizen. ``A small indigenous family may not have the resources that the developers have to establish the title. It's an expensive process.''

As Panamanian officials attempt to sift through the competing land claims, activists for the poor have criticized the government's lack of transparency, and local offices have been plagued with accusations of bribery.

The land dispute has spilled into the American legal system, where the owners of the Red Frog Beach project sued two Texas men and a Delaware corporation in a dispute over a 25-acre beach. Both groups have plans to develop the beach, which serves as a critical nesting area for several species of sea turtles.

LEGAL BATTLE

Attorneys for Red Frog -- a $400 million development with plans for 900 condos and villas, two marinas, a hotel and spa -- allege that a competing group, Cinco Cruces de Oro Holdings, bribed the local sheriff, which led to the jailing of a dozen Red Frog employees. Cinco Cruces denied any wrongdoing.

''Very strange and awful things have been happening here,'' said Michelle Slough, marketing director for Red Frog in Bocas. ``But little by little, we are trying to solve the land disputes and educate the community.''

As the case makes its way through the Texas legal system, a tense situation continues on the beach. On a hot afternoon this summer, security guards for both companies rested in the shade along the sandy shore, their camps located about 200 yards apart. Some carried automatic weapons. Others slept with shotguns at their sides.

''At first, we were very enthusiastic about these projects,'' said Rutilio Milton, 50, director of a small Ngobe Indian crafts cooperative along a bay where Red Frog plans to build a 250-boat marina. ``We thought the whole community would be part of this planning. But now this is so big we are afraid we will disappear.''

Some foreigners say they are only now realizing the difficulties of living in a town that, prior to the year 2000, did not have a paved road connecting it to the rest of Panama. On the islands, air travel, healthcare and even clean drinking water can be inconsistent.

EASILY DECEIVED

''It's not too hard to blind people to how weak their investment is,'' said a British citizen who moved to the islands four years ago but asked not to be identified because she runs a small business. ``If you scratch beneath the surface, you can see the fault lines.''

Those lines are striking on Isla Carenero, where Jiménez built his tiny home with no running water or electricity.

One hundred yards down the beach, 57-year-old J. Stephen Crabtree, formerly of Naples, built three small casitas for tourists, and lined the paths of his Careening Cay Resort with native flowers. His wife, Joan, opened the Cosmic Crab Café, which sits on stilts above the waters of the Caribbean.

''I've put my life savings into making this the most beautiful place in Bocas,'' Crabtree said. ``This is ideally what the Panamanian government wants to see -- an entrepreneur bringing in money and hiring locals at a living wage.''

Crabtree said he paid more than $150,000 to buy the land from an Afro-Caribbean woman whose father once harvested mangrove trees on the property.

Jiménez and his family said they have never received any documents showing that Crabtree owns the land. Crabtree said his attorney continues to work through the legal process, even as the situation between the neighbors worsens.

PUBLIC HUMILIATION

''They have slandered me on television,'' said Crabtree, who also works as a real-estate agent in the islands. ``They put you in jail for that here.''

Panama, he insisted, should ''serve as a model for Central America'' for its efforts to protect the rights of property owners.

''If you have the documents in place, the courts are fair,'' Crabtree said, sitting with visitors on his dock above the Caribbean waters. ``The next move -- once we oust these people -- will be to clean up the bay where they have been going to the bathroom for 12 years. When I get done, the place next door is going to look just like this.''

Sigue negociado con costas en Colón

Sigue negociado con costas en Colón

Octubre 15, 2007

A orillas del marEscándalo por tierras en Portobelo


Enrique Watts Ríos
ewatts@cwpanama.net


COLÓN.
Un nuevo escándalo por la adjudicación de terrenos a borde de playa se ha destapado en Portobelo, al ser cercados unos 400 metros lineales a borde de la playa en el sector de Juan Gallegos, corregimiento de Isla Grande, sin haber pasado por las manos del Consejo Municipal de ese distrito y donde se menciona que unos de sus beneficiados es un destacado miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El área, que es un barranco en cuyo fondo existe un arrecife decoral y enormes rocas y que solo puede ser explotado rellenando laorilla de la playa, fue cedida a través de la figura del derecho posesorio a dos ciudadanos, uno extranjero y otro nacional, cuando se mantiene en vigencia disposiciones legales que autorizan a otras instancias en otorgar, mediante concesión, tierras que están a menos de 200 metros de la orilla de mar.

El hecho ha motivado que el Concejo de Portobelo convoque para el martes a los directores regionales de ANAM, MICI y PRONAT, para investigar si estas instituciones han dado permiso para la explotación de estos terrenos.

Emilia Tesis, presidenta de la comuna, reconoció que hay ciertas irregularidades en el otorgamiento de tierras que no han pasado por el Concejo, como personas que han procedido ha cercar con alambres de púas y ellos como gobierno local esperan conocer y que se aclare la situación.

Tesis dijo que las cosas deben hacerse como se establecen para que la cámara edilicia no quede involucrada en problemas que no conoce y donde son los últimos en enterarse.

La edil indicó que fueron informados de una concesión para talar 60 hectáreas en María Chiquita y que aparentemente fue otorgada por la ANAM sin conocimiento del Municipio de Portobelo.
En el caso de Juan Gallego, parte de los 400 metros lineales estaban a nombre de un poblador del área que posteriormente lo traspasa a un extranjero, mientras que el resto a un ex legislador perredista por San Miguelito.

Las tierras, que solo pueden desarrollarse rellenando los arrecifes de coral, fueron cercadas hace algunas semanas y por décadas estuvieron sin restricciones de acceso y solo se ha dejado, entre ambas, una distancia menor al medio metro de distancia.

Una fuente consultada por El Siglo manifestó que constantemente en las costas de Colón se presentan casos donde tierras que han sido vendidas a extranjeros con documentos falsos, posteriormente aparecen los dueños originales reclamando sus derechos.

La acción involucra en algunos casos a ex representantes de corregimiento que sirven de intermediario entre el comprador y los personajes que se dedican a validar la acción ilícita.

Categorías: Costas · Islas y Costas · Privatización de playas
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Salvemos la Playa de Santa Clara

Felicitamos y damos la bienvenida a esta página que denuncia la apropiación indebida y destrucción de nuestras playas que son un bien público y de libre acceso.

Adelante amigos, con tenacidad se logrará detener a estos ladrones.

Triste Playa

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Gruas en el Mar

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