Daño ecológico en playa La Barqueta

CHIRIQUÍ.manglar y humedales costeros.

Daño ecológico en playa La Barqueta

A Gabriel Araúz Anguizola se le vincula con una devastación de manglares en la playa La Barqueta.

Se afectó el hábitat de especies marinas y terrestres que dependen de ese ecosistema.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/V. Arosemena

UBICACIÓN. Hotel Las Olas, ubicado en Guarumal, distrito de Alanje.968710

Sandra A. Rivera
David, Chiriquí

Las experticias realizadas por parte de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam), Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) pone de manifiesto un evidente daño ecológico directo e irreversible en manglares y humedales costeros cercanos a la playa La Barqueta.

Así lo dio a conocer el fiscal Segundo Superior y Ambiental, Franklin Amaya, quien añadió que para esta dependencia en este caso se reúnen todos los requisitos constitutivos de un delito contra el ambiente y contra los recursos naturales por parte de la actuación de Juan Araúz, como representante legal del Hotel Playa La Barqueta.

Para ampliar las investigaciones, la Fiscalía Ambiental llamó a declarar ayer a Juan Gabriel Araúz Anguizola, quien fue denunciado por estos supuestos daños en una zona de manglar y humedales costeros cercanos a la playa La Barqueta.

Manifestó que también se llamó a declarar al querellante, César Samudio, para ampliar las investigaciones en este caso de supuesto delito ecológico.

Indicó que al acusado Araúz se le vincula con un delito ambiental por una devastación de manglares y excavaciones dentro del área protegida en la playa La Barqueta y fuera de esta zona, donde se excavó para la construcción de un canal de navegación que comunica con el Hotel Playa La Barqueta en donde se afectó mucho manglar.

Mencionó que el problema es que el manglar es un recurso marino costero que esta protegido a nivel constitucional.

El pasado 30 de abril, la dirección regional de Chiriquí de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) autorizó al empresario Araúz a realizar una limpieza de un estero que pasa detrás del refugio de vida silvestre La Barqueta.

La limpieza del estero se convirtió en un trabajo de dragado de un canal de tres kilómetros de longitud, 15 metros de ancho y 10 metros de profundidad, el cual causó daños al manglar de un área protegida.

Este delito ecológico fue denunciado por el representante del corregimiento de Guarumal, Octavio Manuel Sánchez, y el ciudadano Alexis Aparicio.

Según un informe de la unidad ambiental, fechado el 18 de junio pasado, se afectó el hábitat de especies marinas y terrestres que dependen de ese ecosistema. Las obras de canalización son parte del proyecto turístico Las Olas, propiedad del empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola.

La Prensa, 12 de enero de 2008.

Sigue negociado con costas en Colón

Sigue negociado con costas en Colón

Octubre 15, 2007

A orillas del marEscándalo por tierras en Portobelo

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Enrique Watts Ríos
ewatts@cwpanama.net

COLÓN. Un nuevo escándalo por la adjudicación de terrenos a borde de playa se ha destapado en Portobelo, al ser cercados unos 400 metros lineales a borde de la playa en el sector de Juan Gallegos, corregimiento de Isla Grande, sin haber pasado por las manos del Consejo Municipal de ese distrito y donde se menciona que unos de sus beneficiados es un destacado miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El área, que es un barranco en cuyo fondo existe un arrecife decoral y enormes rocas y que solo puede ser explotado rellenando laorilla de la playa, fue cedida a través de la figura del derecho posesorio a dos ciudadanos, uno extranjero y otro nacional, cuando se mantiene en vigencia disposiciones legales que autorizan a otras instancias en otorgar, mediante concesión, tierras que están a menos de 200 metros de la orilla de mar.

El hecho ha motivado que el Concejo de Portobelo convoque para el martes a los directores regionales de ANAM, MICI y PRONAT, para investigar si estas instituciones han dado permiso para la explotación de estos terrenos.

Emilia Tesis, presidenta de la comuna, reconoció que hay ciertas irregularidades en el otorgamiento de tierras que no han pasado por el Concejo, como personas que han procedido ha cercar con alambres de púas y ellos como gobierno local esperan conocer y que se aclare la situación.

Tesis dijo que las cosas deben hacerse como se establecen para que la cámara edilicia no quede involucrada en problemas que no conoce y donde son los últimos en enterarse.

La edil indicó que fueron informados de una concesión para talar 60 hectáreas en María Chiquita y que aparentemente fue otorgada por la ANAM sin conocimiento del Municipio de Portobelo.
En el caso de Juan Gallego, parte de los 400 metros lineales estaban a nombre de un poblador del área que posteriormente lo traspasa a un extranjero, mientras que el resto a un ex legislador perredista por San Miguelito.

Las tierras, que solo pueden desarrollarse rellenando los arrecifes de coral, fueron cercadas hace algunas semanas y por décadas estuvieron sin restricciones de acceso y solo se ha dejado, entre ambas, una distancia menor al medio metro de distancia.

Una fuente consultada por El Siglo manifestó que constantemente en las costas de Colón se presentan casos donde tierras que han sido vendidas a extranjeros con documentos falsos, posteriormente aparecen los dueños originales reclamando sus derechos.

La acción involucra en algunos casos a ex representantes de corregimiento que sirven de intermediario entre el comprador y los personajes que se dedican a validar la acción ilícita.

Categorías: Costas · Islas y Costas · Privatización de playas
Tag: Colón, Portobelo

Muros en las playas de Colón

PROYECTO TURÍSTICO EN MARÍA CHIQUITA.

Muro privado en la playa

La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar y ribera marina.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

pala mecánica. El pasado 16 de mayo una retroexcavadora hacía remoción de arena en Playa Blanca. 854051

José Arcia
jarcia@prensa.com

La empresa Tropical Marina Inc., cuyo presidente es el danés Niels Sundel, comenzó la construcción de un muro de concreto reforzado y la remoción de arena en Playa Blanca, en el corregimiento de María Chiquita, en Colón, antes de que la Autoridad Marítima de Panamá le otorgara una concesión de uso de mar y ribera marina que pidió en julio de 2005 para construir un proyecto turístico que incluye una marina.

La edificación de la estructura incomodó al Consejo Municipal de Portobelo, que pidió el pasado 8 de abril a la Dirección de Catastro inspeccionar la obra para ver si cumple con los requisitos. Incluso el propio presidente del Consejo Municipal, Ramón Herrera, fue al lugar para verificar la construcción y ahora está en espera de la inspección que planea Catastro.

Andy Dinger, representante de la empresa, alega que cuenta con los permisos otorgados por el alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría.

Por su parte, Chavarría alega que el permiso dado por ellos es solo para construir una cerca entre la propiedad y la calle, y no para edificar un muro.

La protesta en contra de la obra también llegó de un vecino del lugar. Silvino Simón Argudo se quejó ante la Autoridad Nacional del Ambiente por la destrucción de la playa. "Además de la playa, están destruyendo los pocos arrecifes que quedan en el lugar", dijo.

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MARÍA CHIQUITA.la anam aprobó el estudio de impacto ambiental.

El muro que partió Playa Blanca

La empresa Tropical Marina construye un muro de contención sobre la playa.La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar.

LA PRENSA/Víctor Arosemena.

AGUA SALADA. Trabajadores hasta la rodilla en agua del mar llenaban sacos de arena para construir un dique que sirva de contención para la construcción del muro.854048

José Arcia
jarcia@prensa.com

Un muro de 2.50 metros de altura y 20 centímetros de ancho con concreto reforzado se construye sobre Playa Blanca, en la comunidad Mechi, en María Chiquita de Colón sin que haya una concesión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La empresa Tropical Marine, que construye el muro como parte de la primera etapa de un proyecto turístico que incluye una marina, cuenta con un permiso del Municipio de Portobelo, pero el alcalde Carlos Chavarría alega que el aval que él otorgó es solo para construir una cerca frente a la calle y no en la playa.

Tropical Marine es presidida por el danés Niels Sundel. El proyecto originalmente consistía en cuatro cabañas, pero según uno de los representantes de la empresa, Andy Dinger, el diseño ha sido modificado y ahora construirán dos edificios para hotel con 52 habitaciones, y una marina.

"Tenemos todo aprobado, lo único que nos hace falta es que la AMP emita la resolución en donde se nos otorga la concesión". dijo Dinger.

La oficina de relaciones públicas de la AMP, por su parte, informó que en estos momentos está en trámite un permiso provisional que se otorga por un año para que el solicitante, en este caso Tropical Marina, pueda recibir los permisos de las demás instituciones. La concesión de uso de mar y ribera marina fue solicitada el 8 de julio de 2005 a la AMP.

El documento, que a juicio de Dinger valida la construcción del muro, es un permiso del Municipio de Portobelo emitido el 17 de julio de 2006 por el alcalde Chavarría y que tiene vigencia por un año. En una entrevista telefónica, Chavarría dijo a este diario que ese permiso es solo para la construcción de una cerca frontal que ya fue edificada.

El problema –se defiende Dinger– es que parte de los terrenos fue cubierta de arena de la playa y las personas consideran que es una playa pública, pero no lo es porque forma parte de una finca privada. "Nosotros estamos construyendo una servidumbre de 1.50 metro para permitirles a las personas bajar al área de mar y a la playa que está al lado del terreno, y que no será dada en concesión", dijo.

Como el terreno de la empresa está muy cerca del mar, se construye el muro para proteger los trabajos de construcción del hotel y también servirá de contención para el sótano de uno de los edificios, explicó.

Los argumentos de Dinger no convencen al presidente del Consejo Municipal de Portobelo, Ramón Herrera, quien el pasado 24 de abril hizo una inspección al lugar y pidió a la Dirección de Catastro de Colón empezar una investigación sobre la legalidad o no de ese muro.

"Ese muro se construye ilegalmente porque está impidiendo el acceso a la playa", dijo.

Osvaldo Chavarría, director de Catastro de Colón, confirmó la solicitud del Consejo y afirmó que para los próximos días tiene planeado hacer la inspección.

Lo cierto es que la empresa ya cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente para la primera etapa del proyecto. En estos momentos la Anam hace la evaluación del EIA para la segunda fase, que es la construcción de la marina.

El concejal Herrera y el director de Catastro, Chavarría, esperan a más tardar la otra semana para hacer la inspección y determinar la legalidad o no del muro.

ENFOQUE
Algunas cosas no están a la venta

Mir Rodríguez
panorama@prensa.com

OPINIÓN. Las playas y costas de Panamá valen mucho. De hecho, valen tanto que no tienen precio: la Constitución prohíbe su venta y garantiza que las costas sean de todos. Los manglares y pantanos costeros, así como las playas de arena y los arrecifes de coral son de importancia estratégica para la nación y las economías locales. Pero estos lugares están siendo usurpados y destruidos a lo largo del país, de maneras diferentes

.Los promotores de grandes proyectos y los especuladores conocen muy bien el alto valor de los terrenos costeros, y es normal que intenten privatizarlos. Por eso se supone que tenemos a las autoridades, que al tiempo que deben fomentar el desarrollo sano de nuestros activos nacionales, son responsables de protegerlos y de asegurar su carácter público. Desgraciadamente el caso de Playa Blanca, en Mechi, no es único en Panamá.

El auge inmobiliario que vivimos ha sobrepasado las normas actuales y la capacidad reguladora del Gobierno. Sumado a esto, las políticas gubernamentales van dirigidas a favorecer a empresas gigantes, en detrimento de los pobladores locales y de pequeños emprendedores, que son precisamente los únicos que pueden asegurar la conservación de nuestras costas ante la actual vorágine saqueadora.

El autor es biólogo y editor de Almanaque Azul

Fuente: La Prensa, 24 de mayo de 2007.

Siguen vendiendo islas de Bocas del Toro a extranjeros

BOCAS DEL TORO.

Familia denuncia la alteración de contrato de compra venta de terreno

Alcalde de la provincia investigará la actuación de corregidores que ordenan desalojos de terrenos.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/A. Pimentel

QUEJA. Corregidor de Punta Laurel ordenó destrucción de vivienda.

Ángel Santiago Pimentel
CAYO DE AGUA, Bocas del Toro

Quince personas, entre ellas nueve menores de edad, pasaron la noche a la intemperie luego de que su vivienda fuera destruida este miércoles, en cumplimiento de la orden de desalojo que dio el corregidor de Punta Laurel, Ernestino Bonilla.

Se trata de la familia Smith, residente en la comunidad de Cayo de Agua.

Wilfredo Smith, vocero de los afectados, indicó que el desalojo fue solicitado por un extranjero, oriundo de Argentina, que tramitó la compra del lote de 30 hectáreas que pertenece a la familia, pagaderos en un año.

Smith asegura que el extranjero alteró los números del contrato de compra venta, indicando que la familia le vendería 42 hectáreas en 3 mil dólares cada una, cuando lo que se había acordado era la venta de 30 hectáreas en 5 mil dólares cada una. "Como mi padre no sabe leer, aprovecharon que yo no estaba y lo hicieron firmar el contrato alterado".

Ahora la familia reclama el pago del monto original, de 150 mil dólares, que se acordó. Ayer fue imposible ubicar al extranjero para conocer su versión de los hechos, así como al corregidor que ordenó el desalojo.

Eligio Binns, alcalde del distrito de Bocas del Toro, indicó que algunos corregidores han sido "influenciados" por los compradores.

Binns encargó al asesor legal del municipio que investigue el caso de la familia Smith, a fin de determinar si en realidad el contrato fue alterado. La investigación incluirá la actuación del corregidor Bonilla. "Analizaremos la situación y si hay que imponer sanciones, lo haremos".

El alcalde admitió que anomalías como las denunciadas por la familia Smith son el pan nuestro de cada día, pero se comprometió a poner punto final a la mala práctica.

Gobierno vendió manglar y playas inadjudicables

SAN CARLOS. LA COMUNIDAD ADVIRTIÓ QUE SE ESTABA TALANDO DE FORMA ILEGAL.

MEF vendió manglar

La venta se hizo ignorando opiniones técnicas que advertían que el área no podía adjudicarse.

El terreno fue devastado en 1995, de forma ilegal, y 10 años después se concretó la compra.

LA PRENSA/Jorge Fernández

SECUELAS. El área de manglar que fue devastada en la playa La Ensenada se estaba recuperando. Ese ecosistema, que sirvió de barrera natural contra la fuerza de las olas y era rico en biodiversidad, ya no existe.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avaló en 2006 la venta de 8 mil 811 metros cuadrados de área de manglar a la empresa Desarrollo Turístico San Carlos en la playa La Ensenada, que entre sus representantes tiene a Gabriel Diez.

Esto a pesar de que existía una advertencia de la Autoridad Marítima de Panamá y del Consejo Municipal de que el área debía ser conservada por ser un manglar, es decir, inadjudicable.

El aviso no solo llegó de las autoridades locales y nacionales, sino también de la comunidad, que denunció la tala del manglar y la venta “ilegal” del terreno sin que el entonces director de Catastro, Benjamín Colamarco, hiciera caso.

Diez –cuya abogada es Giulia De Sanctis, presidenta de la Alianza Pro Ciudad– alega que el área no es manglar, y Colamarco dice que no recuerda con detalle esta venta.

La empresa planea anexar estas tierras a otras de su propiedad, para un desarrollo turístico que incluye un hotel.

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SAN CARLOS.SERVIDUMBRE MARÍTIMA pasó a manos privadas.

Así se vendió el manglar

En 1995 el empresario Arturo Diez devastó un área de manglar para construir un hotel.

En agosto de 2006 el área fue vendida por el Estado al hermano e hija de Arturo Diez.

LA PRENSA/Jorge Fernández

TALADO.Todavía quedan restos del manglar derribado.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Ni las advertencias de autoridades municipales y gubernamentales ni muchos menos 10 años de lucha ciudadana para conservar un área de manglar, fueron suficientes para evitar que Benjamín Colamarco aprobara la venta de 8 mil 811 metros cuadrados de zona costera cuando fungía como director de Catastro el año pasado.

El inicio de la venta se remonta a noviembre de 1995 cuando el empresario Arturo Diez (q.e.p.d) entró con su maquinaria y devastó un área de manglar, adyacente a un lote de su propiedad en La Ensenada de San Carlos.

En ese momento moradores de las comunidades de Gil Ponce y La Ensenada, encabezados por Xiomara de Armijo y Gabriela Pascual, presentaron la denuncia ante el ahora desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovable (Inrenare).

Primera irregularidad

El 16 de noviembre la Dirección Regional de Panamá Oeste inspeccionó el lugar y detectó dos tractores efectuando “limpieza, rellenos y nivelación de la playa, trabajos que afectan a la playa, ya que se moviliza arena para rellenos de un cauce natural”.

Esto consta en un informe que le envió el director regional del Inrenare, Rodolfo Jaén, a su director general Rolando Guillén, el 22 de diciembre de 1995, en donde detalla todas las diligencias administrativas que había realizado la institución en contra de Arturo Diez.

El informe señala que se observaron árboles “abatidos” por los tractores y se iniciaba tala de un área de bosque residual de mangle.

Luego de la primera ins-pección, el 16 de noviembre, el Inrenare ordenó paralizar los trabajos por no contar con los permisos respectivos y citó a Ernesto Quezada, responsable de los trabajos de limpieza en el lugar, pero no se presentó. El 22 de noviembre fue citado por segunda vez y tampoco acudió.

En vista de ello, Jaén ordenó al guardabosque Rolando Zapateiro y con apoyo de la Fuerza Pública citar a Quezada por tercera vez. El 18 de diciembre Quezada se presentó al Inrenare de La Chorrera y alegó que “él es un empleado que trabaja en el área por instrucciones del ingeniero Arturo Diez Pérez y que éste le manifestó que continuara, que él [Diez] se encargaba de hacer los arreglos en Panamá”.

El miércoles 20 de diciembre de 1995, señala el informe, Arturo Diez dijo por teléfono a Jaén que él desconocía los trámites a seguir para hacer esos trabajos. Pero ese mismo día el Inrenare volvió a hacer otra inspección y encontró que el empresario “continuaba con los trabajos… y cortaba el sotobosque de una pequeña área de manglar que aún quedaba en el área”. El Inrenare multó a Arturo Diez con 5 mil dólares, sanción que más tarde fue rebajada a mil dólares.

En una nota fechada el 26 de diciembre de 1995 enviada a Jaén, Arturo Diez informó que suspendió los trabajos y ordenó devolver el equipo pesado a Panamá “hasta tanto se satisfagan los requisitos de impactos ambiental”. Arturo Diez fallece en 1997.

El tema quedó allí hasta siete años después cuando el 6 de agosto de 2004 los herederos de Arturo Diez, su hija Mónica Diez y su hermano Gabriel Diez, solicitaron la compra de un “globo de terreno baldío nacional” con una área de 8 mil 811 metros cuadrados.

El director del Catastro de ese entonces, Otoniel Hidalgo, realizó las primeras diligencias de la solicitud de compra, solicitando la opinión de las distintas entidades involucradas en el tema. En septiembre de 2004 las nuevas autoridades gubernamentales asumen el poder y Armijo y Pascual volvieron a activar su lucha para impedir que el terreno fuera vendido .

Ambas, a través de su apoderada legal , Gilma De León, interpusieron recursos de oposición a la venta ante la Dirección de Catastro, que estaba en manos de Colamarco.

Además, solicitaron una inspección a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que en octubre de 2005 certifica, mediante un informe, que en el área había “mucho rebrote y nacimiento de árboles de mangle blanco, rojo y achaparrado, además de que el área estaba anegada con agua salada producto de la entrada de las mareas”.

La AMP concluye que se declare el área de manglar como zona de preservación y que se niegue cualquier solicitud de concesión o compra por ser área inadjudicable.

El 10 de enero de 2006 este informe fue entregado a la Dirección de Catastro. El 27 de abril del mismo año Colamarco deja la Dirección de Catastro para asumir el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y el 23 de agosto de 2006 el Estado firmó el contrato de compra del área por la suma de 98 mil 26 dólares.

Autoridades y empresario

El ministro Colamarco dijo ayer que “en ningún momento vendió ese terreno porque no es de su competencia”. Tiene razón, el contrato de venta lleva la firma de la viceministra de Finanzas, Orcila Vega de Constable, quien no pudo ser contactada para esta nota. Pero lo cierto es que la aprobación de la venta es otorgada por la Dirección de Catastro.

Colamarco se apoya en el asesor legal de MOP, Edgar Aguilera, quien también trabajaba en Catastro durante su período. “Esa compra se aprobó porque existía toda la documentación que lo validaba”, dijo Aguilera.

La abogada de Gabriel Diez, Giulia De Sanctis, dijo estar sorprendida del informe de la AMP. Señaló que su cliente desconocía de ese informe.

Diez, por su parte, manifestó que todo el proceso se hizo basado en las normas existentes.

La Prensa, 4 de abril de 2007

Tags: ARAP · Vida Silvestre · Privatización de playas · Política económica · Costas · Urbanismo · Corrupcion · Ecología

Siguen vivos los rellenos en Amador

AMADOR.Grupo F. tiene orden de suspensión desde octubre.

La propuesta de Figali

Con Rubén Arosemena convaleciente, el empresario ha tenido acercamientos con el encargado de la AMP.

Figali propone a Carlos R. Moreno una adenda para legitimar los rellenos de todos sus contratos.

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

Grupo F. Internacional acudió a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) –entidad que reiteradamente le ha ordenado suspender y remover un relleno en Amador– para solicitar 40 mil metros cuadrados adicionales de fondo de mar.

La petición está contenida en una propuesta que Jean Figali, presidente de Grupo F., envió al subadministrador de la AMP, Carlos Raúl Moreno, que está al frente de la institución por enfermedad de su titular, el vicepresidente segundo Rubén Arosemena.

En octubre pasado, antes de separarse temporalmente del cargo, Arosemena ordenó a Grupo F. la inmediata suspensión de las obras y la remoción del relleno existente, hasta que "cumpliera con una serie de documentos y permisos".

Figali no atendió la orden de Arosemena; ahora que éste está fuera de la AMP, logró que Moreno, como administrador encargado, le recibiera con sus abogados. El saldo de ese encuentro se traduce en una propuesta escrita que Figali remitió a Moreno el 31 de enero.

En ella, se plantea que el Grupo acatará "inmediatamente" la solicitud de la AMP de suspender el relleno. Figali, empero, ha hecho una particular interpretación de esa orden: pretende –y así se lo comunicó a Moreno– continuar las obras frente a la vía principal de Amador, a cambio de no extender más el relleno del camellón. Esto, a fin de "evitar pérdidas económicas" al Grupo.

Figali también pidió las nuevas coordenadas, con el propósito de preparar un nuevo anteproyecto sobre la marina.

Una vez el anteproyecto sea presentado a la AMP, Figali propone a Moreno la confección de una adenda y una resolución, "autorizando las labores de relleno en todos los contratos, según las nuevas coordenadas, por dos años y mientras se aprueba y refrenda la adenda".

La otra solicitud

Figali le volvió a escribir a Moreno el 1 de marzo, para pedirle que designe a un nuevo representante de la AMP, ante la comisión inter-institucional para las áreas revertidas.

El actual representante es Carlos Ernesto González de la Lastra, secretario general de la AMP, a quien Grupo F. querelló penalmente por el supuesto abuso de autoridad.

Para el Grupo, González de la Lastra actuó "de manera arbitraria" al enviar una carta en noviembre pasado, reiterando la orden de suspensión de los trabajos de relleno, dictada por Arosemena un mes antes.

Se intentó contactar a Arosemena, pero éste todavía está convaleciente. En cuanto a González de la Lastra, en la AMP informaron de que se encuentra de vacaciones.

¿Playa Barqueta para quién?

Pueblo de Alanje defiende sus playas de especuladores

Panamá, domingo 25 de febrero de 2007

CHIRIQuÍ.LA DIRECCIÓN DE CATASTRO FUE ALLANADA. Pugna en playa La Barqueta La Fiscalía Anticorrupción comenzó una investigación para determinar si hubo irregularidades. En la playa se efectuó una inspección ocular y se realizará otra en el mes de marzo con topógrafos. ESPECIAL PARA LA PRENSA/B. Gómez INVESTIGACIÓN. Área de playa La Barqueta, cuya lotificación está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción.812236 Boris Gómez ALANJE, Chiriquí Hace 40 años, cuando Constantino Aparicio era un niño, los alanjeños podían recorrer, hasta el cansancio, playa La Barqueta, que tiene 21 kilómetros de extensión. Hoy Constantino asegura que sus hijos sólo tienen una hectárea de acceso a la playa de 21 kilómetros en la que él creció. Eso se debe, asegura, a que una empresa dedicada al turismo residencial supuestamente se ha apropiado ilegalmente de bienes públicos, es decir, de terrenos que son inadjudicables por ley. El pasado jueves comenzó, por la fiscalía anticorrupción, la investigación por la denuncia presentada por el representante del corregimiento de Guarumal, Octavio Manuel Sánchez, quien asegura que en Playa Barqueta se están construyendo casas, por la empresa Las Olas Realty, afectando la zona de 22 metros después de la última línea de marea alta. Diferentes resoluciones del Ministerio de Vivienda y la legislación panameña establecen esos 22 metros como inadjudicables y que deben ser dejados como servidumbre pública. “Lo que nos dijo la fiscal, de que su misión es comprobar la verdad, nos llena de esperanza. Los panameños necesitamos autoridades que frenen de verdad la corrupción”, dijo Constantino Aparicio. Fiscal allana catastro ESPECIAL PARA LA PRENSA/B. Gómez AFECTADOS. Moradores de Alanje se reunieron con las autoridades para pedir una investigación. La fiscal anticorrupción, Mercedes de Mendizábal, realizó una inspección ocular en la playa y determinó que el próximo mes de marzo se llevará a cabo otra inspección con topógrafos. Su intención es comprobar si hubo delito contra la propiedad del Estado o contra la fe pública por funcionarios que se prestaron supuestamente a la aprobación de planos ficticios. Además allanó la oficina regional de la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas. Una fuente que pidió reserva de su nombre explicó que se llevaron siete planos de esa sede. Supuesta corrupción César Samudio, abogado que asesora al representante que presentó la querella, dijo que en la aprobación del plano hubo una serie de irregularidades, por lo que se hace necesario que la fiscalía anticorrupción investigue. “Los planos son ficticios, no se han demarcado los límites y al topógrafo Rodolfo Rodríguez se le despidió por negarse a participar en una componenda en perjuicio del Estado y de la población”, denunció Samudio. El topógrafo Rodolfo Rodríguez fue funcionario de la oficina regional de catastro por 25 años. Rodríguez confirmó a La Prensa que un mes antes de su destitución advirtió a los promotores del proyecto que en el terreno no se estaba cumpliendo con el respeto a los 22 metros. “Yo me sentí presionado y aprobé el plano con la objeción de que se estaban afectando los 22 metros de terreno y antes había sido aprobado por el Ministerio de Vivienda”, explicó. Samudio explicó que el plano antes de haber sido aprobado debió haber recibido el vistobueno de la Dirección de Catastro, lo que demuestra que el proceso se invirtió y revela que hay visos de corrupción. Samudio pidió que en las investigaciones sea llamado el topógrafo a declarar. Edidio Bonila, miembro de la Asociación Ambientalista de Chiriquí y quien asistió a la inspección ocular, manifestó que los ambientalistas van a estar de parte de la mejor utilización de los recursos naturales. “Si hay usurpación de un bien público le vamos a pedir a las autoridades que se definan pues tenemos que estar de parte del pueblo”, indicó. Empresa asegura que ha cumplido con las leyes Durante la inspección en playa La Barqueta no se permitió el acceso a la prensa, pero el abogado de la empresa Las Olas Realty, Enoch Rodríguez, señaló que no hay ninguna normativa violada por la corporación. “Desde hace varios años César Samudio ha venido representando a distintos organismos que han hecho solicitudes a las autoridades y siempre Catastro le ha contestado que los planos cumplen con todos los requisitos”, señaló Rodríguez. Se le explicó a la fiscal que nunca se ha prohibido el paso por la playa a la población e incluso se le otorgó terrenos a las juntas comunales para el desarrollo que reviertan en actividades turísticas para la comunidad, añadió. Todos nuestros planos han sido correctamente aprobados y desde 1914, cuando los propietarios titularon, se ha cumplido con las normas nacionales, indicó. Fuente: La Prensa, 25 de febrero de 2007 Fuente secundaria: Burica Press

Otra playa cercada con alambres de púas

Estos mensajes nos llegaron en correos electrónicos y nos parece importante incluirlos en este blog para que comprendamos el problema en su justa dimensión.

Estimados amig@s:

Solamente con la unidad de todos los ciudadanos de este país podremos exigirles a las autoridades respecto a la dignidad y derecho de los panameños. Tenemos que frenar la entrega a extraños de las servidumbres, playas, islas, parques, manglares, etc. En muy poco tiempo los nativos de este país no tendremos acceso a nuestras las riquezas naturales de uso público que constitucionalmente nos pertenecen a todos los panameños. Las autoridades están entregando este legado por unos dólares a "inversionistas" casi siempre extranjeros, a su vez éstos, olvidando que hay llegado a un país donde hay que respetar las leyes, tradiciones y costumbres. Si nada hacemos oportunamente este país será de otros, ayudemos a divulgar esta grave denuncia como muchas mas.

Saludos,

Denia Araúz A.
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Mensaje original

Los moradores de La Ensenada en San Carlos, los residentes del pueblo en
general y los visitantes a la playa de San Carlos estamos confrontando un problema por cuanto una vasta extensión de esta hermosa y visitada playa ha sido cercada con alambre de púas, cerrando los accesos y servidumbres peatonales a la misma a quienes han gozado del derecho de servidumbre desde tiempos inmemoriales.

Por otra parte, la cerca cubre un área que corresponde a la playa y al área de manglar, los cuales de acuerdo a disposiciones constitucionales son áreas de uso público y por lo tanto son INADJUDICABLES. Esto se dio ya que la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas adjudicó en venta el área de la playa y del manglar, contraviniendo esa Dirección disposiciones en tal sentido del Ministerio de Vivienda, del Consejo Municipal del distrito de San Carlos, a un estudio de la Autoridad Marítima de Panamá que clasifica este sitio como área de Humedal y no se reconoció una solicitud de oposición a la venta presentada por representantes de los moradores del área de La Ensenada.

Urgen acciones por parte de las autoridades para rescatar el derecho al acceso a la playa que tenemos todas las personas e igualmente son necesarias acciones para la defensa de un patrimonio de la Nación que es inalienable como es el área de playa y de manglar como una zona de preservación por la importancia que tiene para la biodiversidad del lugar y la seguridad de la población.

Esperamos que a través de Almanaque Azul se divulgue esta situación con el fin de que nos unamos en bien de los sancarleños en particular y en general de todos los visitantes que visiten esa hermosa playa.

- Graciela Pascual y Xiomara S. de Armijo

Pero si son consumibles --Otra playa privatizada ahora en Isla Taboga

El siguiente reportaje proviene directamente del sitio amigo www.almanaqueazul.org y se explica por si solo.

Qué hay que hacer? Usted ciudadano tiene muchas cosas que puede hacer. Exija sus derechos. Nadie lo va a hacer por usted. Tampoco olvide quiénes se han prestado en el gobierno para despojarnos de todo.
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La playa Restinga o playa del hotel ha sido por muchos años la playa oficial del pueblo. Amplia y generosa en marea baja, Con olas suaves y El Morro al frente para ir a explorar, playa Restinga (por el pueblo que había antes ahí) es en realidad dos playas. Cuando baja la marea aparece una franja de arena que da al Morro, dividiendo el mar en dos y dejando bastante arena para compartir.

Un día, en el caminito por donde siempre pasaron los taboganos y los turistas para ir a la playa, apareció una cerca y alguien cobrando B/.5 a todo el que pasara. “Son consumibles en el hotel”, decía el empleado cuando la gente protestaba. Los viejos no podían bajar las rocas que ahora había que cruzar para llegar a la playa. Cuando subía la marea no se podía salir. El pueblo tenía una tristeza enorme y muchos protestaron contra la cerca. Pero el dueño del hotel era un señor de plata que se llama Felipe ‘Pipo’ Virzi, que lo había comprado cuando lo privatizaron después de la invasión.

A la familia Virzi se les conoce como “los dueños de Santiago”, el mismo Sr Pipo Virzi dice que él es el hombre más rico del interior. Entre sus negocios se cuenta la especulación inmobiliaria, la ganadería, arrozales y cinco años como vice-presidente de Panamá, entre 1994 y 1999. También es conocido por ser el dueño de los transportes a Taboga (los botes Calypso Queen) y de tener la concesión de La Playita de Amador, otra playa que cobra a la gente por entrar. En 2006 construyó un relleno ilegal en Punta Culebra, a pesar de las protestas del Instituto Smithsonian, las órdenes de detenerse de la ACP y las multas de la ANAM.

Dado que en los países como Panamá la gente como Pipo Virzi hace lo que le da la gana, la puerta usurpadora permaneció ahí. Las escaleritas que hicieron para bajar a la playa se las comen las olas poco a poco y no se pueden usar en marea alta. El hotel cerró en 2006, pero el Sr. Virzi tiene planes para el área: un residencial de vacaciones con unas 50 casas y hotel en El Morro y en los terrenos del antiguo Hotel Taboga. Echándole un ojo a los planos que salen en el sitio web, y a juzgar por su historial, no extrañaría que el Sr Virzi guarde la esperanza de convertir a la playa del hotel y a El Morro en sus playitas privadas.

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A continuación el comentario que agregamos al sitio donde aparece esta información:

Este reportaje de Taboga está excelente. Colocaré en nuestro sitio el tema de la playa privada de Pipo Virzi, como ya hizo con La Playita de la Isla Naos, que de facto cobran 5 balboas. Qué cabrón este tipo. Y Martín muy bien y usted! Y Rubén Blades buscando guayaba.

Esta gente es inescrupulosa hay que detenerla.

Saludos

Carta a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia sobre inconstitucionalidad de Ley Insular (5)

Panamá, 4 de agosto de 2006.


Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
República de Panamá
E. S. D.

Estimados Magistrados:

Desde hace días pensábamos que podíamos escribirles, como ciudadanos y sociedad civil organizada a nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en relación a la consulta ciudadana sobre la conveniencia de declarar inconstitucional ciertos artículos de la Ley insular (Ley No. 2 del 7 de enero de 2006, “Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación del territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones”) porque violan el principio de la autonomía municipal y el régimen ecológico, al permitir que los promotores inmobiliarios y promotores turísticos, establezcan sus propias normas de ordenamiento del territorio en cualquier municipio, inhabilitando por defecto el deber municipal de ordenar su territorio y custodiar el patrimonio natural del país dentro de su circunscripción, promoviendo por ende, la anarquía en la ocupación y uso de las tierras y causando con esta política errada y anárquica la pérdida acelerada de recursos naturales y de todas las potencialidades de desarrollo integral y sostenible que se puede lograr en el país.

Mis dudas de qué cosas les podía escribir, no era por falta de argumentos, todo lo contrario, por abundancia de estos. Mi duda venía en función si valía la pena mencionarlos y enumerarlos, dado que muchos son argumentos de carácter científico, otros de carácter filosófico y otros de carácter legal y la demanda sólo aborda un aspecto muy puntual, sobre el régimen municipal y sus potestades de ordenamiento, arriba mencionado. La mayoría de nuestros planteamientos lo hemos publicado en medios diversos, pero también los hemos agrupado en el sitio de internet (www.salvemoslascostasdepanama.blogspot.com) que además funciona como sitio de denuncia y proveedor de información, análisis, críticas y todo tipo de información que orienta la opinión pública nacional e internacional y la vez sirve de fundamento para formalizar un documento histórico relacionado con esta antipatriótica ley insular.

Ante esta situación hemos decidido dos cosas: 1- solicitar el apoyo de la honorable Corte Suprema para la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por abogado José Santos, sobre esta ley insular, y 2- compartir con ustedes una visión del problema por parte de gran jurista y pro-hombre de nuestro país el Dr. Humberto Ricord, a quien, hace poco tuve el placer de conocer personalmente y percatarme de su amplio conocimiento y sabiduría y quien publicó en El Panamá América el 15 de marzo de 2005, el siguiente artículo de Opinión donde aborda el tema:

Islas, Costas y Negocios

Humberto E. Ricord (ver biografía de H.R.D)
CONSTITUCIONALISTA

Grupos adinerados de Panamá y algunos del extranjero están muy de plácemes, porque originalmente había en las Constituciones panameñas desde 1903, bienes de uso público y no podían ser objeto de apropiación privada (esta frase es muy distinta a "propiedad privada"), ya en estos últimos años han venido a ser objeto de "concesiones", que es un contradictorio régimen jurídico de la "apropiación privada", en cuya virtud la comunidad podía hacer uso de una playa o una costa, sin hacerla de su propiedad, porque la limitación estaba en que tales bienes no podían ser objeto de "apropiación privada". Pero en las últimas décadas, la fórmula de la "concesión" ha sido la vía por la cual las islas y las costas de Panamá sirven a los intereses del capital nativo o foráneo, y la frase de que no pueden ser "apropiaciones privadas", queda como letra muerta, pese a que sigue en la Carta Magna.

Se ha disparado así una feria de compraventa de islas y costas en el litoral panameño, con propósitos muy conocidos, aprovechándose de una "concesión" que, en la práctica, elimina la muribunda veda de "apropiación privada". Ni siquiera los puertos del Canal se han salvado de estos retorcimientos legalistas, que en la práctica hacen de ventas simuladas, quien sabe por cuántos largos años, al ser objeto de prórrogas dizque legítimas. Por este camino, islas y costas viene siendo objeto de una verdadera explotación, que desfigura todo el paisaje so capa del eufemismo de la "concesión", para que el capital, ya nativo, ya foráneo, se aproveche de este resucitar de la "Patria Boba", que continúa siendo Panamá, en donde fórmulas "jurídicas" que no cuestan ningún trabajo, y para enriquecimientos que consideramos oportunistas, porque de lo que se trata es de un negociado, tan "legítimo" como cualquier otro, al menos en su superficie, ya que se lleva a cabo "con todas las de la Ley".

Pero se trata de una fuente de riqueza que perjudica la economía nacional, y al mismo tiempo acaba con las bellezas naturales, porque el afán concesionario no tiene límites de ninguna clase y nada significa, sino murallas económicas contra el pueblo que está impedido de gozar normalmente de los beneficios de una bella naturaleza, que viene desapareciendo tras la "concesiones", de quienes lucran con los "pedazos de la Patria" como decía nuestro gran lirida Miró, "envueltos en girones de amor o de dolor".

No hemos debido ser tan generosos, ni tan ciegos, empeñando el territorio nacional, para una explotación que no se traduce en bienestar de nuestro pueblo, pero nuestro aparente candor de los primeros años de la República que nació en 1903, ya está abolido, mediante la licitación pública que ampara las "concesiones", porque si no es jurídico el régimen de "apropiación privada" sí ha venido a serlo el del " patrimonio en concesión", que viene a parar en poco tiempo en riqueza de los menos (incluso de extranjeros que ni nos visitan y saben hacer negocios extraproductivos).

No queda más remedio en pensar cuándo cesará esta nueva época de la Patria Boba, que ya sigue extendiendo su predominio y su patrimonio, en tanto que toda la delgada cintura nacional (nuestro territorio), pasa a manos de verdaderos "genios" de la economía, y convierte a nuestros conciudadanos en verdaderos parias, sin perspectiva y sin porvenir, y que están sufriendo últimamente los grandes aumentos del costo de la vida, e incrementando sus filas escuálidas y trágicas, a quienes hoy dedicamos este "lamento borincano".

Sin más palabras que agregar a nuestra solicitud, nos despedimos.

Atentamente

Ariel R. Rodríguez Vargas
Céd. 4-237-244
Alianza para la Conservación y el Desarrollo –ACD Panamá
Secretario de Asuntos Ambientales
Correo: ariel.rodriguez@acdpanama.org
Telefax. 223-9170