Estimados ciudadanos:
El problema con el Proyecto de Ley No. 132, "Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones", implica mucho más que la venta de nuestras islas y la afectación de los derechos posesorios de humildes panameños y panameñas. Radica principalmente en el hecho de que tanto el promotor como los redactores y defensores de este Proyecto de Ley tienen una visión sesgada del concepto de "desarrollo del país" que se plantea en el artículo 291 de nuestra Constitución Política Nacional. Es decir, pienso que para su conveniencia se han basado en una interpretación a todas luces mezquina del citado articulo.
¿Quién ha dicho que el desarrollo del país comienza a gestarse en el futuro?
Honestamente quisiera saber si el Ministro de Economía y Finanzas sabe a ciencia cierta que hará el Estado panameño con las viejas infraestructuras turísticas que recibirá dentro de 60 y 90 años, el período de tiempo que duran las concesiones. Me pregunto si el Estado podrá darles mantenimiento.
Pero eso no es todo. Si el Proyecto de Ley No. 132 está orientado hacia la consecución del desarrollo del país, por qué en su articulado no señaló de manera expresa que la fuerza laboral que se contratará en el marco de los proyectos turísticos estará compuesta en su totalidad por los lugareños y pobladores de las áreas donde se construirán los mismos. Desde mi punto de vista, esta ley es inconstitucional.
J. Santos
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