Este proyecto vende muchas falacias, incluyendo las siguientes:
1- Que esto favorece el turismo
2- Que ordena la tenencia de la tierra en islas y costas
3- Que es beneficioso para el país
4- Que el negocio de inmobiliarias en costas e islas es turismo
El gobierno con sólo aplicar la constitución y las leyes existentes puede perfectamente, aumentar la oferta turística, detener la anarquía y la destrucción de nuestro patrimonio insular y costero, entre muchas otras cosas. La Ley 132, es una excusa, basada en el concepto trillado de "desarrollo" que simplemente busca favorecer a algunos empresarios que desean la parte del gran pastel llamado Panamá.
Instamos al Sr. Presidente a NO sancionar esta nefasta ley. Sus propios hijos y todos los panameños se lo agradeceremos. También instamos --si aprueba de todos modos esta ley--a no engañar a los isleños y costeños con el reconocimiento parcial de sus derechos posesorios, tal y como lo están haciendo, con las tierras de los campesinos en la "Cuenca Occidental" del Canal de Panamá.
Nosotros hemos dicho que Panamá necesita una ley científica de ordenamiento completo de nuestras costas e islas, tomando en consideración la naturaleza de cada lugar. Con la ley actual, se ha abierto una puerta muy peligrosa, que deja a discreción del Ejecutivo la venta de nuestro patrimonio nacional.
Nos disponemos, aún sin recursos, a demandar este ley, ya que el interés común es superior al interés individual, que es lo que favorece esta ley.
Sólo le podemos decir que nuestra defensa de islas y costas, es por nobleza, consideraciones ambientales y altruismo generacional
Ariel Rodríguez
Movimiento de Rescate de Islas y Costas
www.salvemoslascostasdepanama.blogspot.com
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LA PRENSA/Jihan Rodríguez
COSTA DE ORO. Bocas del Toro ha sido uno
de los destinos predilectos y más populares en recibir la inyección de inversión
extranjera. Pero la especulación sobre el precio de las tierras convirtió el
negocio en algo turbio.
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proyecto
INSULAR.Empresarios defienden la ley 132, pero ecologistas se oponen.
Se venden islas y costas
No existen estudios catastrales de tierras con derechos
posesorios de miles de indígenas.
Ecologistas rechazan el proyecto insular, mientras que la
Apede lo promueve por el desarrollo turístico del país.
vdagoberto@prensa.com
Sectores ambientalistas califican la Ley 132, aprobada la semana pasada en la Asamblea Nacional, como una "nefasta y antipatriótica ley" que, según ellos, privatiza las costas y las islas y provocará daños ambientales a la naturaleza.
Pero, para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), la ley favorece las inversiones inmobiliarias y una industria turística cuyos ingresos superaron los 9.1 millones de dólares en 2004.
La norma, que no ha sido sancionada aún, regula las concesiones para la inversión turística y la venta del territorio insular para fines de aprovechamiento turístico. El marco regulatorio fue concebido para que los extranjeros que tienen interés de invertir en actividades de carácter turístico, de adquirir un bien propio para aprovechamiento particular, vacacional o para residir en calidad de retirado en Panamá, lo puedan hacer con mayor facilidad.
"La Constitución tenía una limitante en su artículo 291, que no permitía a los extranjeros ni a las sociedades panameñas con capital extranjero invertir en proyectos", dijo Ricardo Eskildsen,
vicepresidente de la Comisión Jurídica de Apede.
Con el proyecto de ley aprobado, los extranjeros podrán adquirir las tierras únicamente para aprovechamiento turístico en áreas declaradas de desarrollo especial, que reúnan condiciones especiales para la atracción turística. La inversión debe tener como propósito un impacto económico y garantizar la generación de un número de empleos significativos.
Eskildsen asegura que la ley insular resuelve un problema que permitirá realizar inversiones privadas y aumentar la capacidad para recibir y alojar turistas.
Inversores avistan islas
Pero algunos promotores e inversionistas actuales siguen preocupados. Jorge Pickard, corredor de bienes raíces de Island Realty, no se explica cómo se pretende aplicar una ley insular cuando ni siquiera se tiene un plan maestro para el desarrollo de las áreas.
Hasta el momento no se sabe cuáles tierras son residenciales o comerciales. Tampoco existen estudios de valor catastral de tierras ocupadas por miles de indígenas.
"Ojalá no se esté haciendo para favorecer intereses particulares", dijo José Luis Bordas, gerente general de Punta Caracol, uno de los destinos ecoturísticos más exclusivos de Bocas del Toro. "La ley es buena siempre que no se fomente la especulación en la venta de tierras como ha venido sucediendo en Bocas".
Producto de la fiebre de compraventa de propiedades en Isla Colón, Isla Bastimentos, Isla San Cristóbal, Isla Popa e Isla Pastores se ha disparado el precio de las propiedades y aumentado los casos de traspasos fraudulentos.
Ubaldo Vallejos, representante de un grupo de lugareños de Bocas, sigue preocupado por dos puntos que afectaría a la mayor parte de los moradores humildes del territorio insular pero que la ley parece haber abrigado: primero, el trámite que deben cumplir personas con derecho posesorio y de escasos recursos para solicitar su concesión formal. El periodo y los requisitos exactos serán incluido en la reglamentación de la ley.
Segundo, la prohibición de servidumbre a menos de 60 metros de playa– que Vallejos considera una "distancia excesiva" porque mucha gente vive pegado al mar– será revisado de acuerdo a la condición de cada morador con más de 10 años de ocupación de la servidumbre.
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