A L M A N A Q U E A Z U L --también muestra la belleza e importancia de nuestras playas

En solidaridad con los que defienden las playas e islas de Panamá de la arrebatiña privatizadora, ALMANAQUE AZUL ha publicado en su portada el siguiente artículo:

Playas de cemento: Ley 2 de 2006 firmada

La ley ha sido sancionada por el presidente en un acto en Bocas, y ahora se llama Ley 2. “Hay quienes promueven el desasosiego, pretendiendo mantener el país en el atraso”, dijo el presidente, refiriéndose a los que han objetado la nueva ley.

El Proyecto de ley 132, hoy Ley 2, fue aprobada en tercer debate el 13 de diciembre. En el proceso de su discusión se amplió el ámbito de la ley a las áreas costeras de tierra firme, permitiendo ahora concesiones de hasta 90 años sobre terrenos estatales. Grupos ambientalistas han anunciado que demandarán la ley por anticonstitucional.

La ley tiene partes que dan risa, como la siguiente:

“Artículo 33: Quedan prohibidos la tala, el uso y la comercialización de los bosques de manglar, de sus productos, partes y derivados; se exceptúan los proyectos de desarrollo turístico, previa aprobación del estudio de impacto ambiental y cumplimiento de la legislación vigente.”

(énfasis por el editor)

Se rumora que el proyecto de ley 132 fue escrito por Juan Pardini y JJ Espino, nada menos que los abogados de la monstruosidad inmobiliaria conocida como “Red Frog Beach”, en isla Bastimentos, Bocas del Toro. Durante su discusión varios grupos interesados trataron de meter la cuchara y se hicieron algunos cambios a la ley, incluyendo algunas salvaguardas ambientales.

El asalto sobre terrenos costeros por parte de empresas de bienes raíces e inversionistas a gran escala se extiende ahora a las áreas públicas en las islas del país. Desde el IPAT de Rubén Blades hasta la ANAM, al gobierno de Martín Torrijos le parece que esto es algo bueno.

En la exposición de motivos de la ley se habla de “la gran cantidad de tierras sin aprovechamiento para beneficio del Estado”, dejando clara la idea del gobierno de lo que significaría “aprovechar” esas tierras: venderlas a promotores de proyectos de desarrollo. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó el proyecto de ley 132, que regula las concesiones y ventas de terrenos públicos en islas. La idea, dicen, es tener “un trámite más simple y atractivo para las inversiones extranjeras”. Se haría más fácil a empresas conseguir terrenos y especular con éstos en el mercado, así como construir urbanizaciones, hoteles y pistas de aterrizaje, según la ley hasta en un 50% del terreno de una isla (siempre y cuando no sea área protegida), con casi nada de regulación.

Si el rumor sobre el origen de la ley es cierto, e igual, leyendo el proyecto de ley, no puede venir nada bueno de ahí. En la sección de justificación de la ley, queda claro que está hecha a la medida de las empresas que se dedican a vender terrenos para gringos jubilados y promotoras de proyectos de “desarrollo”.