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Especulación en la venta de territorio insular y costas impulsó al Gobierno crear una ley de ordenamiento.
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Los ambientalistas objetan la Ley 2 y protestan por la enajenación del patrimonio natural a largo plazo.
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LA PRENSA/Alexander Arosemena--25 de junio de 2006
PARAÍSO A LA VENTA. Panamá posee miles de islas en los litorales pacífico y atlántico, algunas más remotas que otras. Para inversionistas privados que aprecian la exclusividad y privacidad, estas propiedades son un tesoro verdadero.
Raúl A. Bernal
rbernal@prensa.com
Edmundo M. anuncia la venta de islas en el Archipiélago de Las Perlas en la sección de clasificados de periódicos. Al llamarlo a su teléfono celular te ofrece inmediatamente todos los detalles. "Es la Isla Lampón e Isla de Afuera, al norte y sur de Isla de Rey. Son nueve hectáreas cada una y tienen costos de un millón de dólares", dice, y agrega que vende las islas con su respectivo título de propiedad.
En internet hay un mundo de ofertas de venta por islas y costas panameñas. Una búsqueda en Google por "Panama islands for sale" (ventas de islas en Panamá) retorna 10.7 millones de resultados. Entre la gama de ofertas aparecen islas en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Colón.
Isla Majagual, dos horas en lancha desde la ciudad de Panamá en el Pacífico, tiene 44 hectáreas y se vende a 1.2 millón de dólares. Isla Paradita, 56 kilómetros al sur de Costa Rica en el Golfo de Chiriquí, tiene 26 hectáreas y se vende en 3.7 millones de dólares.
Entonces, una ley
Ante una ola de especulaciones en la venta de tierras, el Gobierno creó la Ley 2 de 7 de enero de 2006, una norma que establece las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular. La reglamentación de la ley el lunes pasado todavía tiene a muchas personas a oscuras.
Desde que la ley comenzó a debatirse el año pasado en la Asamblea Nacional, ciudadanos afectados manifestaron que perderían tierras que habían ocupado por generaciones y grupos ambientalistas alegaban que se lesionaría el patrimonio natural.
El alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría fue uno de los que alzó su voz, junto con otros dirigentes colonenses, ante el temor de que podrían perder sus derechos sobre territorios, pero con las reformas incorporadas, las cosas mejoraron.
"No he conocido una sola organización ambientalista, ni individuo preocupado por el tema ambiental que no haya reprobado la ley insular", dijo el biólogo Ariel Rodríguez, para quien la norma es un retroceso que no solo niega derecho generacionales, sino que permite la enajenación a largo plazo de sitios, islas y costas, con patrimonio natural valiosos que debe conservarse.
Los sistemas insulares por su propia naturaleza son frágiles, tanto en tierra firme como en su área marina circunvecina.
"El Archipiélago de Bocas del Toro y de Las Perlas tienen recursos marinos de gran valor como arrecifes de coral, sitios de anidación de tortugas, el cortejo y reproducción de ballenas. En tierra firme la incorporación de residenciales, de resorts, de campos de golf, de aterrizaje, de muelles y de carreteras hará que los sistemas insulares vayan a ser sacrificados en nombre de falsa premisa de desarrollo", dijo.
Los ambientalistas han interpuesto una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en contra de la Ley 2.
Voces a favor
El diputado perredista Raúl Rodríguez dice que la ley insular es favorable al país, y brinda seguridad jurídica a los inversionistas. Una gran parte del territorio insular y costero está bajo el derecho posesorio o título de propiedad que "es algo que no otorga seguridad".
Con las reformas que se realizaron a la Constitución de 1941 se establecía que las tierras insulares son inadjudicables. No obstante, antes de ese año se titularon y vendieron varias islas, y de acuerdo con la nueva ley, se respetarán esos derechos.
El corredor de bienes raíces, Félix Carles, asegura que la ley facilitará la inversión en términos legales, especialmente para el extranjero, que encontraba muchas dificultades al invertir.
El Instituto Panameño de Turismo tiene grandes expectativas sobre la norma, específicamente piensa que creará un ordenamiento en los territorios insulares aptos para la inversión turística.
En tanto, la Autoridad Nacional del Ambiente manifiesta que con la ley insular las normas ambientales no sufren ninguna modificación y todos los proyectos que se levanten en territorio nacional tendrán igual trato en cuanto a estudios de impacto ambiental.
Hasta el momento la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas no ha revelado cuantas concesiones se han otorgado desde que se promulgó la ley insular.
Una fuente de esa entidad sostiene que posiblemente no se haya hecho avances en esta materia, especialmente, por la reciente reglamentación de esta ley.
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