Panamá, 4 de agosto de 2006.
Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
República de Panamá
E. S. D.
Estimados Magistrados:
Desde hace días pensábamos que podíamos escribirles, como ciudadanos y sociedad civil organizada a nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en relación a la consulta ciudadana sobre la conveniencia de declarar inconstitucional ciertos artículos de la Ley insular (Ley No. 2 del 7 de enero de 2006, “Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación del territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones”) porque violan el principio de la autonomía municipal y el régimen ecológico, al permitir que los promotores inmobiliarios y promotores turísticos, establezcan sus propias normas de ordenamiento del territorio en cualquier municipio, inhabilitando por defecto el deber municipal de ordenar su territorio y custodiar el patrimonio natural del país dentro de su circunscripción, promoviendo por ende, la anarquía en la ocupación y uso de las tierras y causando con esta política errada y anárquica la pérdida acelerada de recursos naturales y de todas las potencialidades de desarrollo integral y sostenible que se puede lograr en el país.
Mis dudas de qué cosas les podía escribir, no era por falta de argumentos, todo lo contrario, por abundancia de estos. Mi duda venía en función si valía la pena mencionarlos y enumerarlos, dado que muchos son argumentos de carácter científico, otros de carácter filosófico y otros de carácter legal y la demanda sólo aborda un aspecto muy puntual, sobre el régimen municipal y sus potestades de ordenamiento, arriba mencionado. La mayoría de nuestros planteamientos lo hemos publicado en medios diversos, pero también los hemos agrupado en el sitio de internet (www.salvemoslascostasdepanama.blogspot.com) que además funciona como sitio de denuncia y proveedor de información, análisis, críticas y todo tipo de información que orienta la opinión pública nacional e internacional y la vez sirve de fundamento para formalizar un documento histórico relacionado con esta antipatriótica ley insular.
Ante esta situación hemos decidido dos cosas: 1- solicitar el apoyo de la honorable Corte Suprema para la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por abogado José Santos, sobre esta ley insular, y 2- compartir con ustedes una visión del problema por parte de gran jurista y pro-hombre de nuestro país el Dr. Humberto Ricord, a quien, hace poco tuve el placer de conocer personalmente y percatarme de su amplio conocimiento y sabiduría y quien publicó en El Panamá América el 15 de marzo de 2005, el siguiente artículo de Opinión donde aborda el tema:
Islas, Costas y Negocios
Humberto E. Ricord (ver biografía de H.R.D)
CONSTITUCIONALISTA
Grupos adinerados de Panamá y algunos del extranjero están muy de plácemes, porque originalmente había en las Constituciones panameñas desde 1903, bienes de uso público y no podían ser objeto de apropiación privada (esta frase es muy distinta a "propiedad privada"), ya en estos últimos años han venido a ser objeto de "concesiones", que es un contradictorio régimen jurídico de la "apropiación privada", en cuya virtud la comunidad podía hacer uso de una playa o una costa, sin hacerla de su propiedad, porque la limitación estaba en que tales bienes no podían ser objeto de "apropiación privada". Pero en las últimas décadas, la fórmula de la "concesión" ha sido la vía por la cual las islas y las costas de Panamá sirven a los intereses del capital nativo o foráneo, y la frase de que no pueden ser "apropiaciones privadas", queda como letra muerta, pese a que sigue en la Carta Magna.
Se ha disparado así una feria de compraventa de islas y costas en el litoral panameño, con propósitos muy conocidos, aprovechándose de una "concesión" que, en la práctica, elimina la muribunda veda de "apropiación privada". Ni siquiera los puertos del Canal se han salvado de estos retorcimientos legalistas, que en la práctica hacen de ventas simuladas, quien sabe por cuántos largos años, al ser objeto de prórrogas dizque legítimas. Por este camino, islas y costas viene siendo objeto de una verdadera explotación, que desfigura todo el paisaje so capa del eufemismo de la "concesión", para que el capital, ya nativo, ya foráneo, se aproveche de este resucitar de la "Patria Boba", que continúa siendo Panamá, en donde fórmulas "jurídicas" que no cuestan ningún trabajo, y para enriquecimientos que consideramos oportunistas, porque de lo que se trata es de un negociado, tan "legítimo" como cualquier otro, al menos en su superficie, ya que se lleva a cabo "con todas las de la Ley".
Pero se trata de una fuente de riqueza que perjudica la economía nacional, y al mismo tiempo acaba con las bellezas naturales, porque el afán concesionario no tiene límites de ninguna clase y nada significa, sino murallas económicas contra el pueblo que está impedido de gozar normalmente de los beneficios de una bella naturaleza, que viene desapareciendo tras la "concesiones", de quienes lucran con los "pedazos de la Patria" como decía nuestro gran lirida Miró, "envueltos en girones de amor o de dolor".
No hemos debido ser tan generosos, ni tan ciegos, empeñando el territorio nacional, para una explotación que no se traduce en bienestar de nuestro pueblo, pero nuestro aparente candor de los primeros años de la República que nació en 1903, ya está abolido, mediante la licitación pública que ampara las "concesiones", porque si no es jurídico el régimen de "apropiación privada" sí ha venido a serlo el del " patrimonio en concesión", que viene a parar en poco tiempo en riqueza de los menos (incluso de extranjeros que ni nos visitan y saben hacer negocios extraproductivos).
No queda más remedio en pensar cuándo cesará esta nueva época de la Patria Boba, que ya sigue extendiendo su predominio y su patrimonio, en tanto que toda la delgada cintura nacional (nuestro territorio), pasa a manos de verdaderos "genios" de la economía, y convierte a nuestros conciudadanos en verdaderos parias, sin perspectiva y sin porvenir, y que están sufriendo últimamente los grandes aumentos del costo de la vida, e incrementando sus filas escuálidas y trágicas, a quienes hoy dedicamos este "lamento borincano".
Sin más palabras que agregar a nuestra solicitud, nos despedimos.
Atentamente
Ariel R. Rodríguez Vargas
Céd. 4-237-244
Alianza para la Conservación y el Desarrollo –ACD Panamá
Secretario de Asuntos Ambientales
Correo: ariel.rodriguez@acdpanama.org
Telefax. 223-9170
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