Recientemente, a tambor batiente, se ha estado discutiendo el proyecto de Ley 132 "Que regula las concesiones para la inversión turística y enajenación de territorio insular para fines de aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones".
La pretendida ley, promovida por la propia camarilla del Presidente, a través de la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, encabezada por el otrora militar Benjamín Colamarco, pretende, en pocas palabras, quitarle por ley (enajenar) a los colonos y dueños actuales y otorgar en concesión, amparados inconstitucionalmente bajo la Ley 8 de promoción de la industria turística, a empresarios de la construcción y amigos oscuros dentro de la Patria Nueva, hasta el 50% de los terrenos insulares de algunas de las 753 islas e islotes en el Pacífico y 445 en el Atlántico para el desarrollo de las muy conocidas residencias para extranjeros, como si fueran turistas y sin inventarios ni planes de manejo y conservación de los recursos naturales propios de estos refugios de vida silvestre.
Este es el más peligroso ataque directo a nuestros recursos naturales y al mejor estilo batallonero, que se ha dado desde el infame y sepultado "camino eco-ilógico" de la ex presidenta Moscoso. En esta ocasión, lo que se pretende es dar en concesión tierras insulares a lo largo de nuestros litorales para evitar que los grupos de presión se pueden formar en una o dos comunidades afectadas como lo fue el caso en Boquete y Cerro Punta.
Dividir para ganar, parece la estrategia y es por eso que todos debemos unirnos para evitar esta "Ley de Islas Eco ilógicas" y un posible ecosidio nacional.
ONG, fundaciones, centros de estudios bióticos, grupos ambientalistas y guías turísticos especializados en ecoturismo, tanto nacionales como internacionales, han formulado una serie de conceptos y recomendaciones a la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo para que la pretendida ley sea declarada no factible y evitar así la extinción de los recursos naturales de todos los panameños y la entrega en concesión por período de 40 años, prorrogables por 30 años más, de terrenos insulares a extranjeros, sin el debido control de las autoridades correspondientes y con afectación directa a los pobladores panameños de estas islas.
Para ilustrar nuestros conceptos y en base a la información científica existente, podemos afirmar que estas islas son importantes áreas para la conservación de la biodiversidad, debido a que, proporcionalmente, son los territorios naturales más ricos del planeta en términos de especies endémicas o propias del área. Son hábitat críticos para aves marinas, pinnípedos, elasmobranquios y tortugas marinas entre muchas otras especies, que se distribuyen por miles de kilómetros de océanos y que dependen de las islas para su reproducción. Esta relación se da en las Islas del archipiélago de Coiba, en la reserva natural de la Isla de Taboga y en las islas del archipiélago de Bocas del Toro, sólo por mencionar algunos ejemplos nacionales.
Se estima que el 17% de las aves del mundo está confinadas a Islas por lo que las islas hacen una contribución desproporcionadamente alta, considerando su superficie terrestre (3%), con respecto a los continentes. A pesar de lo anterior y por falta de un mejor criterio de conservación y control de estas áreas de riqueza biológica por parte de la ANAM y que ahora son atacadas por la pretendida Ley 132, los ecosistemas insulares han sido devastados a tal grado que las especies en extinción que habitan en las islas son 40 veces más probables que las especies continentales.
Las extinciones han sido causadas por la sobre explotación de algún recurso (flora o fauna), la introducción de especies exóticas (Como el ser humano) y la destrucción o alteración parcial o total del hábitat (como en el caso de la Isla Colón en Bocas del Toro e Isla Grande en el Atlántico). El 75% del total de las extinciones recientes de animales ha sido especies insulares. En el caso particular de las aves, el 85%, en el caso de los mamíferos es de 58% y de 80% para los moluscos terrestres. En la actualidad, una de cada tres especies de plantas amenazadas y el 23% de las aves son especies insulares.
Para detener la tendencia de desaparición de especies en el mundo, parte de los esfuerzos de conservación son enfocados a la protección de territorios insulares. Estas acciones han resultado altamente eficientes debido a que:
1. Las islas contienen una gran cantidad de especies endémicas
2. Los costros económicos de conservación suelen ser bajos, porque las poblaciones humanas permanentes suelen ser pequeñas y sus actividades casi inexistentes.
3. Las islas son ecosistemas completos relativamente fáciles de proteger comparados con hábitat continentales.
Las islas y los archipiélagos, principalmente, son lugares lógicos, a la vez que urgentes, para conservar con eficacia la biodiversidad, previniendo así las extinciones. Estas consideraciones, en contra posición con lo planteado con el anteproyecto de Ley 132, representan en términos de oportunidad, una de las mejores opciones para invertir los fondos y esfuerzos de conversación de nuestro país, para promover el ecoturismo como industria responsable con el medio ambiente y el desarrollo sostenible que requiere con urgencia nuestro país.
Este proyecto de ley Eco ilógico debe ser detenido antes de que el retorno sobre esta decisión sea socialmente irresponsable como lo han demostrado las experiencias vividas en la Isla Colón en el archipiélago de Bocas del Toro.
Jorge G. Conte B
Ambientalista
jconte22@yahoo.com
NOTA DEL EDITOR DE BIODIVERSIDAD DE PANAMÁ:
No bastando todo lo anterior los cambios que se están realizando al proyecto original, profundizan lo nefasto y vendepatria de esta ley.
Además hemos comenzado y solicitaremos a la Defensoría del Pueblo una investigación a través de los conductos correspondientes para ver si esta ley, no está amparada en el tráfico de influencia para su aprobación.
Otra ley que proteja nuestros derechos constitucionales sobre bienes de dominio, uso y usufructo público es necesaria.
NOS OPONEMOS VEHEMENTEMENTE A ESTE PROYECTO DE LEY 132 QUE ES LESIVO A LOS INTERESES DE LA NACIÓN PANAMEÑA, A LOS BIENES CIUDADANOS COMUNES.
ESTA LEY ES UN ATRACO AL PUEBLO PANAMEÑO, CON LA COMPLICIDAD MANIFIESTA DEL GOBIERNO DE MARTÍN TORRIJOS Y LOS DIPUTADOS DE GOBIERNO (DESCONOCEMOS LA POSICIÓN PÚBLICA DE LOS DIPUTADOS DE OPOSICIÓN).
EL PUEBLO DE BOCAS DE TORO, ISLEÑOS DE TODO EL PAÍS, EL PUEBLO GNOBE, EL PUEBLO COSTEÑO DE COLÓN ESTÁN EN ESTADO DE ALERTA Y HAN RECHAZADO PÚBLICAMENTE ESTE NEFASTO PROYECTO QUE PRETENDE ENAJENAR PARA SIEMPRE NUESTRAS COSTAS E ISLAS, LIBRE DE IMPUESTOS, SO PRETEXTO TRILLADO DE TURISMO.
LA AVARICIA Y LA DESHONESTIDAD PARECEN NO TENER LÍMITES EN ESTE PAÍS.
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