Agencia de Noticias Prensa Verde
Boletín informativo No. 656-1 Año 12
Proyecto pondrá en peligro el presente ambiental y el potencial desarrollo humano de las zonas incorporadas a la iniciativa.
Islas, pequeñas extensiones de tierra rodeadas de agua; son un perfecto ejemplo de la clase de desarrollo social, económico, ambiental y humano, que se pretende llevar a cabo con la discusión y la pretendida aprobación del anteproyecto de ley 132, por parte de la comisión de hacienda publica de la Asamblea de Diputados de Panamá.
A partir de un escaso y por lo tanto valioso recurso, el natural, les serán entregados derechos de desarrollo "a lo loco" a un selecto grupo de empresarios de los bienes raíces y legisladores, denominadas "Islas de Progreso", a cambio de la destrucción de los hábitat naturales y la salida de sus habitantes, la construcción inmediata de mansiones y residencias, la colocación de acueductos y basureros con descargas al mar, la destrucción masiva de arrecifes coralinos, la colonización de islas y costas por parte de extranjeros, todo esto, sin tener que prevenir la destrucción ambiental, ni implementar acciones de compensación, ni hacer pagos municipales ni nacionales, por Ley.
Con el anteproyecto se pretende crear un "mar en problemas" alrededor de las Islas y poner en peligro nuestro presente ambiental y nuestro potencial desarrollo humano.
El valor ambiental de nuestros recursos costeros e insulares, debe ser protegido por leyes que garanticen su uso y no su abuso, como se pretende con este cuerpo legal. Elimina "la obligación del Estado con los ciudadanos de incorporar la dimensión ambiental en las decisiones, actos y estrategias socioeconómicas", como lo señala el art.4.3, de la Ley 41 ambiental.
El desarrollo del turismo residencial, compra de casas hechas a la medida, amparados bajo la Ley 8 de incentivos turísticos, aparte de ser ilegal, solo garantiza el potencial económico de algunas empresas constructoras, bufetes de servicios legales y offshore y las de bienes raíces, sin garantizar acciones de reposición de valores ambientales, ni obligaciones impositivas, ni de ingresos fiscales que balanceen el daño ambiental y fiscal causado por la intervención radical del hombre en estos frágiles ecosistemas y la disminución de inversiones para el turista de corta estadía.
Las Islas y los archipiélagos, son sistemas que contienen un gran potencial de conservación de especies y la atracción principal del 90% de turistas que visitan nuestro país y la región, es por su atractivo eco turístico. Al tener muchos residentes y menos turistas, el beneficio de vivir en Panamá, sus bajos precios, su buen clima y su pobre regulación ambiental, se trasladan al extranjero en contra de la industria turística y en contra del "mar de desempleados panameños" y tenedores de tierras insulares y costeras en todo el país.
A partir del primer congreso de turismo residencial, realizado en Alicante, España, se publicaron los siguientes extractos que son de rigor leer, antes de cometer los mismos errores.
"Los nuevos asentamientos turísticos residenciales han sido el eje del desarrollo de muchas localidades españolas por los beneficios económicos que han aportado a corto plazo. No obstante, se trata de un modelo que, por sus debilidades estructurales, a largo plazo, genera escenarios de alto riesgo y vulnerabilidad. La riqueza de las urbanizaciones turísticas es puramente inmobiliaria. Concluido el proceso edificatorio aflora una serie de consecuencias negativas producto del consumo, mal uso del suelo, de los impactos medioambientales que ocasionan. De esta manera, el sector ha destruido sus propias bases a causa de la ocupación intensiva del suelo y la destrucción del
paisaje".
Seria recomendable que el anteproyecto de ley 132, defina que áreas serán desarrolladas y en que orden y dimensión, cómo se desarrollan estas islas desde el punto de vista ambiental previo y posterior a las colonización de las mismas, y que se le diera a la ANAM y a los Alcaldes un papel protagónico en la legislación, supervisión y control de estas inversiones. Además, que se solicite un inventario de la situación actual de su biodiversidad e implementar, un estudio de impacto ambiental de categoría 3, como requisitos obligatorios, que podrían servir como medidas en contra de los inversionistas impostores y los capitales oportunistas, locales y foráneos.
Se recomienda establecer una dimensión mínima de construcción y máxima de conservación por isla y zonas costeras, que se prohíban los desarrollos que impacten sobre los mares interiores de archipiélagos, se establezcan santuarios de refugio de aves e islas exclusivas de conservación y solo deben otorgarse concesiones en aquellas islas con una gran destrucción de su hábitat realizado en los recientes 3 o más años y con pobre potencial biológico o valor natural. De esta manera el desarrollo de nuestras zonas insulares y costeras, se llevara de manera humana, sostenible, para el
bienestar de las mayorías y en especial para los panameños y panameñas.
Jorge Conte - Grupo Parques Nacionales Panamá
Miembro de la RedCalc
Panamá. Rep. de Panamá
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