Isla Viveros, presa de especuladores, pillos y trabajadores explotados

ENFRENTAMIENTOS.

Isla Viveros está sitiada

El empresario Gustavo de la Cruz, de Grupo Viveros, dice que si Suntracs no sale de la zona habrá muertos.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

ARMADOS. La Policía Nacional, el Servicio Marítimo y agentes de seguridad custodian la zona.

José Arcia
Enviado Especial
jarcia@prensa.com

Desde que empezó el enfrentamiento entre los obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y los miembros del sindicato de la empresa Maqtec –que construye un millonario proyecto en Isla Viveros– por el reclamo de mejoras laborales, los habitantes de la vecina isla de San Miguel perdieron la calma.

Ahora la zona está custodiada por miembros de la Policía Nacional, personal del Servicio Marítimo Nacional y 45 agentes de seguridad contratados por el Grupo Viveros para que vigilen el área. Con este último grupo, el Suntracs ha rivalizado en los últimos días. Tanto así, que en un documento que reposa en la Corregiduría Municipal de Balboa, el empresario Gustavo de la Cruz, representante legal del proyecto turístico, advierte que si este sindicato no sale de la zona, "puede haber de 5 a 10 muertos".

Mientras, los trabajadores en huelga –en su mayoría residentes de San Miguel– alegan que todo se suscitó porque se "violaron" sus derechos laborales. Los moradores temen y las autoridades locales también. Paula Mendieta, alcaldesa del distrito de Balboa, dice que en 70 años de vivir en la isla, esta la primera vez que se da un incidente en el que hay armas de fuego.

ISLA VIVEROS.ALCALDESA DE BALBOA TEME POR LA SEGURIDAD DE LOS ISLEÑOS.

Enfrentamiento en el Pacífico

El sindicato de Maqtec abandonó Isla Viveros, pero 45 hombres custodian el área.

La Policía Nacional y el Servicio Marítimo Nacional vigilan la isla. Los moradores tienen miedo.

La vida de los moradores de San Miguel cambió con la presencia de hombres armados en la zona. Todos los grupos presentes en el área portan armas de fuego, dicen los moradores. 888353

José Arcia
jarcia@prensa.com

Una vez se llega a Isla Viveros, agentes del Control de Multitudes de la Policía Nacional y agentes del Servicio Marítimo Nacional les solicitan los datos personales a los visitantes e incluso les preguntan el motivo de la visita. Allí se han instalado dos improvisados puestos policiales que hacen que el lugar parezca una isla penal.

Todo es a raíz del enfrentamiento entre los obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y un grupo de al menos 45 hombres, contratados por el Grupo Viveros, a través de la empresa Inmobiliaria Monsol S.A., para que vigile sus bienes en el proyecto turístico que se construye en la Isla Viveros a un costo de 100 millones de dólares.

Inicialmente, el Suntracs se había enfrentado con el sindicato de obreros de la empresa Maqtec, quienes ya no están en la isla. En su reemplazo está el personal de seguridad.

Cada grupo tiene su propio lugar en la isla, separado por el bosque. Los dos lados se unen por una carretera de barro, en un recorrido que dura 30 minutos en carro.

"Hey friend, ustedes son de la prensa, escriban allí que le vamos a soltar bala". La frase la pronunció un joven, vestido de camiseta blanca, jean azul y botas, que se encontraba en el grupo contratado por Monsol. Al paso salió Jorge Luis Góndola, que en un tono conciliador dijo "vengan, que alguien los va a atender". "Friend, aquí está la prensa ¿quién puede hablar con ellos?", se dirigió Góndola a otro grupo de personas. Luego se acerco Yusniel Temprana, quien se identificó como el encargado del proyecto.

Ambos dijeron (Temprana y Góndola) que los responsables de los enfrentamientos son los miembros del Suntracs.

"Esa gente nos empezó a soltar bala cuando hacíamos un recorrido de vigilancia", asegura Góndola.

En el otro lado de la isla se respiraba, el pasado viernes, un aire de camaradería. Los miembros del Suntracs preparaban su almuerzo, (arroz con pescado asado e iguana guisada). A unos 50 metros reposaban varios cascos amarillos tirados y una improvisada barricada. Fue allí donde se dio el último incidente que, de acuerdo con las versiones de los miembros del Suntracs, los agentes de seguridad contratados por la empresa apedrearon y dispararon a los obreros. "Nosotros salimos a defendernos", dijeron los casi 50 trabajadores que se mantienen en huelga por reclamo a sus derechos laborales.

TEMEN POR SU SEGURIDAD

A Paula Mendieta, alcaldesa del distrito de Balboa, le preocupa lo que pasa en Isla Viveros. Dijo que en sus 70 años de vivir en San Miguel, corregimiento cabecera del distrito, nunca se habían dado incidentes con armas de fuego.

La preocupación de la máxima autoridad del distrito es compartida por el resto de los pobladores. Ignacia Cáceres, dueña del restaurante Cacería, alega que por la presencia de hombres armados en la zona, le da miedo caminar sola hasta su negocio en horas de la madrugada.

Para Rolando Gudí, quien labora en el proyecto y uno de los que se mantiene en huelga, el problema termina cuando saquen al personal de seguridad de la isla. "Aquí la gente se dedica a pescar langosta y nadie está para sacar un arma", dijo.

Jorge Martínez, otro de los obreros en huelga, dijo que todo empezó porque el sindicato de la empresa nunca se preocupó por el bienestar de los trabajadores. "Por eso fue que llamamos al Suntracs, para que defendiera los derechos laborales de los obreros que trabajan en el proyecto".

Las ballenas ‘jorobadas’ hacen escala en Panamá

Las ballenas ‘jorobadas’ hacen escala en Panamá

La escena resulta familiar en estos días en las aguas templadas del Pacífico, específicamente a media distancia entre la ciudad de Panamá y la isla Contadora. Es en esta época que cientos de ballenas jorobadas se aparean en la bahía de Panamá. Los observadores de ballenas, como en este caso, a bordo de la lancha Bikini, suelen acercarse para ver el majestuoso espectáculo que ofrecen estos enormes mamíferos, que sin duda constituyen un valioso atractivo turístico para el país. La Prensa, 29 de julio de 2007

Investigan venta de playas

PRIMER PLANO

Citan a antoneros por venta de tierras

ANTÓN. El próximo martes se citará a unas 42 personas que han sido señaladas por vender tierras que están ubicadas en los predios de las playas en Antón. La información fue confirmada con la corregiduría, en donde se lleva el informe de las personas que deben presentarse al despacho del corregidor de Antón, Rodolfo Centeno. Centeno dijo que son personas del distrito de Antón las que han incurrido en esta falta.

Las ventas promovidas son de terrenos nacionales que están sobre el área playera. La citación se dio a través de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales luego de que esta instancia detectara solicitudes en donde se pide la adjudicación de estos terrenos.

Rafael Quezada

La Prensa, 21 de julio de 2007

Investigan destrucción ambiental y corrupción en Playa Barqueta

Junio 17th, 2007 ·

PROYECTO TURÍSTICO PLAYA BARQUETA, en CHIRIQUÍ.

Investigan destrucción ambiental y anomalías en cobro de impuestos

La Contraloría objetó los beneficios que otorgó el Consejo Municipal a la empresa dueña del proyecto.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

alanje. Brisas del Mar Development draga actualmente un canal que ha afectado áreas del Refugio Agrícola Playa La Barqueta, donde llegan a anidar tortugas.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El Ministerio Público investiga irregularidades en el cobro de impuestos municipales a un proyecto turístico y residencial en playa La Barqueta, distrito de Alanje, sobre el cual también pesan denuncias de destrucción de manglares y apropiación de servidumbre pública.

La empresa Brisas del Mar Development –cuyo propietario es la familia Araúz Anguizola–, que desarrolla un proyecto residencial de siete edificios, declaró en su estudio de impacto ambiental una inversión de 3 millones de dólares, pero el Municipio de Alanje solo le cobró impuestos por la mitad de ese valor, lo que fue objetado por la Contraloría.

Además de haber declarado un monto de inversión inferior, el Consejo Municipal rebajó a la empresa a 1%, el cobro del 2% de impuesto que exige la ley. Tras denuncias de anomalías, el Consejo se vio obligado a rectificar. El alcalde, Carlos Justavino, quien defiende la legalidad de lo actuado, firmó el permiso de construcción de los edificios estando de vacaciones.

AMBIENTE.EL MINISTERIO PÚBLICO BUSCA PROBAR CORRUPCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MANGLARES EN CHIRIQUÍ.

Investigación ecológica

La Barqueta, una tormenta en la playa

Tras denuncias de moradores del área, la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí inició una investigación para determinar si hubo delito ecológico en un millonario proyecto que se levanta en las costas del distrito de Alanje, en Chiriquí. La Fiscalía Anticorrupción, en tanto, investiga la participación de funcionarios en la confección de planos para beneficiar a un grupo empresarial sin cumplir con todos los procedimientos que exige la ley.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

CANAL. El permiso de limpieza para esta zanja sirvió para hacer un dragado, según la denuncia de los residentes.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Una tormenta sacude la playa La Barqueta, en el distrito de Alanje en Chiriquí. En el centro están autoridades municipales, el Gobierno Central y el empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola.

Se trata de denuncias por supuesto delito ecológico y corrupción de funcionarios, que hablan de la destrucción de manglar en área protegida y edificaciones dentro de los 22 metros de servidumbre pública.

El Ministerio Público investiga ambas denuncias a través de la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí y de la Fiscalía Anticorrupción.

Tres empresas: Brisas del Mar Development Group, A.R Siyex, y Arkansas Valley Feathers Inc., relacionadas con el empresario Araúz Anguizola, construyen un complejo residencial de siete edificios, venden lotes para residencias y desde hace cuatro años operan el hotel Las Olas.

UNA LIMPIEZA PROFUNDA

El pasado 30 de abril, la dirección regional de Chiriquí de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) autorizó al empresario Araúz realizar una limpieza de un estero que pasa detrás del refugio de Vida Silvestre La Barqueta.

La autorización de estos trabajos ha sido la génesis de la investigación que realiza la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí por el supuesto delito ecológico, atendiendo una denuncia de los moradores.

La limpieza del estero se convirtió en un trabajo de dragado de un canal de tres kilómetros de longitud, 15 metros de ancho y 10 de profundidad que ha afectado parte del manglar de un área protegida, denunciaron el representante del corregimiento de Guaramal, Octavio Manuel Sánchez, y el ciudadano Alexis Aparicio.

El fiscal segundo superior, José Antonio Henríquez, dijo que en una inspección con peritos de la Autoridad Marítima de Panamá, como parte del proceso de investigación, se determinó que los trabajos de dragado afectaron el ecosistema. Además, comprobaron que se estaba talando manglar que era rellenado con material que sacaba la pala mecánica e, incluso, con arena.

También se ha afectado el humedal de playa La Barqueta. Todo esto, sin estudio de impacto ambiental y con el aval de la dirección regional de la Anam.

Cortesía

PALA MECÁNICA.Los trabajos de ‘limpieza’ incluyeron el uso de retroexcavadoras.

Pero no todos cuentan la misma historia. El director regional de la Anam, en Chiriquí, Mario Gómez, y el abogado del empresario Juan Gabriel Araúz, Enoch Rodríguez, alegaron, por separado, que esos trabajos de limpieza se realizan como parte del proyecto ‘Remigio Rojas’ que desarrolla el Gobierno con una inversión de 58 millones de dólares.

El proyecto ‘Remigio Rojas’ consiste en la construcción de un canal que nace en las márgenes del río Chico y se extiende por unos 30 kilómetros entre pueblos y pequeñas fincas de Alanje para llevar agua dulce a los sembradíos.

Gómez dijo que después de varios estudios técnicos se comprobó que el proyecto ‘Remigio Rojas’ podría inundar el área del hotel Las Olas y del proyecto residencial Condominio Brisas del Mar. “Decidimos otorgar un permiso de limpieza a Araúz como una extensión al proyecto ‘Remigio Rojas’’, dijo Gómez.

Rodríguez, por su parte, alega que el trabajo que se realizó consistió en abrir un estero que había sido cubierto de sedimento, malezas y mangle.

Pero el director del proyecto ‘Remigio Rojas’, Jorge Arosemena, niega que esta obra esté conectada con los trabajos que realizó el empresario Araúz.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) inspeccionó el lugar y determinó que se ha afectado área de manglar. La directora regional de la Arap de Chiriquí, Jessica Chávez, dijo que en los próximos días se estará emitiendo un informe sobre el asunto.

¿SIN SERVIDUMBRE?

LA PRENSA/Víctor Arosemena

SERVIDUMBRE.El proyecto residencial es investigado por supuesta apropiación de espacio público.

Los problemas de La Barqueta no terminan en el manglar. Se extienden hasta la misma playa. Las investigaciones judiciales intentan demostrar que hubo construcciones en la servidumbre pública. Incluso, sale a relucir una denuncia por falsificación de planos.

Alexis Aparicio y Octavio Sánchez denunciaron al empresario Araúz por construir sobre los 22 metros de servidumbre pública sin concesión. La Fiscalía Anticorrupción investiga el supuesto delito contra la propiedad del Estado o contra la fe pública en contra de funcionarios que se prestaron supuestamente a la aprobación de planos ficticios.

Por este caso, la Oficina de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas en Chiriquí fue allanada por la fiscal Mercedes de Mendizábal, el pasado mes de febrero.

Dos meses más tarde, el 9 de abril, el topógrafo Ricardo Sanjur y el ingeniero civil Jorge Ureta, peritos de la Fiscalía, realizaron una inspección ocular y determinaron que los planos de uno de los proyectos de Araúz incluían 12 metros que estaban dentro de los 22 establecidos por ley como tierras inadjudicables.

Sin embargo, el director de Catastro de Chiriquí, Cristóbal Tolato, dijo que su despacho inspeccionó el lugar y corroboró que los tres proyectos que se desarrollan en el lugar cumplen con los 22 metros de servidumbre.

Enoch Rodríguez, representante de la empresa, dice no entender las denuncias y las investigaciones, máxime cuando ellos pretenden invertir un total de 100 millones de dólares que ayudarían a la economía del área.

(Con la colaboración de Sandra Alicia Rivera)

Un pueblo costanero sin salida a la playa

El alcalde de Alanje, Carlos Justavino, defiende al empresario Juan Gabriel Araúz.

Los moradores del corregimiento de Palo Alto amanecieron hace un año sin camino para llegar a la playa La Barqueta. La razón: el empresario Juan Gabriel Araúz decidió cerrar la carretera de acceso a la playa. Así lo han denunciado ante las autoridades municipales y ante los medios de comunicación los residentes del área.

Hasta la fecha no han recibido repuesta, a pesar que tienen como prueba un informe del director regional del Ministerio de Obras Públicas, Luis Fernández, que certifica que es una vía de acceso público que ha sido utilizada por equipo agrícola y personas para comunicarse de un poblado a otro.

Los moradores le solicitaron al alcalde de Alanje, Carlos Justavino, ordenar la apertura de la carretera. Pero aún no lo ha hecho.

Justavino le restó importancia a la nota de Fernández y defendió a la empresa al alegar que esa carretera no es servidumbre pública. Enoch Rodríguez, representante de Araúz, alegó que los terrenos por donde pasa la carretera son de propiedad de su cliente. “El error de Araúz fue permitir que los moradores utilizaran esa calle por muchos años”, dijo Justavino, quien espera un informe del Instituto Tommy Guardia sobre el tema para tomar la decisión.

Fuente: La Prensa, 17 de junio de 200o7.

Fuente en internet: Burica Press

Detienen proyecto que acaparaba una playa

AMBIENTE. INCUMPLIMIENTO DE eia.

Detienen proyecto turístico

La Anam argumentó que la empresa no contaba con permisos para construir un muro sobre la playa.

Los dueños se presentarán mañana ante el Consejo Municipal para dar a conocer su punto de vista.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de Colón ordenó suspender provisionalmente la construcción de un proyecto turístico que se edifica en playa Mechi, en el distrito de Portobelo, Colón.

Igual actuación tuvo el Consejo Municipal de Portobelo, que emitió una resolución en la que exigió al alcalde, Carlos Chavarría, parar la obra.

La empresa Tropical Marine, que construye el proyecto del danés Niels Sundel, se presentará mañana ante el Consejo Municipal para informar sobre su proyecto.

Mediante la Resolución No. 250605, el administrador regional de la Anam en Colón, Daniel Chen, ordenó suspender la obra, por recomendaciones de un informe técnico de la institución, en el que se informa del incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y de otras anomalías.

Según el documento, el proyecto –que consiste en un hotel y una marina con una inversión de unos 6 millones de dólares, de acuerdo con la empresa– no estaba cumpliendo con la servidumbre de ribera marina. Además, construía un muro sobre la playa, sin contar con la concesión marina que debe autorizar la Autoridad Marítima de Panamá.

Ramón Herrera, presidente del Concejo de Portobelo, dijo que los representantes firmaron una resolución exigiéndole al alcalde Chavarría suspender el proyecto hasta tanto se aclare la situación. La decisión de la Anam surge por la denuncia que presentó Silvino Simón, vecino del proyecto, por la destrucción de la playa.

La Prensa, 11 de junio de 2007.

Panamá se integra a red costera

BLOQUE. Panamá pasó a formar parte de la Red Temática Iberoamericana de Manejo Costero Integrado, organismo compuesto por nueve países, a través de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, informó la entidad universitaria.

La Prensa, 6 de junio de 2006.

Proyecto turístico construido en servidumbre pública

COSTA CARIBEÑA.PROYECTO TURÍSTICO CONSTRUÍA SOBRE LA MISMA PLAYA.

Técnicos piden frenar la obra

El informe de la Anam señala que la empresa Tropical Marina Inc. incumplió estudio ambiental.

La Anam inspeccionó la obra el pasado 9 de mayo y determinó que se incumple con la servidumbre marina.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La dirección de Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de Colón recomendó la suspensión del proyecto turístico Tropical Marine Inc, que se construye en playa Blanca, en la comunidad de Mechi de María Chiquita, en Colón.

La medida se debe a que la empresa empezó el proyecto, que consiste en la construcción de cuatro cabañas y una marina, sin contar con la aprobación de los planos de concesión de ribera y fondo marino. Tampoco tenía los planos de la construcción de las cabañas .

La información se desprende de un informe emitido el pasado 29 de mayo cuando se abrió el proceso administrativo. En este momento, las autoridades de la Anam analizan los linderos del proyecto para tomar la decisión de suspender o no los trabajos de construcción, explicó ayer Daniel Chen, administrador regional de la entidad en Colón.

El informe, elaborado tras una inspección del 9 de mayo, dice que la empresa incumple con la servidumbre de ribera marina que establece la ley (las servidumbres de playa no podrán ser inferiores a 22 metros, contados a partir de la línea de alta marea). Otra de las anomalías que se mencionan es que la empresa Tropical Marine, cuyo presidente es el danés Niels Sundel, incumplió con el Estudio de Impacto Ambiental al empezar la obra sin los permisos de los ministerios de Salud, de Vivienda y de Obras Públicas.

Este diario llamó a la oficina del representante de la empresa, Andy Dinger, pero se informó que está de viaje. En una entrevista previa para una noticia publicada el pasado 24 de mayo, Dinger alegó que contaba con todo los permisos, con excepción de la concesión de mar que otorga la Autoridad Marítima de Panamá.

La Prensa, 6 de junio de 2007.

Las Perlas, oficialmente es zona especial de manejo

Vía rápida

Archipiélago de las Perlas, zona especial

AMBIENTE. A partir de ahora, todo proyecto turístico, extracción de corales y pesca que se realice en el Archipiélago de las Perlas deberán regirse por la Ley 18 de 31 de mayo de 2007, que declara esta área como zona especial de manejo marino-costera, publicada ayer en Gaceta Oficial.

La Dirección General de Ordenación y Manejo Integral, de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, se encargará de establecer un programa de manejo integral de esa zona. Además, deberá crear la unidad de conservación y vigilancia del área especial de manejo.

José González Pinilla

Destruyen Isla Taborcillo por extracción de arena

Demandarán a empresas por extracción ilegal de arena

Mireya Rodríguez

PANAMA AMERICA --
28 de mayo de 2007

UNA DEMANDA colectiva contra las empresas que extraen arena de manera ilegal cerca de la llamada "isla de John Wayne", o Taborcillo, interpondrá el dueño y los 31 coopropietarios de la isla, indicó Martín Nikodemus, representante de Ralph Hüber, dueño del lugar.

El representante legal de la empresa, Arturo Illueca, confirmó que se estudia la posibilidad de interponer una demanda, ya que no han recibido el apoyo de las autoridades.

Durante los últimos siete años la isla ha perdido unos 22 mil metros cuadrados de terreno, por un valor aproximado de $3.3 millones.

Por su parte, el viceministro de Comercio Interior, Manuel José Paredes, indicó que no se han otorgado concesiones para la extracción de arena cerca a esa isla.

Hoy, ambas partes se reunirán para tratar el tema.

Sí hubo daño ambiental en playas de Punta Chame

Mayo 24th, 2007

castro se explica.

Espino causó daño ambiental

José Arcia
jarcia@prensa.com

Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, taló 16 mil árboles de mangle en Punta Chame. Así lo determinaron las inspecciones que ha realizado la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) como parte de las investigaciones que adelanta por la devastación de una zona costera sin Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Las inspecciones de la Anam también determinaron que otros mil 956 árboles de mangle ya habían sido tumbados mucho antes de la devastación que hizo Charro Espino. Todo está dentro de las 38 hectáreas de zona costera devastadas que cuantificó la entidad en las inspecciones.

Ligia Castro, administradora de la Anam, explicó ayer sus declaraciones ante la Asamblea Nacional sobre un permiso que le otorgó a Espino para talar pino prieto, manzanillo y rastrojo. Dijo que ese permiso era para realizar ese trabajo en otro terreno en Punta Chame, pero que no corresponde a la zona devastada que es objeto de la investigación administrativa.

“Reitero que el área devastada contenía manglar”, dijo al mostrar la imagen satelital antes de la devastación, que es parte del expediente que ya fue enviado a la fiscalía.

Esteban López, abogado de los hermanos Idania y Fernando Fontane –que reclaman el derecho posesorio de los terrenos– dijo que la Asamblea se ha inmiscuido en asuntos que no son de su competencia, al señalar que la compra de los terrenos fue legal.

Fuente: La Prensa, 24 de mayo de 2007.

Muros en las playas de Colón

PROYECTO TURÍSTICO EN MARÍA CHIQUITA.

Muro privado en la playa

La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar y ribera marina.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

pala mecánica. El pasado 16 de mayo una retroexcavadora hacía remoción de arena en Playa Blanca. 854051

José Arcia
jarcia@prensa.com

La empresa Tropical Marina Inc., cuyo presidente es el danés Niels Sundel, comenzó la construcción de un muro de concreto reforzado y la remoción de arena en Playa Blanca, en el corregimiento de María Chiquita, en Colón, antes de que la Autoridad Marítima de Panamá le otorgara una concesión de uso de mar y ribera marina que pidió en julio de 2005 para construir un proyecto turístico que incluye una marina.

La edificación de la estructura incomodó al Consejo Municipal de Portobelo, que pidió el pasado 8 de abril a la Dirección de Catastro inspeccionar la obra para ver si cumple con los requisitos. Incluso el propio presidente del Consejo Municipal, Ramón Herrera, fue al lugar para verificar la construcción y ahora está en espera de la inspección que planea Catastro.

Andy Dinger, representante de la empresa, alega que cuenta con los permisos otorgados por el alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría.

Por su parte, Chavarría alega que el permiso dado por ellos es solo para construir una cerca entre la propiedad y la calle, y no para edificar un muro.

La protesta en contra de la obra también llegó de un vecino del lugar. Silvino Simón Argudo se quejó ante la Autoridad Nacional del Ambiente por la destrucción de la playa. "Además de la playa, están destruyendo los pocos arrecifes que quedan en el lugar", dijo.

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MARÍA CHIQUITA.la anam aprobó el estudio de impacto ambiental.

El muro que partió Playa Blanca

La empresa Tropical Marina construye un muro de contención sobre la playa.La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar.

LA PRENSA/Víctor Arosemena.

AGUA SALADA. Trabajadores hasta la rodilla en agua del mar llenaban sacos de arena para construir un dique que sirva de contención para la construcción del muro.854048

José Arcia
jarcia@prensa.com

Un muro de 2.50 metros de altura y 20 centímetros de ancho con concreto reforzado se construye sobre Playa Blanca, en la comunidad Mechi, en María Chiquita de Colón sin que haya una concesión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La empresa Tropical Marine, que construye el muro como parte de la primera etapa de un proyecto turístico que incluye una marina, cuenta con un permiso del Municipio de Portobelo, pero el alcalde Carlos Chavarría alega que el aval que él otorgó es solo para construir una cerca frente a la calle y no en la playa.

Tropical Marine es presidida por el danés Niels Sundel. El proyecto originalmente consistía en cuatro cabañas, pero según uno de los representantes de la empresa, Andy Dinger, el diseño ha sido modificado y ahora construirán dos edificios para hotel con 52 habitaciones, y una marina.

"Tenemos todo aprobado, lo único que nos hace falta es que la AMP emita la resolución en donde se nos otorga la concesión". dijo Dinger.

La oficina de relaciones públicas de la AMP, por su parte, informó que en estos momentos está en trámite un permiso provisional que se otorga por un año para que el solicitante, en este caso Tropical Marina, pueda recibir los permisos de las demás instituciones. La concesión de uso de mar y ribera marina fue solicitada el 8 de julio de 2005 a la AMP.

El documento, que a juicio de Dinger valida la construcción del muro, es un permiso del Municipio de Portobelo emitido el 17 de julio de 2006 por el alcalde Chavarría y que tiene vigencia por un año. En una entrevista telefónica, Chavarría dijo a este diario que ese permiso es solo para la construcción de una cerca frontal que ya fue edificada.

El problema –se defiende Dinger– es que parte de los terrenos fue cubierta de arena de la playa y las personas consideran que es una playa pública, pero no lo es porque forma parte de una finca privada. "Nosotros estamos construyendo una servidumbre de 1.50 metro para permitirles a las personas bajar al área de mar y a la playa que está al lado del terreno, y que no será dada en concesión", dijo.

Como el terreno de la empresa está muy cerca del mar, se construye el muro para proteger los trabajos de construcción del hotel y también servirá de contención para el sótano de uno de los edificios, explicó.

Los argumentos de Dinger no convencen al presidente del Consejo Municipal de Portobelo, Ramón Herrera, quien el pasado 24 de abril hizo una inspección al lugar y pidió a la Dirección de Catastro de Colón empezar una investigación sobre la legalidad o no de ese muro.

"Ese muro se construye ilegalmente porque está impidiendo el acceso a la playa", dijo.

Osvaldo Chavarría, director de Catastro de Colón, confirmó la solicitud del Consejo y afirmó que para los próximos días tiene planeado hacer la inspección.

Lo cierto es que la empresa ya cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente para la primera etapa del proyecto. En estos momentos la Anam hace la evaluación del EIA para la segunda fase, que es la construcción de la marina.

El concejal Herrera y el director de Catastro, Chavarría, esperan a más tardar la otra semana para hacer la inspección y determinar la legalidad o no del muro.

ENFOQUE
Algunas cosas no están a la venta

Mir Rodríguez
panorama@prensa.com

OPINIÓN. Las playas y costas de Panamá valen mucho. De hecho, valen tanto que no tienen precio: la Constitución prohíbe su venta y garantiza que las costas sean de todos. Los manglares y pantanos costeros, así como las playas de arena y los arrecifes de coral son de importancia estratégica para la nación y las economías locales. Pero estos lugares están siendo usurpados y destruidos a lo largo del país, de maneras diferentes

.Los promotores de grandes proyectos y los especuladores conocen muy bien el alto valor de los terrenos costeros, y es normal que intenten privatizarlos. Por eso se supone que tenemos a las autoridades, que al tiempo que deben fomentar el desarrollo sano de nuestros activos nacionales, son responsables de protegerlos y de asegurar su carácter público. Desgraciadamente el caso de Playa Blanca, en Mechi, no es único en Panamá.

El auge inmobiliario que vivimos ha sobrepasado las normas actuales y la capacidad reguladora del Gobierno. Sumado a esto, las políticas gubernamentales van dirigidas a favorecer a empresas gigantes, en detrimento de los pobladores locales y de pequeños emprendedores, que son precisamente los únicos que pueden asegurar la conservación de nuestras costas ante la actual vorágine saqueadora.

El autor es biólogo y editor de Almanaque Azul

Fuente: La Prensa, 24 de mayo de 2007.

Denuncias de extracción masiva de arena de las playas de Panamá

Los siguientes corrientes denuncian la destrucción de una hermosa playa por el boom inmobiliario en Panamá:

Por más que he tratado de que se le dé importancia al tema de la procedencia de la arena utilizada en todos los proyectos turísticos desde Costa del Este hasta playa blanca nadie parece interesarle el tema.

La punta de punta chame está devastada por la extracción masiva de arena para todos esos rellenos de los que ustedes se están quejando.

Los residentes nos hemos quedado sin playa señores. La arena blanca de la punta no existe. Solo fango. En esa arena también habitaban cangrejitos, animalitos, etc. Y habitamos nosotros los que vamos a las playas públicas de Punta Chame. El restaurante tiene fango por delante donde antes habia arena blanca.

Las barcazas de extracción están siempre dañando la punta sin que nadie pueda hacer nada. Anam me dice que eso le compete a Autoridad de Recursos Acuáticos Marinos Costeros pero no encuentro el teléfono de ese lugar en ningún lado.

Coral de la Guardia de Caballero
Residente de la punta de Punta Chame

Comité tratando de salvar su arena de la playa para beneficio del habitat de todos

----- Mensaje reenviado ----

Buenos Dias:

Estoy notando todos los medios enfocados en el tema del tío de Martín, solo porque es el tío de Martin. Pero quisiera que le dieran también importancia al tema que se usa la arena de la playa de Punta Chame original, dañando la playa pública a benefico de la construcción de una playa privada.

Las playas para el resto del mundo han sido despojadas de su capa de arena blanca para llevarla a las contrucciones de costa del este, isla grande y ahora para estos proyectos. Esta situación no es justa para los residentes de la punta de Punta Chame.

En esa arena en la punta también habitan animales.

Coral de la Guardia de Caballero
Propietaria de casa en Punta Chame

----- Mensaje reenviado ----

Buenos dias:

Mi más cordial saludo. Antes el área del club de Punta Chame hacia la punta tenía la más hermosa arena blanca. Era como la nieve.

Ahora en cambio es un subsuelo mojado, gris y feo. La capa de arena sigue siendo lavada por la acción natural del mar tratando de equilibrar la extracción de arena que no para y no va a parar por la creciente demanda comercial.

A los propietarios solo nos queda el recuerdo de una arena blanca y hermosa. Este fin de semana descendí casi un metro al bajar a la playa cuando el nivel de la playa era plano.

Siguen las barcasas "cuaco", Takarcuna y otra más extrayendo arena aun cuando sus permisos expiraron en enero del 2006.

Coral de la Guardia de Caballero
Propietaria de casa en Punta Chame

Los nuevos dueños de Bastimentos, sus tierras, playas y bahías

Esta es una vista de los primeros avances del conjunto residencial de alto costo del Proyecto Red Frog Beach –Fase I, localizado en el sector más estrecho de la isla de Bastimentos, en el Archipiélago de Bocas del Toro.

La Fase II propuesta es cuatro veces más grande que fase I, que sólo se ha concretado en un cuarto de lo proyectado. La segunda fase llegará al mero borde del límite terrestre del Parque Nacional Marino de Isla Bastimentos. Es una enorme área, que originalmente fue devastada grandemente por la sociedad Theobald, pero aún así sobreviven en el área bosques naturales en diferentes estadios sucesionales, tecales, áreas abiertas y bosques costeros, todos de rica biodiversidad y belleza escénica. El área afectada actual y la proyectada incluye la afectación de especies raras de ranas rojas de la familia Dendrobatidae, con morfotipos únicos en el país. Iguamente afectará la Laguna de Bahía Honda, única en ecología, paisaje, configuración y riqueza biológica, pero aún así, parece que esto a nadie le preocupa en Panamá y ANAM busca con mucho esfuerzo, como permitir a como de lugar que el proyecto siga sin contratiempos. Las evidencias, aún para los más legos, es que este proyecto es de alto impacto ambiental y con repercusiones fuertes negativas en las comunidades indígenas locales tradicionales, las cuales en definitiva, no pueden más que aspirar a ser peones rehenes supeditados a una economía cara, que les causará más traumas que beneficios. En cualquier país más civilizado que Panam, este proyecto no se hubiese aprobado.

En este proyecto ha habido tráfico de influencia y corrupción. Esto no cabe duda. El que tanga dudas, sólo se debe poner a investigar lo que hasta la fecha a sucedido. Por ejemplo, se debe investigar cómo con tantos errores y faltas graves este proyecto sigue su curso. Igualmente se debe investigar por qué abogados de proyectos inmobiliarios aupaban la –ley insular. En la Asamblea Nacional, los abogados de esta compañía, hicieron mucho –lobby– para lograr que existiera la Ley 2 de 2006 que vende las islas y costas de Panamá al mejor postor. Esta ley fue escrita y pensada originalmente para Red Frog Beach y luego cada quien le introdujeron la conveniencia cada quien de sus intereses, con el resultado que todo es tan caótico y los robos de nuestro patrimonio natural se han acrecentado exponencialmente.

El presidente Martín Torrijos, ha aterrizado en un helicóptero varias veces en los linderos de este proyecto. Nadie sabe por qué, ni para qué, ni qué busca. Unos especulan que le dieron acciones; otros dicen que sólo hace visitas de cortesía para ver cómo avanza el desarrollo de Bocas del Toro; otros dicen que sólo andaba de patrullaje doméstico. En fin todo es especulación, hasta las visitas del señor Presidente. Lo que si saben los lugareños y cualquiera que asculte un poco, es que este no es un proyecto con manejo transparente y honesto de los permisos ambientales y de las inspecciones. Este tipo de proyectos hechos casi a la fuerza de voluntad del inversionista y no de los caros intereses de país, provocará que otros especuladores hagan lo mismo en nuestros archipiélagos y por tanto se magnifique y multiplique por doquier este tipo de proyectos. Ante este escenario es fácil imaginarse a los especuladores de bienes raíces surgiendo como hongos en todos los confines prístinos de nuestro territorio nacional en nombre del desarrollo y crecimiento del turismo que finalmente sólo se quedará en palabras y pocas nueces para el país y a un costo muy alto y doloroso.
Panamá está en manos de especuladores del Real State y pronto no seremos dueños de nada. De hecho, ya casi lo hemos perdido todo, dicen por doquier los panameños más informados.

Como fresa que adorna la copa, Red Frog Beach ha clausurado caminos reales en la Isla que los lugareños han utilizado por siglos para trasladarse libremente por toda la isla y para colmo acosa con guardias de seguridad armados con escopetas, a los pocos lugareños y visitantes que se arriesgan a llegar a las nuevas playas privadas de facto que ha establecido Red Frog Beach. Y en señal que el abuso puede nunca acabar, el único camino que no ha cerrado al paso y alejado de las instalaciones cuasi industriales de RFB, en Bahía Honda, ha decidido cobrarle de facto un par de dólares. Estos abusos, sólo lo puede hacer una empresa que se cree que está al margen de la ley y que se siente amparada por cómplices en aparato estatal.

Algunos líderes locales dicen en tono sarcástico: magnífico legado de venta de la nación le está dejando nuestro presidente Martín Torrijos a todos los panameños! Nosotros por nuestra parte decimos. Dónde está Rubén Blades que no pone orden y revierte esta estafa a la nación en nombre del turismo. No puede ser que todo el mundo ande sólo buscando guayabas!

Salvemos Isla Bastimentos de una Red Frog Beach depredadora

En el manglar de acceso de Bahía Honda que da acceso a Red Frog Beach, los lugareños colocaron este letrero que dice: Red Frog Club no son bienvenidos.

En el pueblo de Bastimentos también hay letreros desplegados donde denuncian lo que está ocurriendo en Bocas del Toro con el turismo que ellos denominan depredador, ya que se camuflan de proyectos turísticos, cuando en realidad son proyectos de bienes raíces y especulación desmedida.

Ellos denuncian que no quieren más mentiras de la Fundación de la Rana Roja de Red Frog Beach, que intenta hacer ver beneficios colaterales de este megaproyecto inmobiliario.

Igualmente lugareños del poblado de Bastimentos denuncian que Red Frog no es turismo, es especulación y es un robo a la nación. Los consideran depredadores de la isla y sus bellezas, al cual no quieren darle acceso.

Todos estos abusos ha despertado en la comunidad una sensación que el Residencial de alto impacto denominado Red Frog Beach no es amigo de nadie y enemigo de todos.

Lo que todos están conscientes es que los especuladores estilo Red Frog Beach, sólo han comenzado a llegar por esos lares. Ellos igualmente están conscientes que los que están por llegar son iguales o peores depredadores y especuladores que RFB.

Denuncian que ante la ausencia de un Estado custodio de los recursos, valores y cultura locales, y gobiernos ignorantes y corruptos lo que le espera es aún peor.

Esperamos que esta situación se solucione por el bien del país.

Bahía Honda no quiere al Proyecto Residencial Red Frog Beach

Bahía Honda, sorprendió al conjunto de periodistas que tomaron un seminario de periodismo ambiental, que en conjunto con empresarios y ONG´s que auspiciaban el evento, cando se hizo una visita al Proyecto de Red Frog Beach en Bahía Honda.

Red Frog como proyecto residencial de alto impacto no es bien visto por la comunidad científica nacional e internacional. Tampoco es bien vista por organizaciones ambientales locales y nacionales.

Los lugareños sienten que van a ser desplazados, por no tener tierras. La bahía esta siendo concesionada para dos marinas un de poco menos de 100 yates y la otra para poco más de 250 yates.

Siguen vendiendo islas de Bocas del Toro a extranjeros

BOCAS DEL TORO.

Familia denuncia la alteración de contrato de compra venta de terreno

Alcalde de la provincia investigará la actuación de corregidores que ordenan desalojos de terrenos.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/A. Pimentel

QUEJA. Corregidor de Punta Laurel ordenó destrucción de vivienda.

Ángel Santiago Pimentel
CAYO DE AGUA, Bocas del Toro

Quince personas, entre ellas nueve menores de edad, pasaron la noche a la intemperie luego de que su vivienda fuera destruida este miércoles, en cumplimiento de la orden de desalojo que dio el corregidor de Punta Laurel, Ernestino Bonilla.

Se trata de la familia Smith, residente en la comunidad de Cayo de Agua.

Wilfredo Smith, vocero de los afectados, indicó que el desalojo fue solicitado por un extranjero, oriundo de Argentina, que tramitó la compra del lote de 30 hectáreas que pertenece a la familia, pagaderos en un año.

Smith asegura que el extranjero alteró los números del contrato de compra venta, indicando que la familia le vendería 42 hectáreas en 3 mil dólares cada una, cuando lo que se había acordado era la venta de 30 hectáreas en 5 mil dólares cada una. "Como mi padre no sabe leer, aprovecharon que yo no estaba y lo hicieron firmar el contrato alterado".

Ahora la familia reclama el pago del monto original, de 150 mil dólares, que se acordó. Ayer fue imposible ubicar al extranjero para conocer su versión de los hechos, así como al corregidor que ordenó el desalojo.

Eligio Binns, alcalde del distrito de Bocas del Toro, indicó que algunos corregidores han sido "influenciados" por los compradores.

Binns encargó al asesor legal del municipio que investigue el caso de la familia Smith, a fin de determinar si en realidad el contrato fue alterado. La investigación incluirá la actuación del corregidor Bonilla. "Analizaremos la situación y si hay que imponer sanciones, lo haremos".

El alcalde admitió que anomalías como las denunciadas por la familia Smith son el pan nuestro de cada día, pero se comprometió a poner punto final a la mala práctica.

Denuncia venta ilícita de costas con manglares en San Carlos

SAN CARLOS.

Denuncian venta ilícita de terrenos

Rafael Luna Noguera
rluna@prensa.com

El panameñista Luis Eduardo Camacho solicitó ayer al Ministerio Público investigar a varias autoridades del Gobierno, entre éstas al ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, y a la viceministra de Finanzas, Orcila de Constable, por la venta de un globo de terreno en el distrito de San Carlos, que según la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) era inadjudicable.

En la denuncia ciudadana presentada ante la Procuraduría, Camacho incluye además al director de Catastro, Mariano Quintero, y al director de Contrataciones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, Edilberto Ruiz.

Según el dirigente político, los terrenos, de 8 mil 811.38 metros cuadrados, fueron vendidos por 98 mil dólares a la sociedad Desarrollo Turístico San Carlos, S. A.

Explicó que el informe de la AMP, elaborado en 2005, deja claro que dicho globo de terreno nacional era de su competencia y que por tratarse de un humedal [manglares] de "importancia para la biodiversidad de la zona", no se le debía adjudicar.

De paso, dijo Camacho, la autoridad marítima notificó de su decisión a las autoridades mencionadas, pero de igual forma se autorizó la venta.

El panameñista indicó que también pedirá una investigación a la Asamblea, cuyo pleno autorizó una pesquisa similar en el caso de Punta Chame.

Corrupción en la venta de tierras costeras inadjudicables

Abril 26, 2007

PUNTA CHAME. explicaciones contradictorias.

MIDA defiende venta de tierras

Salazar justificó la venta a Espino. Cita una resolución de 1990, pero el monto de la transacción no coincide.

Torrijos dijo que no ha llamado a ningún funcionario y menos para que se vendan tierras a precios ridículos.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

DEVASTACIÓN. El 44% de las 26 hectáreas compradas por Espino estaban cubiertas de manglar.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, justificó la venta, en menos de un centésimo el metro cuadrado, de 26 hectáreas de terreno en Punta Chame a Rodolfo Charro Espino. Dijo que todo se hizo basado en la Resolución No. 113 del 27 de marzo de 1990, que establece una tabla de precio por hectárea atendiendo al tipo de tierra y la cantidad en venta.

Sin embargo, el precio que fijó la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a cargo de Nadia Moreno, no corresponde con lo que fija la resolución. Por ejemplo, se señala que cuando son terrenos baldíos y la cantidad negociada es de 21 a 50 hectáreas, la hectárea se vende a 20 dólares.

Reforma Agraria vendió a Espino 26 hectáreas, por lo que el precio debió ser de 520 dólares y no 2 mil 80 dólares. El presidente Martín Torrijos dijo ayer que no ha llamado a ningún funcionario para ponerle precio de venta a las tierras, ni mucho menos para que se vendan a precios ridículos.

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PUNTA CHAME. EL PROYECTO CON LA CONEXIÓN PERFECTA Y SUS ANTECEDENTES.

Las compras y ventas de Espino

Charro Espino vendió en 2006 cuatro hectáreas a la cuñada de la ex presidenta Mireya Moscoso.

Berta de Moscoso vendió su propiedad a la sociedad Punta Chame, que preside Joseph Homsany Achar.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

CONTRADICCIÓN. El ministro del Mida, Guillermo Salazar, considera que el globo de terreno vendido, que aparece en esta foto, no era manglar, lo que contradice el informe del técnico Rolando Bernal, de Reforma Agraria.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Detrás del nombre de Corporación Playa Blanca, cuyo presidente es el tío del mandatario Martín Torrijos, Rodolfo Charro Espino, existen ventas y traspasos de tierras en las que salen a relucir hermanos de la ex presidenta Mireya Moscoso y reconocidos empresarios inmobiliarios. Incluso, los hijos y esposa de Charro Espino.

El 13 de abril de 2004, la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas le vendió a Charro Espino 29 hectáreas de zona costera en 14 mil 808 dólares.

Dos años después, Corporación Playa Blanca segrega y vende cuatro hectáreas, de las 29, a Berta Alicia Barahona de Moscoso, esposa de Bergis Moscoso, hermano de la ex presidenta, en 2 mil 900 dólares. En esa transacción Charro Espino se ganó dos centésimos por cada metro cuadrado, que suman la totalidad de 80 dólares.

TODO QUEDA EN FAMILIA

El 12 de junio de 2006, Berta Alicia Barahona vende en 30 mil dólares esa propiedad a la sociedad Punta Chame, cuyo presidente es el empresario inmobiliario Joseph Homsany Achar, quien tiene otra sociedad donde aparecen los nombres de dos hijos de Charro Espino. Se trata de Corporación Blanca Playa, donde el agente residente es Rodolfo Espino Barañano, y como suscriptor figura Carlos Espino Céspedes. Los dos son hijos de Charro Espino. Pero este último no es con su esposa Dioselina Barañano, quien aparece como secretaria y suscriptora de la Corporación Playa Blanca, empresa que le compró a Catastro 29 hectáreas; y a Reforma Agraria, 26 hectáreas.

Las primeras las adquirió en cinco centésimos (0.05) el metro cuadrado y las segundas en menos de un centésimo (0.008).

Las transacciones de Espino continuaron con el resto de las hectáreas adquiridas en Catastro. El 7 de febrero de 2007 Corporación Playa Blanca vendió en 14 mil 808 dólares (el mismo precio al que las compra, con la diferencia de cuatros hectáreas menos) a Corporación Blanca Playa, donde figuran los dos hijos de Espino y Homsany Achar.

Blanca Playa fue inscrita el 11 de agosto de 2006, seis años después que se fundara Corporación Playa Blanca.

En otras palabras, los terrenos de Catastro, que adquirió Espino, fueron vendidos a personas naturales y jurídicas, pero terminaron en sociedades relacionadas con él mismo.

JUSTIFICAN VENTA

Mientras la madeja de esta historia de conexiones, negocios y daños ambientales aún no termina de desenredarse, las autoridades intentan explicar cómo se dio la última venta a cargo de Reforma Agraria.

El presidente, Martín Torrijos, se presentó ayer al programa Debate Abierto de Medcom, donde negó el tráfico de influencias en el caso y dijo que nunca ha llamado a ningún funcionario para fijar precio de venta de tierras, “ni mucho menos para que se vendan a precios ridículos”.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, convocó a una conferencia de prensa para justificar la venta a menos de un centésimo (0.008) el metro cuadrado en la zona costera.

Incluso, contradijo la opinión técnica del director Nacional de Análisis y Avalúo de la Reforma Agraria, Rolando Bernal, quien planteó en un informe que los terrenos vendidos son inundables y en gran parte están conformados por manglares. Salazar argumenta que el área no era manglar, por lo que la venta no tiene ninguna irregularidad.

Bernal en un informe fechado el 13 de julio de 2006 señaló que el terreno se caracterizaba por estar formado por playa y vciénagas marinas y que un alto porcentaje estaba constituido por manglar. Por lo tanto Reforma Agraria no tenía competencia para fijar precios.

Salazar explicó además que el precio se estableció en base a la Resolución 113 de 27 de marzo de 1990, que señala los montos por hectárea dependiendo de la cantidad negociada.

Sin embargo, ninguna de las categorías que el ministro cita en la resolución coincide con el precio en que se vendió el terreno el pasado 12 de marzo.

De hecho, una venta que le hizo Reforma Agraria a la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, de unos mil 70 metros cuadrados el 5 de septiembre de 2005, en la misma zona, estableció el precio del metro cuadrado en dos dólares. ¿Cuál es el criterio?

Ante este escándalo, que ha tocado el seno de su propia familia y de su Gobierno, Torrijos propuso ayer la creación del Instituto de Tierras para “evitar que se esté disponiendo de tierras del Estado a precios irrisorios”.

Además: Tráfico de influencias · Manglares · Islas y Costas · Costas · Corrupción · Urbanismo

Delitos ambientales en las playas de Isla Bastimentos

Lo que se puede considerar como un robo de espacios públicos y enajenación de facto, muchos especuladores se han apoderado de las prístinas playas de Bocas del Toro.

Aquí una sociedad denominada Cinco Cruces se disputa con Red Frog Beach, un total de 85 hectáreas de playas denominada Playa Polo.

Polo fue un lugareño que fue seducido por el dinero de estos especuladores y vendió sus tierras a Cinco Cruces, pero Red Frog Beach siempre le quiso quitar las tierras a Polo. Ahora la pelea es entre especuladores.

Mientras tanto, Cinco Cruces ha comenzado, con un séquito de lugareños peones, el relleno de los terrenos pantanosos inmediatos a la playa en mención. Han sacado desde enero de 2007, enormes cantidades de arena para rellenar ilegalmente los humedales circundantes.

Ya la playa se nota totalmente socavada por esta acción ilegal.

Las tortugas canales que llegan al sitio no podrán llegar, ni mucho menos anidar.

Dios te libre Panamá de la acción de esta gente y de la inacción de las autoridades.

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Marea negra de petróleo aún persiste en Laguna de Chiriqui Grande Bocas del Toro

La negra costa de Chiriquí Grande

LA PRENSA/Boris Gómez

En Chiriquí Grande aún reina la incertidumbre, tras el derrame de petróleo que hace más de dos meses tiñó de negro las aguas y las costas de esta zona de Bocas del Toro. Los moradores y las autoridades del lugar mantienen discrepancias en torno al accidente. Mientras funcionarios de Salud afirman que el peligro pasó, los pescadores temen faenar y dicen que sufren de enfermedades.

BOCAS DEL TORO. LOS MORADORES AMENAZARON CON REALIZAR PROTESTAS.
Tensa calma en Chiriquí Grande

El alcalde de Chiriquí Grande no descarta que haya personas tratando de aprovecharse de la situación. La corregidora de Punta Laurel desmintió que un niño haya muerto por consumir pescado contaminado.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/B. Gómez

CONTAMINACIÓN. Al visitar el área afectada se puede observar que aún hay piedras cubiertas por petróleo.

Boris Gómez CHIRIQUÍ GRANDE, Bocas del Toro

Una tensa calma se vive en Chiriquí Grande y en otras comunidades cercanas, donde hace 77 días se registró un derrame de petróleo.

La tensión se debe a que hay dos grupos organizados que no están satisfechos con la posición del Ministerio de Salud, que determinó, mediante un comunicado emitido a finales de marzo pasado, que los peces y mariscos de La Laguna de Chiriquí Grande están libres de contaminación.

Hay tal desconfianza que los indígenas responsabilizan de cualquier enfermedad al derrame, aunque los médicos le digan que el petróleo no tuvo nada que ver.

"Mi familia no sufría de asma y ahora sí la tiene y no le creo al médico", dijo Nicolás De Gracia Montezuma, un morador de la comunidad de Ballena.

Los grupos advierten que si la próxima semana no se establece un diálogo con la empresa Petroterminal de Panamá (PTP), entonces van a tomar acciones de protesta en el Puerto de Chiriquí Grande.

Javier Selles, vocero del grupo Ngöbe Pro Defensa de Chiriquí Grande, indicó que ellos no pueden creer que tan solo después de un mes ya el Gobierno haya dicho que se puede pescar sin temor a enfermarse por el consumo de los productos del mar.

"La gente de unas 54 comunidades no quiere pescar por temor a enfermarse. Nosotros nos preguntamos: ¿Cómo van a subsistir por los próximos meses o años, si pescar es inseguro?", señaló Selles.

De Gracia Montezuma indicó que él es testigo de que los manglares no han sido limpiados con la delicadeza que ameritan y las playas siguen contaminadas.

"Había 400 trabajadores y ahora hay solo 50. Muchos de ellos laboraron, al igual que yo, sin mascarillas y ahora están afectados", dijo el morador.

En tres ocasiones le hemos pedido a los directivos de la empresa que se reúnan con nosotros, y no hemos conseguido que nos atiendan, declaró De Gracia Montezuma.

¿Juega Vivo?

Locario Jaén, alcalde de Chiriquí Grande, declaró que a él también le llegan reportes de personas afectadas por molestias estomacales, pero que no tienen constancia de las enfermedades por exámenes médicos.

Jaén no descarta que haya personas tratando de aprovecharse de la situación para sacar ventaja de una posible proyección política o conseguir indemnizaciones.

"Nosotros hemos oído hablar de una demanda de 500 millones de dólares, pero la comunidad de Chiriquí Grande no conoce de la misma. El municipio quiere dialogar y aún no hemos decidido demandar", indicó Jaén.

Corren los rumores

El jueves a las 8:00 p.m. en Chiriquí Grande empezaron a correr rumores de que un menor había fallecido en Punta Laurel por la ingesta de pescado contaminado. La propia representante del corregimiento de Punta Laurel, ubicado a una hora en lancha del Puerto de Chiriquí Grande, Hilda Wright, desmintió la muerte.

Wright sin embargo dijo que los buceadores de langostas y conchas la están pasando muy mal, supuestamente por estar afectados por residuos de hidrocarburos en las profundidades.

"Dos buzos han venido a denunciar la afección en sus ojos, que se encuentran irritados como nunca antes", añadió.

Wright dijo que ella sí está de acuerdo con la demanda de 500 millones de dólares, por lo que le han pedido al abogado Silvio Guerra que los represente en el proceso.

¿Cuánto vale la naturaleza y el trabajo de 600 familias y 54 comunidades? Un empleado veterano de PTP, que pidió reserva de su nombre, opinó: "El proyecto de oleoducto costó hace 25 años 350 millones. Supongamos que ahora valga 100 millones más: ¿Cómo van a demandar a la empresa por esa cantidad?".

Los informes médicos

La doctora encargada del Centro de Salud de Chiriquí Grande, Rosaura Dean, indicó que al principio del derrame, los dolores de cabeza fueron el azote de los residentes de las comunidades aledañas.

"Recibimos en un día aproximadamente 20 casos, después se fueron presentando a razón de uno o dos por fecha, pero ninguno de los casos se ha presentado de gravedad", aseguró.

Algunos de los afectados eran trabajadores; y otros, residentes, lo que consideró normal, tomando en cuenta que hubo un elemento extraño y contaminante en el ambiente.

La versión de la empresa

"Aún el tema de la limpieza no ha terminado con la Autoridad Marítima y estamos a disposición de todas las labores que el estado nos ordene y sea necesario hacer", explicó Óscar López, gerente de proyectos de PTP.

López dijo que los análisis de suelo, agua y costa no han revelado contaminación y se está haciendo un inventario ambiental por toda la zona.

López rechazó que los manglares estén devastados. "Están afectadas 5 de las 90 hectáreas de manglares de La Laguna, pero no han sido arruinadas inclusive hay regeneración de semillas", indicó.

Las labores de limpieza se están desarrollando en el área conocida como Roca, que es una playa rocosa-arenosa. Va desde la zona conocida como Piña, a tres minutos en bote de Chiriquí Grande, hasta la de Ballena, y comprende aproximadamente 800 metros.

El daño mayor está en un área conocida como Shore Side, desde donde salió el crudo hacia los demás sectores de la bahía.

"La zona de Shore Side está cerrada por un muro de contención y estamos remediando el daño con productos, pues el crudo fue absorbido por la tierra", indicó Óscar López, gerente de Proyectos de PTP.

Unos 30 trabajadores se concentran en lavar las piedras de la playa con mangueras a presión, recoger los cilindros esponjosos y poner en sacos las piedras y las esponjas para llevarlas a una barcaza. La barcaza luego trasladará los sacos a un barco que llevará la carga contaminada a una zona de tratamiento.

"Nosotros estamos con las puertas abiertas para buscar soluciones, pero ¿a quién nos toca atender si hay más de una organización? No hay pruebas científicas de que la población esté afectada ni de que la contaminación, como dicen algunos, nos vaya a atacar por 15 años", dijo López.

El informe Velásquez

En medio de la tensión de la zona, el funcionario Emigdio Velásquez, de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), levantó un informe para entregarlo a sus superiores esta semana.

El informe de la AMP es esperado por la empresa y por la comunidad. Velásquez estuvo por más de 20 días en la zona supervisando los trabajos, y sus superiores no le permitieron dar detalles del trabajo.

La tensión sigue en el lugar

Algunos dueños de botes se niegan a llevar periodistas al recorrido. En las tiendas y restaurantes se pueden escuchar opiniones favorables y desfavorables a la PTP. Hay quienes acusan a los dirigentes de avivatos, y otros dicen que están peleando por los derechos de los desposeídos.

Chiriquí Grande parece una de esas películas del oeste en que dos vaqueros están fumando sentados sobre un barril de pólvora, frente a un bar en el que con la primera trompada se desata una batalla campal.

Fuente: La Prensa, 22 de abril de 2007.

Venta y devastación de manglares en Punta Chame

Venden y devastan manglares de Punta Chame

SIN PERMISOS. EMPRESA BUSCA DESARROLLAR PROYECTO TURÍSTICO.

Devastan Punta Chame

Un tío del presidente, Martín Torrijos, está al frente de la compañía que compró una zona de manglares.

La Reforma Agraria vendió en marzo de este año el terreno a menos de un centavo el metro cuadrado.

LA PRENSA/Maydée Romero

RELLENOS. ‘Bulldozers’ han acomodado sobre parte de lo que antes era una zona poblada de manglar una gruesa capa de arena. Esta fotografía fue tomada hace apenas 10 días, aunque testigos afirman que la maquinaria está presente desde hace varios meses.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Varias hectáreas de mangle ubicadas en Punta Chame han sido convertidas en playa sin que medie permiso alguno de las autoridades para el desarrollo de un proyecto turístico de la empresa Corporación Playa Blanca, cuyo presidente es Rodolfo Charro Espino Durán, tío del jefe del Ejecutivo, Martín Torrijos Espino.

Entre octubre y noviembre del año pasado, la empresa taló el manglar, y en enero de este año la labor se intensificó, revelaron moradores de la zona. Luego, la zona fue quemada y de inmediato empezó un relleno con arena extraída de la playa de Punta Chame. El pasado 12 de abril, este diario observó el avance del relleno.

Las obras comenzaron mientras Espino todavía tramitaba la compra del terreno –26 hectáreas en total–. El 12 de marzo de 2007, la Dirección de Reforma Agraria le vendió el terreno en 2 mil 80 dólares, es decir, a menos de un centavo el metro cuadrado.

Bolívar Zambrano, director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente, dijo que no hay registros de que la empresa haya presentado un Estudio de Impacto Ambiental para su desarrollo. Leika Martínez, directora de Recursos Marinos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, dijo que tampoco tiene una solicitud para la ejecución de estas obras.

Espino dijo que cuenta con los permisos de la Autoridad Marítima de Panamá.

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PUNTA CHAME. DEVASTACIÓN DE ZONA COSTERA.

La mejor compra del tío de Torrijos

Reforma Agraria le vendió área de costa a Rodolfo Espino Durán a menos de un centavo el metro cuadrado.

El globo de terreno vendido tenía derechos posesorios que no fueron reconocidos por Reforma Agraria.

LA PRENSA/ Maydée Romero

ALTERACIÓN. Toneladas de arena han sido usadas para rellenar, con un tractor, los terrenos que antes eran áreas de manglar y ciénagas marinas, con el fin de construir un proyecto turístico en Punta Chame.

Pulse aquí para apreciar la imagen

José Arcia
jarcia@prensa.com

Para el tío del presidente Martín Torrijos Espino, Rodolfo Charro Espino, todo era perfecto. El mar y la blancura de la arena de la playa se combinaban con el verdor del manglar en Punta Chame.

En esta área incluida en 1996 en la denominada Zona 4 Farallón para el Desarrollo Turístico de Interés Nacional, Espino visualizó lo que sería una gran inversión para él, además de una transacción que es la envidia de los corredores de bienes raíces, pero que para Fernando Fontane, dueño de los derechos posesorios del globo de terreno que Espino adquirió, no es más que el “despojo” de sus derechos.

Espino compró 26 hectáreas de tierra a menos de un centésimo el metro cuadrado, y a pesar de no tener los permisos correspondientes, este año devastó zona de manglar y comenzó a rellenar la propiedad con arena de esa zona.

CORPORACIÓN PLAYA BLANCA

El 16 de marzo de 2000, Espino inscribió en el Registro Público la empresa Corporación Playa Blanca y un año después, el 14 de septiembre de 2001, empezó el proceso de compra de un globo de 85 hectáreas de zona costera en Punta Chame. Este terreno había sido otorgado en derecho posesorio a favor de Fontane, quien, en 2000, comenzó los trámites para su titulación.

Fontane dijo que él ha trabajado parte de esas tierras por más de 16 años y en su mano tiene una certificación del antiguo Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables de 1996, hoy Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), en la que le concede permiso especial para abrir un camino, pero en la que también le ordena poner en marcha un plan para arborizarlo.

También posee una certificación del alcalde de Chame, Euclides Mayorga, en la que da fe de sus derechos posesorios.

El 29 de septiembre de 2006, Fontane decide traspasar sus derechos posesorios a su hermana Idania Fontane, proceso que fue acogido por Juan Álvarez de la Dirección Nacional de Reforma Agraria.

Un mes después Idania descubre que en el terreno de su hermano se estaba talando el manglar. “Enfurecida empecé a investigar en la Reforma Agraria qué había pasado con el proceso de mi hermano”, dijo.

Para su sorpresa, en la Dirección Nacional de Reforma Agraria no le daban respuesta. En febrero de 2007 descubre que el terreno de manglar estaba siendo rellenado con la blanca arena de la playa de Punta Chame.

“Yo vi cómo sacaban la arena de la playa para rellenar el área devastada”, dijo Idania.

Este diario llamó la semana pasada al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) para verificar si la empresa Corporación Playa Blanca contaba con permiso de extracción de arena. La respuesta llegó mediante un correo electrónico de la Oficina de Relaciones Públicas que señalaba: “de acuerdo con la dirección de Recursos Minerales del Mici, esta empresa no tiene concesión y no la ha solicitado”.

Después de varios meses de investigar sobre el estado del terreno de su hermano, en marzo Idania descubre que Espino adelantaba la adjudicación a título oneroso de las últimas 26 hectáreas y que el resto ya había sido adjudicado a la misma empresa y posteriormente traspasada a otras compañías, lo que según ella comprobó en la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a cargo de Nadia Moreno.

Al ver que la adjudicación de las últimas 26 hectáreas estaba en proceso, empezó una batalla legal para tratar de “salvar lo poco que nos quedaba”.

Mediante su apoderado legal Esteban López, del bufete Katz & López, el pasado 7 de marzo presentó un recurso de oposición al proceso de adjudicación.

Sin embargo, cinco días después, el 12 de marzo, la Reforma Agraria adjudicó a título oneroso las 26 hectáreas por la suma de 2 mil 80 dólares.

Charro Espino pagó menos de un centésimo (0.008) por cada metro cuadrado de manglar en Punta Chame, donde actualmente este se comercializa entre 25 y 50 dólares el metro cuadrado, según cálculos de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces.

Si se toma de referencia estos precios, el terreno costaría entre 6 millones 250 mil dólares y 12 millones 900 mil dólares.

INTIMIDADES DE UN PROCESO

Mientras Idania investigaba qué estaba pasando con su globo de terreno de 80 hectáreas, Espino dictaba órdenes, por escrito, a la directora de Reforma Agraria, Nadia Moreno.

En una nota fechada el 28 de diciembre de 2006 enviada a Moreno, Espino solicitó que Rolando Bernal, jefe del Departamento Nacional de Análisis y Avalúo de Reforma Agraria, no participara en la diligencia de fijación de precio de las 26 hectáreas. Además, que se tomaran “las medidas pertinentes, de manera que se culmine la diligencia de fijación de precio al área en trámite”.

La reacción de Espino se produjo luego que Bernal enviara el 13 de julio de 2006 una nota a Moreno en la que certificaba que la fijación del valor del terreno no era competencia de Reforma Agraria.

Bernal sustentó su decisión en que el terreno pedido en compra estaba formado por playas y ciénagas marinas y que son terreno inundable por alta mar. Además, decía que un alto porcentaje estaba constituido por manglares.

El 5 de marzo de 2007 se fijó el precio. (Ver facsímil)

Al parecer, a Espino tampoco le gustó la descripción topográfica que hizo Bernal del terreno. En una nota enviada el 6 de octubre de 2006 le pide a Moreno que solicite a la Dirección Regional de Panamá Oeste de la Anam una nueva inspección, alegando que la anterior fue sobre toda el área, incluyendo los 200 metros del nivel de la marea más alta.

Moreno, tres días después, el 9 de octubre, le hace la solicitud al director regional de Panamá Oeste de la Anam, Luis Vega, quien el 18 de octubre, mediante nota ARAPO- 15 39, le envía su respuesta: “Esta zona no está influenciada directamente por las mareas. Al igual que ésta [zona en venta], el resto del área de influencia ha sido fuertemente alterada desde hace varias décadas”.

En esa misma nota dice que 11.37 hectáreas, que equivale al 44% del terreno, tiene mangle.

Pero Vega deja saber que para el caso de que a futuro se haga un proyecto, se deberá realizar, previamente, una evaluación ambiental.

A la fecha no hay Estudio de Impacto Ambiental.

El pasado lunes, 16 de abril, este diario tramitó una entrevista con Moreno, en el Mida, para que explicara cada detalle de las cartas y el por qué de esa venta. La solicitud fue reiterada en tres ocasiones durante la semana y la oficina de Relaciones Públicas informó que pusieron en conocimiento de Moreno la solicitud, pero ella no respondió.

El pasado viernes, 20 de abril, se contactó a Espino, quien dijo que se le devolviera la llamada a eso de las 11:00 a.m. del día siguiente. Cuando se le volvió a llamar, pidió nuevamente que lo llamaran a las 3:00 p.m. Luego no contestó su celular.

Pero en una conversación corta, en una de esas llamadas, Espino dijo que él contaba con los permisos de la Autoridad Marítima de Panamá, la cual, incluso, le exigió sembrar 8 mil palos de mangle, y que él sembró 12 mil.

Al final, Fontane lo perdió todo y a Espino todo le salió perfecto. El Ministerio de Obras Públicas comenzó en 2006 el asfaltado de los primeros 10 kilómetros de carretera –de los 17 que hay entre la Panamericana y Punta Chame– vía que termina justo en la entrada del área devastada, y este año seguirá con el resto.

Arap investigará el proyecto

Al reconocer que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) no ha dado permiso para desarrollar un proyecto en Punta Chame, el director de la institución, Richard Pretto, dijo que se investigará qué fue lo que pasó.

“Lamentablemente el daño está hecho. Tenemos un gran problema en las zonas de manglar y nuestra primera tarea es empezar un plan de desarrollo”, dijo Pretto después de que le pidiera a su equipo técnico explicar a este diario la importancia del manglar.

Lo cierto es que Punta Chame fue una de las zonas elegidas por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe (Cathalac) para desarrollar un proyecto de reforestación de área de mangles.

La iniciativa tiene dos años durante los cuales se han repoblado 300 hectáreas de manglar en toda la zona, dijo José Berdiales, jefe del proyecto, quien se mostró sorprendido al enterarse de la devastación de varias hectáreas de manglar en esa área turística: “No es posible que mientras unos se preocupan por conservar, otros simplemente destruyen”.

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