Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com
catastro.
La Ley No. 2 del 7 de enero de 2006 que regula las concesiones de tierras para la inversión turística en costas e islas genera inquietudes a los propietarios de tierras de Playa Colorada, costa arriba Colón, un centro de interés turístico.
Muchas de las tierras en el inventario estatal ya han sido otorgadas a residentes de diversas áreas del país a través de la reforma agraria y derechos posesorios. Sin embargo, muchas de estas jamás han sido tituladas.
Ante esto, el artículo 1 de la Ley No. 2 dice que los derechos posesorios existentes otorgados por los municipios y autoridades correspondientes no serán afectados, explica Pedro Vallarino, presidente de la Fundación para el desarrollo del Caribe (Fudetca).
El ministro de turismo, Rubén Blades, expresó interés por el desarrollo turístico de "800 hectáreas frente al mar, propiedad del Estado" en Playa Colorada, en una carta dirigida al entonces director de Catastro y Bienes Patrimoniales Benjamín Colamarco el 20 de septiembre de 2005. En esta, Blades explica el potencial turístico que poseen estas áreas, y pide reservar estas tierras hasta que "podamos verificar la posibilidad que las mismas puedan ser utilizadas para un desarrollo turístico".
Para los miembros de Fudecta que poseen tierras en Colón, estas declaraciones son preocupantes, ya que ellos compraron derechos posesorios en estas áreas de interés turístico para el Instituto Panameño del Turismo (Ipat). "Nosotros compramos estas tierras a los lugareños que las poseían desde hace décadas. Tenemos más de 10 años trabajando con las comunidades de Costa Arriba", mencionó Sonia Sandoval, integrante de Fudetca.
La preocupación se agravó el 22 de agosto cuando salió la Resolución 90 en Gaceta Oficial, la cual elimina la resolución 62 que regulaba la venta de bienes del Estado, tema que ha quedado inconcluso. El 23 de agosto de 2007 Fudetca envió una carta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin embargo, Vallarino dijo que no ha recibido respuesta.
"El propósito de la Ley No. 2, es promover el desarrollo turístico ordenado en el país", dijo Ricardo Ledezma, del Ipat. Esta ley regula el manejo de los territorios del Estado en costas e islas, ya que son de alto interés turístico.
Ledezma dijo que ellos no tienen jurisdicción sobre las tierras estatales, ya que su labor en la Ley 2 es otorgar las concesiones para desarrollos turísticos.
"Las tierras las maneja Catastro en el MEF" agregó.
Actualmente, el Programa Nacional de Tierras tiene una campaña de titulación masiva, donde los inversionistas de Colón esperan que se les reconozcan sus derechos posesorios. "Si estas son de interés turístico, las venderíamos con los respectivos permisos del Ipat", recalcó Vallarino.
ARCHIPIÉLAGO DE LAS PERLAS
PANAMA AMERICA
EL ARCHIPIELAGO de Las Perlas, en el Océano Pacífico, se ha convertido para los científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), en un laboratorio de investigaciones arqueológicas.
Hasta el momento se han encontrado más de 50 yacimientos en el archipiélago, el cual es considerado uno de los conjuntos de islas más importantes de las que rodean las costas del Istmo de Panamá.
Alrededor son 90 islas y 130 islotes que conforman el Archipiélago de Las Perlas, valioso tesoro para los panameños y una gran sala de maternidad para aves y mamíferos marinos migratorios.
Arqueólogos nacionales y extranjeros, la consideran como un lugar ideal para realizar investigaciones ambientales y científicas, por lo que han decidido ir a la caza de estos yacimientos que se encuentran en el lugar.
El reconocido arqueólogo Richard Cooke, científico permanente del STRI, trabaja en estas investigaciones, a fin de dar a conocer la importancia de este patrimonio, en el que se han encontrado grandes hallazgos que datan de 550 a 700 años después de Cristo (D.C.).
Manifestó que durante las excavaciones se han encontrado cerámicas pintadas, muy parecidas a las talladas en la región de Azuero y Coclé. Estas artesanías han dado fecha de Carbono 14, lo que comprueba su antigüedad.
De acuerdo con Cooke, se presume que existieron asentamientos humanos en el Archipiélago de Las Perlas.
A pesar del poco tiempo que llevan las investigaciones, las cuales iniciaron en febrero de este año, esta hipótesis de los científicos puede ser acertada por los valiosos hallazgos, que alguna vez pertenecieron a nuestros ancestros.
También se han encontrado otro tipo de cerámicas sin pintura, la cual se desconoce su antigüedad.
PREOCUPACION
Los científicos están preocupados. Y es que a pesar de que el Archipiélago de Las Perlas ha sido por años el foco principal del desarrollo turístico de nuestro país, en el que sus hermosas playas de fina arena blanca han atraído a cientos de miles de turistas de todo el mundo, hoy esconde una triste realidad.
Por un lado el calentamiento global del planeta, la contaminación de sus aguas, los desechos tóxicos, están contribuyendo a la desaparición de los corales, mientras que los proyectos turísticos en la zona amenazan con desaparecer centenares de sitios arqueológicos.
El consorcio Viveros Development Inc. fue sancionada por la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (INAC), por la destrucción de ocho yacimientos arqueológicos, en la Isla Viveros, a un costo de 100 millones de dólares.
Y es que en el lugar, investigaciones arqueológicas revelan que se encontraron cerámicas que sugieren conexión cultural en la región de Coclé y acumulación artificial de conchas marinas.
Esta es la principal preocupación, manifestó Cooke, ya que se atenta con un patrimonio de gran importancia para la región.
En este sentido, el investigador hace un llamado de atención a las autoridades, a fin de mitigar el impacto del turismo y rescatar los sitios arqueológicos.
Los estudios arqueológicos se han llevado a cabo en las islas Bayoneta, Cañas, Casaya y Pedro González.
En este sentido, grupos ambientalistas han señalado que si no se defiende este tesoro, el sitio pasará de ser una isla con playas libres en una isla privada adornada de decenas de muelles y cientos de proyectos turísticos.
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LOS SANTOS.
En el acuerdo municipal queda prohibida la deforestación y movimiento de tierra en la zona.
El Consejo Municipal de Pedasí prohibió la construcción de infraestructura dentro de una franja de 200 metros ubicada a lo largo del litoral que se extiende desde donde llega la alta marea hacia tierra firme, hasta tanto se adopte el Plan Maestro de Desarrollo Turístico (PMDT) de la región.
El concejo tomó la medida mediante acuerdo Nº 17, donde establece una comisión de trabajo compuesta por todas las autoridades de la provincia para la elaboración del PMDT, que tiene como objetivo promover las inversiones de proyectos turísticos y residenciales protegiendo la biodiversidad existente.
En el acuerdo queda prohibida la deforestación, tala, movimiento de tierra, obstaculización de caminos, construcción de edificios, en la zona dentro de los 10 metros en las dunas de arena conocidas como Pablo Barrios y en los manglares, las servidumbres, carreteras, caminos y acceso público a las playas.
Esta prohibición se extiende a la zona de los 22 metros de la línea de alta marea hacia tierra firme, a las islas y rocas marinas, excepto que la persona cuente con una concesión administrativa otorgada por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.
El concejo estableció que todo proyecto de desarrollo residencial, hotelero o similar que se vaya a realizar en ese distrito debe ser presentado por el inversionista ante la cámara edilicia para su conocimiento.
Los peticionarios de los proyectos deberán presentar copia autenticada del permiso de concesión otorgado por la autoridad competente.
LOS SANTOS.
En el acuerdo municipal queda prohibida la deforestación y movimiento de tierra en la zona.
El Consejo Municipal de Pedasí prohibió la construcción de infraestructura dentro de una franja de 200 metros ubicada a lo largo del litoral que se extiende desde donde llega la alta marea hacia tierra firme, hasta tanto se adopte el Plan Maestro de Desarrollo Turístico (PMDT) de la región.
El concejo tomó la medida mediante acuerdo Nº 17, donde establece una comisión de trabajo compuesta por todas las autoridades de la provincia para la elaboración del PMDT, que tiene como objetivo promover las inversiones de proyectos turísticos y residenciales protegiendo la biodiversidad existente.
En el acuerdo queda prohibida la deforestación, tala, movimiento de tierra, obstaculización de caminos, construcción de edificios, en la zona dentro de los 10 metros en las dunas de arena conocidas como Pablo Barrios y en los manglares, las servidumbres, carreteras, caminos y acceso público a las playas.
Esta prohibición se extiende a la zona de los 22 metros de la línea de alta marea hacia tierra firme, a las islas y rocas marinas, excepto que la persona cuente con una concesión administrativa otorgada por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.
El concejo estableció que todo proyecto de desarrollo residencial, hotelero o similar que se vaya a realizar en ese distrito debe ser presentado por el inversionista ante la cámara edilicia para su conocimiento.
Los peticionarios de los proyectos deberán presentar copia autenticada del permiso de concesión otorgado por la autoridad competente.
ENFRENTAMIENTOS.
El empresario Gustavo de la Cruz, de Grupo Viveros, dice que si Suntracs no sale de la zona habrá muertos.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| ARMADOS. La Policía Nacional, el Servicio Marítimo y agentes de seguridad custodian la zona. |
Desde que empezó el enfrentamiento entre los obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y los miembros del sindicato de la empresa Maqtec –que construye un millonario proyecto en Isla Viveros– por el reclamo de mejoras laborales, los habitantes de la vecina isla de San Miguel perdieron la calma.
Ahora la zona está custodiada por miembros de la Policía Nacional, personal del Servicio Marítimo Nacional y 45 agentes de seguridad contratados por el Grupo Viveros para que vigilen el área. Con este último grupo, el Suntracs ha rivalizado en los últimos días. Tanto así, que en un documento que reposa en la Corregiduría Municipal de Balboa, el empresario Gustavo de la Cruz, representante legal del proyecto turístico, advierte que si este sindicato no sale de la zona, "puede haber de 5 a 10 muertos".
Mientras, los trabajadores en huelga –en su mayoría residentes de San Miguel– alegan que todo se suscitó porque se "violaron" sus derechos laborales. Los moradores temen y las autoridades locales también. Paula Mendieta, alcaldesa del distrito de Balboa, dice que en 70 años de vivir en la isla, esta la primera vez que se da un incidente en el que hay armas de fuego.
ISLA VIVEROS.ALCALDESA DE BALBOA TEME POR LA SEGURIDAD DE LOS ISLEÑOS.
El sindicato de Maqtec abandonó Isla Viveros, pero 45 hombres custodian el área.
La Policía Nacional y el Servicio Marítimo Nacional vigilan la isla. Los moradores tienen miedo.
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| La vida de los moradores de San Miguel cambió con la presencia de hombres armados en la zona. Todos los grupos presentes en el área portan armas de fuego, dicen los moradores. 888353 |
Una vez se llega a Isla Viveros, agentes del Control de Multitudes de la Policía Nacional y agentes del Servicio Marítimo Nacional les solicitan los datos personales a los visitantes e incluso les preguntan el motivo de la visita. Allí se han instalado dos improvisados puestos policiales que hacen que el lugar parezca una isla penal.
Todo es a raíz del enfrentamiento entre los obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y un grupo de al menos 45 hombres, contratados por el Grupo Viveros, a través de la empresa Inmobiliaria Monsol S.A., para que vigile sus bienes en el proyecto turístico que se construye en la Isla Viveros a un costo de 100 millones de dólares.
Inicialmente, el Suntracs se había enfrentado con el sindicato de obreros de la empresa Maqtec, quienes ya no están en la isla. En su reemplazo está el personal de seguridad.
Cada grupo tiene su propio lugar en la isla, separado por el bosque. Los dos lados se unen por una carretera de barro, en un recorrido que dura 30 minutos en carro.
"Hey friend, ustedes son de la prensa, escriban allí que le vamos a soltar bala". La frase la pronunció un joven, vestido de camiseta blanca, jean azul y botas, que se encontraba en el grupo contratado por Monsol. Al paso salió Jorge Luis Góndola, que en un tono conciliador dijo "vengan, que alguien los va a atender". "Friend, aquí está la prensa ¿quién puede hablar con ellos?", se dirigió Góndola a otro grupo de personas. Luego se acerco Yusniel Temprana, quien se identificó como el encargado del proyecto.
Ambos dijeron (Temprana y Góndola) que los responsables de los enfrentamientos son los miembros del Suntracs.
"Esa gente nos empezó a soltar bala cuando hacíamos un recorrido de vigilancia", asegura Góndola.
En el otro lado de la isla se respiraba, el pasado viernes, un aire de camaradería. Los miembros del Suntracs preparaban su almuerzo, (arroz con pescado asado e iguana guisada). A unos 50 metros reposaban varios cascos amarillos tirados y una improvisada barricada. Fue allí donde se dio el último incidente que, de acuerdo con las versiones de los miembros del Suntracs, los agentes de seguridad contratados por la empresa apedrearon y dispararon a los obreros. "Nosotros salimos a defendernos", dijeron los casi 50 trabajadores que se mantienen en huelga por reclamo a sus derechos laborales.
TEMEN POR SU SEGURIDAD
A Paula Mendieta, alcaldesa del distrito de Balboa, le preocupa lo que pasa en Isla Viveros. Dijo que en sus 70 años de vivir en San Miguel, corregimiento cabecera del distrito, nunca se habían dado incidentes con armas de fuego.
La preocupación de la máxima autoridad del distrito es compartida por el resto de los pobladores. Ignacia Cáceres, dueña del restaurante Cacería, alega que por la presencia de hombres armados en la zona, le da miedo caminar sola hasta su negocio en horas de la madrugada.
Para Rolando Gudí, quien labora en el proyecto y uno de los que se mantiene en huelga, el problema termina cuando saquen al personal de seguridad de la isla. "Aquí la gente se dedica a pescar langosta y nadie está para sacar un arma", dijo.
Jorge Martínez, otro de los obreros en huelga, dijo que todo empezó porque el sindicato de la empresa nunca se preocupó por el bienestar de los trabajadores. "Por eso fue que llamamos al Suntracs, para que defendiera los derechos laborales de los obreros que trabajan en el proyecto".
Las ballenas ‘jorobadas’ hacen escala en Panamá |
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La escena resulta familiar en estos días en las aguas templadas del Pacífico, específicamente a media distancia entre la ciudad de Panamá y la isla Contadora. Es en esta época que cientos de ballenas jorobadas se aparean en la bahía de Panamá. Los observadores de ballenas, como en este caso, a bordo de la lancha Bikini, suelen acercarse para ver el majestuoso espectáculo que ofrecen estos enormes mamíferos, que sin duda constituyen un valioso atractivo turístico para el país. La Prensa, 29 de julio de 2007 |
PRIMER PLANO
ANTÓN. El próximo martes se citará a unas 42 personas que han sido señaladas por vender tierras que están ubicadas en los predios de las playas en Antón. La información fue confirmada con la corregiduría, en donde se lleva el informe de las personas que deben presentarse al despacho del corregidor de Antón, Rodolfo Centeno. Centeno dijo que son personas del distrito de Antón las que han incurrido en esta falta.
Las ventas promovidas son de terrenos nacionales que están sobre el área playera. La citación se dio a través de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales luego de que esta instancia detectara solicitudes en donde se pide la adjudicación de estos terrenos.
Rafael Quezada
La Prensa, 21 de julio de 2007
PROYECTO TURÍSTICO PLAYA BARQUETA, en CHIRIQUÍ.
La Contraloría objetó los beneficios que otorgó el Consejo Municipal a la empresa dueña del proyecto.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| alanje. Brisas del Mar Development draga actualmente un canal que ha afectado áreas del Refugio Agrícola Playa La Barqueta, donde llegan a anidar tortugas. |
José Arcia
jarcia@prensa.com
El Ministerio Público investiga irregularidades en el cobro de impuestos municipales a un proyecto turístico y residencial en playa La Barqueta, distrito de Alanje, sobre el cual también pesan denuncias de destrucción de manglares y apropiación de servidumbre pública.
La empresa Brisas del Mar Development –cuyo propietario es la familia Araúz Anguizola–, que desarrolla un proyecto residencial de siete edificios, declaró en su estudio de impacto ambiental una inversión de 3 millones de dólares, pero el Municipio de Alanje solo le cobró impuestos por la mitad de ese valor, lo que fue objetado por la Contraloría.
Además de haber declarado un monto de inversión inferior, el Consejo Municipal rebajó a la empresa a 1%, el cobro del 2% de impuesto que exige la ley. Tras denuncias de anomalías, el Consejo se vio obligado a rectificar. El alcalde, Carlos Justavino, quien defiende la legalidad de lo actuado, firmó el permiso de construcción de los edificios estando de vacaciones.
AMBIENTE.EL MINISTERIO PÚBLICO BUSCA PROBAR CORRUPCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MANGLARES EN CHIRIQUÍ.
Tras denuncias de moradores del área, la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí inició una investigación para determinar si hubo delito ecológico en un millonario proyecto que se levanta en las costas del distrito de Alanje, en Chiriquí. La Fiscalía Anticorrupción, en tanto, investiga la participación de funcionarios en la confección de planos para beneficiar a un grupo empresarial sin cumplir con todos los procedimientos que exige la ley.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| CANAL. El permiso de limpieza para esta zanja sirvió para hacer un dragado, según la denuncia de los residentes. |
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José Arcia
jarcia@prensa.com
Una tormenta sacude la playa La Barqueta, en el distrito de Alanje en Chiriquí. En el centro están autoridades municipales, el Gobierno Central y el empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola.
Se trata de denuncias por supuesto delito ecológico y corrupción de funcionarios, que hablan de la destrucción de manglar en área protegida y edificaciones dentro de los 22 metros de servidumbre pública.
El Ministerio Público investiga ambas denuncias a través de la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí y de la Fiscalía Anticorrupción.
Tres empresas: Brisas del Mar Development Group, A.R Siyex, y Arkansas Valley Feathers Inc., relacionadas con el empresario Araúz Anguizola, construyen un complejo residencial de siete edificios, venden lotes para residencias y desde hace cuatro años operan el hotel Las Olas.
UNA LIMPIEZA PROFUNDA
El pasado 30 de abril, la dirección regional de Chiriquí de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) autorizó al empresario Araúz realizar una limpieza de un estero que pasa detrás del refugio de Vida Silvestre La Barqueta.
La autorización de estos trabajos ha sido la génesis de la investigación que realiza la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí por el supuesto delito ecológico, atendiendo una denuncia de los moradores.
La limpieza del estero se convirtió en un trabajo de dragado de un canal de tres kilómetros de longitud, 15 metros de ancho y 10 de profundidad que ha afectado parte del manglar de un área protegida, denunciaron el representante del corregimiento de Guaramal, Octavio Manuel Sánchez, y el ciudadano Alexis Aparicio.
El fiscal segundo superior, José Antonio Henríquez, dijo que en una inspección con peritos de la Autoridad Marítima de Panamá, como parte del proceso de investigación, se determinó que los trabajos de dragado afectaron el ecosistema. Además, comprobaron que se estaba talando manglar que era rellenado con material que sacaba la pala mecánica e, incluso, con arena.
También se ha afectado el humedal de playa La Barqueta. Todo esto, sin estudio de impacto ambiental y con el aval de la dirección regional de la Anam.
| Cortesía |
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| PALA MECÁNICA.Los trabajos de ‘limpieza’ incluyeron el uso de retroexcavadoras. |
Pero no todos cuentan la misma historia. El director regional de la Anam, en Chiriquí, Mario Gómez, y el abogado del empresario Juan Gabriel Araúz, Enoch Rodríguez, alegaron, por separado, que esos trabajos de limpieza se realizan como parte del proyecto ‘Remigio Rojas’ que desarrolla el Gobierno con una inversión de 58 millones de dólares.
El proyecto ‘Remigio Rojas’ consiste en la construcción de un canal que nace en las márgenes del río Chico y se extiende por unos 30 kilómetros entre pueblos y pequeñas fincas de Alanje para llevar agua dulce a los sembradíos.
Gómez dijo que después de varios estudios técnicos se comprobó que el proyecto ‘Remigio Rojas’ podría inundar el área del hotel Las Olas y del proyecto residencial Condominio Brisas del Mar. “Decidimos otorgar un permiso de limpieza a Araúz como una extensión al proyecto ‘Remigio Rojas’’, dijo Gómez.
Rodríguez, por su parte, alega que el trabajo que se realizó consistió en abrir un estero que había sido cubierto de sedimento, malezas y mangle.
Pero el director del proyecto ‘Remigio Rojas’, Jorge Arosemena, niega que esta obra esté conectada con los trabajos que realizó el empresario Araúz.
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) inspeccionó el lugar y determinó que se ha afectado área de manglar. La directora regional de la Arap de Chiriquí, Jessica Chávez, dijo que en los próximos días se estará emitiendo un informe sobre el asunto.
¿SIN SERVIDUMBRE?
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| SERVIDUMBRE.El proyecto residencial es investigado por supuesta apropiación de espacio público. |
Los problemas de La Barqueta no terminan en el manglar. Se extienden hasta la misma playa. Las investigaciones judiciales intentan demostrar que hubo construcciones en la servidumbre pública. Incluso, sale a relucir una denuncia por falsificación de planos.
Alexis Aparicio y Octavio Sánchez denunciaron al empresario Araúz por construir sobre los 22 metros de servidumbre pública sin concesión. La Fiscalía Anticorrupción investiga el supuesto delito contra la propiedad del Estado o contra la fe pública en contra de funcionarios que se prestaron supuestamente a la aprobación de planos ficticios.
Por este caso, la Oficina de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas en Chiriquí fue allanada por la fiscal Mercedes de Mendizábal, el pasado mes de febrero.
Dos meses más tarde, el 9 de abril, el topógrafo Ricardo Sanjur y el ingeniero civil Jorge Ureta, peritos de la Fiscalía, realizaron una inspección ocular y determinaron que los planos de uno de los proyectos de Araúz incluían 12 metros que estaban dentro de los 22 establecidos por ley como tierras inadjudicables.
Sin embargo, el director de Catastro de Chiriquí, Cristóbal Tolato, dijo que su despacho inspeccionó el lugar y corroboró que los tres proyectos que se desarrollan en el lugar cumplen con los 22 metros de servidumbre.
Enoch Rodríguez, representante de la empresa, dice no entender las denuncias y las investigaciones, máxime cuando ellos pretenden invertir un total de 100 millones de dólares que ayudarían a la economía del área.
(Con la colaboración de Sandra Alicia Rivera)
El alcalde de Alanje, Carlos Justavino, defiende al empresario Juan Gabriel Araúz.
Los moradores del corregimiento de Palo Alto amanecieron hace un año sin camino para llegar a la playa La Barqueta. La razón: el empresario Juan Gabriel Araúz decidió cerrar la carretera de acceso a la playa. Así lo han denunciado ante las autoridades municipales y ante los medios de comunicación los residentes del área.
Hasta la fecha no han recibido repuesta, a pesar que tienen como prueba un informe del director regional del Ministerio de Obras Públicas, Luis Fernández, que certifica que es una vía de acceso público que ha sido utilizada por equipo agrícola y personas para comunicarse de un poblado a otro.
Los moradores le solicitaron al alcalde de Alanje, Carlos Justavino, ordenar la apertura de la carretera. Pero aún no lo ha hecho.
Justavino le restó importancia a la nota de Fernández y defendió a la empresa al alegar que esa carretera no es servidumbre pública. Enoch Rodríguez, representante de Araúz, alegó que los terrenos por donde pasa la carretera son de propiedad de su cliente. “El error de Araúz fue permitir que los moradores utilizaran esa calle por muchos años”, dijo Justavino, quien espera un informe del Instituto Tommy Guardia sobre el tema para tomar la decisión.
Fuente: La Prensa, 17 de junio de 200o7.
Fuente en internet: Burica Press
AMBIENTE. INCUMPLIMIENTO DE eia.
La Anam argumentó que la empresa no contaba con permisos para construir un muro sobre la playa.
Los dueños se presentarán mañana ante el Consejo Municipal para dar a conocer su punto de vista.
José ArciaLa Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de Colón ordenó suspender provisionalmente la construcción de un proyecto turístico que se edifica en playa Mechi, en el distrito de Portobelo, Colón.
Igual actuación tuvo el Consejo Municipal de Portobelo, que emitió una resolución en la que exigió al alcalde, Carlos Chavarría, parar la obra.
La empresa Tropical Marine, que construye el proyecto del danés Niels Sundel, se presentará mañana ante el Consejo Municipal para informar sobre su proyecto.
Mediante la Resolución No. 250605, el administrador regional de la Anam en Colón, Daniel Chen, ordenó suspender la obra, por recomendaciones de un informe técnico de la institución, en el que se informa del incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y de otras anomalías.
Según el documento, el proyecto –que consiste en un hotel y una marina con una inversión de unos 6 millones de dólares, de acuerdo con la empresa– no estaba cumpliendo con la servidumbre de ribera marina. Además, construía un muro sobre la playa, sin contar con la concesión marina que debe autorizar la Autoridad Marítima de Panamá.
Ramón Herrera, presidente del Concejo de Portobelo, dijo que los representantes firmaron una resolución exigiéndole al alcalde Chavarría suspender el proyecto hasta tanto se aclare la situación. La decisión de la Anam surge por la denuncia que presentó Silvino Simón, vecino del proyecto, por la destrucción de la playa.
La Prensa, 11 de junio de 2007.
El informe de la Anam señala que la empresa Tropical Marina Inc. incumplió estudio ambiental.
La Anam inspeccionó la obra el pasado 9 de mayo y determinó que se incumple con la servidumbre marina.
José Arcia
jarcia@prensa.com
La dirección de Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de Colón recomendó la suspensión del proyecto turístico Tropical Marine Inc, que se construye en playa Blanca, en la comunidad de Mechi de María Chiquita, en Colón.
La medida se debe a que la empresa empezó el proyecto, que consiste en la construcción de cuatro cabañas y una marina, sin contar con la aprobación de los planos de concesión de ribera y fondo marino. Tampoco tenía los planos de la construcción de las cabañas .
La información se desprende de un informe emitido el pasado 29 de mayo cuando se abrió el proceso administrativo. En este momento, las autoridades de la Anam analizan los linderos del proyecto para tomar la decisión de suspender o no los trabajos de construcción, explicó ayer Daniel Chen, administrador regional de la entidad en Colón.
El informe, elaborado tras una inspección del 9 de mayo, dice que la empresa incumple con la servidumbre de ribera marina que establece la ley (las servidumbres de playa no podrán ser inferiores a 22 metros, contados a partir de la línea de alta marea). Otra de las anomalías que se mencionan es que la empresa Tropical Marine, cuyo presidente es el danés Niels Sundel, incumplió con el Estudio de Impacto Ambiental al empezar la obra sin los permisos de los ministerios de Salud, de Vivienda y de Obras Públicas.
Este diario llamó a la oficina del representante de la empresa, Andy Dinger, pero se informó que está de viaje. En una entrevista previa para una noticia publicada el pasado 24 de mayo, Dinger alegó que contaba con todo los permisos, con excepción de la concesión de mar que otorga la Autoridad Marítima de Panamá.
La Prensa, 6 de junio de 2007.
Vía rápida
AMBIENTE. A partir de ahora, todo proyecto turístico, extracción de corales y pesca que se realice en el Archipiélago de las Perlas deberán regirse por la Ley 18 de 31 de mayo de 2007, que declara esta área como zona especial de manejo marino-costera, publicada ayer en Gaceta Oficial.
La Dirección General de Ordenación y Manejo Integral, de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, se encargará de establecer un programa de manejo integral de esa zona. Además, deberá crear la unidad de conservación y vigilancia del área especial de manejo.
José González Pinilla
UNA DEMANDA colectiva contra las empresas que extraen arena de manera ilegal cerca de la llamada "isla de John Wayne", o Taborcillo, interpondrá el dueño y los 31 coopropietarios de la isla, indicó Martín Nikodemus, representante de Ralph Hüber, dueño del lugar.
El representante legal de la empresa, Arturo Illueca, confirmó que se estudia la posibilidad de interponer una demanda, ya que no han recibido el apoyo de las autoridades.
Durante los últimos siete años la isla ha perdido unos 22 mil metros cuadrados de terreno, por un valor aproximado de $3.3 millones.
Por su parte, el viceministro de Comercio Interior, Manuel José Paredes, indicó que no se han otorgado concesiones para la extracción de arena cerca a esa isla.
Hoy, ambas partes se reunirán para tratar el tema.
castro se explica.
José Arcia
jarcia@prensa.com
Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, taló 16 mil árboles de mangle en Punta Chame. Así lo determinaron las inspecciones que ha realizado la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) como parte de las investigaciones que adelanta por la devastación de una zona costera sin Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Las inspecciones de la Anam también determinaron que otros mil 956 árboles de mangle ya habían sido tumbados mucho antes de la devastación que hizo Charro Espino. Todo está dentro de las 38 hectáreas de zona costera devastadas que cuantificó la entidad en las inspecciones.
Ligia Castro, administradora de la Anam, explicó ayer sus declaraciones ante la Asamblea Nacional sobre un permiso que le otorgó a Espino para talar pino prieto, manzanillo y rastrojo. Dijo que ese permiso era para realizar ese trabajo en otro terreno en Punta Chame, pero que no corresponde a la zona devastada que es objeto de la investigación administrativa.
“Reitero que el área devastada contenía manglar”, dijo al mostrar la imagen satelital antes de la devastación, que es parte del expediente que ya fue enviado a la fiscalía.
Esteban López, abogado de los hermanos Idania y Fernando Fontane –que reclaman el derecho posesorio de los terrenos– dijo que la Asamblea se ha inmiscuido en asuntos que no son de su competencia, al señalar que la compra de los terrenos fue legal.
Fuente: La Prensa, 24 de mayo de 2007.
PROYECTO TURÍSTICO EN MARÍA CHIQUITA.
La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar y ribera marina.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| pala mecánica. El pasado 16 de mayo una retroexcavadora hacía remoción de arena en Playa Blanca. 854051 |
La empresa Tropical Marina Inc., cuyo presidente es el danés Niels Sundel, comenzó la construcción de un muro de concreto reforzado y la remoción de arena en Playa Blanca, en el corregimiento de María Chiquita, en Colón, antes de que la Autoridad Marítima de Panamá le otorgara una concesión de uso de mar y ribera marina que pidió en julio de 2005 para construir un proyecto turístico que incluye una marina.
La edificación de la estructura incomodó al Consejo Municipal de Portobelo, que pidió el pasado 8 de abril a la Dirección de Catastro inspeccionar la obra para ver si cumple con los requisitos. Incluso el propio presidente del Consejo Municipal, Ramón Herrera, fue al lugar para verificar la construcción y ahora está en espera de la inspección que planea Catastro.
Andy Dinger, representante de la empresa, alega que cuenta con los permisos otorgados por el alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría.
Por su parte, Chavarría alega que el permiso dado por ellos es solo para construir una cerca entre la propiedad y la calle, y no para edificar un muro.
La protesta en contra de la obra también llegó de un vecino del lugar. Silvino Simón Argudo se quejó ante la Autoridad Nacional del Ambiente por la destrucción de la playa. "Además de la playa, están destruyendo los pocos arrecifes que quedan en el lugar", dijo.
------------------------------------MARÍA CHIQUITA.la anam aprobó el estudio de impacto ambiental.
La empresa Tropical Marina construye un muro de contención sobre la playa.La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena. |
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| AGUA SALADA. Trabajadores hasta la rodilla en agua del mar llenaban sacos de arena para construir un dique que sirva de contención para la construcción del muro.854048 |
Un muro de 2.50 metros de altura y 20 centímetros de ancho con concreto reforzado se construye sobre Playa Blanca, en la comunidad Mechi, en María Chiquita de Colón sin que haya una concesión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La empresa Tropical Marine, que construye el muro como parte de la primera etapa de un proyecto turístico que incluye una marina, cuenta con un permiso del Municipio de Portobelo, pero el alcalde Carlos Chavarría alega que el aval que él otorgó es solo para construir una cerca frente a la calle y no en la playa.
Tropical Marine es presidida por el danés Niels Sundel. El proyecto originalmente consistía en cuatro cabañas, pero según uno de los representantes de la empresa, Andy Dinger, el diseño ha sido modificado y ahora construirán dos edificios para hotel con 52 habitaciones, y una marina.
"Tenemos todo aprobado, lo único que nos hace falta es que la AMP emita la resolución en donde se nos otorga la concesión". dijo Dinger.
La oficina de relaciones públicas de la AMP, por su parte, informó que en estos momentos está en trámite un permiso provisional que se otorga por un año para que el solicitante, en este caso Tropical Marina, pueda recibir los permisos de las demás instituciones. La concesión de uso de mar y ribera marina fue solicitada el 8 de julio de 2005 a la AMP.
El documento, que a juicio de Dinger valida la construcción del muro, es un permiso del Municipio de Portobelo emitido el 17 de julio de 2006 por el alcalde Chavarría y que tiene vigencia por un año. En una entrevista telefónica, Chavarría dijo a este diario que ese permiso es solo para la construcción de una cerca frontal que ya fue edificada.
El problema –se defiende Dinger– es que parte de los terrenos fue cubierta de arena de la playa y las personas consideran que es una playa pública, pero no lo es porque forma parte de una finca privada. "Nosotros estamos construyendo una servidumbre de 1.50 metro para permitirles a las personas bajar al área de mar y a la playa que está al lado del terreno, y que no será dada en concesión", dijo.
Como el terreno de la empresa está muy cerca del mar, se construye el muro para proteger los trabajos de construcción del hotel y también servirá de contención para el sótano de uno de los edificios, explicó.
Los argumentos de Dinger no convencen al presidente del Consejo Municipal de Portobelo, Ramón Herrera, quien el pasado 24 de abril hizo una inspección al lugar y pidió a la Dirección de Catastro de Colón empezar una investigación sobre la legalidad o no de ese muro.
"Ese muro se construye ilegalmente porque está impidiendo el acceso a la playa", dijo.
Osvaldo Chavarría, director de Catastro de Colón, confirmó la solicitud del Consejo y afirmó que para los próximos días tiene planeado hacer la inspección.
Lo cierto es que la empresa ya cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente para la primera etapa del proyecto. En estos momentos la Anam hace la evaluación del EIA para la segunda fase, que es la construcción de la marina.
El concejal Herrera y el director de Catastro, Chavarría, esperan a más tardar la otra semana para hacer la inspección y determinar la legalidad o no del muro.
ENFOQUE
Algunas cosas no están a la venta
OPINIÓN. Las playas y costas de Panamá valen mucho. De hecho, valen tanto que no tienen precio: la Constitución prohíbe su venta y garantiza que las costas sean de todos. Los manglares y pantanos costeros, así como las playas de arena y los arrecifes de coral son de importancia estratégica para la nación y las economías locales. Pero estos lugares están siendo usurpados y destruidos a lo largo del país, de maneras diferentes
.Los promotores de grandes proyectos y los especuladores conocen muy bien el alto valor de los terrenos costeros, y es normal que intenten privatizarlos. Por eso se supone que tenemos a las autoridades, que al tiempo que deben fomentar el desarrollo sano de nuestros activos nacionales, son responsables de protegerlos y de asegurar su carácter público. Desgraciadamente el caso de Playa Blanca, en Mechi, no es único en Panamá.
El auge inmobiliario que vivimos ha sobrepasado las normas actuales y la capacidad reguladora del Gobierno. Sumado a esto, las políticas gubernamentales van dirigidas a favorecer a empresas gigantes, en detrimento de los pobladores locales y de pequeños emprendedores, que son precisamente los únicos que pueden asegurar la conservación de nuestras costas ante la actual vorágine saqueadora.
El autor es biólogo y editor de Almanaque Azul
Fuente: La Prensa, 24 de mayo de 2007.
Esta es una vista de los primeros avances del conjunto residencial de alto costo del Proyecto Red Frog Beach –Fase I, localizado en el sector más estrecho de la isla de Bastimentos, en el Archipiélago de Bocas del Toro. La Fase II propuesta es cuatro veces más grande que fase I, que sólo se ha concretado en un cuarto de lo proyectado. La segunda fase llegará al mero borde del límite terrestre del Parque Nacional Marino de Isla Bastimentos. Es una enorme área, que originalmente fue devastada grandemente por la sociedad Theobald, pero aún así sobreviven en el área bosques naturales en diferentes estadios sucesionales, tecales, áreas abiertas y bosques costeros, todos de rica biodiversidad y belleza escénica. El área afectada actual y la proyectada incluye la afectación de especies raras de ranas rojas de la familia Dendrobatidae, con morfotipos únicos en el país. Iguamente afectará la Laguna de Bahía Honda, única en ecología, paisaje, configuración y riqueza biológica, pero aún así, parece que esto a nadie le preocupa en Panamá y ANAM busca con mucho esfuerzo, como permitir a como de lugar que el proyecto siga sin contratiempos. Las evidencias, aún para los más legos, es que este proyecto es de alto impacto ambiental y con repercusiones fuertes negativas en las comunidades indígenas locales tradicionales, las cuales en definitiva, no pueden más que aspirar a ser peones rehenes supeditados a una economía cara, que les causará más traumas que beneficios. En cualquier país más civilizado que Panam, este proyecto no se hubiese aprobado.
En este proyecto ha habido tráfico de influencia y corrupción. Esto no cabe duda. El que tanga dudas, sólo se debe poner a investigar lo que hasta la fecha a sucedido. Por ejemplo, se debe investigar cómo con tantos errores y faltas graves este proyecto sigue su curso. Igualmente se debe investigar por qué abogados de proyectos inmobiliarios aupaban la –ley insular. En la Asamblea Nacional, los abogados de esta compañía, hicieron mucho –lobby– para lograr que existiera la Ley 2 de 2006 que vende las islas y costas de Panamá al mejor postor. Esta ley fue escrita y pensada originalmente para Red Frog Beach y luego cada quien le introdujeron la conveniencia cada quien de sus intereses, con el resultado que todo es tan caótico y los robos de nuestro patrimonio natural se han acrecentado exponencialmente.
El presidente Martín Torrijos, ha aterrizado en un helicóptero varias veces en los linderos de este proyecto. Nadie sabe por qué, ni para qué, ni qué busca. Unos especulan que le dieron acciones; otros dicen que sólo hace visitas de cortesía para ver cómo avanza el desarrollo de Bocas del Toro; otros dicen que sólo andaba de patrullaje doméstico. En fin todo es especulación, hasta las visitas del señor Presidente. Lo que si saben los lugareños y cualquiera que asculte un poco, es que este no es un proyecto con manejo transparente y honesto de los permisos ambientales y de las inspecciones. Este tipo de proyectos hechos casi a la fuerza de voluntad del inversionista y no de los caros intereses de país, provocará que otros especuladores hagan lo mismo en nuestros archipiélagos y por tanto se magnifique y multiplique por doquier este tipo de proyectos. Ante este escenario es fácil imaginarse a los especuladores de bienes raíces surgiendo como hongos en todos los confines prístinos de nuestro territorio nacional en nombre del desarrollo y crecimiento del turismo que finalmente sólo se quedará en palabras y pocas nueces para el país y a un costo muy alto y doloroso. 
Panamá está en manos de especuladores del Real State y pronto no seremos dueños de nada. De hecho, ya casi lo hemos perdido todo, dicen por doquier los panameños más informados.
Como fresa que adorna la copa, Red Frog Beach ha clausurado caminos reales en la Isla que los lugareños han utilizado por siglos para trasladarse libremente por toda la isla y para colmo acosa con guardias de seguridad armados con escopetas, a los pocos lugareños y visitantes que se arriesgan a llegar a las nuevas playas privadas de facto que ha establecido Red Frog Beach. Y en señal que el abuso puede nunca acabar, el único camino que no ha cerrado al paso y alejado de las instalaciones cuasi industriales de RFB, en Bahía Honda, ha decidido cobrarle de facto un par de dólares. Estos abusos, sólo lo puede hacer una empresa que se cree que está al margen de la ley y que se siente amparada por cómplices en aparato estatal.
Algunos líderes locales dicen en tono sarcástico: magnífico legado de venta de la nación le está dejando nuestro presidente Martín Torrijos a todos los panameños! Nosotros por nuestra parte decimos. Dónde está Rubén Blades que no pone orden y revierte esta estafa a la nación en nombre del turismo. No puede ser que todo el mundo ande sólo buscando guayabas!
En el manglar de acceso de Bahía Honda que da acceso a Red Frog Beach, los lugareños colocaron este letrero que dice: Red Frog Club no son bienvenidos.
En el pueblo de Bastimentos también hay letreros desplegados donde denuncian lo que está ocurriendo en Bocas del Toro con el turismo que ellos denominan depredador, ya que se camuflan de proyectos turísticos, cuando en realidad son proyectos de bienes raíces y especulación desmedida.
Ellos denuncian que no quieren más mentiras de la Fundación de la Rana Roja de Red Frog Beach, que intenta hacer ver beneficios colaterales de este megaproyecto inmobiliario.
en Bahía Honda.
BOCAS DEL TORO.
Alcalde de la provincia investigará la actuación de corregidores que ordenan desalojos de terrenos.
| ESPECIAL PARA LA PRENSA/A. Pimentel |
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| QUEJA. Corregidor de Punta Laurel ordenó destrucción de vivienda. |
Quince personas, entre ellas nueve menores de edad, pasaron la noche a la intemperie luego de que su vivienda fuera destruida este miércoles, en cumplimiento de la orden de desalojo que dio el corregidor de Punta Laurel, Ernestino Bonilla.
Se trata de la familia Smith, residente en la comunidad de Cayo de Agua.
Wilfredo Smith, vocero de los afectados, indicó que el desalojo fue solicitado por un extranjero, oriundo de Argentina, que tramitó la compra del lote de 30 hectáreas que pertenece a la familia, pagaderos en un año.
Smith asegura que el extranjero alteró los números del contrato de compra venta, indicando que la familia le vendería 42 hectáreas en 3 mil dólares cada una, cuando lo que se había acordado era la venta de 30 hectáreas en 5 mil dólares cada una. "Como mi padre no sabe leer, aprovecharon que yo no estaba y lo hicieron firmar el contrato alterado".
Ahora la familia reclama el pago del monto original, de 150 mil dólares, que se acordó. Ayer fue imposible ubicar al extranjero para conocer su versión de los hechos, así como al corregidor que ordenó el desalojo.
Eligio Binns, alcalde del distrito de Bocas del Toro, indicó que algunos corregidores han sido "influenciados" por los compradores.
Binns encargó al asesor legal del municipio que investigue el caso de la familia Smith, a fin de determinar si en realidad el contrato fue alterado. La investigación incluirá la actuación del corregidor Bonilla. "Analizaremos la situación y si hay que imponer sanciones, lo haremos".
El alcalde admitió que anomalías como las denunciadas por la familia Smith son el pan nuestro de cada día, pero se comprometió a poner punto final a la mala práctica.
SAN CARLOS.
El panameñista Luis Eduardo Camacho solicitó ayer al Ministerio Público investigar a varias autoridades del Gobierno, entre éstas al ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, y a la viceministra de Finanzas, Orcila de Constable, por la venta de un globo de terreno en el distrito de San Carlos, que según la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) era inadjudicable.
En la denuncia ciudadana presentada ante la Procuraduría, Camacho incluye además al director de Catastro, Mariano Quintero, y al director de Contrataciones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, Edilberto Ruiz.
Según el dirigente político, los terrenos, de 8 mil 811.38 metros cuadrados, fueron vendidos por 98 mil dólares a la sociedad Desarrollo Turístico San Carlos, S. A.
Explicó que el informe de la AMP, elaborado en 2005, deja claro que dicho globo de terreno nacional era de su competencia y que por tratarse de un humedal [manglares] de "importancia para la biodiversidad de la zona", no se le debía adjudicar.
De paso, dijo Camacho, la autoridad marítima notificó de su decisión a las autoridades mencionadas, pero de igual forma se autorizó la venta.
El panameñista indicó que también pedirá una investigación a la Asamblea, cuyo pleno autorizó una pesquisa similar en el caso de Punta Chame.
PUNTA CHAME. explicaciones contradictorias.
Salazar justificó la venta a Espino. Cita una resolución de 1990, pero el monto de la transacción no coincide.
Torrijos dijo que no ha llamado a ningún funcionario y menos para que se vendan tierras a precios ridículos.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| DEVASTACIÓN. El 44% de las 26 hectáreas compradas por Espino estaban cubiertas de manglar. |
José Arcia
jarcia@prensa.com
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, justificó la venta, en menos de un centésimo el metro cuadrado, de 26 hectáreas de terreno en Punta Chame a Rodolfo Charro Espino. Dijo que todo se hizo basado en la Resolución No. 113 del 27 de marzo de 1990, que establece una tabla de precio por hectárea atendiendo al tipo de tierra y la cantidad en venta.
Sin embargo, el precio que fijó la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a cargo de Nadia Moreno, no corresponde con lo que fija la resolución. Por ejemplo, se señala que cuando son terrenos baldíos y la cantidad negociada es de 21 a 50 hectáreas, la hectárea se vende a 20 dólares.
Reforma Agraria vendió a Espino 26 hectáreas, por lo que el precio debió ser de 520 dólares y no 2 mil 80 dólares. El presidente Martín Torrijos dijo ayer que no ha llamado a ningún funcionario para ponerle precio de venta a las tierras, ni mucho menos para que se vendan a precios ridículos.
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PUNTA CHAME. EL PROYECTO CON LA CONEXIÓN PERFECTA Y SUS ANTECEDENTES.
Charro Espino vendió en 2006 cuatro hectáreas a la cuñada de la ex presidenta Mireya Moscoso.
Berta de Moscoso vendió su propiedad a la sociedad Punta Chame, que preside Joseph Homsany Achar.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| CONTRADICCIÓN. El ministro del Mida, Guillermo Salazar, considera que el globo de terreno vendido, que aparece en esta foto, no era manglar, lo que contradice el informe del técnico Rolando Bernal, de Reforma Agraria. |
José Arcia
jarcia@prensa.com
Detrás del nombre de Corporación Playa Blanca, cuyo presidente es el tío del mandatario Martín Torrijos, Rodolfo Charro Espino, existen ventas y traspasos de tierras en las que salen a relucir hermanos de la ex presidenta Mireya Moscoso y reconocidos empresarios inmobiliarios. Incluso, los hijos y esposa de Charro Espino.
El 13 de abril de 2004, la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas le vendió a Charro Espino 29 hectáreas de zona costera en 14 mil 808 dólares.
Dos años después, Corporación Playa Blanca segrega y vende cuatro hectáreas, de las 29, a Berta Alicia Barahona de Moscoso, esposa de Bergis Moscoso, hermano de la ex presidenta, en 2 mil 900 dólares. En esa transacción Charro Espino se ganó dos centésimos por cada metro cuadrado, que suman la totalidad de 80 dólares.
TODO QUEDA EN FAMILIA
El 12 de junio de 2006, Berta Alicia Barahona vende en 30 mil dólares esa propiedad a la sociedad Punta Chame, cuyo presidente es el empresario inmobiliario Joseph Homsany Achar, quien tiene otra sociedad donde aparecen los nombres de dos hijos de Charro Espino. Se trata de Corporación Blanca Playa, donde el agente residente es Rodolfo Espino Barañano, y como suscriptor figura Carlos Espino Céspedes. Los dos son hijos de Charro Espino. Pero este último no es con su esposa Dioselina Barañano, quien aparece como secretaria y suscriptora de la Corporación Playa Blanca, empresa que le compró a Catastro 29 hectáreas; y a Reforma Agraria, 26 hectáreas.
Las primeras las adquirió en cinco centésimos (0.05) el metro cuadrado y las segundas en menos de un centésimo (0.008).
Las transacciones de Espino continuaron con el resto de las hectáreas adquiridas en Catastro. El 7 de febrero de 2007 Corporación Playa Blanca vendió en 14 mil 808 dólares (el mismo precio al que las compra, con la diferencia de cuatros hectáreas menos) a Corporación Blanca Playa, donde figuran los dos hijos de Espino y Homsany Achar.
Blanca Playa fue inscrita el 11 de agosto de 2006, seis años después que se fundara Corporación Playa Blanca.
En otras palabras, los terrenos de Catastro, que adquirió Espino, fueron vendidos a personas naturales y jurídicas, pero terminaron en sociedades relacionadas con él mismo.
JUSTIFICAN VENTA
Mientras la madeja de esta historia de conexiones, negocios y daños ambientales aún no termina de desenredarse, las autoridades intentan explicar cómo se dio la última venta a cargo de Reforma Agraria.
El presidente, Martín Torrijos, se presentó ayer al programa Debate Abierto de Medcom, donde negó el tráfico de influencias en el caso y dijo que nunca ha llamado a ningún funcionario para fijar precio de venta de tierras, “ni mucho menos para que se vendan a precios ridículos”.
En tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, convocó a una conferencia de prensa para justificar la venta a menos de un centésimo (0.008) el metro cuadrado en la zona costera.
Incluso, contradijo la opinión técnica del director Nacional de Análisis y Avalúo de la Reforma Agraria, Rolando Bernal, quien planteó en un informe que los terrenos vendidos son inundables y en gran parte están conformados por manglares. Salazar argumenta que el área no era manglar, por lo que la venta no tiene ninguna irregularidad.
Bernal en un informe fechado el 13 de julio de 2006 señaló que el terreno se caracterizaba por estar formado por playa y vciénagas marinas y que un alto porcentaje estaba constituido por manglar. Por lo tanto Reforma Agraria no tenía competencia para fijar precios.
Salazar explicó además que el precio se estableció en base a la Resolución 113 de 27 de marzo de 1990, que señala los montos por hectárea dependiendo de la cantidad negociada.
Sin embargo, ninguna de las categorías que el ministro cita en la resolución coincide con el precio en que se vendió el terreno el pasado 12 de marzo.
De hecho, una venta que le hizo Reforma Agraria a la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, de unos mil 70 metros cuadrados el 5 de septiembre de 2005, en la misma zona, estableció el precio del metro cuadrado en dos dólares. ¿Cuál es el criterio?
Ante este escándalo, que ha tocado el seno de su propia familia y de su Gobierno, Torrijos propuso ayer la creación del Instituto de Tierras para “evitar que se esté disponiendo de tierras del Estado a precios irrisorios”.
Además: Tráfico de influencias · Manglares · Islas y Costas · Costas · Corrupción · Urbanismo
