SAN CARLOS. LA COMUNIDAD ADVIRTIÓ QUE SE ESTABA TALANDO DE FORMA ILEGAL.
MEF vendió manglar
La venta se hizo ignorando opiniones técnicas que advertían que el área no podía adjudicarse.
El terreno fue devastado en 1995, de forma ilegal, y 10 años después se concretó la compra.
| LA PRENSA/Jorge Fernández |
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| SECUELAS. El área de manglar que fue devastada en la playa La Ensenada se estaba recuperando. Ese ecosistema, que sirvió de barrera natural contra la fuerza de las olas y era rico en biodiversidad, ya no existe. |
José Arcia
jarcia@prensa.com
La Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avaló en 2006 la venta de 8 mil 811 metros cuadrados de área de manglar a la empresa Desarrollo Turístico San Carlos en la playa La Ensenada, que entre sus representantes tiene a Gabriel Diez.
Esto a pesar de que existía una advertencia de la Autoridad Marítima de Panamá y del Consejo Municipal de que el área debía ser conservada por ser un manglar, es decir, inadjudicable.
El aviso no solo llegó de las autoridades locales y nacionales, sino también de la comunidad, que denunció la tala del manglar y la venta “ilegal” del terreno sin que el entonces director de Catastro, Benjamín Colamarco, hiciera caso.
Diez –cuya abogada es Giulia De Sanctis, presidenta de la Alianza Pro Ciudad– alega que el área no es manglar, y Colamarco dice que no recuerda con detalle esta venta.
La empresa planea anexar estas tierras a otras de su propiedad, para un desarrollo turístico que incluye un hotel.
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SAN CARLOS.SERVIDUMBRE MARÍTIMA pasó a manos privadas.
Así se vendió el manglar
En 1995 el empresario Arturo Diez devastó un área de manglar para construir un hotel.
En agosto de 2006 el área fue vendida por el Estado al hermano e hija de Arturo Diez.
| LA PRENSA/Jorge Fernández |
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| TALADO.Todavía quedan restos del manglar derribado. |
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José Arcia
jarcia@prensa.com
Ni las advertencias de autoridades municipales y gubernamentales ni muchos menos 10 años de lucha ciudadana para conservar un área de manglar, fueron suficientes para evitar que Benjamín Colamarco aprobara la venta de 8 mil 811 metros cuadrados de zona costera cuando fungía como director de Catastro el año pasado.
El inicio de la venta se remonta a noviembre de 1995 cuando el empresario Arturo Diez (q.e.p.d) entró con su maquinaria y devastó un área de manglar, adyacente a un lote de su propiedad en La Ensenada de San Carlos.
En ese momento moradores de las comunidades de Gil Ponce y La Ensenada, encabezados por Xiomara de Armijo y Gabriela Pascual, presentaron la denuncia ante el ahora desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovable (Inrenare).
Primera irregularidad
El 16 de noviembre la Dirección Regional de Panamá Oeste inspeccionó el lugar y detectó dos tractores efectuando “limpieza, rellenos y nivelación de la playa, trabajos que afectan a la playa, ya que se moviliza arena para rellenos de un cauce natural”.
Esto consta en un informe que le envió el director regional del Inrenare, Rodolfo Jaén, a su director general Rolando Guillén, el 22 de diciembre de 1995, en donde detalla todas las diligencias administrativas que había realizado la institución en contra de Arturo Diez.
El informe señala que se observaron árboles “abatidos” por los tractores y se iniciaba tala de un área de bosque residual de mangle.
Luego de la primera ins-pección, el 16 de noviembre, el Inrenare ordenó paralizar los trabajos por no contar con los permisos respectivos y citó a Ernesto Quezada, responsable de los trabajos de limpieza en el lugar, pero no se presentó. El 22 de noviembre fue citado por segunda vez y tampoco acudió.
En vista de ello, Jaén ordenó al guardabosque Rolando Zapateiro y con apoyo de la Fuerza Pública citar a Quezada por tercera vez. El 18 de diciembre Quezada se presentó al Inrenare de La Chorrera y alegó que “él es un empleado que trabaja en el área por instrucciones del ingeniero Arturo Diez Pérez y que éste le manifestó que continuara, que él [Diez] se encargaba de hacer los arreglos en Panamá”.
El miércoles 20 de diciembre de 1995, señala el informe, Arturo Diez dijo por teléfono a Jaén que él desconocía los trámites a seguir para hacer esos trabajos. Pero ese mismo día el Inrenare volvió a hacer otra inspección y encontró que el empresario “continuaba con los trabajos… y cortaba el sotobosque de una pequeña área de manglar que aún quedaba en el área”. El Inrenare multó a Arturo Diez con 5 mil dólares, sanción que más tarde fue rebajada a mil dólares.
En una nota fechada el 26 de diciembre de 1995 enviada a Jaén, Arturo Diez informó que suspendió los trabajos y ordenó devolver el equipo pesado a Panamá “hasta tanto se satisfagan los requisitos de impactos ambiental”. Arturo Diez fallece en 1997.
El tema quedó allí hasta siete años después cuando el 6 de agosto de 2004 los herederos de Arturo Diez, su hija Mónica Diez y su hermano Gabriel Diez, solicitaron la compra de un “globo de terreno baldío nacional” con una área de 8 mil 811 metros cuadrados.
El director del Catastro de ese entonces, Otoniel Hidalgo, realizó las primeras diligencias de la solicitud de compra, solicitando la opinión de las distintas entidades involucradas en el tema. En septiembre de 2004 las nuevas autoridades gubernamentales asumen el poder y Armijo y Pascual volvieron a activar su lucha para impedir que el terreno fuera vendido .
Ambas, a través de su apoderada legal , Gilma De León, interpusieron recursos de oposición a la venta ante la Dirección de Catastro, que estaba en manos de Colamarco.
Además, solicitaron una inspección a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que en octubre de 2005 certifica, mediante un informe, que en el área había “mucho rebrote y nacimiento de árboles de mangle blanco, rojo y achaparrado, además de que el área estaba anegada con agua salada producto de la entrada de las mareas”.
La AMP concluye que se declare el área de manglar como zona de preservación y que se niegue cualquier solicitud de concesión o compra por ser área inadjudicable.
El 10 de enero de 2006 este informe fue entregado a la Dirección de Catastro. El 27 de abril del mismo año Colamarco deja la Dirección de Catastro para asumir el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y el 23 de agosto de 2006 el Estado firmó el contrato de compra del área por la suma de 98 mil 26 dólares.
Autoridades y empresario
El ministro Colamarco dijo ayer que “en ningún momento vendió ese terreno porque no es de su competencia”. Tiene razón, el contrato de venta lleva la firma de la viceministra de Finanzas, Orcila Vega de Constable, quien no pudo ser contactada para esta nota. Pero lo cierto es que la aprobación de la venta es otorgada por la Dirección de Catastro.
Colamarco se apoya en el asesor legal de MOP, Edgar Aguilera, quien también trabajaba en Catastro durante su período. “Esa compra se aprobó porque existía toda la documentación que lo validaba”, dijo Aguilera.
La abogada de Gabriel Diez, Giulia De Sanctis, dijo estar sorprendida del informe de la AMP. Señaló que su cliente desconocía de ese informe.
Diez, por su parte, manifestó que todo el proceso se hizo basado en las normas existentes.
La Prensa, 4 de abril de 2007
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