LAPRENSA/Jihan Rodríguez
CONCESIÓN. Los centros turísticos de Bocas mantienen elevados niveles de ocupación. Isleños temen perder sus tierras
Cynthia Sánchez
csanchez@prensa.com
Teniendo como marco la isla Colón, en Bocas del Toro, el presidente, Martín Torrijos, sancionó ayer la llamada "ley insular" que permite al Estado dar en concesión zonas costeras o islas por un período de hasta 90 años.
Según Torrijos la ley permitirá que en el archipiélago de Bocas del Toro se realicen mayores inversiones turísticas.
Mientras Torrijos estampaba su firma en la Ley No. 2 de 7 de enero de 2006, un mensaje de fin de semana del Presidente se escuchaba en las emisoras y estaciones de televisión. La cinta pregrabada anunciaba que este año se realizará la consulta popular para decidir la ampliación del Canal de Panamá.
En el transcurso de este año "tendremos que definir, luego de una amplia consulta, si nos abocamos a ampliar el Canal".
En su mensaje Torrijos hizo énfasis en que esa vía tiene que convertirse en eje de desarrollo para el país y por eso los panameños deben entender la importancia de su ampliación. Hizo un llamado a la población para que discuta con serenidad el tema: "No permitamos que los derrotados de siempre, los que nunca han tenido confianza y fe en nuestro pueblo nos arrebaten la esperanza y el futuro".
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LEY 2 DE 2006. PESE A LA OPOSICIÓN DE MORADORES Y AMBIENTALISTAS, LA NORMA FUE SANCIONADA.
Concesiones de islas por 90 años.
El término de la adjudicación es a 60 años con opción a una prórroga por 30 años más.
CONTADORA. Ahora a los inversionistas les será más fácil desarrollar proyectos turísticos en islas y costas de Panamá. LA PRENSA/ Jihan Rodríguez
Leonardo Flores
lflores@prensa.com
La recién sancionada "ley insular", promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas, ha encontrado una férrea resistencia de moradores e inversionistas de las áreas costeras de Bocas del Toro y de Colón, quienes alegan que perderán las tierras que han ocupado por generaciones, debido a que carecen de títulos de propiedad. Además, manifiestan que tal y como está concebida la ley no deja claro cómo queda el tema de tierra firme. Otros alegan que el período de la concesión es muy largo.
LA NUEVA LEY
La Ley 2 de enero de 2006 (Ley 132 aprobada en diciembre en la Asamblea Nacional en 2005) establece que las concesiones serán por un término de 60 años con la opción de prórroga por 30 años más. Este trámite requiere de convocatoria pública conforme a la reglamentación que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas.
Además, estipula que las servidumbres de playa no podrán ser inferiores a 22 metros, contados a partir de la línea de alta marea, pero en aquellos casos en que las servidumbres no puedan ser de 22 metros, la Dirección de Catastro con el Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad Marítima de Panamá harán la determinación de la distancia.
La norma también crea la Ventanilla Única y Especial en la Dirección de Catastro, exclusiva para el trámite y la aprobación de solicitudes de concesión, con la facultad de fiscalizar que se cumplan las leyes correspondientes.
Señala la ley que la enajenación de las áreas declaradas de desarrollo especial, no podrá exceder del 50% de la superficie total del territorio de cada isla, ni podrá ser traspasada al dominio de otro Estado. Los proyectos turísticos que se ejecuten en las áreas declaradas como de desarrollo especial, no podrá exceder del 30% de la superficie total de cada isla. En todo caso, los proyectos turísticos deberán conservar el 30% de la visión paisajística de la zona costera insular.
El tema de la tenencia de la tierra no es el único que preocupa. La discusión también gira en torno a la protección del ambiente. Los ecologistas califican el proyecto de "nefasto y antipatriótico porque privatiza las costas y las islas, y provocará daños a la naturaleza".
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Este proyecto "desata la especulación de tierras y la consecuente destrucción del ambiente (...) sabemos que detrás de este nefasto proyecto ha habido triquiñuelas y se demuestra corrupción por un lado y oportunismo de los allegados del Gobierno por el otro", detallaban comunicados distribuidos durante las sesiones en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional.
La nueva ley encontró un peculiar opositor. El diputado bocatoreño Benicio Robinson, miembro del oficialista Partido Revolucionario Democrático se opuso férreamente durante el primer debate del proyecto, pero al final votó a su favor.
El proceso de discusión del proyecto también se vio empañado por los escándalos de falsificación de las firmas del representante de Cuango, Ginés Góndola y de la alcaldesa de Santa Isabel, Yira Molinar, en la resolución en que se anunciaba el apoyo de la iniciativa gubernamental .
A pesar de todos los cuestionamientos, el director de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, Benjamín Colamarco, argumenta que la norma "es un instrumento que garantiza la tenencia de la tierra, estimula la inversión turística y desarrolla otras leyes".
El Ejecutivo piensa igual y lo demostró ayer, ya que en medio del paradisíaco paisaje de Bocas convirtió en ley de la República el "proyecto insular".
Ahora, la Dirección de Catastro y los municipios deben levantar un estudio de propiedad de las tierras estatales que han sido declaradas áreas de interés turístico nacional y delimitar las áreas que podrán darse en concesión, respetando títulos y derechos posesorios.
OPINIONES
Con la ley se busca frenar la especulación de tierras como ha venido sucediendo en Bocas del Toro, pero se abren las puertas a proyectos despiadados que acabarán con zonas isleñas salvajes y vírgenes que abundan en los territorios en Panamá. Abogamos porque se mantenga el encanto natural, que es lo que ha atraído a algunos inversionistas. Hay que garantizar el atractivo salvaje y la diversidad biológica.
Líder Sucre
Director ejecutivo de Ancon
Los grandes beneficiarios serán los proyectos inmobiliarios nefastos que se ejecutan o están planificados en territorios insulares del archipiélago de Bocas del Toro, Isla de las Perlas, golfo de Montijo, entre otros. No se consultó a todos los sectores. Solo a los isleños. Esto no debió hacerse así, dado que las islas son patrimonio de todos. El beneficio particular no se puede imponer al beneficio colectivo de la sociedad y este principio hay que defenderlo.
Ariel Rodríguez
Ambientalista
Si esta ley se aprueba tal como está, será un consultor contratado por quien vaya a hacer la inversión el que determine la categoría del estudio de impacto ambiental, dejando fuera de este trámite a la Autoridad Nacional del Ambiente. Por otro lado, el proyecto se enfoca más en la tenencia de la tierra, y deja por fuera los aspectos como la biodiversidad que existe en las cercanías de las islas, en donde se reproduce gran parte de la vida marina de la región.
Brooke Alfaro
Arquitecto
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