3.11.08

Sigue conflicto por acceso a playa Sea Cliff

Se revive conflicto en la playa Sea Cliff

Edilsa Gonzalez Roca
LAS GUÍAS, COCLÉ.

nacionales@prensa.com

Con palos, coas y alicates, residentes de Las Guías de Río Hato derribaron por quinta vez, una cerca construida sobre la servidumbre que permite la entrada a la playa de Sea Cliff, por Richard Crucet, quien se adjudica el derecho sobre el área.

Este hecho renueva el conflicto que por más de tres años han librado los residentes de Las Guías con el empresario Richard Crucet por la servidumbre hacia la playa de Sea Cliff, y que se encuentra en el juzgado civil del circuito de Coclé en espera de una sentencia.

Leyla Vergara, residente del área, señaló que no saben cuándo las autoridades van a actuar contra este señor que ignora todos los procesos e insiste en la construcción de la cerca que impide el libre acceso a la playa.

Manifestó que Crucet no solo va contra toda ley construyendo la cerca, sino que además arremete y agrede a los miembros de la comunidad, y encima los demanda ante la corregiduría.

2.11.08

programa de gobierno empieza a incomodar a moradores costaneros

Residentes de las costas, en ascuas por sus tierras

Pequeñas comunidades costeras desaparecen ante el ‘boom’ inmobiliario y turístico. Las casas son derrumbadas y los residentes, desalojados.


PAISAJE. Los terrenos de Donatilo Jiménez llegan a la playa La Colorada, en la costa arriba de Colón, con vistas muy atractivas para proyectos turísticos. LA PRENSA/Maydée Romero
JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una ola de desalojos inunda las comunidades costeras del país y arrasa, en algunos casos, con cuatro décadas de vida familiar.

La voz de auxilio se escucha tanto en el lado atlántico como en el pacífico. El boom inmobiliario y turístico es la causa, señalan los moradores. Aunado a unas autoridades locales y centrales que “no están reconociendo los derechos posesorios”, añade el jurista Guillermo Márquez Amado.

En medio está el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) que busca hacer una titulación masiva. Las comunidades se organizan para protestar en contra de la iniciativa porque, por un lado sus tierras son cedidas a “poderosos” y, por otro lado, el costo para obtener la titulación es “impagable”.

Donatilo Jiménez aún se pregunta cómo la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió, en abril del año pasado, a la sociedad Hoteles Decameron un globo de terreno en Cocuye, en Santa Isabel de Colón, que él heredó de su padre y que también perteneció a su abuelo.

Después de luchar en contra de la decisión gubernamental, con el apoyo del Consejo Consultivo de Pronat –integrado por la sociedad civil–, el pasado 10 de octubre Catastro revocó la decisión.

Ahora, Jiménez se siente complacido, pero su preocupación sigue latente. Es un área atractiva para el desarrollo turístico, “al que no nos oponemos, pero si desconocen nuestro derecho, lo defenderemos”, dijo.

“Lo que le pasó a Donatilo le puede ocurrir a cualquiera de nosotros”, añade Alfredo Reid, uno de los residentes de Santa Isabel.

Mientras los colonenses respiran, por el momento, con tranquilidad, los residentes de playa El Toro y La Garita, en Pedasí, y la comunidad indígena Cayo de Agua, en el Archipiélago de Bocas del Toro, están en la zozobra.

El pasado 10 octubre, 17 policías llegaron a la comunidad de Cayo de Agua para derrumbar unos 15 ranchos indígenas, habitadas por alrededor de 100 familias, dijo Félix Sánchez.

Seis días después, la misma orden llegó a la costa de Pedasí. Ese día, un grupo de residentes se preparaba para ir de pesca, cuando entró la maquinaria a derrumbar las casas, narró ayer Amada Caballero.

La acción, dijo, es porque ahora aparece un supuesto dueño de una tierra que ha sido ocupada desde hace 40 años por los moradores.

Por este caso, el Consejo Consultivo de Pronat hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que investigue, alegando que el programa se ejecuta a través de convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecieron en sus cláusulas el reconocimiento del derecho de los ocupantes de las tierras. En el documento se advierte de que los desalojos “pueden ser causal del término del financiamiento”.

Este diario intentó contactar a la viceministra de Economía y Finanzas, Gisela Álvarez de Porras, y al coordinador técnico de Pronat, Rolando Armuelles, durante dos días, sin embargo ninguno de los dos respondió.

5.8.08

A la ciudad de Panamá le están destruyendo y vendiendo sus islas

A la ciudad de Panamá le están destruyendo y vendiendo sus islas

CONCESIONES TURÍSTICAS. CASOS DE Las BRISAS DE AMADOR Y NAOS HARBOUR ISLAND.

Investigan nuevas anomalías en Amador

Empresas con concesiones para proyectos turísticos promueven la venta de apartamentos.

La Unidad de Bienes Revertidos señala que en esas concesiones no pueden vender apartamentos.

LA PRENSA/David Mesa
REACCIÓN. La empresa Las Brisas de Amador dice que ellos pueden vender las mejoras que hagan sobre los terrenos.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

Los problemas en la calzada de Amador ya no solo se refieren a morosidad, rellenos fuera de lugar y demandas retenidas en la Corte Suprema.

Tras denuncias presentadas, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación por la venta de apartamentos dentro de concesiones dadas para proyectos turísticos. La entidad ha pedido por escrito a sus clientes, Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island, que expliquen los negocios que están haciendo en esas concesiones, que tienen períodos fijos.

La investigación tiene como evidencia páginas en internet de firmas de bienes raíces que promocionan los apartamentos a precios que oscilan entre 200 mil y 500 mil dólares.

Julio Ross, jefe de la Unidad de Bienes Revertidos, dijo que el negocio de venta de apartamentos en estos lugares está prohibido. Los representantes de Las Brisas de Amador afirman que ellos pueden vender todas las mejoras que hagan sobre los terrenos del Estado. Sin embargo, estas concesiones no están refrendadas por el Estado.

ÁREAS REVERTIDAS. LOS PRECIOS DE LAS PROPIEDADES LLEGAN A SUPERAR LOS 500 MIL DÓLARES.

Otro entuerto en Amador

Sitios en internet promueven la venta de apartamentos en la calzada de Amador, algo prohibido. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación y advierte que podría haber sanciones.

LA PRENSA/Carlos Lemos
EN DESARROLLO. Vista aérea de las islas Perico y Naos donde se desarrollan proyectos turísticos que contemplan un espacio para residencias privadas, según publicaciones en internet y en otros medios.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

Cuando el Gobierno decidió desarrollar la calzada de Amador, dejó claro que solo podría haber proyectos turísticos en estas áreas bajo la figura de concesiones.

Pero eso parece no estar cumpliéndose, según muestran publicaciones en varios sitios de internet donde se ofertan apartamentos a precios que oscilan entre 200 mil y casi 500 mil dólares, dentro de las concesiones para hoteles, marinas y restaurantes.

A raíz de ello, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación de los proyectos turísticos Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island.

Esta vez no se trata de rellenos fuera de los límites o deuda morosa, sino de estar ejerciendo negocios que están fuera de lo que permiten las concesiones que tienen estas empresas con el Estado.

La institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas le ha solicitado información a estas dos empresas sobre la venta de apartamentos y propiedades dentro de las concesiones que tienen en la calzada de Amador.

Julio Ross, administrador de esta institución, indicó que la concesión no permite la venta de apartamentos, sino el desarrollo de proyectos turísticos como hoteles y restaurantes.

El quipo técnico de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos adelantó que estas ventas de apartamentos no se promocionan en las páginas web de los concesionarios, sino en sitios de bienes raíces independientes.

Algunas de las personas que han comprado en estos proyectos, pidiendo reserva de sus identidades, explicaron que las transacciones se hacen bajo la figura de “contrato de inversión”, disfrazando así la compra-venta de un apartamento.

AVANCES

Los proyectos de Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island ya tienen sus construcciones adelantadas.

Los apartamentos o condominios son ofrecidos desde 299 mil 740 dólares hasta 375 mil dólares en Naos Harbour Island.

Mientras que en Las Brisas de Amador, las propiedades o apartamentos tienen precios más elevados: desde 473 mil dólares.

El ex presidente de la junta directiva de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) Gustavo García de Paredes señaló que la prohibición de la venta de apartamentos en la calzada de Amador buscaba evitar que se “paitillizara” el lugar.

Por eso el plan de desarrollo de la calzada de Amador era estrictamente turístico, recalcó García de Paredes.

Explicó que la única forma de que ahora se estén vendiendo apartamentos es que se haya cambiado la zonificación de los terrenos.

SIN REFRENDO

Las promociones de apartamentos –por parte de estas empresas– tampoco advierten que sus contratos con el Estado no están refrendados.

Abraham Hasky, presidente de Las Brisas de Amador, ha señalado que la falta del refrendo de su contrato no le ha permitido conseguir los inversionistas para su proyecto.

“El esfuerzo que hacemos para embellecer el país nos está costando el alma. En lugar de ayudarnos, todo es una demora”, ha manifestado Hasky.

Ambos proyectos, Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island, también han sobrepasado la altura permitida.

El máximo es seis pisos, y ambos proyectos tienen entre ocho y diez pisos.

Deuda morosa se mantiene

Tanto Las Brisas de Amador como Naos Harbour Island mantienen saldos morosos con el Estado, según un informe del MEF.

En el caso de Las Brisas de Amador, el canon mensual es de 44 mil 66 dólares, que no incluye la concesión de la marina por la cual deben pagar dos centésimos por metro cuadrado. A pesar de ello, la morosidad reportada por el MEF es de un millón 681 mil 142 dólares.

Mientras, en Naos Harbour Island el canon mensual fijado es de 30 mil 176 dólares y la morosidad acumulada hasta la fecha es de un millón 190 mil 75 dólares. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos indicó que ha hecho los acercamientos para poner las cuentas al día, y que en algunos casos se han hecho depósitos importantes.

ENFOQUE
Rellenos que son un crimen urbanístico

Marcelo Narbona
panorama@prensa.com

OPINIÓN. Naos, Perico y Flamenco son tres islas unidas por una calzada de relleno de piedras que contiene una parte de la historia de Panamá. Pero además cumplen con una razón técnica para el funcionamiento seguro del Canal, del cual pocas personas recuerdan.

Hoy, esta área se ha convertido en el epicentro de uno de los “crímenes urbanísticos” de la ciudad capital, borrando parte de la historia del país sin que nadie haga algo. Los rellenos fuera de toda escala en la calzada de Amador están dando paso a que las islas se conviertan en una península, y ningún gobierno hasta ahora le ha puesto final a este desorden. Se sigue sin ponerle atención al tema urbano.

Esto no le importa a nadie, solo a algunas cuantas personas que no tienen peso en el gobierno. Todo se empezaría a resolver si se creara una entidad independiente que evalúe todos los temas urbanos. Pero no hay un control suficientemente serio, y en el caso de los rellenos en la calzada de Amador no pasa nada: sigue la fiesta y pronto nos quedaremos sin las islas Naos, Perico y Flamenco. El autor es arquitecto

17.3.08

Pescadores alertas por construcción de Blue Marlin en playa Los Azules

Coclé.

Pescadores alertas por construcción de Blue Marlin en playa Los Azules

Empresa dice que construirá sobre bancos de arena y que no dañará áreas se esteros ni manglares.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Rafael Quezada.
DENUNCIA. La comunidad cuestiona derribo de árboles.
Edilsa González Roca y Rafael Quezada
ANTÓN, Coclé

El auge turístico de las playas de Antón ha ocasionado un nuevo conflicto, esta vez es la Asociación de Moradores y Pescadores de la playa Los Azules quienes se han declarado en estado de alerta ante la posible concesión de una región de más 95 hectáreas para la construcción del proyecto turístico Blue Marlin, que promueve JG Estructuras Internacionales, S.A.

Dicen los pescadores y personas que por años han estado habitual y temporalmente en estas playas, la magnitud de este proyecto necesariamente acabaría con el único remanente natural de manglares con el que cuenta el distrito de Antón en los sectores de Los Azules y Boca Nueva.

Según Javier Pérez, de la Asociación de Pescadores y Moradores de Playa Los Azules, si el Gobierno otorga esta concesión tal y como lo está solicitando la empresa que promueve el proyecto, además del daño ambiental se pondría en riesgo el sustento de las más de 50 familias que se dedican a la pesca artesanal en el área.

De acuerdo con los moradores del distrito de Antón que acudieron a una cortesía de sala en el Consejo Municipal, es imposible desarrollar un proyecto en 95 hectáreas sin impactar el manglar, porque si se construye todo lo que contempla en sus cuatro etapas el Proyecto Blue Marlin, no solo utilizarán los bancos de arena sino también el manglar, los humedales y tierra continental.

Según el planteamiento de la empresa, el proyecto generará unos 3 mil 500 empleos en los 10 años que tomará la constructora en levantar el desarrollo turístico.

Juan Gaudiano, arquitecto del proyecto, recalcó que se fijará en un área donde existen bancos de arena aledaños a esteros y bosques de manglares; advirtió que no habrá intervención en manglares durante la ejecución del proyecto. Según la empresa el hotel estará fuera de los manglares, lo que no convence a los moradores.

El nuevo desarrollo turístico consta de cuatro etapas, e incluye hotel de 5 estrellas de 464 habitaciones y casino, complejo residencial, club ecuestre, complejo de apartotel, club de golf, marina internacional y complejo industrial comercial.

Roger Ríos, alcalde de Antón, dijo que las preocupaciones de la comunidad son razonables, pero se tratará de establecer un diálogo para que se entiendan y conozcan los beneficios de este proyecto y se preserve el ambiente.

En tanto, Carlos Fernández representante de corregimiento, señaló que como autoridades no se oponen al desarrollo, pero sí al daño del ambiente y las especies.

1.3.08

Manglares declarados como zonas especiales de manejo

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ
ADMINISTRACIÓN GENERAL
RESUELTO ARAP No. 01 de 29 de enero de 2008

Por medio del cual se establecen todas las áreas de humedales marino-costeros, particularmente los manglares de la República de Panamá como zonas especiales de manejo marino-costero y se dictan otras medidas“.

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ,
en uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:

Que los humedales marino-costeros, particularmente los manglares, son bienes de uso público y constituyen ecosistemas dinámicos, los cuales juegan un papel preponderante en el equilibrio ecológico e hidrológico, la productividad, la protección y estabilidad de la zona costera como amortiguamiento a la erosión causada por los oleajes y los fuertes vientos, control de inundaciones, impacto de las tormentas, aunado a que sirven de refugio para muchas especies marinas, hábitat de aves, reptiles y, sobre todo, el vivero de especies marinas de alto valor comercial nacional (camarón, langosta, peces, etc.) y de importancia hemisférica. De igual manera, los humedales marinos-costeros, particularmente losmanglares, son sumideros de dióxido de carbono y productores de nitritos; hechos que contribuyen a atenuar el efecto del calentamiento global.

Que en los últimos años, las áreas de humedales marino-costeros, particularmente los manglares, de la República de Panamá han sido objeto de grandes intervenciones causadas por la mano del hombre (tala de manglar, relleno dehumedales, construcción sobre humedales, contaminación de humedales), hechos que han conducido a la pérdida de una
importante área de cobertura, lo cual pone en peligro su existencia y conservación.

Que las condiciones antes referidas, aunadas a la tendencia del crecimiento demográfico en las zonas costeras y la ocurrencia de diversos fenómenos naturales, demanda la creación de medidas orientadoras a la utilización económica, planificada y ambientalmente racional de nuestras costas y recursos costeros, en correspondencia con la naturaleza de estos recursos y con una visión encaminada a la protección de sus valores naturales y culturales, su aprovechamiento racional y la adopción de acciones encaminadas a su restauración y mejoramiento.

Que los artículos 119 y 120 de la Constitución Política de la República de Panamá disponen, respectivamente, que el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas, y que el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.

Que Panamá ha reconocido internacionalmente la importancia de los humedales, al aprobar mediante Ley No.6 de 3 de enero de 1989, la Convención de Ramsar, relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.

Que el artículo 94 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, modificado por el artículo 67 de la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006, dispone que los recursos marinos-costeros constituyen patrimonio nacional, y su aprovechamiento, manejo y conservación estarán sujetos a las disposiciones que, para tales efectos, emita la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, exceptuando los recursos marino-costeros que se encuentren en las áreas protegidas bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional del Ambiente.

Que el artículo 95 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, modificado por el artículo 68 de la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006, dispone que la Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá darán prioridad, en sus políticas, a la conservación de ecosistemas marinos y de aguas continentales con niveles altos de diversidad, tales como los arrecifes de coral, estuarios, humedales y otras zonas de reproducción y cría. Las medidas de conservación de humedales establecerán la protección de las aves acuáticas migratorias que utilizan y dependen de esos ecosistemas.

Que el numeral 2 del artículo 4 de la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006 dispone que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá tiene como función normar, promover y aplicar las medidas y los procesos técnicos a fin de proteger el patrimonio acuático nacional y de coadyuvar en la protección del ambiente. Asimismo, el numeral 28 del referido artículo dispone como función de la Autoridad establecer zonas especiales de manejo marino-costero en aquellas áreas geográficas marino-costeras en donde se requiera un manejo costero integral de los recursos acuáticos.

Que el numeral 15 del artículo 21 de la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006 dispone que el Administrador General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá tiene como función establecer la organización de la Autoridad y, en general, adoptar todas las medidas que estime convenientes para la organización y el funcionamiento del sector pesquero y acuícola, y para el manejo de los recursos marino-costeros.

Que actualmente la Dirección General de Ordenación y Manejo Integral de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá realiza un programa de ordenación, manejo y conservación de las áreas de humedales marino-costeros, particularmente los manglares, con la finalidad de que los mismos no sean devastados indiscriminadamente y que se puedan seguir realizando, de manera sostenible, otras actividades vinculadas a este recurso, como la pesca y el ecoturismo, de las cuales depende un sector económicamente frágil de la población panameña.

RESUELVE:

PRIMERO: Establecer como zonas especiales de manejo marino-costero a todas las áreas de humedales marino-costeros, particularmente los manglares, de la República de Panamá, exceptuando aquellas que previamente han sido otorgadas en concesiones administrativas y/o sujetas a regímenes especiales por otras instituciones públicas.

SEGUNDO: Para los efectos del presente resuelto, se entiende por áreas de humedales marino-costeros, aquellos espacios naturales y seminaturales en las zonas marino-costeras que presentan interconectividad y cuya alteración pudiera generar impactos directos en el mantenimiento de las características ecológicas de los ecosistemas marino-costeros, especialmente en el ecosistema de manglar, las desembocaduras de los ríos (estuarios), albinas, deltas y zonas arenosas y cualesquiera otro ecosistema adjunto que sea importante para la regulación de los ciclos hidrológicos estacionales y el mantenimiento de las dinámicas biológicas poblacionales. Esta interconectividad se expresa y abarca aspectos socio-económicos y culturales, sostenibles con los ecosistemas.

TERCERO: Establecer que dentro estas zonas especiales de manejo marino-costero queda prohibida la tala, el uso, la comercialización y el desmejoramiento de cualquier humedal marino-costero, de sus productos, partes y derivados, la modificación del perfil del suelo o la construcción de obras de ingeniería o de cualquier otro tipo, que modifiquen o interrumpan el flujo o aporte hídrico que deben recibir los humedales marino-costeros, salvo las excepciones que establezca esta Autoridad de acuerdo con los reglamentos respectivos, fundamentados en principios de sostenibilidad.

CUARTO: La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá apoyará las iniciativas que sean implementadas por el sector privado y por el sector gubernamental, que estén encaminadas a la protección, conservación y aprovechamiento ambientalmente sostenible de las áreas de humedales marino-costeros; así como la base de los procesos físicos y biológicos necesarios para el mantenimiento de las características ecológicas del humedal.

QUINTO: La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá elaborará y promoverá la implementación de planes de manejo costero integral en la República de Panamá.

SEXTO: La Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, fiscalizará constante y eficazmente las áreas de humedales marino-costeros de la República de Panamá para garantizar el cumplimiento del presente Resuelto, el plan de manejo de estas áreas y la normativa jurídica vigente.

SÉPTIMO: El incumplimiento de las disposiciones contempladas en el presente Resuelto será sancionado en base a lo dispuesto en la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006 y demás normas jurídicas vigentes, sin menoscabo de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

OCTAVO: El presente resuelto entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 119 y 120 de la Constitución Política, Ley No. 41 de 1 de julio de 1998 y Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil ocho (2008).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

REYNALDO PÉREZ-GUARDIA
Administrador General

—————-

Texto original en pdf: Resuelto de ARAP de Conservación de Manglares y Recursos Marino-Costeros

Fuente: Burica Press, Panamá por dentro

Proyecto turístico afectará manglares de Los Azules

Coclé. Se llevará a cabo muy cerca de un área declarada protegida

Proyecto turístico se convierte en la manzana de la discordia

Pescadores, miembros de ANCÓN y representantes se oponen a la construcción de hoteles, porque se destruirán los manglares que están en la playa Los Azules.

Elena Valdez
PA-DIGITAL
Obra. Todo se construirá sobre bancos de arena en la playa Los Azules.
E n la manzana de la discordia, se ha convertido la ejecución de un proyecto turístico en el distrito de Antón, provincia de Coclé.

A pesar de que el Municipio apoya todas las obras que contribuyan al desarrollo del turismo, hay lugareños y miembros de asociaciones que se oponen tras considerar que atentan contra la flora y fauna del lugar.

Hace unas semanas, varios inversionistas visitaron el consejo municipal, con el fin de solicitar la autorización para llevar a cabo el nuevo proyecto hotelero "Blue Marlin, en el área de Los Azules".

El proyecto que contempla cinco etapas en más de 90 hectáreas de terreno no es del completo agrado de los pescadores de la playa Los Azules.

Según los trabajadores del mar, las labores de construcción que supuestamente serán sobre bancos de arena se realizarán muy cerca del área de los manglares, situación que es un peligro.

"No se podrá construir sólo sobre bancos de arena sin tocar los manglares", expresaron.

Manifestaron que están en estado de alerta e irán hasta las últimas consecuencias, porque van a proteger los manglares.

Foro.
Preocupados por el proyecto los pescadores organizaron el primer foro sobre: "Los manglares y humedales, hogar de muchas especies marinas, sostenibilidad del mundo", con el objetivo de crear conciencia en las autoridades para que los apoyen.

Javier Pérez, pescador artesanal, dijo que no es que estén en contra del proyecto turístico, sino más bien están protegiendo los manglares y la vida marina, tomando en cuenta que un proyecto tan grande tocaría los manglares.

Según el pescador, esta empresa turística necesitaría cerca de 200 hectáreas de terrenos y allí sólo hay manglares que podrían ser devastados por el poder económico.

Pérez solicitó a los funcionarios de la ANAM y a otras entidades que se mantengan vigilantes.

Oposición.
En tanto, Alida Spadafora, directora Ejecutiva de ANC?"N, dijo que ellos no están de acuerdo con este proyecto si afecta los manglares.

Alegó que a nivel nacional se enfrentan problemas con la devastación de los manglares y no es posible que en Antón pase lo mismo.

Por su parte, Carlos Jaén, representante de El Coco de Penonomé, dijo que su corregimiento colinda con el de Juan Díaz donde también hay manglares y se contempla el proyecto.

Dijo que la entrega de derechos posesorios a cualquier persona es la que ha creado este caos, porque ahora cualquiera vende y los inversionistas aprovechan.

"Hemos solicitado al Alcalde que no continúe entregando estos derechos posesorios para que no corran peligro los manglares que son protegidos por acuerdos municipales", manifestó.

Alcaldía.
Sobre el tema Roger Ríos, alcalde de Antón, dijo que el Municipio ya escuchó todas las partes.

Mencionó que han visto con buenos ojos el proyecto y no se van a tocar los manglares.

Informó que el 11 de marzo la comunidad se reunirá con la empresa Blue Marlin para que conozcan las bondades del proyecto y así puedan tomar una decisión.

29.2.08

Berns siempre ha jugado vivo

Corte falla en caso del hotel Playa Bonita
La licitación fue declarada nula. Se incurrieron en ilegalidades

Manuel Luna G. mluna@estrelladepanama.com

(IMP)

La batalla legal por los terrenos donde se construyó el hotel InterContinental Playa Bonita Resort & Spa, perteneciente al grupo Berns, y que duró cinco años llegó a su fin. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró nulo el acto público, por lo que el globo de terreno sigue siendo propiedad del Estado y ordenó la indemnización de la parte afectada.
El falló de la Corte declaró nula por "ilegal" la resolución de la Junta Directiva de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) 034-03 del 10 de abril de 2003, y tuvo como magistrado ponente a Víctor Benavides, y lleva la firma de los magistrados Jacinto Cárdenas y Arnulfo Arjona.
La demanda fue interpuesta por la empresa Desarrollo Urbanístico del Atlántico (DUASA) del grupo Waked, el otro participante en el acto público. El abogado del grupo DUASA, Guillermo Cochez, sostuvo que el hotel fue construido a toda velocidad, a pesar de que existía una demanda en la Corte Suprema de Justicia y ahora los dueños de Playa Bonita, tienen un "lío legal muy grande", porque los terrenos siguen siendo propiedad del Estado.
Entre las irregularidades que encontró la Corte, se incluye el hecho de fue introducida una addenda al pliego de cargo, tres días antes de la licitación, cuando la ley establece un período mínimo de 10 días, y debe ser publicada en los diarios locales.
Sobre la indemnización, Cochez declaró que ese será el segundo paso y se trata de un asunto que deberá consultar con su cliente, para determinar el monto del perjuicio.
Durante el período que se realizó el acto, fungía como director de la ARI, Alfredo Arias y como presidente de la Junta Directiva, Jorge Federico Lee.
Arias se defendió y aseguró que el proceso se realizó sin ningún tipo de irregularidades, pero no entró en más detalles, porque dijo que desconocía el contenido del fallo.
Este medio trató de conocer la posición del grupo Berns, pero al cierre de la edición no se había logrado respuesta.

Defendiendo manglares y humedales

EN ANTÓN.

Foro sobre manglares y humedales

Edilsa González
ANTÓN, Coclé

Preocupados por la gran cantidad de empresas y organizaciones interesadas en desarrollar proyectos turísticos en las costas de Antón, y con la intención de proteger los últimos remanentes de manglares de la región, la Asociación Playas Los Azules realizó ayer, jueves, el primer Foro sobre manglares y humedales.

Javier Pérez, de la Asociación Playas Los Azules, señaló que el foro tiene como propósito dar a conocer y hacer un llamado a las autoridades sobre la posible destrucción del poco remanente de manglares que existe en las costas de Antón y que actualmente son amenazados por la construcción de un megaproyecto turístico.

Según Pérez, la posible construcción del proyecto turístico Blue Marin necesitará un área de más de 200 hectáreas de tierras o bancos de arenas con los que no cuentan las costas en este momento, lo que indica la utilización de parte de los manglares de Playa Los Azules y Boca Nueva.

En el foro participaron representantes de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, el Municipio de Antón y la comunidad en general.

La Prensa, 29 de febrero de 2008

21.1.08

Descubren agua tibia sobre la destrucción de Isla Viveros

ECOSISTEMAS. CONSTRUCCIÓN EN VIVEROS CONTINÚA A TODA MARCHA.

Arrasan con isla

La compañía que desarrolla el proyecto fue multada por segunda ocasión por tala no autorizada.

Gremios ambientalistas consideran que se debió aplicar una sanción más fuerte y paralizar la obra.

LA PRENSA/Carlos Lemos
Isla Viveros Panama
CON LICENCIA. La Anam sostiene que solo ha dado permiso para intervenir 27 hectáreas en la isla.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

El desarrollo de la isla Viveros parece no estar teniendo compasión con la vegetación del lugar ubicado en el archipiélago de Las Perlas. La empresa que desarrolla el proyecto por 100 millones de dólares, Viveros Development, ha vuelto a ser multada por la tala no autorizada de más de dos hectáreas en el lugar.

Esta vez la sanción aplicada por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) es de solo 9 mil 214 dólares, que se suman a la primera multa de 40 mil dólares también por tala no autorizada en el lugar. El monto de las sanciones incluyen la indemnización por daños ambientales.

Lizandro Arias, director de la Anam para la región metropolitana, señaló que las inspecciones en ese proyecto son constantes ya que el mismo se encuentra dentro de un área ecológica delicada.

Arias indicó que en la primera violación que cometió Viveros Development, la Anam ordenó la paralización del proyecto por siete meses hasta que cumplieran con algunas correcciones, entre ellas la colocación de mallas para que la erosión de la tierra no fuera a afectar las cristalinas aguas marinas.

La empresa alega estar cumpliendo con las normas ambientales y continúa adelante con el desarrollo del proyecto que contempla la intervención directa de 27 hectáreas, incluyendo la construcción de una pista aérea, canchas de golf, carreteras, hotel, residencias, muelles y marina.

La Asociación para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) advirtió que el proyecto también le está haciendo un daño enorme a una de las zonas coralinas más importantes del país debido a que la deforestación en la isla genera sedimentación de tierra a las aguas marinas. La institución señaló que por la reincidencia en la tala no autorizada el proyecto debió paralizarse.

“No se puede jugar con nuestro futuro y la naturaleza so pretexto de que inversiones generan unos cuantos empleos temporales y lucran por mucho tiempo a unos pocos”, comentó el ecólogo Elvin Britton.

Viveros Development. INVERSIONISTAS ALEGAN ‘CONFUSIÓN’ EN LOS PERMISOS TRAMITADOS CON LA ANAM.

‘Multas no fueron ejemplares’

Por la reincidencia de tala no autorizada en isla Viveros, la empresa fue sancionada con 9 mil dólares. Ambientalistas critican la medida, pero los inversionistas dicen que el proyecto es compatible con el medio ambiente del lugar.

LA PRENSA/Carlos Lemos
ALERTA. La compañía ha presentado un proyecto en cuatro partes para intervenir toda la isla, que está ubicada en el archipiélago de Las Perlas.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

Grupos ambientalistas, como la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), califican de irrisoria la multa aplicada por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) a Viveros Development por un monto de 9 mil 214 dólares, incluyendo la indemnización ecológica debido a su reincidencia en la tala no autorizada de bosques en diciembre de 2007.

“La multa es irrisoria, debió ser mucho mayor. Incluso se debió considerar paralizar nuevamente el desarrollo de la obra”, dijo Alida Spadafora, directora ejecutiva de Ancon, quien sostiene que el proyecto en la isla Viveros está afectando uno de los ecosistemas coralinos más importantes de Panamá.

Según la Anam, Viveros Development solo puede intervenir de manera directa 27 hectáreas de las 81 hectáreas que tiene en concesión en esa isla. Pero las vistas tomadas por La Prensa, el pasado viernes 4 de enero, muestran que el daño puede ser mayor, incluso, resalta entre las islas del archipiélago de Las Perlas.

“Situaciones como estas dan un mal mensaje a la ciudadanía y a otros promotores o inversores para poder hacer lo que les plazca con los recursos naturales”, dijo el ecólogo Elvin Britton.

Mientras tanto, el proyecto de desarrollo turístico en isla Viveros continúa a toda marcha. De hecho, la empresa señaló que no apelará a la segunda multa que le aplicó la Anam [la primera también fue por tala no autorizada en el lugar]. Sin embargo, Saly Vargas, representante legal de Viveros Development, dijo que las áreas por las cuales fueron multados eran excedentes de los primeros permisos de tala que la propia Anam ya les había aprobado.

“Hemos hecho el esfuerzo de cumplir con los trámites correspondientes”, agregó Roderick García, gerente de mercadeo de la empresa. Viveros Development asegura que el proyecto es compatible con el medio ambiente.

Fuente: La Prensa, 21 de enero de 2008.

12.1.08

Daño ecológico en playa La Barqueta

CHIRIQUÍ.manglar y humedales costeros.

Daño ecológico en playa La Barqueta

A Gabriel Araúz Anguizola se le vincula con una devastación de manglares en la playa La Barqueta.

Se afectó el hábitat de especies marinas y terrestres que dependen de ese ecosistema.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/V. Arosemena
UBICACIÓN. Hotel Las Olas, ubicado en Guarumal, distrito de Alanje.968710
Sandra A. Rivera
David, Chiriquí

Las experticias realizadas por parte de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam), Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) pone de manifiesto un evidente daño ecológico directo e irreversible en manglares y humedales costeros cercanos a la playa La Barqueta.

Así lo dio a conocer el fiscal Segundo Superior y Ambiental, Franklin Amaya, quien añadió que para esta dependencia en este caso se reúnen todos los requisitos constitutivos de un delito contra el ambiente y contra los recursos naturales por parte de la actuación de Juan Araúz, como representante legal del Hotel Playa La Barqueta.

Para ampliar las investigaciones, la Fiscalía Ambiental llamó a declarar ayer a Juan Gabriel Araúz Anguizola, quien fue denunciado por estos supuestos daños en una zona de manglar y humedales costeros cercanos a la playa La Barqueta.

Manifestó que también se llamó a declarar al querellante, César Samudio, para ampliar las investigaciones en este caso de supuesto delito ecológico.

Indicó que al acusado Araúz se le vincula con un delito ambiental por una devastación de manglares y excavaciones dentro del área protegida en la playa La Barqueta y fuera de esta zona, donde se excavó para la construcción de un canal de navegación que comunica con el Hotel Playa La Barqueta en donde se afectó mucho manglar.

Mencionó que el problema es que el manglar es un recurso marino costero que esta protegido a nivel constitucional.

El pasado 30 de abril, la dirección regional de Chiriquí de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) autorizó al empresario Araúz a realizar una limpieza de un estero que pasa detrás del refugio de vida silvestre La Barqueta.

La limpieza del estero se convirtió en un trabajo de dragado de un canal de tres kilómetros de longitud, 15 metros de ancho y 10 metros de profundidad, el cual causó daños al manglar de un área protegida.

Este delito ecológico fue denunciado por el representante del corregimiento de Guarumal, Octavio Manuel Sánchez, y el ciudadano Alexis Aparicio.

Según un informe de la unidad ambiental, fechado el 18 de junio pasado, se afectó el hábitat de especies marinas y terrestres que dependen de ese ecosistema. Las obras de canalización son parte del proyecto turístico Las Olas, propiedad del empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola.

La Prensa, 12 de enero de 2008.