Piratería y corrupción, la venta de nuestras islas

PROYECTO DE LEY.

Piratería y corrupción, la venta de nuestras islas
Ariel Rodríguez

La historia se repite en espiral. Hoy leía un libro sobre cómo Europa en la época colonial se tomó cada isla del Caribe, en nombre de la civilización y el desarrollo de todo este conjunto de "islas salvajes". La piratería de ayer es la misma de hoy, pero con otro nombre.

Cuenta la historia que a comienzos del siglo XVI, numerosos jóvenes ingleses, tanto católicos como protestantes, recurrieron a la piratería como modo de vida. De esta manera, franceses e ingleses pronto se convirtieron en asiduos visitantes de las posesiones españolas y portuguesas en el Nuevo Mundo.

Los ingleses contaron con patente de corso (hoy se les llama inversionistas) concedida por holandeses para presentarse en calidad de colonizadores y pobladores en algunos territorios españoles que permanecían abandonados, y así se establecieron en la denominada "costa salvaje" en Guayana, entre el Orinoco y el Amazonas. Los holandeses fundaron la Compañía de las Indias Occidentales con el triple propósito de colonizar, dedicarse al contrabando y hacer pillajes en los dominios hispano-lusitanos. Similar empresa crearon los ingleses que, ya en siete, se habían apoderado de Barbados y Santa Lucía, y ocuparon San Cristóbal, hoy Saint Kitts, desde donde se lanzaron a la conquista de otras "islas inútiles" como Barbados, Anguila, Antigua, Nevis y Montserrate. Mientras tanto, los holandeses se adueñaron de Curazao, Aruba, Bonaire, San Martín, San Eustaquio y Saba.

También por estas fechas, el cardenal Richelieu fomentó el establecimiento de la "Compañía de las Islas de América" que contribuyó a la colonización de Martinica y Guadalupe. Posteriormente Francia se posesionó de San Bartolomé, San Vicente, Dominica, Granada y la parte norte de la Española. Por su parte, Dinamarca no se quedó atrás y colonizó Saint Thomas, Santa Cruz y los Cayos de San Juan.

Es preciso tener presente que, en las Antillas, los españoles solo ocuparon las islas mayores, entre estas la Española, Cuba, Puerto Rico y Jamaica, en detrimento de las otras que no eran atractivas, ya por lo inhóspito o estéril del terreno, o bien porque no ofrecían las perspectivas económicas de otros puntos situados en el continente en los que jugaba papel primordial la extracción de los metales preciosos u otras actividades lucrativas a corto y mediano plazo. De allí que estas "islas inútiles" se convirtieran en fácil presa de las ambiciones extranjeras y pasaran a ser las bases para la piratería y el comercio ilícito en todo el ámbito del Caribe y tierra firme.

Como la historia se repite en distintos contextos y épocas, hoy el Gobierno nacional impulsa, empujado por un grupo anónimo de "inversionistas", diría yo piratas –probablemente donantes de la campaña política de Martín Torrijos–, un nefasto y anti-patriótico proyecto de ley que pretende legalizar la titularidad de la tierra a propios y extraños en los territorios insulares del país, con tal de que el real state, es decir la especulación desmedida de las tierras y bienes inmobiliarios, sea un gran negociado dentro de territorios insulares. Lo que buscan es hacerle una jugarreta a la Constitución Nacional que intentó proteger nuestras islas de la depredación y la enajenación pretendida.

Para los que no somos tontos, ni tontas, sabemos que este proyecto tiene beneficiarios clave y selectos, que no les parece suficiente tener derechos posesorios sobre decenas de islas en este país, sino que pretenden enajenarlas o quitarnos a todos los demás ciudadanos el derecho al uso y usufructo de estas magníficas islas que, en la mayoría de los casos, mantienen la biodiversidad única que les es característica, dado el impacto moderado que han tenido.

Los grandes beneficiarios de este proyecto, que va viento en popa a toda vela, con una premura usual de proyectos de ley que son aldabonazos a la nación, serán los proyectos inmobiliarios nefastos que actualmente se ejecutan o están planificados en territorios insulares del archipiélago de Bocas del Toro, Isla de las Perlas, golfo de Montijo, entre otros.

Denuncio que este proyecto lleva tal apuro, que no se está realizando la debida consulta ciudadana entre todos los sectores de la sociedad, no solo de los isleños, dado que las islas son patrimonio de todos los panameños. El beneficio particular no se puede imponer al beneficio colectivo de la sociedad y este principio lo defenderé en todo momento.

Cómo han cambiado los tiempos para Benjamín Colamarco, otrora defensor de la patria y ahora vendedor de los bienes comunes de la patria. No permitiré que la falacia intente hacer ver como beneficioso y de interés nacional un vil negociado con nuestro patrimonio insular. Benjamín, tú sabes que este proyecto es una bellaquería, mejor dicho una piratería, y tu apoyo a él te marcará para siempre, pero ahora no como patriota, sino como lo contrario.



Señor Presidente, no sea cómplice de este acto innoble que ha emanado de un sector del Órgano Ejecutivo, que pareciera que ahora su preocupación está en el real state como si fuese una función del gobierno ser un promotor inmobiliario. El negociado de bienes inmuebles es nocivo y peligroso para la nación, y los lugareños y nacionales somos los principales afectados, dado que encarece el costo de la vida por la especulación.

Este artículo lo escribo para que quede registrado, de cara a las futuras generaciones, que como ciudadano ambientalista de esta generación rechazo la venta, enajenación y concesión a largo plazo de nuestras islas a extranjeros y nacionales que nunca han tenido compromiso con esta patria, más allá del negocio que en ella pueden hacer.

El autor es biólogo y ambientalista
Publicado en La Prensa 8 de noviembre de 2005--Sección Opinión

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