Rina Stella Barba
La ley que regula las concesiones para la inversión turística y para la enajenación de territorio insular para fines de aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones (Ley 132) está siendo debatida actualmente en la Asamblea Legislativa. Sus defensores y abogados, como otros en otras épocas (camino ecológico, residencial Camino de Cruces), nos tildan a los que nos oponemos, de ir en contra del desarrollo, pregonando que sus proyectos son para desarrollo sostenible. Muy conveniente utilizar este término cada vez que se planea cualquier tipo de construcción.
El uso del término desarrollo sostenible (sustentable) se promovió en la comisión de Bruntland (1987) y la definición proporcionada es la siguiente: "satisfacer las necesidades de esta generación, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades". Se debe garantizar un nivel de vida adecuado en términos de salud y bienestar, y se deben considerar tres objetivos: el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas que dan sostén a la vida; la preservación de la diversidad genética; y el desarrollo sustentable de las especies y los ecosistemas. Las urbanizaciones, hoteles y otras infraestructuras en general no son proyectos de desarrollo sostenible, son simplemente desarrollo urbanístico y comercial, una necesidad y un negocio, que dependiendo de su diseño e impacto al medio ambiente, puede ser considerado ecológicamente amigable o no. El hecho de que se creen algunas plazas de trabajo –en empleos como construcción y otras con salario mínimo– no es el alma de un desarrollo sostenible.
La Ley 132 permitirá el desarrollo turístico y urbanístico en el 50% de las islas (que no sean parte de comarca o protegidas por ley actualmente). Las construcciones en islas crean sedimentos que van a dar al mar y estos van matando los arrecifes de coral, lo que acaba con los peces en estas áreas, y por ende también sufren las familias que viven de la pesca artesanal. ¿Dónde está la sostenibilidad? Según el biólogo marino Héctor Guzmán, del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, al afectar una parte de una isla no solo se afecta todo el ecosistema de la isla específica, sino que también se afecta todo el archipiélago. ¿Ecológicamente amigable?
En adición, no hay control actualmente ni se menciona en la Ley 132 cómo se tratarán las aguas servidas. Si nos regimos por las leyes actuales, pues solo hay que ver nuestros ríos en la capital y la bahía de Panamá. La urbanización de las islas sería un desarrollo urbanístico (no necesariamente turístico) y traería una explosión de construcción, pero el costo ambiental sería mayor.
La isla de Cocos en Costa Rica atrae a muchos turistas actualmente y genera millones de dólares anuales, pero no se permite el desarrollo turístico ni residencial en ella. Los turistas viajan en un crucero hasta por 10 días y solo van a la isla para hacer buceo, snorkel, y caminatas por los senderos ecológicos. Esto sí es turismo ecológico y de bajo impacto, y es el que necesitamos en Panamá. Crea empleo, crea conciencia y se involucra a las comunidades rurales directamente apoyando a la microempresa.
Los defensores del proyecto de ley están tranquilos porque ANAM es quien regulará y garantizará que no se dañen los ecosistemas. No obstante, ya hemos visto cómo en otros proyectos aprobados por la Anam nuestro medio ambiente está siendo afectado y los Estudios de Impacto Ambiental han sido aprobados con grandes fallas. Solo tienen que cruzar por el Puente Centenario para que observen la gran cantidad de animales muertos en la autopista, por la falta de túneles para la fauna que debieron de haber construido. Solo tienen que ir a Colón para que vean cómo se destruyó un bosque de mangle para construir una terminal de buses (habiendo otros sitios). Es muy fácil responsabilizar a otros por el deber que tenemos todos de proteger nuestros recursos naturales, y es muy fácil lavarse las manos argumentando que para eso están las autoridades.
Las urbanizaciones de islas no deben ser prioridad en la agenda turística ni económica del país, pero la educación ambiental sí y la conservación de nuestros recursos naturales también. Como dice un defensor de la Ley 132, ¿qué clase de país queremos?
Yo personalmente quiero uno en el que mis hijos no me reclamen que dejé que destruyéramos la calidad de sus vidas o que fui parte de la exterminación de innumerables especies de fauna y flora. Por esa razón continuaré en la lucha a favor de nuestra naturaleza y en contra de los proyectos egoístas de algunos.
La autora es guía de turismo y licenciada en administración de empresas
TODOS Y TODAS A SUMARSE EN LA DEFENSA DE NUESTRAS PLAYAS, COSTAS E ISLAS
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